El poder teme perder el poder. Y de pronto, por sus propios actos, dejó al descubierto su punto neurálgico, la clave de su dominio: el control de las dos salas de lo penal de la Corte Suprema de Justicia. Las herramientas para que sus coidearios (socios, compinches, o ellos mismos) nunca puedan finalmente ser condenados por actos de corrupción; mientras que sus enemigos serán siempre sentenciados. No es una casualidad que solamente Alberto Dahik, Abdalá Bucaram y Gustavo Noboa estén fuera del país, con sendas órdenes de prisión, y que ninguno de los socios políticos del poder tengan problemas judiciales, o que hayan sido absueltos ya por alguna de esas salas.
El poder fue construido con habilidad e inteligencia. Hasta antes de la reforma de 1997, las cortes de justicia cambiaban cada cuatro años, al vaivén de las mayorías parlamentarias. En 1979, cuando Jaime Roldós llega a la presidencia de la nueva democracia, una mayoría de cefepistas, conservadores y liberales toma el control del Parlamento y nombra una Corte Suprema en la que la influencia de don Assad Bucaram era dominante. En 1984, cuando León Febres Cordero gana las elecciones presidenciales, la Izquierda Democrática arma una mayoría parlamentaria que pretende nombrar una corte totalmente adicta, lo que desemboca en una lucha de poderes cuando Febres Cordero impide, mediante la fuerza, que los jueces tomen posesión de su cargo. Finalmente, Raúl Baca negocia y se nombra una Corte de consenso. Y así, sucesivamente, cada nueva mayoría cambia la justicia, hasta que en 1997 la paciencia del país lo consideró intolerable. Abdalá Bucaram acababa de ser derrocado. Y el Congreso era dominado por una alianza del Partido Social Cristiano, la Democracia Popular y el Frente Radical Alfarista del Presidente interino Fabián Alarcón.
Fue esa alianza la que forjó el cambio del sistema bajo la premisa de despolitizar para siempre la Corte Suprema. En realidad, lo que hizo fue excluir al resto de partidos de los centros neurálgicos del poder, que quedaron reservados para ellos mismos, y para siempre, porque los nuevos jueces que iban a nombrar ahora serían vitalicios. En teoría, el sistema parecía bueno. La sociedad civil propondría candidatos que serían escogidos, por esta última vez, por el Congreso. Estos jueces estarían en funciones hasta que mueran, y cuando ello ocurriere serían remplazados por nuevos jueces nombrados por el Pleno de la Corte Suprema, en un mecanismo que se llamó cooptación. Para controlar a los magistrados se creó, así mismo, un Consejo Nacional de la Judicatura, que velaría por el buen desempeño de los jueces.
Hecha la ley, empezó la trampa. El primer magistrado que se nombró era de tendencia socialcristiana. El hecho es importante, porque ese magistrado será siempre, hasta el día que muera, el juez más antiguo. Y en esa calidad será siempre el Presidente Subrogante de la Corte Suprema, esto es, el que remplaza al presidente de turno de la Corte Suprema, y, lo fundamental: su juez natural. El que podrá juzgarlo, absolverlo o dictarle una orden de prisión.
Segundo punto: controlar las salas de lo penal de la Corte Suprema, repartiéndose entre los tres partidos de la alianza el control en ambas salas. (El presidente de la Corte Superior de Guayaquil, juez natural del alcalde de Guayaquil, será también siempre socialcristiano, o aprobado por ese partido).
Tercer punto. Puesto que la sociedad estaba cansada de la politización, se permitió que una considerable parte de la Corte sean apolíticos, o provengan de partidos que no formaban parte de la alianza, conservando una mayoría mínima. Eso no importaba: sobre lo que no se podía perder el control era sobre las salas penales. Ello permitiría hasta nombrar como presidentes a jueces de derecha, aunque independientes (como en efecto fue el primero de ellos, Héctor Romero Parducci), sin por ello afectar el dominio. En última instancia, quienes toman la última decisión, con carácter inapelable, son los jueces de las salas. Así, Héctor Romero llamó a plenario contra Fabián Alarcón, pero este fue absuelto por una de las salas. Mientras que Armando Bermeo (el primer presidente de la Corte que no provino de la alianza) negó la orden de prisión en contra de Gustavo Noboa, pero esta fue ratificada por la sala.
Ese es el esquema. Que empezó a agrietarse cuando uno de los puntales socialcristianos de la Segunda Sala de lo Penal, el juez Américo Gallegos, falleció, sin que exista (por diversas circunstancias) la mayoría necesaria para nombrar otro juez de la misma tendencia. El asunto es crucial, porque se juzgan allí importantes casos de supuesta corrupción bancaria. Mientras que las acusaciones en contra del juez Eduardo Brito (y su posible destitución de la Primera Sala de lo Penal) complican el panorama. O lo aclaran.
Abundan propuestas para reformar Función Judicial
Cuatro proyectos de Ley han sido presentados al Congreso Nacional
Cuatro proyectos de reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial se encuentran a la espera de que los conozca el Congreso Nacional.
Uno fue presentado hace dos años por el ex presidente de la CSJ, Galo Pico Mantilla; dos fueron preparados por la Comisión de Codificación del Congreso; y, últimamente, el Partido Socialista (PSE) ha informado sobre otro proyecto de reformas a la Ley que rige la Función Judicial.
Ramón Rodríguez, presidente de la Comisión de Codificación, explicó que se han unificado ambos proyectos de ese organismo.
No obstante, quedan pendientes los otros dos proyectos que también deberán ser conocidos por la Comisión de lo Civil y Penal, encargada de emitir los informes respectivos antes de que pasen a conocimiento del pleno.
El proyecto de Galo Pico Mantilla se opone al establecimiento de un límite de edad para los magistrados, según lo ha indicado en varias entrevistas en las que explica que pidió apoyo del ex presidente León Febres Cordero. (AA)
"CSJ sirve para perseguir enemigos y liberar amigos"
La imposición de un límite de edad para los magistrados ayudaría a renovar la Corte
Sin mencionar abiertamente al Partido Social Cristiano, el ex presidente de la CSJ, Gustavo Medina, sostiene que ha sido "muy valioso" para "determinada" tienda política el control del organismo, porque le ha permitido perseguir a sus enemigos políticos y liberar a otros, de acuerdo a las circunstancias.
Para el jurisconsulto, la última reunión del líder del PSC, León Febres Cordero, con un grupo de magistrados afines, confirma la partidización de la Función Judicial y su falta de independencia.
Anota que la administración de la justicia se ha convertido en un instrumento de la política "judicializada", por lo que considera necesario reformar la actual Ley de la Función Judicial y la forma de nombrar a los magistrados.
Para Medina, el establecer un límite de edad para los magistrados constituye una forma de renovar la Corte actual, pero no cree en el mecanismo de cooptación, porque, a su criterio, su aplicación hasta el momento solo ha contribuido a acentuar la politización y partidización de la Corte Suprema. (AA)
Salas de lo penal
Caso Noboa
Por unanimidad, los magistrados de la primera sala Penal: Eduardo Brito, Gonzalo Zambrano y Carlos Riofrío, ordenaron la prisión preventiva del ex presidente Gustavo Noboa. En abril pasado, la misma sala sobreseyó definitivamente al ex presidente Fabián Alarcón, en un juicio por "piponazgo", cuando presidió el Congreso.
Abdalá Bucaram
Los juicios contra el ex presidente Abdalá Bucaram, por los casos de la mochila escolar y gastos reservados pasaron de la segunda Sala Penal a la Presidencia de la CSJ. Están paralizados por ausencia del acusado, ya que se tramitaron con el anterior Código de Procedimiento Penal, que exigía la presencia del sindicado.
Jamil Mahuad
Del pronunciamiento de los magistrados de la primera sala Penal de la CSJ, depende la continuación del juicio por peculado contra el ex presidente Jamil Mahuad y la ex ministra de Finanzas, Ana Lucía Armijos, que decretaron el congelamento de los depósitos y el feriado bancario en marzo de 1999.
Filanbanco
La segunda sala Penal está integrada por los titulares Milton Moreno (PSC), Arturo Donoso (DP) y el conjuez Jorge Andrade (DP). Debe nombrarse el tercer titular y han habido muñequeos para que sea del PSC, pero no hay acuerdo porque se necesitan 21 votos. Allí están los casos Filanbanco y Emanuel.
El poder fue construido con habilidad e inteligencia. Hasta antes de la reforma de 1997, las cortes de justicia cambiaban cada cuatro años, al vaivén de las mayorías parlamentarias. En 1979, cuando Jaime Roldós llega a la presidencia de la nueva democracia, una mayoría de cefepistas, conservadores y liberales toma el control del Parlamento y nombra una Corte Suprema en la que la influencia de don Assad Bucaram era dominante. En 1984, cuando León Febres Cordero gana las elecciones presidenciales, la Izquierda Democrática arma una mayoría parlamentaria que pretende nombrar una corte totalmente adicta, lo que desemboca en una lucha de poderes cuando Febres Cordero impide, mediante la fuerza, que los jueces tomen posesión de su cargo. Finalmente, Raúl Baca negocia y se nombra una Corte de consenso. Y así, sucesivamente, cada nueva mayoría cambia la justicia, hasta que en 1997 la paciencia del país lo consideró intolerable. Abdalá Bucaram acababa de ser derrocado. Y el Congreso era dominado por una alianza del Partido Social Cristiano, la Democracia Popular y el Frente Radical Alfarista del Presidente interino Fabián Alarcón.
Fue esa alianza la que forjó el cambio del sistema bajo la premisa de despolitizar para siempre la Corte Suprema. En realidad, lo que hizo fue excluir al resto de partidos de los centros neurálgicos del poder, que quedaron reservados para ellos mismos, y para siempre, porque los nuevos jueces que iban a nombrar ahora serían vitalicios. En teoría, el sistema parecía bueno. La sociedad civil propondría candidatos que serían escogidos, por esta última vez, por el Congreso. Estos jueces estarían en funciones hasta que mueran, y cuando ello ocurriere serían remplazados por nuevos jueces nombrados por el Pleno de la Corte Suprema, en un mecanismo que se llamó cooptación. Para controlar a los magistrados se creó, así mismo, un Consejo Nacional de la Judicatura, que velaría por el buen desempeño de los jueces.
Hecha la ley, empezó la trampa. El primer magistrado que se nombró era de tendencia socialcristiana. El hecho es importante, porque ese magistrado será siempre, hasta el día que muera, el juez más antiguo. Y en esa calidad será siempre el Presidente Subrogante de la Corte Suprema, esto es, el que remplaza al presidente de turno de la Corte Suprema, y, lo fundamental: su juez natural. El que podrá juzgarlo, absolverlo o dictarle una orden de prisión.
Segundo punto: controlar las salas de lo penal de la Corte Suprema, repartiéndose entre los tres partidos de la alianza el control en ambas salas. (El presidente de la Corte Superior de Guayaquil, juez natural del alcalde de Guayaquil, será también siempre socialcristiano, o aprobado por ese partido).
Tercer punto. Puesto que la sociedad estaba cansada de la politización, se permitió que una considerable parte de la Corte sean apolíticos, o provengan de partidos que no formaban parte de la alianza, conservando una mayoría mínima. Eso no importaba: sobre lo que no se podía perder el control era sobre las salas penales. Ello permitiría hasta nombrar como presidentes a jueces de derecha, aunque independientes (como en efecto fue el primero de ellos, Héctor Romero Parducci), sin por ello afectar el dominio. En última instancia, quienes toman la última decisión, con carácter inapelable, son los jueces de las salas. Así, Héctor Romero llamó a plenario contra Fabián Alarcón, pero este fue absuelto por una de las salas. Mientras que Armando Bermeo (el primer presidente de la Corte que no provino de la alianza) negó la orden de prisión en contra de Gustavo Noboa, pero esta fue ratificada por la sala.
Ese es el esquema. Que empezó a agrietarse cuando uno de los puntales socialcristianos de la Segunda Sala de lo Penal, el juez Américo Gallegos, falleció, sin que exista (por diversas circunstancias) la mayoría necesaria para nombrar otro juez de la misma tendencia. El asunto es crucial, porque se juzgan allí importantes casos de supuesta corrupción bancaria. Mientras que las acusaciones en contra del juez Eduardo Brito (y su posible destitución de la Primera Sala de lo Penal) complican el panorama. O lo aclaran.
Abundan propuestas para reformar Función Judicial
Cuatro proyectos de Ley han sido presentados al Congreso Nacional
Cuatro proyectos de reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial se encuentran a la espera de que los conozca el Congreso Nacional.
Uno fue presentado hace dos años por el ex presidente de la CSJ, Galo Pico Mantilla; dos fueron preparados por la Comisión de Codificación del Congreso; y, últimamente, el Partido Socialista (PSE) ha informado sobre otro proyecto de reformas a la Ley que rige la Función Judicial.
Ramón Rodríguez, presidente de la Comisión de Codificación, explicó que se han unificado ambos proyectos de ese organismo.
No obstante, quedan pendientes los otros dos proyectos que también deberán ser conocidos por la Comisión de lo Civil y Penal, encargada de emitir los informes respectivos antes de que pasen a conocimiento del pleno.
El proyecto de Galo Pico Mantilla se opone al establecimiento de un límite de edad para los magistrados, según lo ha indicado en varias entrevistas en las que explica que pidió apoyo del ex presidente León Febres Cordero. (AA)
"CSJ sirve para perseguir enemigos y liberar amigos"
La imposición de un límite de edad para los magistrados ayudaría a renovar la Corte
Sin mencionar abiertamente al Partido Social Cristiano, el ex presidente de la CSJ, Gustavo Medina, sostiene que ha sido "muy valioso" para "determinada" tienda política el control del organismo, porque le ha permitido perseguir a sus enemigos políticos y liberar a otros, de acuerdo a las circunstancias.
Para el jurisconsulto, la última reunión del líder del PSC, León Febres Cordero, con un grupo de magistrados afines, confirma la partidización de la Función Judicial y su falta de independencia.
Anota que la administración de la justicia se ha convertido en un instrumento de la política "judicializada", por lo que considera necesario reformar la actual Ley de la Función Judicial y la forma de nombrar a los magistrados.
Para Medina, el establecer un límite de edad para los magistrados constituye una forma de renovar la Corte actual, pero no cree en el mecanismo de cooptación, porque, a su criterio, su aplicación hasta el momento solo ha contribuido a acentuar la politización y partidización de la Corte Suprema. (AA)
Salas de lo penal
Caso Noboa
Por unanimidad, los magistrados de la primera sala Penal: Eduardo Brito, Gonzalo Zambrano y Carlos Riofrío, ordenaron la prisión preventiva del ex presidente Gustavo Noboa. En abril pasado, la misma sala sobreseyó definitivamente al ex presidente Fabián Alarcón, en un juicio por "piponazgo", cuando presidió el Congreso.
Abdalá Bucaram
Los juicios contra el ex presidente Abdalá Bucaram, por los casos de la mochila escolar y gastos reservados pasaron de la segunda Sala Penal a la Presidencia de la CSJ. Están paralizados por ausencia del acusado, ya que se tramitaron con el anterior Código de Procedimiento Penal, que exigía la presencia del sindicado.
Jamil Mahuad
Del pronunciamiento de los magistrados de la primera sala Penal de la CSJ, depende la continuación del juicio por peculado contra el ex presidente Jamil Mahuad y la ex ministra de Finanzas, Ana Lucía Armijos, que decretaron el congelamento de los depósitos y el feriado bancario en marzo de 1999.
Filanbanco
La segunda sala Penal está integrada por los titulares Milton Moreno (PSC), Arturo Donoso (DP) y el conjuez Jorge Andrade (DP). Debe nombrarse el tercer titular y han habido muñequeos para que sea del PSC, pero no hay acuerdo porque se necesitan 21 votos. Allí están los casos Filanbanco y Emanuel.
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