Están extraviados en la Amazonía 150 kilos de pentolita. La compañía argentina acusa a los indios de Sarayacu de robarlos. Ellos lo niegan.
Sarayacu cambia de discurso y amenaza con juicio penal contra CGCA
La mítica selva verde que se levanta alrededor de la comunidad de Sarayacu, que está a 25 minutos de vuelo desde Shell, en la cuenca del río Bobonaza, en el centro de Pastaza, encierra en sus entrañas una cantidad incierta de explosivos.
A inicios de 2003, un grupo de "guardianes de la selva", como se autodenominan los habitantes indígenas kichwa de esa población, se apoderaron de una carga de pentolita, explosivo de alto poder, que se encontraba en un campamento de la Compañía General Geofísica (CGG), francesa, subcontratista de la argentina CGC (Compañía General de Combustibles). Según la petrolera, se trata de 150 kilos (más de 2 000 cartuchos) y detonantes electrónicos, que debían ser utilizados en los trabajos de prospección sísmica, como parte de la fase de exploración en el bloque 23.
La presidenta de la Asociación del Pueblo Kichwa originario de Sarayacu, Hilda Santi, en declaraciones a la prensa, el pasado 26 de julio, dijo que, sin precisar cantidades, "nosotros eso sí tenemos guardado. Nos hemos comprometido que mientras la empresa no salga, no vamos a entregar esa dinamita".
Agregó: "En mi frente, diferentes compañeros cogieron eso y varios de ellos lo tienen guardado. Antes se quedó en entregar a alguna organización de Derechos Humanos, pero ahora está guardado".
El lugar donde están los explosivos es un secreto, aunque agregó que están "un poco lejos, donde no puedan alcanzar los niños; nadie en general".
Luego de una denuncia pública, hecha por CGC sobre la base de estas declaraciones, el martes 2 de agosto de este año, el jueves 4 de agosto Santi cambió su declaración y en una rueda de prensa aseguró que la cantidad tomada por los comuneros fue "mínima, solo una muestra para enseñar a los compañeros de lo que se trataba". Fue enfática al rechazar el término utilizado por los representantes de la petrolera, de que se trató de un robo, por lo que la comunidad decidió iniciar una querella penal "por injurias".
Mario Melo, uno de los abogados que defiende a Sarayacu, fue más allá y rechazó íntegramente la denuncia de la CGC. Dijo que en territorio de esa comunidad solo hay los explosivos enterrados en varios puntos de la selva, "que constituyen una amenaza para la paz y seguridad".
Sobre la acusación de robo en contra de los indígenas dijo que "es una reacción de la empresa a la gestión del señor subsecretario de Protección Ambiental, en el marco de las medidas provisionales, para que entregue la información de dónde están los explosivos que dejó en el territorio de Sarayacu".
De ahí que, "frente a las falsas imputaciones de delito en contra de Sarayacu, la comunidad decidió iniciar acciones legales en contra de quienes presentaron esas acusaciones falsas". Reiteró que la denuncia de "robo de 150 kilos de explosivos", hecha por la CGC, "es totalmente falsa y es, precisamente, esa falsa imputación del delito la que motiva la acción penal". No habló de fechas ni de cuándo presentará la demanda pero dijo que sería de forma inmediata. (EF)
"La relación con los pobladores se ha vuelto insalvable"
La Compañía General de Combustibles (CGC) es una de las petroleras argentinas más reconocidas en América Latina; mantiene millonarios contratos con varios países, entre ellos Venezuela, Argentina y nuestro país.
En el Ecuador participó en la octava ronda petrolera y en 1996 y se adjudicó el bloque 23 en la Amazonía, con un contrato de $17 millones, por la exploración y explotación de ese bloque.
Todo marchaba tal como lo acordado con el Estado, sin embargo, en febrero de 1997, empezó a tener conflictos con la comunidad de Sarayacu. Secuestraron a cuatro técnicos de la petrolera, con el argumento de que estaban invadiendo su territorio ancestral. La liberación se llevó sin ningún problemas y sin pagar el rescate.
Las comunidades indígenas y la CGC iniciaron un proceso de diálogo y la mayoría de ellas se pusieron de acuerdo con la compañía; sin embargo, en 2002, los indígenas de Sarayacu volvieron a secuestrar esta vez a 29 personas, por lo que el contrato debió ser declarado de "fuerza mayor", lo que se mantiene hasta el momento.
Esta situación se ha mantenido, ya que la comunidad no permite el acceso a ninguna persona para que medie en el asunto. "El territorio de Sarayacu es un Estado dentro del Estado ecuatoriano y tiene sus propias leyes", señala el gerente general de la CGC, Ricardo Nicolás.
A criterio de Nicolás, la relación se ha vuelto insalvable, los dirigentes de la comunidad no quieren dialogar y no aceptan ningún argumento de la petrolera, aunque esta ha explicado que no está atentando contra los derechos humanos de la comunidad ni contra su territorio.
La CGC utilizaba los explosivos para la fase de exploración sísmica del bloque, de la cual solo se ha realizado el 27%, con unos $15 millones, porque, por seguridad, la petrolera no puede entrar desde enero de 2003, fecha en la cual paró sus operaciones.
Por su parte, Hilda Santi, dirigente de Sarayacu, ha dicho que los explosivos están en un lugar alejado y seguro y que no los entregarán hasta que la CGC no salga de su territorio. Una fuente consultada por BLANCO Y NEGRO señala que los explosivos son utilizados por la comunidad para la pesca.
La CGC está dispuesta a llegar a un acuerdo con los indígenas de Sarayacu y buscar una salida que beneficie a la comunidad y al Estado, como a la Compañía; aunque para Nicolás el conflicto no es solo por territorio, sino por la cosmovisión indígena que hace que ellos crean en los recursos renovables y en la conservación de la naturaleza.
Esta afirmación la hicieron también algunos de los representantes de la comunidad Sarayacu en el encuentro realizado hace algunas semanas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) denominada "Recuperar la política petrolera".
La CGC hace un llamado a las autoridades de Gobierno para que participen activamente en la solución del tema, con la cual el Ecuador podría recibir cerca de 35 mil barriles diarios. La Compañía mira con esperanza la solución, pero no descarta llegar a la parte legal si es que el conflicto no se soluciona. (GA)
Seguridad jurídica
Ricardo Nicolás ratificó en acusación sobre los explosivos: "Como quieran llamarlo: robo, decomiso, requisa, pero cuando uno toma algo que no es de uno, es un robo". Dijo que incluso, durante una charla de la Flacso, en Quito, el ex presidente de Sarayacu Marlon Santi reconoció que efectivamente tiene esa carga de pentolita. Dijo que están preparados para afrontar el anunciado juicio penal "aunque se quiere poner el mundo al revés cuando el ladrón acusa al damnificado. Nosotros somos los perjudicados del robo y no se de qué se nos quiere acusar".
Nicolás, sin embargo, considera que en el tema hay problemas de Estado de fondo sobre la potestad de los recursos y esto se debe debatir más temprano que tarde. "El resto de la historia entre CGC y Sarayacu es fruto de una prolífera inventiva indígena que dilata su debate. El problema no es ambiental, no es humano, no es de leyes, no es de explosivos, es de seguridad jurídica". (EF)
La familia es el eje del poder
El tronco Gualinga es el más numeroso. La tradición oral y su presencia en todos los centros son los signos de su peso político en la comunidad. El parentesco es la pauta del discurso ambiental.
"Ramón Gualinga, curaca antiguo, formó el asentamiento; ellos eran los jefes". La tradición oral describe esta referencia hecha por el chamán Sabino Gualinga en el libro Sarayacu: el pueblo del cénit, identidad y construcción étnica.
Ese es un primer acercamiento a las raíces del poder indígena de Sarayacu. Y no es la única: la publicación señala que los apellidos mestizos Viteri, Cisneros, Guerra y otros se explican por "un relacionamiento temprano de los kichwa con los "otros", debido al comercio".
Estos datos revelan la influencia de ciertas familias y el sentido de protesta de este pueblo, envuelto en un círculo de parentesco entre sus 1 000 habitantes y en una lógica de alianzas matrimoniales que han trazado el mapa de territorios familiares. Todos ellos, hoy vinculados a actividades que promueven la protección ambiental. En este campo se destaca el núcleo Gualinga. Su peso se mide hoy en la estructura organizativa con la presencia de los hermanos Patricia y José Gualinga. Ella se encarga del apoyo jurídico a Sarayacu. El hermano tiene a su cargo las relaciones internacionales del Consejo de Gobierno. Ambos son empresarios turísticos a través de su agencia Papango Tours, en Puyo.
Los hermanos Gualinga son primos hermanos de Carlos, Leonardo, Alfredo y Froilán Viteri, de otro grupo familiar que ha tenido una fuerte influencia en las últimos 30 años. Carlos Viteri, funcionario en el BID, en Washington, fue asesor de la ex diputada Nina Pacari y columnista de HOY. Se lo asocia al círculo académico del movimiento indígena. Leonardo Viteri es directivo del Instituto Indígena Amazanga, que fue parte de la Organización de Indígenas de Pastaza (OPIP); en el Gobierno de León Febres Cordero estuvo detenido por portar material subversivo, fue deportado de Colombia. Froilán Viteri es dirigente del Consejo de Gobierno de la OPIP. Y Alfredo Viteri es director del proyecto de Bio-Investigación Yanayacu, ubicado en la frontera con el Perú.
Un comunero, que prefirió la reserva, señala que el peso de estos grupos familiares es importante a la hora de definir la línea de acción de los indígenas. Su influencia radica en sus relaciones "políticas hacia fuera, pues ha permitido dar sustento a la lucha antipetrolera".
Estos "clanes" tienen un complemento con el grupo Santi, de cuyo tronco se destacan Marlon y Mario Santi, presidente y ex vicepresidente de la comunidad. Y la actual presidenta del Consejo, Hilda Santi.
Patricia Gualinga niega que las influencias familiares marquen la pauta en la toma de decisiones, pues destaca que esa es una prerrogativa de la asamblea, la misma que recoge y expresa la visión del pueblo por la defensa ambiental, "que no es nueva". De hecho, en los años ochenta, Sarayacu se opuso ya a las tareas de sísmica de la transnacional Arco. (LB)
Pentolita: un explosivo de altísimo poder
Un técnico del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional aseguró que la pentolita es considerada un explosivo de altísimo poder que sobrepasa los 1 000 metros de velocidad de detonación por segundo. Para que exploten los 150 kilogramos se necesita de un iniciador y depende de su almacenamiento para establecer si están seguros o no.
Estos explosivos deben estar en un lugar completamente seco, donde no exista humedad, o guardados en búnker especiales para que, en caso de una explosión accidental, no provoquen heridos. El riesgo es latente si está en una casa o en una bodega, principalmente, si se encuentran juntos, si uno llega a detonar lo hacen todos por el fenómeno "simpatía" (reacción en cadena). Son peligrosos cuando se usan como bombas. (PAG)
En situaciones normales, la pentolita necesita de un iniciador; sin embargo, se han reportado accidentes alrededor del mundo producidos sin ningún detonante, el problema radica en el almacenamiento. El explosivo cada día se vuelve más inestable .
Si los explosivos están encerrados y existe polvo no visible en suspensión que está en el ambiente, el momento que ingresa una persona cargada de electricidad estática a la habitación podría iniciarse una explosión si esta tiene contacto con una aldaba de metal.
Si no hay un correcto manejo del explosivo la estática de una persona (electricidad de 2 voltios) puede desencadenar una explosión; también si se toman los cables de los detonadores y se encuentra cerca del explosivo. Por eso deben ser manejados por expertos.
La pentolita puede explotar por la fricción, el calor y el choque (un golpe). En el caso de que se produzca una explosión, esta emite gases tóxicos e irritantes. No se debe tratar de apagar el fuego, además, hay que evacuar a la gente a 1 500 metros a la redonda.
La detonación de los 150 kilogramos puede hacer daño a un radio de acción de 200 metros, en el caso de El Oriente, donde, se supone, están los explosivos, podría acabar con toda una comunidad, debido a que las viviendas son de caña, y no de hormigón armado.
La pentolita se utiliza a escala militar para fabricar armamento; se usa especialmente en geología para realizar estudios de suelos y sísmicos; y perforaciones además, es utilizada por el terrorismo, para armar coches bombas y explosivos. (PAG)
Indígenas y petroleras, en lucha permanente
En los últimos años, las multinacionales han PROYECTADO mejor su imagen. Pero aún existen conflictos sociales y ambientales con estas compañías
Por más de tres décadas, los indígenas amazónicos han protestado contra la presencia de las empresas petroleras en las zonas en las que habitan.
Solo en julio de este año se han producido dos nuevos reclamos. En los primeros días del mes, indígenas kichwa y shuar y colonos que habitan en el cantón Shushufindi, al sur de Sucumbíos, cerraron las principales vías de acceso a nueve pozos del sector.
Los manifestantes pidieron la contratación del 80% de la mano de obra local, el asfaltado de la vía Shushufindi-Limoncocha, la remediación ambiental y $2 millones para la reactivación agrícola.
Días después, una delegación de 150 huaorani llegó a Quito para denunciar el daño ambiental causado por las petroleras. La brasileña Petrobras opera en el bloque 31. Los indígenas pedían que suspendiera sus operaciones ubicadas en Orellana y en el Parque Nacional Yasuní, área protegida, declarada Reserva de Biósfera del Mundo, por la Unesco.
Juicio histórico
En 1993, indígenas y campesinos promovieron una demanda contra Texaco (ahora ChevronTexaco), a nombre de 30 mil personas de unas 20 tribus ecuatorianas. Piden $1 000 millones por los daños ambientales ocasionados durante 28 años de explotación.
Los denunciantes acusan a la petrolera de haber derramado millones de toneladas de crudo y desechos tóxicos en varias zonas de las provincias de Sucumbíos y Orellana.`
Corte a favor de Sarayacu
El 17 de junio de 2005, se comunicó al Estado que debe cumplir de forma estricta e inmediata con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para proteger eficazmente la vida, integridad personal y libre circulación de todos los miembros del pueblo indígena de Sarayacu. La Corte ordena también el inmediato retiro del material explosivo colocado en el territorio de Sarayacu por la Compañía General de Combustibles (CGC) para la realización de exploración sísmica.
La comunidad kichwa de Sarayacu, que habita ancestralmente en la cuenca del Río Bobonaza, en Pastaza, está opuesta a la concesión del bloque 23 otorgada a la Compañía General de Combustibles. (UBP)
Más información
Un informe de la organización Acción Ecológica documenta 58 casos de oposición de diversas comunidades. LEER EL INFORME COMPLETO
"LA LEGISLACIÓN ES CLARA"
Para Fernando García, antropólogo de la Facultad de Ciencias Sociales (Flacso), Ecuador, en el caso de los recursos no renovables, que se encuentran en el subsuelo y los pueblos indígenas, tiene una larga historia.
"Desde los años noventa se hizo una marcha para solicitar el reconocimiento de territorios, una noción que va más allá, territorio no solo es el espacio físico, sino el poder de elegir autoridades propias, de ejercer administración y justicia, de tener una lengua propia, de decidir sobre el uso de los recursos".
Según García, esto se fortaleció cuando en el Ecuador se aceptaron los derechos colectivos de la Convención de 1998 que, en el artículo 84, garantiza los territorios indígenas. Además, ese mismo año, el Gobierno ecuatoriano ratificó del convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), en el cual se obliga al Estado que, antes de iniciar cualquier tipo de explotación de recursos naturales en poblaciones indígenas, debe hacer una consulta previa a la población asentada en esos territorios, para definir si están o no de acuerdo con el tipo de explotación, los beneficios que traería y las compensaciones, si existieran daños.
En conclusión: "La legislación nacional e internacional que ha ratificado el Ecuador es extremadamente clara".
"Impedirán ingreso de petrolera"
Para Alexandra Almeida, del grupo Acción Ecológica, el impacto de las explotaciones petroleras es evidente y grave. Cuenta que, en los cinco años que ella vivió en la zona, pudo constatar la contaminación producida en el agua, el suelo y en el aire de la Amazonía. Además, el maltrato al que han sido sometidos los indígenas y los colonos por parte de las empresas explotadoras de petróleo. Ahora los empleados de las petroleras, cuando se produce un derrame, han optado por responsabilizar a los campesinos de ser los causantes de atentados, les dicen que les gusta vivir de las indemnizaciones, dice.
Almeida asegura que a partir de 1995, las personas afectadas por la contaminación se han organizado y son los grupos de mujeres los que mejor lo están, como el caso de los Sarayacu. Al principio, cuando los hombres quisieron sentarse a negociar, las mujeres dijeron que no, por ese sentido de apropiación con la naturaleza, pusieron la condición a los hombres que no les darían chicha. Para un indígena eso es como una sentencia de muerte.
Afirma que los Sarayacu han prometido defender su tierra con la muerte y que acusarles de ladrones de los explosivos es un nuevo intento para que la empresa CGC pueda ingresar en su territorio. (PAG)
PUNTO DE VISTA
Amazonía y petróleo, dilema a resolver
El conflicto por la "desaparición" de 150 kilogamos de pentolita, de una empresa argentina, que contiene este informe, es la punta del iceberg de inveteradas disputas de las comunidades y etnias indígenas de la Amazonía con el Estado ecuatoriano.
No olvidemos que, a mediados del siglo anterior, un presidente "progresista" llegó a decir: "El Oriente es un mito". Claro, él representaba a los sectores agropecuarios, en un tiempo en que no se vislumbraba el potencial petrolero del país, cuyo sostén es, precisamente, el subsuelo de la Amazonía que está en territorio nacional.
Además, durante la República, las comunidades y etnias de la región permanecieron en un olvido, que no se ha subsanado radicalmente. Por ello, hay una explicable reivindicación histórica de los indígenas amazónicos, que se ha expresado de muchas formas en los últimos años.
No obstante, el Estado no puede dejar de contar con la riqueza petrolera, que es la principal fuente de divisas.Y, no obstante, ha sido incapaz de incorporar a las poblaciones orientales a un proyecto (económico, social, político) compartido. En este aspeto, hay un retraso de más de 200 años, sobre el cual se hace muy poco para acortarlo.
Estado e indígenas están forzados a garantizar la actividad de empresas petroleras en la exploración y producción del petróleo, salvaguardando el ambiente y sancionando cuando ello no ocurre. Pero es un contrasentido si las comunidades exigen pagos o beneficios a las compañías y, además, les exigen que abandonen el territorio, a título de propiedad del subsuelo. (DCM)(Blanco y Negro)
Sarayacu cambia de discurso y amenaza con juicio penal contra CGCA
La mítica selva verde que se levanta alrededor de la comunidad de Sarayacu, que está a 25 minutos de vuelo desde Shell, en la cuenca del río Bobonaza, en el centro de Pastaza, encierra en sus entrañas una cantidad incierta de explosivos.
A inicios de 2003, un grupo de "guardianes de la selva", como se autodenominan los habitantes indígenas kichwa de esa población, se apoderaron de una carga de pentolita, explosivo de alto poder, que se encontraba en un campamento de la Compañía General Geofísica (CGG), francesa, subcontratista de la argentina CGC (Compañía General de Combustibles). Según la petrolera, se trata de 150 kilos (más de 2 000 cartuchos) y detonantes electrónicos, que debían ser utilizados en los trabajos de prospección sísmica, como parte de la fase de exploración en el bloque 23.
La presidenta de la Asociación del Pueblo Kichwa originario de Sarayacu, Hilda Santi, en declaraciones a la prensa, el pasado 26 de julio, dijo que, sin precisar cantidades, "nosotros eso sí tenemos guardado. Nos hemos comprometido que mientras la empresa no salga, no vamos a entregar esa dinamita".
Agregó: "En mi frente, diferentes compañeros cogieron eso y varios de ellos lo tienen guardado. Antes se quedó en entregar a alguna organización de Derechos Humanos, pero ahora está guardado".
El lugar donde están los explosivos es un secreto, aunque agregó que están "un poco lejos, donde no puedan alcanzar los niños; nadie en general".
Luego de una denuncia pública, hecha por CGC sobre la base de estas declaraciones, el martes 2 de agosto de este año, el jueves 4 de agosto Santi cambió su declaración y en una rueda de prensa aseguró que la cantidad tomada por los comuneros fue "mínima, solo una muestra para enseñar a los compañeros de lo que se trataba". Fue enfática al rechazar el término utilizado por los representantes de la petrolera, de que se trató de un robo, por lo que la comunidad decidió iniciar una querella penal "por injurias".
Mario Melo, uno de los abogados que defiende a Sarayacu, fue más allá y rechazó íntegramente la denuncia de la CGC. Dijo que en territorio de esa comunidad solo hay los explosivos enterrados en varios puntos de la selva, "que constituyen una amenaza para la paz y seguridad".
Sobre la acusación de robo en contra de los indígenas dijo que "es una reacción de la empresa a la gestión del señor subsecretario de Protección Ambiental, en el marco de las medidas provisionales, para que entregue la información de dónde están los explosivos que dejó en el territorio de Sarayacu".
De ahí que, "frente a las falsas imputaciones de delito en contra de Sarayacu, la comunidad decidió iniciar acciones legales en contra de quienes presentaron esas acusaciones falsas". Reiteró que la denuncia de "robo de 150 kilos de explosivos", hecha por la CGC, "es totalmente falsa y es, precisamente, esa falsa imputación del delito la que motiva la acción penal". No habló de fechas ni de cuándo presentará la demanda pero dijo que sería de forma inmediata. (EF)
"La relación con los pobladores se ha vuelto insalvable"
La Compañía General de Combustibles (CGC) es una de las petroleras argentinas más reconocidas en América Latina; mantiene millonarios contratos con varios países, entre ellos Venezuela, Argentina y nuestro país.
En el Ecuador participó en la octava ronda petrolera y en 1996 y se adjudicó el bloque 23 en la Amazonía, con un contrato de $17 millones, por la exploración y explotación de ese bloque.
Todo marchaba tal como lo acordado con el Estado, sin embargo, en febrero de 1997, empezó a tener conflictos con la comunidad de Sarayacu. Secuestraron a cuatro técnicos de la petrolera, con el argumento de que estaban invadiendo su territorio ancestral. La liberación se llevó sin ningún problemas y sin pagar el rescate.
Las comunidades indígenas y la CGC iniciaron un proceso de diálogo y la mayoría de ellas se pusieron de acuerdo con la compañía; sin embargo, en 2002, los indígenas de Sarayacu volvieron a secuestrar esta vez a 29 personas, por lo que el contrato debió ser declarado de "fuerza mayor", lo que se mantiene hasta el momento.
Esta situación se ha mantenido, ya que la comunidad no permite el acceso a ninguna persona para que medie en el asunto. "El territorio de Sarayacu es un Estado dentro del Estado ecuatoriano y tiene sus propias leyes", señala el gerente general de la CGC, Ricardo Nicolás.
A criterio de Nicolás, la relación se ha vuelto insalvable, los dirigentes de la comunidad no quieren dialogar y no aceptan ningún argumento de la petrolera, aunque esta ha explicado que no está atentando contra los derechos humanos de la comunidad ni contra su territorio.
La CGC utilizaba los explosivos para la fase de exploración sísmica del bloque, de la cual solo se ha realizado el 27%, con unos $15 millones, porque, por seguridad, la petrolera no puede entrar desde enero de 2003, fecha en la cual paró sus operaciones.
Por su parte, Hilda Santi, dirigente de Sarayacu, ha dicho que los explosivos están en un lugar alejado y seguro y que no los entregarán hasta que la CGC no salga de su territorio. Una fuente consultada por BLANCO Y NEGRO señala que los explosivos son utilizados por la comunidad para la pesca.
La CGC está dispuesta a llegar a un acuerdo con los indígenas de Sarayacu y buscar una salida que beneficie a la comunidad y al Estado, como a la Compañía; aunque para Nicolás el conflicto no es solo por territorio, sino por la cosmovisión indígena que hace que ellos crean en los recursos renovables y en la conservación de la naturaleza.
Esta afirmación la hicieron también algunos de los representantes de la comunidad Sarayacu en el encuentro realizado hace algunas semanas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) denominada "Recuperar la política petrolera".
La CGC hace un llamado a las autoridades de Gobierno para que participen activamente en la solución del tema, con la cual el Ecuador podría recibir cerca de 35 mil barriles diarios. La Compañía mira con esperanza la solución, pero no descarta llegar a la parte legal si es que el conflicto no se soluciona. (GA)
Seguridad jurídica
Ricardo Nicolás ratificó en acusación sobre los explosivos: "Como quieran llamarlo: robo, decomiso, requisa, pero cuando uno toma algo que no es de uno, es un robo". Dijo que incluso, durante una charla de la Flacso, en Quito, el ex presidente de Sarayacu Marlon Santi reconoció que efectivamente tiene esa carga de pentolita. Dijo que están preparados para afrontar el anunciado juicio penal "aunque se quiere poner el mundo al revés cuando el ladrón acusa al damnificado. Nosotros somos los perjudicados del robo y no se de qué se nos quiere acusar".
Nicolás, sin embargo, considera que en el tema hay problemas de Estado de fondo sobre la potestad de los recursos y esto se debe debatir más temprano que tarde. "El resto de la historia entre CGC y Sarayacu es fruto de una prolífera inventiva indígena que dilata su debate. El problema no es ambiental, no es humano, no es de leyes, no es de explosivos, es de seguridad jurídica". (EF)
La familia es el eje del poder
El tronco Gualinga es el más numeroso. La tradición oral y su presencia en todos los centros son los signos de su peso político en la comunidad. El parentesco es la pauta del discurso ambiental.
"Ramón Gualinga, curaca antiguo, formó el asentamiento; ellos eran los jefes". La tradición oral describe esta referencia hecha por el chamán Sabino Gualinga en el libro Sarayacu: el pueblo del cénit, identidad y construcción étnica.
Ese es un primer acercamiento a las raíces del poder indígena de Sarayacu. Y no es la única: la publicación señala que los apellidos mestizos Viteri, Cisneros, Guerra y otros se explican por "un relacionamiento temprano de los kichwa con los "otros", debido al comercio".
Estos datos revelan la influencia de ciertas familias y el sentido de protesta de este pueblo, envuelto en un círculo de parentesco entre sus 1 000 habitantes y en una lógica de alianzas matrimoniales que han trazado el mapa de territorios familiares. Todos ellos, hoy vinculados a actividades que promueven la protección ambiental. En este campo se destaca el núcleo Gualinga. Su peso se mide hoy en la estructura organizativa con la presencia de los hermanos Patricia y José Gualinga. Ella se encarga del apoyo jurídico a Sarayacu. El hermano tiene a su cargo las relaciones internacionales del Consejo de Gobierno. Ambos son empresarios turísticos a través de su agencia Papango Tours, en Puyo.
Los hermanos Gualinga son primos hermanos de Carlos, Leonardo, Alfredo y Froilán Viteri, de otro grupo familiar que ha tenido una fuerte influencia en las últimos 30 años. Carlos Viteri, funcionario en el BID, en Washington, fue asesor de la ex diputada Nina Pacari y columnista de HOY. Se lo asocia al círculo académico del movimiento indígena. Leonardo Viteri es directivo del Instituto Indígena Amazanga, que fue parte de la Organización de Indígenas de Pastaza (OPIP); en el Gobierno de León Febres Cordero estuvo detenido por portar material subversivo, fue deportado de Colombia. Froilán Viteri es dirigente del Consejo de Gobierno de la OPIP. Y Alfredo Viteri es director del proyecto de Bio-Investigación Yanayacu, ubicado en la frontera con el Perú.
Un comunero, que prefirió la reserva, señala que el peso de estos grupos familiares es importante a la hora de definir la línea de acción de los indígenas. Su influencia radica en sus relaciones "políticas hacia fuera, pues ha permitido dar sustento a la lucha antipetrolera".
Estos "clanes" tienen un complemento con el grupo Santi, de cuyo tronco se destacan Marlon y Mario Santi, presidente y ex vicepresidente de la comunidad. Y la actual presidenta del Consejo, Hilda Santi.
Patricia Gualinga niega que las influencias familiares marquen la pauta en la toma de decisiones, pues destaca que esa es una prerrogativa de la asamblea, la misma que recoge y expresa la visión del pueblo por la defensa ambiental, "que no es nueva". De hecho, en los años ochenta, Sarayacu se opuso ya a las tareas de sísmica de la transnacional Arco. (LB)
Pentolita: un explosivo de altísimo poder
Un técnico del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional aseguró que la pentolita es considerada un explosivo de altísimo poder que sobrepasa los 1 000 metros de velocidad de detonación por segundo. Para que exploten los 150 kilogramos se necesita de un iniciador y depende de su almacenamiento para establecer si están seguros o no.
Estos explosivos deben estar en un lugar completamente seco, donde no exista humedad, o guardados en búnker especiales para que, en caso de una explosión accidental, no provoquen heridos. El riesgo es latente si está en una casa o en una bodega, principalmente, si se encuentran juntos, si uno llega a detonar lo hacen todos por el fenómeno "simpatía" (reacción en cadena). Son peligrosos cuando se usan como bombas. (PAG)
En situaciones normales, la pentolita necesita de un iniciador; sin embargo, se han reportado accidentes alrededor del mundo producidos sin ningún detonante, el problema radica en el almacenamiento. El explosivo cada día se vuelve más inestable .
Si los explosivos están encerrados y existe polvo no visible en suspensión que está en el ambiente, el momento que ingresa una persona cargada de electricidad estática a la habitación podría iniciarse una explosión si esta tiene contacto con una aldaba de metal.
Si no hay un correcto manejo del explosivo la estática de una persona (electricidad de 2 voltios) puede desencadenar una explosión; también si se toman los cables de los detonadores y se encuentra cerca del explosivo. Por eso deben ser manejados por expertos.
La pentolita puede explotar por la fricción, el calor y el choque (un golpe). En el caso de que se produzca una explosión, esta emite gases tóxicos e irritantes. No se debe tratar de apagar el fuego, además, hay que evacuar a la gente a 1 500 metros a la redonda.
La detonación de los 150 kilogramos puede hacer daño a un radio de acción de 200 metros, en el caso de El Oriente, donde, se supone, están los explosivos, podría acabar con toda una comunidad, debido a que las viviendas son de caña, y no de hormigón armado.
La pentolita se utiliza a escala militar para fabricar armamento; se usa especialmente en geología para realizar estudios de suelos y sísmicos; y perforaciones además, es utilizada por el terrorismo, para armar coches bombas y explosivos. (PAG)
Indígenas y petroleras, en lucha permanente
En los últimos años, las multinacionales han PROYECTADO mejor su imagen. Pero aún existen conflictos sociales y ambientales con estas compañías
Por más de tres décadas, los indígenas amazónicos han protestado contra la presencia de las empresas petroleras en las zonas en las que habitan.
Solo en julio de este año se han producido dos nuevos reclamos. En los primeros días del mes, indígenas kichwa y shuar y colonos que habitan en el cantón Shushufindi, al sur de Sucumbíos, cerraron las principales vías de acceso a nueve pozos del sector.
Los manifestantes pidieron la contratación del 80% de la mano de obra local, el asfaltado de la vía Shushufindi-Limoncocha, la remediación ambiental y $2 millones para la reactivación agrícola.
Días después, una delegación de 150 huaorani llegó a Quito para denunciar el daño ambiental causado por las petroleras. La brasileña Petrobras opera en el bloque 31. Los indígenas pedían que suspendiera sus operaciones ubicadas en Orellana y en el Parque Nacional Yasuní, área protegida, declarada Reserva de Biósfera del Mundo, por la Unesco.
Juicio histórico
En 1993, indígenas y campesinos promovieron una demanda contra Texaco (ahora ChevronTexaco), a nombre de 30 mil personas de unas 20 tribus ecuatorianas. Piden $1 000 millones por los daños ambientales ocasionados durante 28 años de explotación.
Los denunciantes acusan a la petrolera de haber derramado millones de toneladas de crudo y desechos tóxicos en varias zonas de las provincias de Sucumbíos y Orellana.`
Corte a favor de Sarayacu
El 17 de junio de 2005, se comunicó al Estado que debe cumplir de forma estricta e inmediata con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para proteger eficazmente la vida, integridad personal y libre circulación de todos los miembros del pueblo indígena de Sarayacu. La Corte ordena también el inmediato retiro del material explosivo colocado en el territorio de Sarayacu por la Compañía General de Combustibles (CGC) para la realización de exploración sísmica.
La comunidad kichwa de Sarayacu, que habita ancestralmente en la cuenca del Río Bobonaza, en Pastaza, está opuesta a la concesión del bloque 23 otorgada a la Compañía General de Combustibles. (UBP)
Más información
Un informe de la organización Acción Ecológica documenta 58 casos de oposición de diversas comunidades. LEER EL INFORME COMPLETO
"LA LEGISLACIÓN ES CLARA"
Para Fernando García, antropólogo de la Facultad de Ciencias Sociales (Flacso), Ecuador, en el caso de los recursos no renovables, que se encuentran en el subsuelo y los pueblos indígenas, tiene una larga historia.
"Desde los años noventa se hizo una marcha para solicitar el reconocimiento de territorios, una noción que va más allá, territorio no solo es el espacio físico, sino el poder de elegir autoridades propias, de ejercer administración y justicia, de tener una lengua propia, de decidir sobre el uso de los recursos".
Según García, esto se fortaleció cuando en el Ecuador se aceptaron los derechos colectivos de la Convención de 1998 que, en el artículo 84, garantiza los territorios indígenas. Además, ese mismo año, el Gobierno ecuatoriano ratificó del convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), en el cual se obliga al Estado que, antes de iniciar cualquier tipo de explotación de recursos naturales en poblaciones indígenas, debe hacer una consulta previa a la población asentada en esos territorios, para definir si están o no de acuerdo con el tipo de explotación, los beneficios que traería y las compensaciones, si existieran daños.
En conclusión: "La legislación nacional e internacional que ha ratificado el Ecuador es extremadamente clara".
"Impedirán ingreso de petrolera"
Para Alexandra Almeida, del grupo Acción Ecológica, el impacto de las explotaciones petroleras es evidente y grave. Cuenta que, en los cinco años que ella vivió en la zona, pudo constatar la contaminación producida en el agua, el suelo y en el aire de la Amazonía. Además, el maltrato al que han sido sometidos los indígenas y los colonos por parte de las empresas explotadoras de petróleo. Ahora los empleados de las petroleras, cuando se produce un derrame, han optado por responsabilizar a los campesinos de ser los causantes de atentados, les dicen que les gusta vivir de las indemnizaciones, dice.
Almeida asegura que a partir de 1995, las personas afectadas por la contaminación se han organizado y son los grupos de mujeres los que mejor lo están, como el caso de los Sarayacu. Al principio, cuando los hombres quisieron sentarse a negociar, las mujeres dijeron que no, por ese sentido de apropiación con la naturaleza, pusieron la condición a los hombres que no les darían chicha. Para un indígena eso es como una sentencia de muerte.
Afirma que los Sarayacu han prometido defender su tierra con la muerte y que acusarles de ladrones de los explosivos es un nuevo intento para que la empresa CGC pueda ingresar en su territorio. (PAG)
PUNTO DE VISTA
Amazonía y petróleo, dilema a resolver
El conflicto por la "desaparición" de 150 kilogamos de pentolita, de una empresa argentina, que contiene este informe, es la punta del iceberg de inveteradas disputas de las comunidades y etnias indígenas de la Amazonía con el Estado ecuatoriano.
No olvidemos que, a mediados del siglo anterior, un presidente "progresista" llegó a decir: "El Oriente es un mito". Claro, él representaba a los sectores agropecuarios, en un tiempo en que no se vislumbraba el potencial petrolero del país, cuyo sostén es, precisamente, el subsuelo de la Amazonía que está en territorio nacional.
Además, durante la República, las comunidades y etnias de la región permanecieron en un olvido, que no se ha subsanado radicalmente. Por ello, hay una explicable reivindicación histórica de los indígenas amazónicos, que se ha expresado de muchas formas en los últimos años.
No obstante, el Estado no puede dejar de contar con la riqueza petrolera, que es la principal fuente de divisas.Y, no obstante, ha sido incapaz de incorporar a las poblaciones orientales a un proyecto (económico, social, político) compartido. En este aspeto, hay un retraso de más de 200 años, sobre el cual se hace muy poco para acortarlo.
Estado e indígenas están forzados a garantizar la actividad de empresas petroleras en la exploración y producción del petróleo, salvaguardando el ambiente y sancionando cuando ello no ocurre. Pero es un contrasentido si las comunidades exigen pagos o beneficios a las compañías y, además, les exigen que abandonen el territorio, a título de propiedad del subsuelo. (DCM)(Blanco y Negro)
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