Guayaquil. 03 jul 2000. Después de la desaparición del tesoro de
Atahualpa, no hay otro misterio más grande en el país que este
caso.
La búsqueda del eslabón perdido, al parecer, resultaría una misión
menos complicada que encontrar la respuesta al acertijo jurídico y
financiero que envuelve a las acciones de los ex funcionarios del
Banco del Progreso y el dinero de sus depositantes.
Son muchos los actores y pocas las pistas en este escenario. Una
maraña jurídica de transferencias mercantiles que empienzan en las
islas Bahamas, Gran Caymán, pasan por Ecuador y terminan en un
limbo de presunciones.
Una vez más, el sigilio bancario que impera en los paraísos
fiscales y domina en el Ecuador, constituye el obstáculo más
grande para encontrar respuestas claras.
César Rumbea Thomas, administrador temporal del Banco del
Progreso, abre las puertas de la institución para explicar este
laberinto que, por el momento, no conduce a ninguna parte, pero el
ovillo comenzaría a desenredarse.
Cuatro fideicomisos poco transparentes, constituidos supuestamente
para recapitalizar a la entidad y pagar a los depositantes, son
parte de la clave para dar con el patrimonio esfumado.
Con Bonos Brady
La historia comienza el 28 de agosto de 1998, cuando el Banco del
Progreso Limited (subsidiaria en Gran Caimán) ordena a la empresa
Winterbotham que adquiera Bonos Brady a la compañía Sunridge, pero
que los deje en custodia de esta última. La operación se realiza
en las Bahamas, lugar de creación de las dos entidades
negociadoras.
Estos papeles tenían el valor nominal de 246 millones de dólares,
pero efectivo de 169 millones de dólares y un origen poco
conocido. Se sabe que fueron comprados entre septiembre de 1997 y
junio de 1998, pero no con qué recursos. "¿De dónde salió la plata
para esto? Suponemos que del banco, las cosas no están claras",
dice Rumbea.
Posteriormente, el 16 de febrero de 1999, se constituye el primer
fideicomiso del grupo, "The Latin American Fixed Trust Fund"
(LAT), con los Bonos Brady que estaban en Sunridge. Para este
propósito, el Banco del Progreso Limited pide a Winterbotham que
solicite dichos títulos y los entregue como activos del
fideicomiso, pero que la custodia siga en poder de la empresa
Sunridge.
El 1 de marzo de 1999, Fernando Aspiazu, propietario del banco, y
su cónyuge, constituyen el fideicomiso "Progreso Recapitalization
Trust" (PRT), con acciones de Nepec (North Eastern Power Energy
Corporation), dueña de la Empresa Eléctrica del Ecuador (Emelec) y
Electroecuador. Supuestamente, el PRT tenía un fin noble: amparar
a los depositantes.
El 2 de marzo, "Eduardo Cedeño, gerente del Progreso Limited, le
dice a Winterbotham que disponga de los activos de LAT y se los
entregue al PRT. De esta forma, el LAT desaparece porque al dar
sus activos, que eran los Bonos Brady, termina el contrato, de
acuerdo con las cláusulas vigentes".
El movimiento es para Rumbea, el más curioso de todos, "porque los
dueños del PRT son los cónyuges Aspiazu".
En la misma fecha, 2 de marzo, nace el tercer fideicomiso llamado
"Ecuador Reconstruction Investment Trust Fund" (ERI). El Progreso
Limited crea el ERI con 203 millones de dólares. "Supuestamente se
trata de dinero en efectivo, no consta, aparentemente fue así".
Pide a Winterbotham que con esta suma forme el fondo Tandem.
Más adelante, el banco ordena a Winterbotham que transfiera el
fondo Tandem al PRT a cambio de una cartera de 169 pagarés, que
según Rumbea, es de las empresas de Aspiazu vinculadas con la
institución financiera y no sirve para nada. Este mecanismo habría
servido para maquillar la compra de esos documentos relacionados.
De esta forma, el PRT termina como dueño de más de 408 millones de
dólares "graciosamente entregados, la mitad por el ERI y la mitad
por LAT; estos dos fideicomisos son del Progreso Limited. El
beneficiario del dinero y los Bonos Brady es el PRT, que pertenece
a Aspiazu".
Quedó el hueso
A la postre, el Banco del Progreso Limited, la Agencia de Garantía
de Depósitos y los clientes angustiados se quedaron con el hueso,
porque el banco es dueño del ERI y por consiguiente de la cartera
vinculada.
El 2 de marzo de 1999, "el banco decide proteger a más de 13 mil
depositantes y contabiliza 408 millones de dólares en el pasivo
del Limited. La intención es que estos valores queden garantizados
por el Estado", recuerda Rumbea.
Por esa cantidad, "recibe a cambio un pagaré firmado por Hernán
Pérez Loose, fiduciario del PRT, para que cuadre la cuenta".
Cuando vencía el primer pago, de 45 millones de dólares, "Aspiazu
nos demanda y aduce que la operación no es válida porque fue hecha
ilegalmente".
El 25 de julio de 1999, Francisco Swett acepta dar paso a una
reforma del fideicomiso PRT, por la cual, los depositantes pasan a
un segundo plano.
Dar con los Bonos Brady y el dinero desaparecidos es un objetivo
que el Estado ha encargado a empresas internacionales
especializadas.
Rumbea piensa que después de la desaparición del tesoro de
Atahualpa, no hay otro misterio más grande en el país.
El camino es espinoso. Nadie contaba con una demanda de los
abogados de Aspiazu que piden en las Bahamas la anulación del PRT
-porque la recapitalización no tenía justificación- y constituyen
el "Progreso Depositors Trust Fund" (PDT), para garantizar a los
depositantes.
En este fideicomiso, a cargo de Peter Heberling desde febrero
pasado, no entraron los pasivos del PRT, ya que según expresa el
contrato, "la deuda no existe porque fue firmada ilegalmente". Así
quedan en el limbo el pagaré de Aspiazu y las esperanzas de miles
de ahorristas.
winterbotham existe
Winterbotham es un grupo de compañías que ofrece servicios
financieros, fiduciarios y administrativos. Tiene domicilio en
Nassau, Bahamas, y oficinas en Uruguay.
Preso de los nervios, el supuesto dueño, el inglés Geoffrey
Hooper, recibió a los investigadores que rastreaban algunas
pistas."Hay gente que piensa que es una compañía de Aspiazu y que
él no figura. Winterbotham es cómplice de todo esto, es la que
constituye los fideicomisos", expresa César Rumbea.
Conseguir información de esta oficiosa entidad no es cuestión de
un simple trámite. "Podíamos pedir una orden a la corte para
romper el sigilo, pero los abogados nos aconsejaron no hacerlo
porque la justicia marchaba con lentitud en la isla. Hooper dijo
que cumplía las órdenes del fideicomitente. Esto es absurdo, el
fiduciario tiene que vigilar los intereses de los beneficiarios,
el fideicomiso es un patrimonio independiente".
licencia revocada
El 19 de mayo de 1999, dos meses antes que la Superintendencia de
Bancos decreta el saneamiento del banco, las autoridades
monetarias de la isla Gran Cayman revocaron la licencia de
operación del Progreso Limited.
Nombraron administradores a dos controladores que son socios de
Price Waterhouse Coopers. Rumbea comenta que con esta acción "el
anterior dueño cesa en sus funciones y nada tiene que ver con la
gestión de la entidad". El proceso de liquidación es el mismo que
aquí. "Los acreedores entran en orden de prelación, los
accionistas quedan en último lugar y así nos miran a nosotros".
La figura del saneamiento dificulta la obtención de información,
la continuación de los juicios y la representación legal de la
institución financiera ante las autoridades de la isla.
Es un concepto intermedio que no entienden afuera, pues "un banco
está en liquidación o en funcionamiento", concluye Rumbea.
El paradero de los Bonos Brady es un enigma. Tienen un valor
nonimal de 246 millones de dólares. Pertenecen al fideicomiso del
Progreso Recapitalization Trust (PRT), pero Sunridge tiene la
custodia. Su origen es oscuro, se sabe que fueron comprados entre
septiembre de 1997 y junio de 1998.
El problema es grave. Esta empresa creada en las Bahamas tiene un
domicilio ficticio en la ciudadela Urdesa de Guayaquil, un número
telefónico del Banco del Progreso y a Xavier Ordeñana, como
representante legal, quien supuestamente era empleado de una
compañía de Fernando Aspiazu.
"Varios genios de la administración del banco por aquella época,
son responsables de este mecanismo de transferencias. No fue algo
ideado desde el primer momento. Con el paso del tiempo, fue
mutando la figura", César Rumbea Thomas, administrador temporal
del Banco del Progreso. (Texto tomado de El Expreso)
Atahualpa, no hay otro misterio más grande en el país que este
caso.
La búsqueda del eslabón perdido, al parecer, resultaría una misión
menos complicada que encontrar la respuesta al acertijo jurídico y
financiero que envuelve a las acciones de los ex funcionarios del
Banco del Progreso y el dinero de sus depositantes.
Son muchos los actores y pocas las pistas en este escenario. Una
maraña jurídica de transferencias mercantiles que empienzan en las
islas Bahamas, Gran Caymán, pasan por Ecuador y terminan en un
limbo de presunciones.
Una vez más, el sigilio bancario que impera en los paraísos
fiscales y domina en el Ecuador, constituye el obstáculo más
grande para encontrar respuestas claras.
César Rumbea Thomas, administrador temporal del Banco del
Progreso, abre las puertas de la institución para explicar este
laberinto que, por el momento, no conduce a ninguna parte, pero el
ovillo comenzaría a desenredarse.
Cuatro fideicomisos poco transparentes, constituidos supuestamente
para recapitalizar a la entidad y pagar a los depositantes, son
parte de la clave para dar con el patrimonio esfumado.
Con Bonos Brady
La historia comienza el 28 de agosto de 1998, cuando el Banco del
Progreso Limited (subsidiaria en Gran Caimán) ordena a la empresa
Winterbotham que adquiera Bonos Brady a la compañía Sunridge, pero
que los deje en custodia de esta última. La operación se realiza
en las Bahamas, lugar de creación de las dos entidades
negociadoras.
Estos papeles tenían el valor nominal de 246 millones de dólares,
pero efectivo de 169 millones de dólares y un origen poco
conocido. Se sabe que fueron comprados entre septiembre de 1997 y
junio de 1998, pero no con qué recursos. "¿De dónde salió la plata
para esto? Suponemos que del banco, las cosas no están claras",
dice Rumbea.
Posteriormente, el 16 de febrero de 1999, se constituye el primer
fideicomiso del grupo, "The Latin American Fixed Trust Fund"
(LAT), con los Bonos Brady que estaban en Sunridge. Para este
propósito, el Banco del Progreso Limited pide a Winterbotham que
solicite dichos títulos y los entregue como activos del
fideicomiso, pero que la custodia siga en poder de la empresa
Sunridge.
El 1 de marzo de 1999, Fernando Aspiazu, propietario del banco, y
su cónyuge, constituyen el fideicomiso "Progreso Recapitalization
Trust" (PRT), con acciones de Nepec (North Eastern Power Energy
Corporation), dueña de la Empresa Eléctrica del Ecuador (Emelec) y
Electroecuador. Supuestamente, el PRT tenía un fin noble: amparar
a los depositantes.
El 2 de marzo, "Eduardo Cedeño, gerente del Progreso Limited, le
dice a Winterbotham que disponga de los activos de LAT y se los
entregue al PRT. De esta forma, el LAT desaparece porque al dar
sus activos, que eran los Bonos Brady, termina el contrato, de
acuerdo con las cláusulas vigentes".
El movimiento es para Rumbea, el más curioso de todos, "porque los
dueños del PRT son los cónyuges Aspiazu".
En la misma fecha, 2 de marzo, nace el tercer fideicomiso llamado
"Ecuador Reconstruction Investment Trust Fund" (ERI). El Progreso
Limited crea el ERI con 203 millones de dólares. "Supuestamente se
trata de dinero en efectivo, no consta, aparentemente fue así".
Pide a Winterbotham que con esta suma forme el fondo Tandem.
Más adelante, el banco ordena a Winterbotham que transfiera el
fondo Tandem al PRT a cambio de una cartera de 169 pagarés, que
según Rumbea, es de las empresas de Aspiazu vinculadas con la
institución financiera y no sirve para nada. Este mecanismo habría
servido para maquillar la compra de esos documentos relacionados.
De esta forma, el PRT termina como dueño de más de 408 millones de
dólares "graciosamente entregados, la mitad por el ERI y la mitad
por LAT; estos dos fideicomisos son del Progreso Limited. El
beneficiario del dinero y los Bonos Brady es el PRT, que pertenece
a Aspiazu".
Quedó el hueso
A la postre, el Banco del Progreso Limited, la Agencia de Garantía
de Depósitos y los clientes angustiados se quedaron con el hueso,
porque el banco es dueño del ERI y por consiguiente de la cartera
vinculada.
El 2 de marzo de 1999, "el banco decide proteger a más de 13 mil
depositantes y contabiliza 408 millones de dólares en el pasivo
del Limited. La intención es que estos valores queden garantizados
por el Estado", recuerda Rumbea.
Por esa cantidad, "recibe a cambio un pagaré firmado por Hernán
Pérez Loose, fiduciario del PRT, para que cuadre la cuenta".
Cuando vencía el primer pago, de 45 millones de dólares, "Aspiazu
nos demanda y aduce que la operación no es válida porque fue hecha
ilegalmente".
El 25 de julio de 1999, Francisco Swett acepta dar paso a una
reforma del fideicomiso PRT, por la cual, los depositantes pasan a
un segundo plano.
Dar con los Bonos Brady y el dinero desaparecidos es un objetivo
que el Estado ha encargado a empresas internacionales
especializadas.
Rumbea piensa que después de la desaparición del tesoro de
Atahualpa, no hay otro misterio más grande en el país.
El camino es espinoso. Nadie contaba con una demanda de los
abogados de Aspiazu que piden en las Bahamas la anulación del PRT
-porque la recapitalización no tenía justificación- y constituyen
el "Progreso Depositors Trust Fund" (PDT), para garantizar a los
depositantes.
En este fideicomiso, a cargo de Peter Heberling desde febrero
pasado, no entraron los pasivos del PRT, ya que según expresa el
contrato, "la deuda no existe porque fue firmada ilegalmente". Así
quedan en el limbo el pagaré de Aspiazu y las esperanzas de miles
de ahorristas.
winterbotham existe
Winterbotham es un grupo de compañías que ofrece servicios
financieros, fiduciarios y administrativos. Tiene domicilio en
Nassau, Bahamas, y oficinas en Uruguay.
Preso de los nervios, el supuesto dueño, el inglés Geoffrey
Hooper, recibió a los investigadores que rastreaban algunas
pistas."Hay gente que piensa que es una compañía de Aspiazu y que
él no figura. Winterbotham es cómplice de todo esto, es la que
constituye los fideicomisos", expresa César Rumbea.
Conseguir información de esta oficiosa entidad no es cuestión de
un simple trámite. "Podíamos pedir una orden a la corte para
romper el sigilo, pero los abogados nos aconsejaron no hacerlo
porque la justicia marchaba con lentitud en la isla. Hooper dijo
que cumplía las órdenes del fideicomitente. Esto es absurdo, el
fiduciario tiene que vigilar los intereses de los beneficiarios,
el fideicomiso es un patrimonio independiente".
licencia revocada
El 19 de mayo de 1999, dos meses antes que la Superintendencia de
Bancos decreta el saneamiento del banco, las autoridades
monetarias de la isla Gran Cayman revocaron la licencia de
operación del Progreso Limited.
Nombraron administradores a dos controladores que son socios de
Price Waterhouse Coopers. Rumbea comenta que con esta acción "el
anterior dueño cesa en sus funciones y nada tiene que ver con la
gestión de la entidad". El proceso de liquidación es el mismo que
aquí. "Los acreedores entran en orden de prelación, los
accionistas quedan en último lugar y así nos miran a nosotros".
La figura del saneamiento dificulta la obtención de información,
la continuación de los juicios y la representación legal de la
institución financiera ante las autoridades de la isla.
Es un concepto intermedio que no entienden afuera, pues "un banco
está en liquidación o en funcionamiento", concluye Rumbea.
El paradero de los Bonos Brady es un enigma. Tienen un valor
nonimal de 246 millones de dólares. Pertenecen al fideicomiso del
Progreso Recapitalization Trust (PRT), pero Sunridge tiene la
custodia. Su origen es oscuro, se sabe que fueron comprados entre
septiembre de 1997 y junio de 1998.
El problema es grave. Esta empresa creada en las Bahamas tiene un
domicilio ficticio en la ciudadela Urdesa de Guayaquil, un número
telefónico del Banco del Progreso y a Xavier Ordeñana, como
representante legal, quien supuestamente era empleado de una
compañía de Fernando Aspiazu.
"Varios genios de la administración del banco por aquella época,
son responsables de este mecanismo de transferencias. No fue algo
ideado desde el primer momento. Con el paso del tiempo, fue
mutando la figura", César Rumbea Thomas, administrador temporal
del Banco del Progreso. (Texto tomado de El Expreso)
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