Explotación Sexual


Publicado el 09/Septiembre/2006 | 00:00

Argucias liberan a implicados en tráfico de menores de edad, pese a ser hallados en delito flagrante

Prostitución de menores: un formulismo legal deja libres a presuntos explotadores sexuales

EL ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN dice que ninguna persona debe permanecer detenida más de 24 horas por fines de investigación sin que haya instrucción fiscal o una fórmula de juicio en su contra

El fotomontaje ilustra la entrevista con una adolescente de 14 años encontrada en un burdel de Quito.

La Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapén) contabilizó 37 casos de prostitución de menores y otros cinco de pornografía infantil, entre enero y julio de este año.

La cifra se queda corta frente a las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de que 5 200 niñas y adolescentes son víctimas de explotación sexual comercial en Quito, Guayaquil, Santa Cruz, Machala, Cuenca, Otavalo, Manta Atacames, Coca, Lago Agrio y Santo Domingo.

Desde hace cinco años la Dinapen ha participado en más de una docena de operativos a escala nacional. En ellos se han descubierto redes organizadas de tráfico de niñas, niños y mujeres. Estas operarían con la complicidad de miembros de la Policía y del Registro Civil.

En un caso descubierto en 2001 se estableció que esa entidad entregaba cédulas falsas a menores de edad.

El último operativo se hizo en Quito la noche del 10 de agosto pasado, con la fiscal Tania Moreno, en los locales Night Club Three Star y Hostal La Fragata.

En el Three Star fueron halladas seis adolescentes y una en La Fragata. En este, además, trabajaban ocho ciudadanas colombianas indocumentadas.

Horas antes, el intendente, Pablo Santos, había ordenado la clausura definitiva de ambos lugares por tener permisos de funcionamiento, pero él no encontró a menores de edad.

La fiscal pidió al juez decimocuarto de lo Penal, Jaime Santos, la prisión de Joselo Castellano, Juan Naranjo, Jorge Alvarado, Oliver Contreras y Fausto Ponce, empleados del Three Star; y, de la colombiana Mercedes Larco, administradora del otro local. Esto se cumplió el viernes 11 de agosto.

Tres días después, el mismo juez ordenó la libertad.
Los acusados fueron hallados en “delito flagrante”, según el jefe de la Policía Judicial, Gustavo Terán. Pero fueron liberados luego de que el jefe de los casilleros judiciales certificó que no había instrucción fiscal ni acusación en su contra.

La defensa esgrimió el artículo 24, numeral 6 de la Constitución, según el cual ninguna persona puede permanecer detenida para fines de investigación durante más de 24 horas. El juez le dio la razón. (AA/LVA)

Las víctimas cuentan sus historias

"Fui reclutada por mi novio"

Valeria (nombre ficticio), de 14 años de edad: "Un amigo de mi hermano me enamoró y me sacó de Crucita (Manabí) con la promesa de que tendría una mejor vida en la capital.

Al poco tiempo empezó a pegarme y me obligó a trabajar en un burdel. Yo le entregaba todo el dinero ($25 por cada relación). Una noche, en que no fui a trabajar, la Policía clausuró el local.

Entonces mi novio me trasladó a un lugar de Calderón (norte de Quito) donde me hallaron en un operativo de la Dinapén. Luego supe que él mantenía a otra con mi plata.

Ella me enseñó los regalos que le había comprado. Ahora él está preso y casi no duermo por el temor de volver a verlo". (LVA)

"Pagué $80 por la cédula"

Andrea (nombre ficticio) tiene 17 años y es de Portoviejo: "Una prima de mi novio me ayudó a sacar la cédula de mayor de edad, en Chillogallo (sur de Quito) por $80; ella me consiguió empleo en un karaoke donde también había colombianas menores de edad.

Los clientes compraban una ficha en el bar y luego yo entregaba el dinero ($7 por cada relación) a un empleado.

Me acostaba en unos cuartos junto al baño; a veces tenía hasta 10 clientes por noche; durante mi regla atendía a dos porque me dolía. El dinero servía para comprar remedios para las vías urinarias y para mis cosas personales. La noche del operativo aborté". (LVA)

"El dueño sabe mi edad"

Lucía (nombre ficticio), de 16 años, es de Esmeraldas. "A los 12 años fui violada por un conocido de mi padre y huí a Guayaquil donde me ofrecieron un trabajo de doméstica que en realidad fue de prostituta, pues me forzaban a tener sexo con unos viejos morbosos, malhablados y groseros.

Luego regresé a mi casa y cuando cumplí 14 años me fui a San Lorenzo donde fui trabajadora sexual en un local.

Cada cliente pagaba $8 y yo recibía $5. Allí había otras cinco menores de edad y el dueño lo sabía. En Quito estoy más de un año y sigo en este ambiente porque mi enamorado me abandonó al saber que estoy embarazada". (AA)

"Fui devuelta tras el rapto"

Gabriela (nombre ficticio) tiene 14 años: "Fui raptada por tres hombres que viajaban en un taxi cuando salía de la Biblioteca Municipal de Guayaquil.

Luego me llevaron a una casa ubicada al sur de la ciudad, donde me violaron varias veces luego de obligarme a ingerir licor e inhalar un polvo blanco.

También me pegaban, me insultaban y me obligaban a ayudar en las tareas domésticas, para "desquitar la comida".

En el lugar había otras personas, incluso una mujer que no me ayudó. Después de un tiempo me embarcaron en otro taxi y me devolvieron a la casa de mis padres "porque aún no tenía senos", según pude oír a uno de los secuestradores. (BMS)

"Mi padre sabe lo que hago"

Jéssica (nombre ficticio), menor de edad, peruana: "Trabajaba en la planta baja del hostal La Fragata; allí emborrachaba a los clientes y luego me acostaba con ellos, por $20, de los cuales $15 quedaban conmigo.

Mis ingresos eran de $500 mensuales. En el lugar había alrededor de 15 chicas.

No estoy registrada en el Ecuador y en las ocasiones en que me pedían la identificación, presentaba la copia de una denuncia sobre la supuesta pérdida de mi cédula.

También trabajé en un sitio llamado El Goloso, al norte de Quito, donde hacía estriptís. Soy madre de una niña ecuatoriana, pero su padre me la quitó. Mi papá sabe a lo que me dedico". (LVA)

"Tengo documentos falsos"

Vilma (nombre ficticio) tiene 16 años y es de Naranjito (Guayas): "Mi novio no quiso hacerse cargo de nuestro hijo y me propuso abortar.

Esto lo conté a mi amigo Jimmy, quien me ofreció un trabajo de bailarina en el que ganaría mucho dinero.

Él nunca me dijo que tendría relaciones con los clientes, entonces me golpeaba para obligarme a prostituirme y me quitaba todo el dinero.

En el local Piolín, de Santo Domingo de los Colorados, me consiguieron documentos falsos de mayor de edad y luego fui a Quito, donde conseguí trabajo en un local llamado Éxtasis. Allí cobraba $200 por cliente y ganaba otros $400 mensuales por bailar". (LVA)

SANTOS: "antes me voy de aquí y me importa un bledo"

SIETE IMPLICADOS en trata de blancas se hallan libres; no hubo instrucción fiscal y fueron excarcelados

"Yo cumplo de manera absoluta con la ley". Así lo dice el juez décimocuarto de lo Penal de Pichincha, Jaime Santos, al explicar la liberación de los detenidos en el operativo del 10 de agosto.

Indica que le tocó conocer los casos Three Star y Fragata porque se hallaba de turno y, desde la madrugada del 11 de agosto hasta el lunes 14, cuando ordenó la excarcelación no hubo una instrucción fiscal que permitiera mantenerlos recluidos más allá de las 24 horas que establece la Constitución.

El juez relata que la instrucción fiscal llegó el 15 de agosto y por eso acusa a la fiscal Tania Moreno de “negligente e irresponsable”.

Ella prefirió no responderle, pero fuentes de su despacho dijeron a BLANCO Y NEGRO que el juez debió haberle preguntado si iba a dictar o no una instrucción fiscal antes de ordenar la liberación.

Santos responde “¿de cuándo acá yo debía pedir autorización? ¡Antes me voy de aquí y me importa un bledo!”.

En todo caso, al correo electrónico de la fiscal llegaron amenazas de dueños de otros locales clausurados por su acción. Estas se extendieron al director de Trata de Blancas de la Dinapén, Edwin Tufiño.

Un día después de la excarcelación, Moreno apeló la decisión y el juez decimoquinto de lo Penal, Raúl Martínez, emitió nuevas boletas de detención. Para entonces los implicados en el caso de prostitución de menores estaban a buen recaudo.

El juez decimocuarto, Jaime Santos, también actuó en el caso Leg Bar. En ese lugar fueron halladas dos menores de edad que se dedicaban a la prostitución.

Esto fue confirmado por declaraciones de una de ellas, las cuales fueron desechadas porque la curadora que asistía a la joven aparentemente no era abogada.

Esto permitió que la imputada de trata de blancas, Gladys Pinto León, fuera liberada.

La decisión fue cuestionada por la fiscal Silvia Juma Gudiño, quien argumentó que el juez bien pudo haber convalidado el testimonio de la menor porque el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal no establece la necesidad de que el curador sea abogado.

El juez se “arropa” en el artículo 24 de la Constitución, numeral 5. Este señala que ninguna persona podrá ser interrogada sin la asistencia de un abogado”. (LVA/AA).

Policía halla menores en prostíbulo de Guayaquil

FUNCIONABA EN una villa de la cooperativa de vivienda La Fragata, al sur de la ciudad; hubo 26 detenidos

El viernes pasado, la Intendencia de Policía del Guayas y la Comisaría Cuarta del Municipio de Guayaquil clausuraron un prostíbulo clandestino que funcionaba en la villa 6 de la manzana 7, de la cooperativa de vivienda La Fragata, al sur de la ciudad.

Esto se produjo luego de un allanamiento en el cual se encontraron estupefacientes y se detuvieron a 26 personas entre hombres y mujeres. Había varias menores de edad que se prostituían en este lugar.

Durante la incursión resultó herido en la pierna un agente policial, quien recibió un disparo desde el interior de la vivienda, cuyo propietario es Martín Villacís, quien también fue detenido junto a su hijo menor de edad, que se encontraba en el lugar.

Entre los apresados hubo siete extranjeros, lo que para la fiscal Smirnova Calderón denota el crecimiento del turismo sexual en el país.

Para combatirlo, el Ministerio Público, el Municipio y la Policía han iniciado una campaña para recibir denuncias de este delito. Los organismos han señalado que el Código Penal lo sanciona con penas que pueden llegar hasta los 35 años de prisión. (BMS)

Intendente: "No hay plata para controlar"

BURDELES REABREN minutos después de que se les coloca el sello de clausura

El intendente de Pichincha, Pablo Santos (hermano del juez decimocuarto de lo Penal, Jaime Santos), en un primer operativo, efectuado la tarde del 10 de agosto, clausuró definitivamente los burdeles Three Star y Fragata.

Pocas horas después, estos funcionaban cuando la Policía hizo el operativo que rescató a las menores.

El intendente dice que esto ocurre siempre porque su competencia termina con ordenar la clausura y no le corresponde verificar su cumplimiento: “Esa es labor de la Policía”.

Añade que la Intendencia no tiene recursos ni personal para evitar la reapertura de estos negocios. Asimismo niega cualquier relación con sus propietarios. (LVA)

"Los operativos de la intendencia nunca hallan a menores en los prostíbulos"

FUNDACIÓN NUESTROS JÓVENES denunció en el CNJ la actitud del juez decimocuarto de lo Penal, por su "diligencia" para liberar a los implicados en casos de explotación sexual

Silvia Barragán cree que los dueños de los burdeles son alertados antes de las visitas de la autoridad

La presidenta de la Fundación Nuestros Jóvenes, Silvia Barragán, denunció ante el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) la actuación del juez decimocuarto de lo Penal de Pichincha, Jaime Santos.

“Es condenable la forma diligente con la que actuó el juez al dejar en libertad a presuntos explotadores sexuales de adolescentes sin esperar la instrucción fiscal y sin considerar que era un fin de semana con feriado”, señala en su denuncia. Hasta el momento no hay una respuesta del CNJ.

Añade que la Fundación ahora cuenta con curadoras abogadas para representar a las jóvenes, para que no haya pretextos para liberar a los dueños de los prostíbulos.

“Ojalá después de eso no se inventen otra excusa para dejarlos libres”, manifiesta.

Barragán también cuestiona al hermano del juez: el intentendente Pablo Santos, quien invita a los canales de televisión a los operativos de cierre de los locales y “con esto da un mensaje a la colectividad de que combate la inmoralidad”, pero en cuanto sale de allí estos vuelven a funcionar.

Según la presidenta de Nuestros Jóvenes, esta actitud interrumpe la coordinación entre la Fundación, la Dinapén y la Fiscalía, orientada a desmantelar las mafias de explotación sexual a menores.

Ella cree que habría vinculación entre cierto personal de la Intendencia y los dueños de estos lugares, pues de otro modo no entiende cómo en los operativos del intendente Santos no halla menores de edad en los prostíbulos.

También serían utilizados algunos canales de TV, que anticipan en sus noticieros sobre la inminente realización de los operativos.

Esto alertaría a los dueños de los burdeles, que tendrían todo “en orden” cuando llega la autoridad. (LVA/AA)

Las adolescentes llegan a tener un promedio de 270 relaciones sexuales comerciales cada mes, pero no hay una conciencia clara sobre los problemas de las enfermedades que pueden contraer

Locales tienen ingresos promedio de $14 615 mensuales

Un estudio de la Fundación Nuestros Jóvenes, realizado a partir de entrevistas con adolescentes que trabajan en prostíbulos, señala que una joven genera ingresos para esos locales de $621.

Al multiplicar esa suma por el promedio de 23 chicas (en cada lugar), obtendrían un ingreso total de $14 615 mensuales solo por este rubro.

Asimismo, las adolescentes llegan a tener un promedio de 270 relaciones comerciales por mes.

A un costo unitario promedio de US$ 5,6 significa un ingreso de $1 514 para ella o para su "pareja".

La edad promedio de inicio en la explotación sexual comercial es a los 15 años, aunque muchas de ellas presentan cédulas falsas de mayores de edad, lo que pone en entredicho al Registro Civil. (LVA/AA)

Tienen alguna idea del VIH/SIDA pero se controlan poco

El estudio señala que el conocimiento sobre el VIH/SIDA no es generalizado. Por otro lado, mientras el 22,1% nunca asistió a los controles médicos, el 10,4%, lo hizo una sola vez.

En la muestra investigada, el 13% ha tenido por lo menos una vez en su vida una infección de transmisión sexual. Asimismo, el 24% indica que no ha se realizado las pruebas para la detección del VIH/SIDA.

Las entrevistadas señalaron que el uso del preservativo es importante en el sexo vaginal (90,9%) y oral (92%), y menor en el sexo anal (84%).

Además, los preservativos entregados por los locales son de mala calidad, puesto que, en el 70,1% de los casos se rompieron una o más veces en el acto sexual, manifestaron. (LVA/AA)

PUNTO DE VISTA

Combate efectivo a una lacra social

El que condiciones económicas, sociales o familiares obliguen a mujeres mayores de edad a prostituirse constituye de por sí un hecho denigrante.

Cuanto más si la venta del cuerpo lo realizan menores de edad, engañadas y obligadas en muchos casos por sus parejas o familiares a ejercer el "oficio más antiguo del mundo".

Pero el asunto resulta aun más grave (si tal cosa es posible) si este negocio ilícito recibe el amparo de las leyes, sea por complicidad o negligencia de las autoridades.

Esto último se desprende de lo relatado en la presente edición de BLANCO Y NEGRO, donde se descubre, por ejemplo, lo aparentemente fácil que resulta para los tratantes de blancas obtener documentos de identidad falsos para que las menores de edad puedan ejercer su labor sin complicaciones.

Entonces, cabe la pregunta: ¿qué pasa en el Registro Civil?

De igual manera, llama la atención la agilidad y minuciosidad, tal como reclama la Fundación Nuestros Jóvenes, con que algunas autoridades ejecutan la Ley para la liberación de personas a quienes se ha sorprendido como responsables flagrantes de este auténtico tráfico de personas.

Asimismo no deja de sorprender la aparente poca capacidad de coordinación que muestra el hecho de que mientras la Intendencia clausura los locales que funcionan como burdeles, sea porque no cuentan con los permisos respectivos o porque se ha encontrado en ellos a menores de edad, a la vuelta de la esquina los dueños pueden reabrir sus negocios.

Esto no solo refleja dispendio de esfuerzo y recursos sino incluso tontería de parte de las autoridades y organizaciones encaminadas a controlar el cumplimiento de las normas jurídicas.

Ante esto, cabe preguntarse dónde quedan los postulados de defensa de derechos de los niños y adolescentes. ¿O es que se considera a las menores de sexo femenino como ciudadanas de segunda clase? (LAG)(Blanco y Negro)

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