Una red de espionaje, creada para desacreditar a magistrados, periodistas y políticos opositores al gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, comenzó a ser conocida esta semana en Colombia con la confesión de algunos involucrados en ella a cambio de beneficios procesales.
"Este ilícito debe investigarse a fondo, sus responsables llevados ante la justicia y el Estado debe brindar protección a quienes están en capacidad de suministrar nueva información sobre lo sucedido", dijo a la AFP, el magistrado Jaime Arrubla, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El caso llevó a los colombianos a seguir a diario las nuevas revelaciones que traen los medios locales, basadas en testimonios de ex directivos del servicio de inteligencia DAS, sobre los alcances y métodos usados en el orquestado plan.
"La justicia tarda pero llega, incluso a favor de quienes la administramos. Por tres años denunciamos ser víctimas de persecución desde el gobierno y ahora la verdad empieza a salir a flote", dijo a la AFP un magistrado de la Corte Suprema.
El juez, integrante de la Sala Civil de la Corte -que pidió reserva de su nombre-, guarda con celo los recortes de prensa que revelan la operación de espionaje, y las declaraciones ante la Fiscalía de ex integrantes del DAS, encargados de llevarla a cabo.
"Las sensaciones cambian a medida que uno se entera de más cosas. De la frustración de saber que en este país se espía a los jueces y se les desacredita sin consecuencias para los autores intelectuales, se pasa a la rabia y a la desazón", comentó el magistrado.
"Pero la madeja se rompe por lo más delgado", lamentó, tras recordar que pese a que los testigos señalan que detrás del ilícito estuvieron funcionarios de alto rango, dos humildes mujeres encargadas de servir el café a los magistrados -y que participaron de la conspiración- fueron sancionadas.
María Lisandrina Torres y Blanca Yaneth Maldonado fueron contactadas por la ex detective del DAS Alba Luz Flórez, quien admitió haber orquestado un plan para espiar a los magistrados, grabar sus conversaciones y consguir de manera subrepticia información sobre los procesos.
Según la detective -apodada por los medios la 'Mata Hari colombiana'-, en marzo de 2007 el jefe de la subdirección de fuentes humanas del DAS, William Romero, le ordenó infiltrar la Corte Suprema de Justicia y para ello convenció a ambas mujeres para que introdujeran grabadoras y así seguir las sesiones privadas de los magistrados.
Por su confesión, Flórez recibió beneficios jurídicos y se convirtió en testigo en la investigación por seguimientos y escuchas ilegales.
Gracias al éxito de su labor de infiltración en la Corte, la ex funcionaria había sido felicitada por la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado.
Por el escándalo, revelado por la prensa a principios de 2009, la Procuraduría General abrió esta semana una investigación preliminar contra ex funcionarios del DAS y miembros de la Policía colombiana. Mientras, la Fiscalía viene pactando el otorgamiento de beneficios con otros de los implicados.
Tal es el caso del capitán Fernando Tabares -ex jefe de inteligencia del DAS- que colaborará con su confesión en el caso y, según dijo a la AFP su abogado, Edgar Ruiz, "presentará pruebas de que las órdenes de hacer los seguimientos llegaron directamente de la Casa de Nariño", la sede presidencial.
El DAS es una entidad que depende directamente de la presidencia, pero el ex mandatario Uribe ha negado cualquier responsabilidad en el caso.
A mediados de agosto, el ex subdirector de contrainteligencia del DAS, Jorge Lagos, ya había firmado un acuerdo similar. A cambio de su confesión y ofrecimiento público de perdón, recibió una condena de ocho años de prisión y el pago de una multa.
En el epílogo de su mandato, Uribe presentó un plan para reestructurar el servicio de inteligencia y lo propio anunció recientemente su sucesor, Juan Manuel Santos. (AFP)
"Este ilícito debe investigarse a fondo, sus responsables llevados ante la justicia y el Estado debe brindar protección a quienes están en capacidad de suministrar nueva información sobre lo sucedido", dijo a la AFP, el magistrado Jaime Arrubla, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El caso llevó a los colombianos a seguir a diario las nuevas revelaciones que traen los medios locales, basadas en testimonios de ex directivos del servicio de inteligencia DAS, sobre los alcances y métodos usados en el orquestado plan.
"La justicia tarda pero llega, incluso a favor de quienes la administramos. Por tres años denunciamos ser víctimas de persecución desde el gobierno y ahora la verdad empieza a salir a flote", dijo a la AFP un magistrado de la Corte Suprema.
El juez, integrante de la Sala Civil de la Corte -que pidió reserva de su nombre-, guarda con celo los recortes de prensa que revelan la operación de espionaje, y las declaraciones ante la Fiscalía de ex integrantes del DAS, encargados de llevarla a cabo.
"Las sensaciones cambian a medida que uno se entera de más cosas. De la frustración de saber que en este país se espía a los jueces y se les desacredita sin consecuencias para los autores intelectuales, se pasa a la rabia y a la desazón", comentó el magistrado.
"Pero la madeja se rompe por lo más delgado", lamentó, tras recordar que pese a que los testigos señalan que detrás del ilícito estuvieron funcionarios de alto rango, dos humildes mujeres encargadas de servir el café a los magistrados -y que participaron de la conspiración- fueron sancionadas.
María Lisandrina Torres y Blanca Yaneth Maldonado fueron contactadas por la ex detective del DAS Alba Luz Flórez, quien admitió haber orquestado un plan para espiar a los magistrados, grabar sus conversaciones y consguir de manera subrepticia información sobre los procesos.
Según la detective -apodada por los medios la 'Mata Hari colombiana'-, en marzo de 2007 el jefe de la subdirección de fuentes humanas del DAS, William Romero, le ordenó infiltrar la Corte Suprema de Justicia y para ello convenció a ambas mujeres para que introdujeran grabadoras y así seguir las sesiones privadas de los magistrados.
Por su confesión, Flórez recibió beneficios jurídicos y se convirtió en testigo en la investigación por seguimientos y escuchas ilegales.
Gracias al éxito de su labor de infiltración en la Corte, la ex funcionaria había sido felicitada por la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado.
Por el escándalo, revelado por la prensa a principios de 2009, la Procuraduría General abrió esta semana una investigación preliminar contra ex funcionarios del DAS y miembros de la Policía colombiana. Mientras, la Fiscalía viene pactando el otorgamiento de beneficios con otros de los implicados.
Tal es el caso del capitán Fernando Tabares -ex jefe de inteligencia del DAS- que colaborará con su confesión en el caso y, según dijo a la AFP su abogado, Edgar Ruiz, "presentará pruebas de que las órdenes de hacer los seguimientos llegaron directamente de la Casa de Nariño", la sede presidencial.
El DAS es una entidad que depende directamente de la presidencia, pero el ex mandatario Uribe ha negado cualquier responsabilidad en el caso.
A mediados de agosto, el ex subdirector de contrainteligencia del DAS, Jorge Lagos, ya había firmado un acuerdo similar. A cambio de su confesión y ofrecimiento público de perdón, recibió una condena de ocho años de prisión y el pago de una multa.
En el epílogo de su mandato, Uribe presentó un plan para reestructurar el servicio de inteligencia y lo propio anunció recientemente su sucesor, Juan Manuel Santos. (AFP)
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