FE PUBLICA

Quito. 2 ago 2001. (Editorial) Confianza, creencia que se da a las cosas
por la autoridad del que las dice.

Seguridad, aseveración de que una cosa es cierta. Son algunos de los
conceptos que el diccionario da a esta expresión, más aún cuando se trata
del testimonio de autoridades o instituciones públicas, cuya misión y
objeto es precisamente ese, preservar la confianza del público, mediante
la adecuada supervisión de que los hechos, cifras o administración de
entidades como los bancos, que manejan dineros ajenos.

Lo ocurrido durante la crisis bancaria de 1999 quebró la confianza y fe
pública en todo el sistema y en las autoridades económicas. Creíamos que
nos estabamos restableciendo de ese grave quebranto. El nuevo fracaso de
Filanbanco vuelve a herir de muerte la confianza del público en el
sistema financiero, instituciones de control, y en todas las autoridades,
incluyendo la imagen del presidente, que dice no haber estado informado
sobre lo que ocurría en ese banco, a pesar de haber estado bajo control
absoluto del Estado desde diciembre de 1998.

En el momento que se les permitió a los ex dueños de Filanbanco entregar
los despojos de la entidad centenaria que sus antepasados forjaron con
esfuerzo y tenacidad, se cometió el primer gran error. La creación al
apuro de la AGD, sin ningún estudio técnico que justificara la adopción
de un seguro ilimitado de depósitos hacia atrás, fue un acto
irresponsable del Congreso y del presidente Mahuad que legitimó ese
inmenso atraco a fondos públicos, y permitió que los ex administradores
de esa y otras instituciones bancarias se desentendieran de los
resultados de su gestión, y endosaran al Estado una responsabilidad que
no le correspondía.

Lo demás es historia conocida y sufrida por la mayoría de ecuatorianos.

Las angustias y pérdidas incurridas, la mayoría de los ahorros se
licuaron a la quinta parte, para los que pudieron cobrar y otros todavía
deben esperar. Lo peor es que esta factura de pérdidas ajenas y
evaporación de los depósitos, nos la han pasado varias veces, con lo
sufrido directamente por cada perjudicado, con la garantía asumida por el
Estado, y hoy con el nuevo fracaso del mismo banco.

De poco sirve hoy que el presidente, en muy desafortunada declaración,
quiera excusarse diciendo que no estuvo informado hasta octubre de 2000.
Y los 18 meses de vicepresidente, los diez de presidente, y los nueve
después hasta julio de 2001. "Conozco desde hace siquiera dos meses lo
que ha venido pasando en Filanbanco" declara el 16-06-00 en Colombia.

"Desentiérrenlo a cualquier costo" comanda al superintendente de Bancos
el 21-06-00, refiriéndose a los problemas de ese banco.

El afán del presidente de responsabilizar exclusivamente a Yturralde,
Villacís, y Falconí, de que no le informaron a tiempo no procede. De otra
forma, estaríamos dando crédito a las expresiones exageradas de LFC, al
calificar al Gobierno de bobalicón, atarantado o inepto. No creo que al
presidente Noboa le corresponda ninguno de estos adjetivos. Simplemente
debemos asumir que la buena memoria no es su mejor atributo o que lo que
quiso decir fue algo diferente.

Lo importante es no seguir defraudando la fe pública. Las auditorías y la
verdad deben conocerse y publicarse. El Estado debe responder y
rectificar.

Todos los funcionarios involucrados fueron nombrados o nominados por el
Ejecutivo. Cada uno debe responder por su gestión u omisión. La
SuperBancos está en mora con el país, no ha cumplido con su labor de
control, a pesar de que cuenta con una abultada y onerosa burocracia que
cobra la exagerada cifra de 1% de contribución anual sobre todos los
depósitos del sistema.

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