Guayaquil. 11 ago 99. Emelec le adeuda al Estado el 37 por ciento
de la facturación total por venta de energía. Ayer entró a operar
una nueva turbina en la Central Daule-Peripa.
El problema entre la Empresa Eléctrica del Ecuador (Emelec) y el
Estado tiene 4 años de no resolverse. El 29 de agosto de 1995,
los dos actores firmaron un acta transaccional en la que se
comprometían a desistir de toda acción judicial. Luego se
paralizaron las querellas mutuas: la que Emelec le había
presentando al Estado el 12 de mayo de 1995 en Washington
(EE.UU.). Esa vez, Fernando Aspiazu, apoderado de la empresa,
buscaba la ejecución del laudo arbitral por el cual, según él,
el Estado debía pagarle USD 51,93 millones.
Hoy, el escenario jurídico vuelve a ser más o menos el mismo;
solo que la demanda alcanza los USD 960 millones, por supuestos
daños y perjuicios causados a la empresa, desde 1982, por
presuntos incumplimientos del contrato de concesión. También por
la demora en nombrar al reemplazo de Walter Spurrier, quien
renunció a su calidad de árbitro el 5 de mayo. Según el abogado
de Aspiazu, Hernán Pérez, lo último es parte del boicot al
arbitraje desde que se anunció la intención de vender Emelec y
Electroecuador para capitalizar al Progreso.
Esta acción se suma a una decena de demandas planteadas, tanto
en el área de lo contencioso-administrativo y civil. A través de
esas acciones Emelec buscaban el reconocimiento del Estado para
que le pague lo dispuesto en el laudo arbitral, y de parte del
Estado, el pago de la energía eléctrica vendida a la empresa
dirigida por Aspiazu.
Estos enfrentamientos, además de agravar el conflicto jurídico,
ponen en riesgo la estabilidad del sector eléctrico. Carlos
Ramírez, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos del
Litoral (Crieel), afirma que la relación Emelec-Estado está en
el limbo. "No se define la concesión eléctrica para Guayaquil,
no hay arreglo de las partes, y el modelo eléctrico sufre
retrasos". Es más, "las inversiones se demoran, y si el problema
en la ciudad no ha colapsado es debido a la crisis, pues la
demanda no ha aumentado".
Esa accidentada relación también evita que las recientes empresas
de generación, transmisión y distribución (que desde mayo tienen
como el principal accionista al Fondo de Solidaridad) operen
bien.
Uno de los problemas, según Luis Vintimilla director del Consejo
Nacional de Electrificación (Conelec), es que Emelec tiene
pendientes facturas por 30 millones de dólares por compra de
energía. Emelec tiene el 37 por ciento de la facturación
nacional. Eso implica que si la empresa no paga las planillas,
las firmas de generación no contarán con suficiente capital de
trabajo para cancelar rubros tan emergentes como el de uso de
combustible y permitir el mantenimiento mínimo de las centrales.
El ex presidente del Crieel, José Pileggi,dice que este es un
factor distorsionador, pues todas las empresas de distribución
hacen los esfuerzos por pagar las facturas mientras Emelec se
queda en intenciones.
En este escenario, el ex ministro de Energía, Donald Castillo,
precisa que la situación no ha llegado al colapso por dos
elementos: primero, la entrada en operación de las dos turbinas
de la Central Hidroeléctrica Daule-Peripa, que suman 142
megavatios a los que se sumará otra, con la que esa central
aportará 213 megavatios.
Segundo, que la demanda ha decrecido de 1 920 megavatios en 1998,
a 1 750 megavatios en 1999, (periodo de enero a julio). Esto es
una reducción del 8 por ciento. Igual situación se observa en la
capacidad de energía: en lo que va del presente período llega a
28 gigavatios-hora-día, cuando durante el 98 ese parámetro era
de 32 gigavatios-hora-día. "Todo ello se debe a la recesión
económica, que hizo que el sector industrial reduzca sus niveles
de producción y el aprovechamiento de su capacidad instalada".
Según Castillo, eso tampoco esconde otros problemas puntuales,
entre ellos los de la central a gas de 125 megavatios de la Isla
Trinitaria o la inoperatividad de la barcaza de Energy Corp.
Pero Vintimilla argumenta que Trinitaria está operando
normalmente, aunque reconoce que la barcaza de Energy Corp sí
tuvo problemas que "se están solucionando". Esto se podría
agravar si el Estado no cumple con los pagos de empresas
generadoras, como Electroquil, por 16 millones de dólares y a
Electroecuador por 26 millones. Vintimila reconoció que la
empresa Electroquil estaba en situación no operativa, pero que
el Ministerio de Finanzas ya llegó a un acuerdo para pagar esos
valores.
Los juicios bancarios pendientes de Fernando Aspiazu
Los juicios que ha enfrentado a Fernando Aspiazu, desde 1992
cuando la asumió la administración de Emelec, con las autoridades
de Energía de cinco gobiernos, se suman los líos jurídicos por
el Banco del Progreso. Aspiazu, que presidía al mismo tiempo
ambas compañías, está involucrado en dos procesos penales. Uno
propuesto por el Sistema de Rentas Internas (SRI) por no entregar
al Estado recursos, retenidos a los clientes por el 1por ciento
a la circulación de capitales. Por este caso está detenido en la
cárcel número cuatro de Quito.
No obstante, Aspiazu dijo que efectivamente no canceló estos
valores al SRI, pero que esto se debió a que la institución
financiera a su cargo atravesaba por una grave crisis, tras el
anunció de un posible cierre el año anterior, que hizo que gran
parte de los clientes retiren su dinero. Según Aspiazu, el Banco
no pudo recuperarse de este impacto.
El otro por supuestas violaciones a la Ley de Instituciones
Financieras en la administración del Banco. Sobre este punto,
Aspiazu se mantiene firme en señalar que no hubo ningún tipo de
irregularidades en el manejo del Banco. Incluso sobre el punto
de las empresas fantasmas a las que supuestamente se entregaron
créditos, el ex presidente de la institución dijo que es una
figura legal normal que los bancos pueden usar para ayudar a los
clientes.
Aspiazu también contraataca. A más del juicio por el caso Emelec
en Washington, junto a Ernesto Balda, ex gerente del Banco
presentó una demanda en el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo para solicitar la inconstitucionalidad de
resoluciones de la Junta Bancaria que tienen que ver con el
proceso de saneamiento de esa institución financiera. Solicitó
una indemnización por concepto de daños y perjuicios, no menor
a 220 millones de dólares.
También está pendiente una demanda de recurso de amparo
constitucional contra la Junta Bancaria.
Además, hace dos semanas la esposa de Fernando Aspiazu presentó
una demanda ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en
Washington argumentando la ilegalidad de la detención de su
esposo ocurrida en Guayaquil mientras rendía su testimonio ante
la justicia ecuatoriana. (Texto tomado de El Comercio)
de la facturación total por venta de energía. Ayer entró a operar
una nueva turbina en la Central Daule-Peripa.
El problema entre la Empresa Eléctrica del Ecuador (Emelec) y el
Estado tiene 4 años de no resolverse. El 29 de agosto de 1995,
los dos actores firmaron un acta transaccional en la que se
comprometían a desistir de toda acción judicial. Luego se
paralizaron las querellas mutuas: la que Emelec le había
presentando al Estado el 12 de mayo de 1995 en Washington
(EE.UU.). Esa vez, Fernando Aspiazu, apoderado de la empresa,
buscaba la ejecución del laudo arbitral por el cual, según él,
el Estado debía pagarle USD 51,93 millones.
Hoy, el escenario jurídico vuelve a ser más o menos el mismo;
solo que la demanda alcanza los USD 960 millones, por supuestos
daños y perjuicios causados a la empresa, desde 1982, por
presuntos incumplimientos del contrato de concesión. También por
la demora en nombrar al reemplazo de Walter Spurrier, quien
renunció a su calidad de árbitro el 5 de mayo. Según el abogado
de Aspiazu, Hernán Pérez, lo último es parte del boicot al
arbitraje desde que se anunció la intención de vender Emelec y
Electroecuador para capitalizar al Progreso.
Esta acción se suma a una decena de demandas planteadas, tanto
en el área de lo contencioso-administrativo y civil. A través de
esas acciones Emelec buscaban el reconocimiento del Estado para
que le pague lo dispuesto en el laudo arbitral, y de parte del
Estado, el pago de la energía eléctrica vendida a la empresa
dirigida por Aspiazu.
Estos enfrentamientos, además de agravar el conflicto jurídico,
ponen en riesgo la estabilidad del sector eléctrico. Carlos
Ramírez, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos del
Litoral (Crieel), afirma que la relación Emelec-Estado está en
el limbo. "No se define la concesión eléctrica para Guayaquil,
no hay arreglo de las partes, y el modelo eléctrico sufre
retrasos". Es más, "las inversiones se demoran, y si el problema
en la ciudad no ha colapsado es debido a la crisis, pues la
demanda no ha aumentado".
Esa accidentada relación también evita que las recientes empresas
de generación, transmisión y distribución (que desde mayo tienen
como el principal accionista al Fondo de Solidaridad) operen
bien.
Uno de los problemas, según Luis Vintimilla director del Consejo
Nacional de Electrificación (Conelec), es que Emelec tiene
pendientes facturas por 30 millones de dólares por compra de
energía. Emelec tiene el 37 por ciento de la facturación
nacional. Eso implica que si la empresa no paga las planillas,
las firmas de generación no contarán con suficiente capital de
trabajo para cancelar rubros tan emergentes como el de uso de
combustible y permitir el mantenimiento mínimo de las centrales.
El ex presidente del Crieel, José Pileggi,dice que este es un
factor distorsionador, pues todas las empresas de distribución
hacen los esfuerzos por pagar las facturas mientras Emelec se
queda en intenciones.
En este escenario, el ex ministro de Energía, Donald Castillo,
precisa que la situación no ha llegado al colapso por dos
elementos: primero, la entrada en operación de las dos turbinas
de la Central Hidroeléctrica Daule-Peripa, que suman 142
megavatios a los que se sumará otra, con la que esa central
aportará 213 megavatios.
Segundo, que la demanda ha decrecido de 1 920 megavatios en 1998,
a 1 750 megavatios en 1999, (periodo de enero a julio). Esto es
una reducción del 8 por ciento. Igual situación se observa en la
capacidad de energía: en lo que va del presente período llega a
28 gigavatios-hora-día, cuando durante el 98 ese parámetro era
de 32 gigavatios-hora-día. "Todo ello se debe a la recesión
económica, que hizo que el sector industrial reduzca sus niveles
de producción y el aprovechamiento de su capacidad instalada".
Según Castillo, eso tampoco esconde otros problemas puntuales,
entre ellos los de la central a gas de 125 megavatios de la Isla
Trinitaria o la inoperatividad de la barcaza de Energy Corp.
Pero Vintimilla argumenta que Trinitaria está operando
normalmente, aunque reconoce que la barcaza de Energy Corp sí
tuvo problemas que "se están solucionando". Esto se podría
agravar si el Estado no cumple con los pagos de empresas
generadoras, como Electroquil, por 16 millones de dólares y a
Electroecuador por 26 millones. Vintimila reconoció que la
empresa Electroquil estaba en situación no operativa, pero que
el Ministerio de Finanzas ya llegó a un acuerdo para pagar esos
valores.
Los juicios bancarios pendientes de Fernando Aspiazu
Los juicios que ha enfrentado a Fernando Aspiazu, desde 1992
cuando la asumió la administración de Emelec, con las autoridades
de Energía de cinco gobiernos, se suman los líos jurídicos por
el Banco del Progreso. Aspiazu, que presidía al mismo tiempo
ambas compañías, está involucrado en dos procesos penales. Uno
propuesto por el Sistema de Rentas Internas (SRI) por no entregar
al Estado recursos, retenidos a los clientes por el 1por ciento
a la circulación de capitales. Por este caso está detenido en la
cárcel número cuatro de Quito.
No obstante, Aspiazu dijo que efectivamente no canceló estos
valores al SRI, pero que esto se debió a que la institución
financiera a su cargo atravesaba por una grave crisis, tras el
anunció de un posible cierre el año anterior, que hizo que gran
parte de los clientes retiren su dinero. Según Aspiazu, el Banco
no pudo recuperarse de este impacto.
El otro por supuestas violaciones a la Ley de Instituciones
Financieras en la administración del Banco. Sobre este punto,
Aspiazu se mantiene firme en señalar que no hubo ningún tipo de
irregularidades en el manejo del Banco. Incluso sobre el punto
de las empresas fantasmas a las que supuestamente se entregaron
créditos, el ex presidente de la institución dijo que es una
figura legal normal que los bancos pueden usar para ayudar a los
clientes.
Aspiazu también contraataca. A más del juicio por el caso Emelec
en Washington, junto a Ernesto Balda, ex gerente del Banco
presentó una demanda en el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo para solicitar la inconstitucionalidad de
resoluciones de la Junta Bancaria que tienen que ver con el
proceso de saneamiento de esa institución financiera. Solicitó
una indemnización por concepto de daños y perjuicios, no menor
a 220 millones de dólares.
También está pendiente una demanda de recurso de amparo
constitucional contra la Junta Bancaria.
Además, hace dos semanas la esposa de Fernando Aspiazu presentó
una demanda ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en
Washington argumentando la ilegalidad de la detención de su
esposo ocurrida en Guayaquil mientras rendía su testimonio ante
la justicia ecuatoriana. (Texto tomado de El Comercio)
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