Exjefa de inteligencia colombiana no será deportada


Publicado el 01/Agosto/2014 | 16:17

María del Pilar Hurtado, exjefa de inteligencia colombiana puede ser detenida y multada por no tener actualmente un estatus migratorio en Panamá, pero no puede ser deportada, dijo el director del Servicio Nacional de Migración (SNM), Javier Carrillo.

Hurtado dirigió entre 2007 y 2009 el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la central de inteligencia liquidada por una trama de espionaje a magistrados, políticos de oposición, defensores de derechos humanos y periodistas en el Gobierno de Álvaro Uribe.

Además,  es investigada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia por los presuntos delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones y concierto para delinquir.

El jefe de Migración declaró al canal de televisión local Telemetro que hasta el momento el paradero de Hurtado sigue siendo desconocido, pero que si es localizada y detenida no se le podría deportar de inmediato como lo piden las autoridades colombianas.

En todo caso, según Carrillo, lo que corresponde sería el cobro de una multa de $50 a Hurtado por cada mes vencido en su condición de indocumentada.

Luego de pagada la totalidad de la multa, Hurtado tendría una semana para salir del país o para realizar algún tipo de trámite migratorio ante las autoridades de Migración de Panamá, explicó el funcionario.

El canal de televisión, por su parte, citó fuentes diplomáticas que señalan que Hurtado no ha hecho hasta el momento ninguna gestión ante la embajada de Colombia en Panamá.

En julio pasado, se informó en Bogotá que el Tribunal Superior de esa ciudad aprobó la solicitud de la Fiscalía de anular el pasaporte de Hurtado, para que la exfuncionaria no pueda salir de Panamá, país en el que se presume que se encuentra desde que en 2010 se le concedió asilo.

La exdirectora del DAS perdió su condición de asilada en Panamá luego de que en mayo pasado la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña resolviera que el decreto mediante el cual el Ejecutivo le concedió el asilo en 2010 es inconstitucional.  (Efe)



 



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