Estado Benefactor En Crisis

Quito. 14.12.92. Pocas veces en la historia del país se ha
dado una reacción tan coordinada entre instituciones autónomas
y descentralizadas que protestan por la Ley de Presupuestos
del sector público y rechazan los intentos de modernización y
privatización que viene anunciando el gobierno nacional.

Un análisis del Centro de Estudios y Análisis (CEA) sostiene
que considerando que dos tercios de los ingresos públicos se
canalizan a través de instituciones autónomas y
descentralizadas, la aplicación formal de la nueva Ley de
Presupuestos del sector público constituye el mejor mecanismo
para que la administracion pública funcione armónica y
coordinadamente.

Con la nueva Ley se evitará la atomatización del gasto, la
duplicación de funciones y se propenderá a la descentralización en todos
los servicios del Estado.

Para el CEA, la modernización del Estado ecuatoriano debe
partir de la convicción de la crisis del Estado benefactor por
la irresponsabilidad política, burocrática y administrativa;
el deterioro de los servicios públicos, la inseguridad social
y desmejoramiento de las condiciones de vida de los grupos más
necesitados.

El nuevo modelo político-administrativo debe eliminar los
monopolios públicos o privados, fomentar la competencia,
desregularizar la economía para evitar la inmoralidad y
fortalecer el control en la calidad y oportunidad de los
servicios, bienes y productos que necesitan la sociedad.

El Estado benefactor debe dar paso al Estado eficiente y
productivo.

Más allá de las definiciones doctrinarias y constitucionales
es menester previamente establecer qué organización jurídico-
política necesita la sociedad ecuatoriana.

De acuerdo con el análisis del CEA, la gestación del
denominado Estado de bienestar se dio en respuesta a las
profundas transformaciones que la sociedad industrial y
moderna provocarán en el país y como parte de una corriente
internacional.

Se rompieron las tradicionales y precarias formas de
producción agrícola y cambió el entorno general con un
urbanismo creciente y nuevas alternativas de producción
manufacturera, que a su vez dieron lugar a nuevos problemas
que demandaron un intervencionismo estatal como respuesta a
las presiones que sobre los poderes públicos ejercieron grupos
mayoritarios por su inseguridad económica.

El argumento era que el único recurso disponible constituía la
"fuerza de trabajo" al separarse el individuo de la familia y
aldea para emigrar masivamente a la ciudades.

En el ecuador el estado benefactor se afianza en la década de
los sesenta, con el primer Plan nacional de desarrollo,
mediante la nacionalización y estatización de los principales
recursos naturales como el agua, la electricidad, las
comunicaciones, las minas, el petróleo, las industrias
estratégicas, para citar los mas importantes.

El intervencionismo dejo como secuela un descontento
generalizado en las economías capitalistas y socialistas,
porque se desbordó de los servicios públicos trascendentales
hacia actividades empresariales, desplazando a los
particulares de su hábitat natural, generando monopolios,
abusos y , finalmente, improductividad e ineficiencia.

El CEA sostiene que la burocracia fue absorbida por una
tecnocracia que anhelaba la satisfacción de sus propias
necesidades y desvió la mayoría de recursos públicos hacia
fines secundarios.

En el Ecuador en menos de 20 años el número de instituciones
creció aceleradamente, al pasar de 500 a 4.000, incluidos los
colegios; los municipios de 130 pasaron a 185; los servidores
públicos de 100 mil a 500 mil; la participación del estado en
empresas y actividades económicas de 55 a 167 y el número de
ministerios y entidades financieras subió de 13 a 18.

Es evidente que el estado ecuatoriano se desborda en los
últimos 20 años y esto genera un peligroso proceso de
acumulación y polarización de la riqueza, que unido al
deterioro global de los servicios públicos ha a hecho crecer
la pobreza critica a niveles peligrosos.

VIABILIDAD DE LA REFORMA

El estudio del Centro de estudios y Análisis (CEA) sostiene
que el sector público ecuatoriano merece una profunda
reestructuración, que parta de un nuevo enfoque de la función
del estado.

Esa función no puede ser otra que la satisfacción de las
necesidades mayoritarias de la población vinculadas con la
salud, vivienda, educación, justicia, saneamiento ambiental,
infraestructura sanitaria, comunicaciones y seguridad, y a
ello deben destinarse todos los recursos y esfuerzos de los
gobiernos y de la administración pública.

En cuanto al sector empresarial del estado es preciso
establecer cuáles de las 67 empresas o entidades económicas
publicas satisfacen o no dichas necesidades o como su
funcionamiento contribuye con recursos a tales propósitos.

En las 16 empresas eléctricas estatales los problemas se dan
por la politización y sindicalismo, pues acusan déficit
operacionales y pérdidas de energía por falta de control
técnico y financiero; el sector eléctrico tiene un diagnóstico
y solución muy particulares.

El sector empresarial municipal prácticamente no ha sido
tocado en ningún plan de modernización o privatización dada la
autonomía y peculiaridad de cada municipio.

Existen 13 organizaciones económicas ministeriales que
necesariamente deben ser evaluadas para determinar su
continuidad , transformación o eliminación, tal es el caso de
Inecel, Emetel, Empresas de Abonos, de Pronósticos Deportivos,
de Semen, Suministros, Pesquera, de Ferrocarriles, de Correos,
Petroecuador, Enac, Enprovit.

Mención especial merecen las empresas o entidades económicas
bajo el área del ministerio de Defensa; se trata de 4
autoridades portuarias (Esmerladas, manta, Guayaquil y Puerto
Bolívar), 4 empresas de transporte ( Tame, Ecuatoriana,
Transnave, y Flopec ), astilleros navales, Dine y sus 3
empresas propias ( Siderúrgica S.A., Fábrica de municiones y
fabricaciones militares).

En el caso de las cinco filiales de Petroecuador, una
necesaria reforma a la Ley deberá definir la suerte de tales
instituciones tomando en consideración la realidad del sector
hidrocarburífero.

En cuanto a las entidades financieras, su permanencia resulta
necesaria con varios afinamientos en el funcionamiento de los
bancos de Fomento y la vivienda, sostiene el CEA. (A-14)


CRECIMIENTO DEL ESTADO Y CARGOS PUBLICOS

ENTIDADES 1830-1970 1971-1992

MUNICIPIOS 130 50

SERVIDORES PUBLICOS 10 40
(decenas de miles)

PARTICIPACION EN EMPRESAS Y 55 112
ACTIVIDADES ECONOMICAS

MINISTERIOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 13 5



* FUENTE: Texto tomado de EL COMERCIO