Familias temen a polvorín


Publicado el 27/Marzo/2003 | 00:00

La reciente explosión en la Base Naval Sur de la Armada, en Guayaquil, revivió la preocupación de los 100 mil habitantes del cantón Rumiñahui, a 30 minutos de Quito, quienes viven rodeados por cinco unidades militares que poseen bodegas de explosivos y municiones.

Junto al perímetro urbano y en sus alrededores están ubicados la fábrica de municiones Santa Bárbara, la Brigada de Aviación del Ejército, la Brigada de Ingenieros Cenepa y los batallones Chimborazo y Cotopaxi.

Yolanda Chiguano, una moradora del barrio Chillo Jijón, mantiene latente el recuerdo de la explosión en la Brigada Chimborazo (La Balbina), ocurrida el 8 de julio de 1997, que dejó cuatro muertos, decenas de heridos y cientos de viviendas afectadas.

A seis años de la tragedia, recuerda con tristeza que su esposo aún vive con la columna afectada, por una caída desde el segundo piso de su vivienda, a consecuencia de la onda expansiva producida por el estallido.

Delia Suntaxi, otra habitante del barrio que resultó más afectada por su cercanía al cuartel, dice que vivir allí “es algo traumático”, tras asegurar que todavía existen campamentos donde los militares guardan el material bélico.

Los moradores afirman que es frecuente observar a personal uniformado que transporta cajas, supuestamente con municiones. “Un militar que vivía aquí hace poco nos contó que en esos potreros almacenan los explosivos”, dijo una mujer, cuyo nombre pidió se mantenga en reserva, al señalar con el dedo.

En el lugar que ella mostró, existen grandes instalaciones cubiertas con techos de zinc, vigiladas por conscriptos. En uno de los estrechos caminos de tierra, rodeados de casas, que conducen al sitio existen letreros que advierten:
“Peligro, minas explosivas”.

Marcelo Díaz comenta que es frecuente escuchar explosiones en el lugar, por los entrenamientos que realizan los militares. “Los vidrios de las casas tiemblan cuando hacen explotar esos artefactos”, expresa Rosa Suntaxi, quien asegura que el último estruendo se escuchó el jueves de la semana pasada.

Para el alcalde de Rumiñahui, Marcelo Ayala, una de sus preocupaciones es la fábrica de municiones Santa Bárbara, a menos de 300 metros de la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE), que cuenta con 10.000 estudiantes. “Estamos terriblemente preocupados”, expresa Ayala, quien solicitó a las Fuerzas Armadas permitan a las autoridades municipales realizar una inspección técnica de las instalaciones.

Ejército negó que guarde explosivos en recinto

El coronel Aquiles Jimbo, vocero de la Fuerza Terrestre, aseguró que después de la explosión de 1997 todo el material bélico fue evacuado de los recintos militares de La Balbina.

Explicó que esa fue la principal medida de seguridad y que se adoptaron otras como la capacitación del personal militar para evitar accidentes. “Lo importante es que ya no existen depósitos de munición”, resaltó, aunque “por seguridad” evitó revelar la ubicación actual de ese material.

En cuanto a la fábrica de municiones Santa Bárbara, Jimbo reconoció que continúa funcionando, pero aclaró que únicamente se elaboran cartuchos de pequeño calibre y que se aplican las medidas técnicas e industriales de seguridad.

El oficial aceptó que en La Balbina se realizan entrenamientos con material explosivo. “Hay algunos campos de entrenamiento por allí donde hacen sus prácticas, eso es cierto, pero se toman todas las medidas de seguridad”.

Explicó que los letreros que advierten el peligro cerca de unidades militares son colocados “por precaución”.

Tratamiento psicológico para niños afectados

La psicóloga clínica Judith Montaño España atiende a los menores afectados por la explosión.

Los niños de las nueve familias que perdieron sus viviendas por la explosión en la Base Naval Sur, juegan y se distraen en las canchas del coliseo de la Base San Eduardo.

Para recuperarlos del trauma que, según las madres, la mayoría padece, ya que “por las noches no pueden dormir”, reciben tratamiento psicológico en el policlínico de este reparto militar.

La psicóloga clínica Judith Montaño España les aplica una técnica de proyección basada con figuras representativas. Según la respuesta al estímulo, la profesional determina el tipo de conflicto emocional. Los pequeños: Jennifer Goyes, Johnny Bautista, Alba Goyes, Wilfrido y Jennifer Morán miraban atentos ayer al mediodía, mientras Montaño les mostraba un libro con figuras y representaciones.

De la observación que ha hecho la psicóloga, considera que la mayoría responde con eficiencia. No obstante, dijo que la terapia que reciben se complementa con actividades deportivas y charlas amenas.

Mariana Carbo Briones, de 38 años, afirmó que sus hijos, Pedro y Fabián Chango, de 17 y 11 años, se quejan por las noches y mientras duermen llaman a los padres.

Ángela Rosales Cucalón indicó que sus hijos, Andrea, de 13 años, Alberto (11) y Johnny (7), también sufren.

Aumentan denuncias por incidente en Armada

Una nueva denuncia se adjuntó ayer a las que presentaron el lunes pasado 300 familias en la Fiscalía, por la explosión ocurrida el pasado domingo en la Base Naval Sur de esta ciudad.

Félix Alberto Cruz Caamaño presentó la misma denuncia ante un juez de lo Civil, para exigir que las FF.AA. se hagan cargo de los daños materiales y psicológicos causados a él y su familia.

Mientras, 9 de los 28 heridos que resultaron de la explosión siguen en observación, pero fuera de peligro, dijo el director del hospital Naval, Jaime Manosalvas.

Uno de los pacientes fue intervenido quirúrgicamente ayer por una fractura del parietal, pero su estado no es complicado, afirmó.

Perjudicados inconformes con casas de caña

“Somos pobres, pero nuestras casas eran mejores. Estas que nos entregará la Armada parecen bodegas, con paredes de caña casi transparentes”, dijo ayer Pedro Chango, uno de los nueve afectados por la explosión de la Base Naval Sur.

Él y los demás moradores que perdieron sus casas, en la cooperativa Carlos Guevara Moreno 2, del sector Fertisa, no se mueven del sitio y vigilan cada trabajo y movimiento de los constructores.

Mientras Chango observa, los demás vecinos se le acercan y comentan sus inquietudes. Sin embargo, no culpan a la Armada, sino a un contratista de apellido Quevedo.

Washington Carbo dijo que “la privacidad de las familias se verá rota por las paredes de caña, que permiten ver desde fuera qué hacen adentro”.

Todos cuentan sus historias, que empezaron desde el pasado lunes cuando regresaron a la zona del desastre.

Gloria Lazo sale cada mañana desde Pascuales, donde habita con sus hijos, para ayudar a su hermana Martha, quien no puede volver a Fertisa porque está afectada del corazón y recibe tratamiento en el policlínico de la Base San Eduardo. “Martha vive hace once años aquí y su casa era mejor. ¿Por qué quieren darle una vivienda sin paredes y con una letrina hecha con dos tanques?”, criticó.

Ante la serie de reclamos, el capitán Iván Sánchez, encargado de vigilar la reconstrucción, dijo que “estas casas serán adecuadas y mejores que las que tenían. Las entregaremos el viernes”.

De la cooperativa 9 de Julio, a 100 metros de la Carlos Guevara, moradores se quejan que sus viviendas siguen afectadas y nadie de la Marina ha ofrecido la reparación.

DOMICILIOS SIMILARES

A los afectados les disgusta la forma de las casas que está construyendo la Marina. Todas son iguales, con una puerta y una ventana en el frente y sin divisiones. Atrás, una puerta que comunica con el patio.

JUNTAS

Entre una vivienda y otra existe una separación de aproximadamente 30 centímetros. Si una casa se quema las nueve se contaminan y desaparecen, comentaron los perjudicados.

ATENTOS El vecindario está sorprendido por la forma de las casas. Aunque nadie quiere identificarse, critican que “así no eran las casitas de ellos; aunque pobres, estaban mejor construidas, algunas con madera y tenían hasta rejas en las ventanas”.

Cambio de polvorines hasta el 2004

La falta de recursos para la reubicación de los polvorines es la razón fundamental para que en el proyecto de ley, que estudia el Congreso, se haya extendido el plazo de su aplicación hasta el 2004.

La propuesta inicial que reforma la Ley de fabricación, importación, exportación, comercialización y tenencia de armas, planteó un plazo de 90 días para la reubicación, luego se habló hasta diciembre del 2003 y, finalmente, en el informe definitivo se incluyó como tope el 2004.

El proyecto se debatirá el próximo martes, anunció el presidente del Congreso, Guillermo Landázuri (ID). Ayer se repartió el documento entre los diputados.

La presidenta de la Comisión de lo Civil y Penal, Cynthia Viteri (PSC), manifestó que serán el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas quienes deberán buscar el dinero para el traslado de las instalaciones.

El proyecto busca sacar de los recintos militares, que se ubican junto a centros poblados, el armamento, explosivos y municiones hacia otros sitios, con el permiso del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y el Municipio de la localidad.

Comité para evaluar las instalaciones en Quito

El alcalde de Quito, Paco Moncayo, anunció ayer que el Concejo Municipal decidió el martes pasado formar un comité integrado por las Fuerzas Armadas, Cabildo y Cuerpo de Bomberos, para evaluar las condiciones de seguridad en los polvorines que se hallan en el Distrito Metropolitano de Quito.

Hoy, en el Ministerio de Defensa, se prevé anunciar los detalles del plan operativo de este comité. El Alcalde se reunió el martes pasado con el ministro de Defensa, Nelson Herrera, para integrar a las Fuerzas Armadas en esta iniciativa.

El Municipio decidió conformar el grupo luego del estallido del polvorín en la Base Naval Sur, de Guayaquil, y de la explosión en la Brigada Galápagos, en Riobamba, el 20 de noviembre pasado.

Cinco civiles muertos al explotar granada en isla Puná

Uno de los menores que fueron heridos en el accidente de la isla Puná llegó ayer en un helicóptero a esta urbe.

Percance se produjo luego de prácticas militares entre marinos de EE.UU. y Ecuador.

Cinco personas murieron y otras dos resultaron gravemente heridas tras la explosión de granadas (no se especificó la cantidad) en el sector de La Concordia en la isla Puná, 60 km al sur de Guayaquil, donde miembros de la Armada Nacional realizaban maniobras con municiones reales.

Este incidente se registró ayer, aproximadamente a las 17h00, a cinco días del estallido e incendio en el polvorín de la Base Naval Sur de esta ciudad.

Según informó Mirella Somontes, habitante de la isla, efectivos de la Marina llegaron hace tres días al pueblo y se dirigieron hacia La Concordia. Dijo que La Concordia queda a 30 minutos del pueblo, donde no hay dispensarios, “ni siquiera un hospital. Solo tenemos un médico, el doctor Jairala, y él ayudó a atender a los niños heridos”.

La mujer sostuvo que los marinos realizaron maniobras de entrenamiento en La Concordia, donde habitan muchas familias, y dejaron olvidadas varias granadas cerca de la playa.

Informó que dos menores, entre ellos Fabián y Oswaldo Sócola Sánchez, de 10 y 12 años, respectivamente, y Cristina Prado León, de 5, recogieron los artefactos explosivos y “llenaron una lonchera con ellos”. Dijo que los menores entraron los artefactos a sus viviendas y al manipularlos, mientras jugaban, estallaron y ocasionaron la muerte de las personas que estaban a su alrededor.
El gobernador, Carlos Pólit, informó anoche que los dos niños Sócola Sánchez se encuentran gravemente heridos con esquirlas en el cerebro y fracturas en las extremidades.

Paralelamente, un morador de la isla Puná, Johnny Roca, denunció que los pequeños heridos estaban abandonados en una lancha a la orilla de la playa. Pero, el comandante Walter Pincay, de la Defensa Civil, indicó que la ayuda llegó a la isla a las 20h45. Roca confirmó que recién a las 22h00 llegó un helicóptero de las Fuerzas Armadas para trasladar a los menores heridos hacia Guayaquil.

En un comunicado, la Armada indicó que personal de Infantería de Marina de Ecuador y EE.UU. realiza hace 15 días, en el área del archipiélago de Jambelí y la isla Puná entrenamientos de operaciones ribereñas debidamente autorizadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Las prácticas involucraban ejercicios de tiro real en un polígono previamente seleccionado. El boletín agrega que “algunos proyectiles habrían quedado sin explotar, para lo cual se destacó de inmediato un grupo de técnicos para rastrear y asegurar el área”.

Ciudad Quito



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