Quito. 15 may 2000. (Opinión) Una clara discrepancia ha surgido
entre la Comisión de Control Cívico de la Corrupción y la ministra
fiscal, Mariana Yépez, principalmente por la negativa de la
funcionaria para emitir la excitativa fiscal para iniciar las
acciones judiciales en contra del ex presidente Jamil Mahuad por
el congelamiento de los fondos dentro del sistema financiero.
Ramiro Larrea, representante de la Comisión, critica duramente la
actitud de Yépez e insiste en el pedido de juicio político
efectuado ante el Congreso para destituirla. Señala que no existe
el ánimo de antagonizar, pero asegura que se han agotado las
instancias para coordinar las acciones de control de la
corrupción. Larrea reconoce que las investigaciones de la CCCC
levantan una ola de reacciones políticas y económicas, pero
garantiza que las actuaciones del organismo están apegadas a la
Ley y a las normas constitucionales.
¿Qué razones expuso la Fiscal para no dar paso al enjuiciamiento
penal de Jamil Mahuad y Ana Lucía Armijos?
Afirma que es una denuncia y que la investigación no es profunda.
Esta decisión es perturbadora, ya que es indiscutible que Mahuad
se extralimitó en el ejercicio de las atribuciones contempladas en
la Constitución, lesionó los derechos y las libertades de los
ciudadanos y prevaricó al haber abusado dolosamente de sus
funciones.
¿Cuán efectivas serán las acciones judiciales, cuando están fuera
del país?
Quizá podríamos pedir la extradición, una vez que se den las
condiciones previstas en la Ley vigente. La lucha más coherente
debe ser contra la impunidad, no es posible que se quebranten los
principios constitucionales y juídidocos y que nunca se aplique la
justicia.
¿Qué sanciones se podrían aplicar para evitar esta falta de
colaboración?
El enjuiciamiento político y la destitución de la funcionaria, ya
que existe una disposición que establece que si en veinte días un
funcionario no proporciona la información solicitada por la
Comisión, podemos pedir su remoción.
Está además en manos del presidente Noboa un proyecto de reformas
a la Ley de Orgánica de la Comisión, que nos autorizaría para
solicitar a los jueces medidas preprocesales como el arraigo, la
retención de bienes, medidas cautelares para evitar la burla del
interés colectivo.
¿Se han realizado los acercamientos con la fiscal para coordinar
las investigaciones?
Hemos agotado todos los medios para pedir una relación más eficaz
y dinámica, y no queremos crear antagonismos innecesarios.
¿Hay intereses políticos de por medio?
No puedo hacer un juicio de valor. Sobre los afectos personales de
la señora ministra o de otros funcionarios, tendrán que responder
ante su conciencia y ante Dios. Pero sí somos categóricos en la
exigencia del cumplimiento de la Ley. Si no hay respuesta, no
podemos quedarnos callados. Lo grave es que dice que no hay delito
en el caso Mahuad, cuando establecimos la tipicidad de forma
concreta.
¿Por qué no se han viabilizado las reformas planteadas por la
Comisión?
El presidente Noboa nos ha ofrecido auspiciar el proyecto y
durante esta semana insistiremos, ya que hay una lentitud
asombrosa de los organismos de control.
¿Cuál fue el compromiso del Congreso frente al pedido de juicio
político en contra de la ministra fiscal?
Hemos dejado en claro que no es nuestro ánimo crear
desestabilizaciones intitucionales o políticas, ya que por encima
de todo está el interés colectivo, pues la Ley es clara al
establecer que el Ministerio Público no podrá renunciar la
obligación de ejercer la acción penal o de perseguir la acción
punitiva. El Congreso se comprometió a analizar nuestro pedido.
¿Qué va a ocurrir cuando entre en vigencia el nuevo Código de
Procedimiento Penal, que da mayores facultades al Ministerio
Fiscal en la investigación y acusación de los ilícitos?
Si ahora la señora Yépez con sus renuencias obstaculiza el
enjuiciamiento de actos de corrupción, más perjudicial será su
proceder cuando la Ley confíe en dicha funcionaria mayores y
gravitantes responsabilidades, frente a lo cual el presidente del
Congreso dijo que analizará las circunstancias.
Pero Noboa vetó el proyecto de Ley Reformatorio de la Ley Orgánica
del Ministerio Público que facilitaba la destitución...
La obligación del Ministerio Fiscal es tan importante que, si no
hay este tipo de normas, seguirán sucediendo este tipo de hechos,
por lo cual solicitaremos que retire el veto, ya que de lo
contrario se debilitará la posición de los organismos de control,
que remitirán a la Fiscalía sus peticiones y no habrá la respuesta
eficaz y coherente.
¿Qué otros casos están suspensos por falta de acción de la
Fiscalía?
En el caso del Filanbanco; la Comisión envió hace un año una
documentación y la Fiscal manifesta que la investigación es
trunca, que faltan documentos, pero creo que en un año se puede
cubrir cualquier deficiencia. Como ese caso hay varios y hemos
dicho que debemos tomar una resolución, no por espectacularidad,
sino porque el respaldo de la sociedad civil nos obliga a actuar
con firmeza e independencia política y social.
Se dice que la Comisión actúa políticamente?
Indudablemente que los pronunciamientos de la Comisión tocan los
intereses económicos y políticos de algunas personas, por eso es
que se levanta una oleada de reacciones y de críticas. Sí somos
políticos, pero en el recto sentido de la palabra política
aristotélica, de lucha por el bien común. No somos politiqueros,
ni hemos aceptado influencias de ningún sector.
¿Qué reformas adicionales impulsarán?
Una reforma a la Ley de la Contraloría y el análisis de algunas
personas que están enquistadas en ella.
¿Qué casos se están investigando en la Comisión?
Al presidente de la Corte Suprema de Justicia le ha enviado un
análisis de los casos pendientes, especialmente aquellos que están
en la Segunda Sala, durmiendo el sueño eterno, y están pendientes
70 u 80 casos en el Juzgado Fiscal de Aduanas. Continuamos en el
caso de las aduanas. Investigamos el problema de los correos
(courrier); en el Instituto Eecuatoriano de Seguridad Social hay
una debilidad de su estructura institucional y una manera muy
negativa de postergar la obligación de prestar asistencia médica,
faltan medicinas e implementos y hoy antagonismos entre
funcionarios y empleados. También en Pacifictel y Andinatel, y en
el fondo de pensiones del Ministerio de Educación. (DIARIO HOY)
(P. 3-A)
entre la Comisión de Control Cívico de la Corrupción y la ministra
fiscal, Mariana Yépez, principalmente por la negativa de la
funcionaria para emitir la excitativa fiscal para iniciar las
acciones judiciales en contra del ex presidente Jamil Mahuad por
el congelamiento de los fondos dentro del sistema financiero.
Ramiro Larrea, representante de la Comisión, critica duramente la
actitud de Yépez e insiste en el pedido de juicio político
efectuado ante el Congreso para destituirla. Señala que no existe
el ánimo de antagonizar, pero asegura que se han agotado las
instancias para coordinar las acciones de control de la
corrupción. Larrea reconoce que las investigaciones de la CCCC
levantan una ola de reacciones políticas y económicas, pero
garantiza que las actuaciones del organismo están apegadas a la
Ley y a las normas constitucionales.
¿Qué razones expuso la Fiscal para no dar paso al enjuiciamiento
penal de Jamil Mahuad y Ana Lucía Armijos?
Afirma que es una denuncia y que la investigación no es profunda.
Esta decisión es perturbadora, ya que es indiscutible que Mahuad
se extralimitó en el ejercicio de las atribuciones contempladas en
la Constitución, lesionó los derechos y las libertades de los
ciudadanos y prevaricó al haber abusado dolosamente de sus
funciones.
¿Cuán efectivas serán las acciones judiciales, cuando están fuera
del país?
Quizá podríamos pedir la extradición, una vez que se den las
condiciones previstas en la Ley vigente. La lucha más coherente
debe ser contra la impunidad, no es posible que se quebranten los
principios constitucionales y juídidocos y que nunca se aplique la
justicia.
¿Qué sanciones se podrían aplicar para evitar esta falta de
colaboración?
El enjuiciamiento político y la destitución de la funcionaria, ya
que existe una disposición que establece que si en veinte días un
funcionario no proporciona la información solicitada por la
Comisión, podemos pedir su remoción.
Está además en manos del presidente Noboa un proyecto de reformas
a la Ley de Orgánica de la Comisión, que nos autorizaría para
solicitar a los jueces medidas preprocesales como el arraigo, la
retención de bienes, medidas cautelares para evitar la burla del
interés colectivo.
¿Se han realizado los acercamientos con la fiscal para coordinar
las investigaciones?
Hemos agotado todos los medios para pedir una relación más eficaz
y dinámica, y no queremos crear antagonismos innecesarios.
¿Hay intereses políticos de por medio?
No puedo hacer un juicio de valor. Sobre los afectos personales de
la señora ministra o de otros funcionarios, tendrán que responder
ante su conciencia y ante Dios. Pero sí somos categóricos en la
exigencia del cumplimiento de la Ley. Si no hay respuesta, no
podemos quedarnos callados. Lo grave es que dice que no hay delito
en el caso Mahuad, cuando establecimos la tipicidad de forma
concreta.
¿Por qué no se han viabilizado las reformas planteadas por la
Comisión?
El presidente Noboa nos ha ofrecido auspiciar el proyecto y
durante esta semana insistiremos, ya que hay una lentitud
asombrosa de los organismos de control.
¿Cuál fue el compromiso del Congreso frente al pedido de juicio
político en contra de la ministra fiscal?
Hemos dejado en claro que no es nuestro ánimo crear
desestabilizaciones intitucionales o políticas, ya que por encima
de todo está el interés colectivo, pues la Ley es clara al
establecer que el Ministerio Público no podrá renunciar la
obligación de ejercer la acción penal o de perseguir la acción
punitiva. El Congreso se comprometió a analizar nuestro pedido.
¿Qué va a ocurrir cuando entre en vigencia el nuevo Código de
Procedimiento Penal, que da mayores facultades al Ministerio
Fiscal en la investigación y acusación de los ilícitos?
Si ahora la señora Yépez con sus renuencias obstaculiza el
enjuiciamiento de actos de corrupción, más perjudicial será su
proceder cuando la Ley confíe en dicha funcionaria mayores y
gravitantes responsabilidades, frente a lo cual el presidente del
Congreso dijo que analizará las circunstancias.
Pero Noboa vetó el proyecto de Ley Reformatorio de la Ley Orgánica
del Ministerio Público que facilitaba la destitución...
La obligación del Ministerio Fiscal es tan importante que, si no
hay este tipo de normas, seguirán sucediendo este tipo de hechos,
por lo cual solicitaremos que retire el veto, ya que de lo
contrario se debilitará la posición de los organismos de control,
que remitirán a la Fiscalía sus peticiones y no habrá la respuesta
eficaz y coherente.
¿Qué otros casos están suspensos por falta de acción de la
Fiscalía?
En el caso del Filanbanco; la Comisión envió hace un año una
documentación y la Fiscal manifesta que la investigación es
trunca, que faltan documentos, pero creo que en un año se puede
cubrir cualquier deficiencia. Como ese caso hay varios y hemos
dicho que debemos tomar una resolución, no por espectacularidad,
sino porque el respaldo de la sociedad civil nos obliga a actuar
con firmeza e independencia política y social.
Se dice que la Comisión actúa políticamente?
Indudablemente que los pronunciamientos de la Comisión tocan los
intereses económicos y políticos de algunas personas, por eso es
que se levanta una oleada de reacciones y de críticas. Sí somos
políticos, pero en el recto sentido de la palabra política
aristotélica, de lucha por el bien común. No somos politiqueros,
ni hemos aceptado influencias de ningún sector.
¿Qué reformas adicionales impulsarán?
Una reforma a la Ley de la Contraloría y el análisis de algunas
personas que están enquistadas en ella.
¿Qué casos se están investigando en la Comisión?
Al presidente de la Corte Suprema de Justicia le ha enviado un
análisis de los casos pendientes, especialmente aquellos que están
en la Segunda Sala, durmiendo el sueño eterno, y están pendientes
70 u 80 casos en el Juzgado Fiscal de Aduanas. Continuamos en el
caso de las aduanas. Investigamos el problema de los correos
(courrier); en el Instituto Eecuatoriano de Seguridad Social hay
una debilidad de su estructura institucional y una manera muy
negativa de postergar la obligación de prestar asistencia médica,
faltan medicinas e implementos y hoy antagonismos entre
funcionarios y empleados. También en Pacifictel y Andinatel, y en
el fondo de pensiones del Ministerio de Educación. (DIARIO HOY)
(P. 3-A)
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