Quito. 02 ago 96. A más democracia, más corrupción. Este
axioma, aparentemente contradictorio, ayuda a comprender la
sucesión de escándalos políticos, ligados con la presunta
apropiación indebida de fondos públicos, durante los últimos
cuatro años en que ha gobernado Sixto Durán Ballén.
La indiscutible libertad de prensa e información que se vivió
en su Gobierno -con señaladas excepciones en que desde el
Palacio Nacional no se brindó a los comunicadores alguna
información requerida- explica que se pudieron conocer muchos
casos, en algunos de los cuales inclusive se vio contaminado
el nombre del presidente de la República.
Tal vez debamos ser indulgentes también, y decir, como se
solía hacer con algún otro presidente, que los que
presuntamente delinquieron fueron sus colaboradores, pero
nunca él. Y además, usando otro tópico, que Sixto Durán Ballén
fue víctima de las circunstancias.
¿Qué circunstancias son esas?
Pues que la corrupción, como dijo a HOY el sociólogo Simón
Pachano, es ahora una relación social de la que pocos pueden
escapar, mucho menos los políticos en el poder. Es decir, que
la corrupción no es un elemento externo a nuestra realidad
social y política y que, por consiguiente, está presente en la
actividad de los políticos.
El temas es, dijo Pachano, que inclusive el ciudadano común y
corriente no puede acceder a sus derechos si no se ve inmerso
en un hecho de corrupción, como la coima y el "aceite",
inclusive el "deme haciendo" que se implora a cualquier
funcionario para que rinda un servicio público.
Si admitimos su punto de vista, el panorama es poco
estimulante, pues las instituciones pierden inevitablemente
fuerza: Pachano nos advierte que hay que incluir en esas
instituciones a las normas jurídicas, y no solo a las
entidades públicas.
Además, en estos años las denuncias se usaron como arma de la
lucha política: no es descabellada la tesis de que el
escándalo del presunto uso ilegal de los fondos reservados de
la Vicepresidencia se pudo exponer, en gran parte, debido al
odio de León Febres Cordero hacia Dahik y a una decisión de su
partido, el Social Cristiano, para combatir al Gobierno.
A todo ello se suma la acción de la llamada sociedad civil, de
organizaciones ciudadanas como "Manos Limpias" que
respondieron activamente para oponerse a la corrupción, y a la
entereza de periodistas y medios de comunicación dispuestos a
tocar al demonio de la corrupción en lo más cerca del corazón.
Al terminar el Gobierno de Durán Ballén ese demonio sigue
vivo. Algunos personajes están exiliados y prófugos. Y el país
espera, como en una telenovela, el nuevo episodio que
escandalizará a todos.
IMPORTA QUIEN ES CONTRALOR
Los escándalos reactualizaron el tema del control del uso de
fondos públicos. En efecto, la principal institución encargada
de esa función, la Contraloría General del Estado, se vio
envuelta en el caso Dahik, incluido su titular, Juan Carlos
Faidutti.
¿Debía o no conocer la Contraloría en detalle el manejo de una
importante suma destinada a preservar la seguridad del Estado?
La capacidad de controlar quedó corta en ese caso. La
Contraloría perdió potestad sobre la forma en que los más
altos funcionarios manejan los dineros que se les entrega para
su administración.
Para el ex contralor Marcelo Merlo urge la despolitización de
la Contraloría: "Debe ser imparcial y muy profesional en el
manejo de sus tareas. Debe modernizarse para atender los
nuevos requerimientos de un Estado en que el régimen de
concesiones y de privatizaciones comienza a desarrollarse bajo
nuevas formas, frente a las cuales los auditores no han estado
debidamente preparados", afirma.
El contralor es nombrado por el Congreso. Merlo asegura que
ello debe reformarse: "los legisladores no deben tener
injerencia," recalca.
Una Contraloría fuerte depende, a su juicio, "de la política
del contralor de turno, debe haber equilibrio en el ejercicio
del control para todos los sectores y debe haber espacio para
atender las denuncias de la comunidad."
EL VAIVEN DE LOS JUECES
Aunque hay el generalizado criterio de que el nombramiento de
los jueces de la Corte Suprema por el Congreso significa
condicionar el ejercicio de los magistrados, políticos
consultados afirman que no hay otra institución "lo
suficientemente representativa" como para nombrarlos.
Sin embargo, el problema de fondo parece ser que los jueces
están sometidos al vaivén de las coyunturas políticas. O sea
que la alta justicia difiere mucho de la justicia común.
En efecto, el Congreso designa a los magistrados previos
acuerdos entre los sectores políticos, lo que significa que
haya presiones de los partidos sobre los integrantes del alto
tribunal. Por eso, muchos sectores temen hoy que el juicio
penal en contra de Dahik pueda ser anulado.
A partir de 1990 está en marcha una reforma que permite la
renovación parcial de los jueces mediante sorteo, realizado
cada dos años.
Para el ex ministro Andrés Vallejo, el mayor problema de la
Suprema no es la "politización", sino la inestabilidad de los
jueces.
"El proceso de renovación parcial es positivo," dice él, y el
sorteo de los jueces es parte de una etapa de "transitividad
inevitable".
Vallejo añade que hay que fortalecer la carrera judicial y
que, aunque el Congreso no nombrase jueces, "siempre habría
influencias de otros sectores".
En todo caso, Vallejo cree que la reforma actual significa
menos injerencia política en la designación.
LOS CASOS MAS SONADOS
1. Fondos reservados de la Vicepresidencia de la República.-
El caso está en la sala de lo penal de la Corte Suprema de
Justicia. Acusados de peculado y enriquecimiento ilícito:
Alberto Dahik (prófugo); Gladys Merchán (prófuga); Juan Mario
Crespo (prófugo). Acusado de cómplices de esos delitos: Diego
Paredes (prófugo). Acusados de encubridores: Ricardo Muñoz
Chávez, Juan Carlos Faidutti, Mauricio Pinto y Francisco
Costales. Hay otros acusados del delito de perjurio y de
concusión.
2. Caso Flores y Miel y estafa de IRANDINA.- Se sigue el
juicio penal. Implicados: sobrina nieta y parientes políticos
del presidente de la República. Prófugos.
3. Venta de diésel venezolano al Ecuador con la empresa
Hiperoil. Implicados: ex ministro de Energía, Francisco Acosta
Coloma, y otras personas. Prófugos.
4. Ampliación del aeropuerto Los Perales, en Bahía, sin
licitación y amparándose en Decreto de Emergencia. Se presentó
demanda penal contra presidente Durán Ballén en Corte Suprema.
Carlos Solórzano aún no se pronuncia. El caso se lo mantiene
como secreto de Estado.
5. "Desaparición" de 2.044 reses finas de las haciendas
confiscadas al presunto narcotraficante Jorge Hugo Reyes.
Principal implicado, Juan Carlos Pólit, detenido. Se acusó de
negligencia a las autoridades del CONSEP.
6. Denuncias del coronel Héctor Estrella, contra el ex
comandante general de la Policía, Jorge Núñez. Estrella está
preso con una sentencia de 8 años por insubordinación; Núñez
está preso con una condena de 10 meses, por abuso de
autoridad.
7. Presunta estafa de 11 millones de dólares al Banco Central.
Acusada la financiera Ecuacorp. Prófugos los directivos.
8. Estafa al Estado en la compra venta de arroz. Implicados:
el ministro de Agricultura, el director del IERAC y otros.
9. Compra de 10 mil fusiles FAL a la Argentina. Ecuador fue
estafado y hasta hoy no se recuperan 8 millones de dólares de
la operación. El Estado no ejecuta las garantías. (DIARIO HOY)
(P. 2-A)
axioma, aparentemente contradictorio, ayuda a comprender la
sucesión de escándalos políticos, ligados con la presunta
apropiación indebida de fondos públicos, durante los últimos
cuatro años en que ha gobernado Sixto Durán Ballén.
La indiscutible libertad de prensa e información que se vivió
en su Gobierno -con señaladas excepciones en que desde el
Palacio Nacional no se brindó a los comunicadores alguna
información requerida- explica que se pudieron conocer muchos
casos, en algunos de los cuales inclusive se vio contaminado
el nombre del presidente de la República.
Tal vez debamos ser indulgentes también, y decir, como se
solía hacer con algún otro presidente, que los que
presuntamente delinquieron fueron sus colaboradores, pero
nunca él. Y además, usando otro tópico, que Sixto Durán Ballén
fue víctima de las circunstancias.
¿Qué circunstancias son esas?
Pues que la corrupción, como dijo a HOY el sociólogo Simón
Pachano, es ahora una relación social de la que pocos pueden
escapar, mucho menos los políticos en el poder. Es decir, que
la corrupción no es un elemento externo a nuestra realidad
social y política y que, por consiguiente, está presente en la
actividad de los políticos.
El temas es, dijo Pachano, que inclusive el ciudadano común y
corriente no puede acceder a sus derechos si no se ve inmerso
en un hecho de corrupción, como la coima y el "aceite",
inclusive el "deme haciendo" que se implora a cualquier
funcionario para que rinda un servicio público.
Si admitimos su punto de vista, el panorama es poco
estimulante, pues las instituciones pierden inevitablemente
fuerza: Pachano nos advierte que hay que incluir en esas
instituciones a las normas jurídicas, y no solo a las
entidades públicas.
Además, en estos años las denuncias se usaron como arma de la
lucha política: no es descabellada la tesis de que el
escándalo del presunto uso ilegal de los fondos reservados de
la Vicepresidencia se pudo exponer, en gran parte, debido al
odio de León Febres Cordero hacia Dahik y a una decisión de su
partido, el Social Cristiano, para combatir al Gobierno.
A todo ello se suma la acción de la llamada sociedad civil, de
organizaciones ciudadanas como "Manos Limpias" que
respondieron activamente para oponerse a la corrupción, y a la
entereza de periodistas y medios de comunicación dispuestos a
tocar al demonio de la corrupción en lo más cerca del corazón.
Al terminar el Gobierno de Durán Ballén ese demonio sigue
vivo. Algunos personajes están exiliados y prófugos. Y el país
espera, como en una telenovela, el nuevo episodio que
escandalizará a todos.
IMPORTA QUIEN ES CONTRALOR
Los escándalos reactualizaron el tema del control del uso de
fondos públicos. En efecto, la principal institución encargada
de esa función, la Contraloría General del Estado, se vio
envuelta en el caso Dahik, incluido su titular, Juan Carlos
Faidutti.
¿Debía o no conocer la Contraloría en detalle el manejo de una
importante suma destinada a preservar la seguridad del Estado?
La capacidad de controlar quedó corta en ese caso. La
Contraloría perdió potestad sobre la forma en que los más
altos funcionarios manejan los dineros que se les entrega para
su administración.
Para el ex contralor Marcelo Merlo urge la despolitización de
la Contraloría: "Debe ser imparcial y muy profesional en el
manejo de sus tareas. Debe modernizarse para atender los
nuevos requerimientos de un Estado en que el régimen de
concesiones y de privatizaciones comienza a desarrollarse bajo
nuevas formas, frente a las cuales los auditores no han estado
debidamente preparados", afirma.
El contralor es nombrado por el Congreso. Merlo asegura que
ello debe reformarse: "los legisladores no deben tener
injerencia," recalca.
Una Contraloría fuerte depende, a su juicio, "de la política
del contralor de turno, debe haber equilibrio en el ejercicio
del control para todos los sectores y debe haber espacio para
atender las denuncias de la comunidad."
EL VAIVEN DE LOS JUECES
Aunque hay el generalizado criterio de que el nombramiento de
los jueces de la Corte Suprema por el Congreso significa
condicionar el ejercicio de los magistrados, políticos
consultados afirman que no hay otra institución "lo
suficientemente representativa" como para nombrarlos.
Sin embargo, el problema de fondo parece ser que los jueces
están sometidos al vaivén de las coyunturas políticas. O sea
que la alta justicia difiere mucho de la justicia común.
En efecto, el Congreso designa a los magistrados previos
acuerdos entre los sectores políticos, lo que significa que
haya presiones de los partidos sobre los integrantes del alto
tribunal. Por eso, muchos sectores temen hoy que el juicio
penal en contra de Dahik pueda ser anulado.
A partir de 1990 está en marcha una reforma que permite la
renovación parcial de los jueces mediante sorteo, realizado
cada dos años.
Para el ex ministro Andrés Vallejo, el mayor problema de la
Suprema no es la "politización", sino la inestabilidad de los
jueces.
"El proceso de renovación parcial es positivo," dice él, y el
sorteo de los jueces es parte de una etapa de "transitividad
inevitable".
Vallejo añade que hay que fortalecer la carrera judicial y
que, aunque el Congreso no nombrase jueces, "siempre habría
influencias de otros sectores".
En todo caso, Vallejo cree que la reforma actual significa
menos injerencia política en la designación.
LOS CASOS MAS SONADOS
1. Fondos reservados de la Vicepresidencia de la República.-
El caso está en la sala de lo penal de la Corte Suprema de
Justicia. Acusados de peculado y enriquecimiento ilícito:
Alberto Dahik (prófugo); Gladys Merchán (prófuga); Juan Mario
Crespo (prófugo). Acusado de cómplices de esos delitos: Diego
Paredes (prófugo). Acusados de encubridores: Ricardo Muñoz
Chávez, Juan Carlos Faidutti, Mauricio Pinto y Francisco
Costales. Hay otros acusados del delito de perjurio y de
concusión.
2. Caso Flores y Miel y estafa de IRANDINA.- Se sigue el
juicio penal. Implicados: sobrina nieta y parientes políticos
del presidente de la República. Prófugos.
3. Venta de diésel venezolano al Ecuador con la empresa
Hiperoil. Implicados: ex ministro de Energía, Francisco Acosta
Coloma, y otras personas. Prófugos.
4. Ampliación del aeropuerto Los Perales, en Bahía, sin
licitación y amparándose en Decreto de Emergencia. Se presentó
demanda penal contra presidente Durán Ballén en Corte Suprema.
Carlos Solórzano aún no se pronuncia. El caso se lo mantiene
como secreto de Estado.
5. "Desaparición" de 2.044 reses finas de las haciendas
confiscadas al presunto narcotraficante Jorge Hugo Reyes.
Principal implicado, Juan Carlos Pólit, detenido. Se acusó de
negligencia a las autoridades del CONSEP.
6. Denuncias del coronel Héctor Estrella, contra el ex
comandante general de la Policía, Jorge Núñez. Estrella está
preso con una sentencia de 8 años por insubordinación; Núñez
está preso con una condena de 10 meses, por abuso de
autoridad.
7. Presunta estafa de 11 millones de dólares al Banco Central.
Acusada la financiera Ecuacorp. Prófugos los directivos.
8. Estafa al Estado en la compra venta de arroz. Implicados:
el ministro de Agricultura, el director del IERAC y otros.
9. Compra de 10 mil fusiles FAL a la Argentina. Ecuador fue
estafado y hasta hoy no se recuperan 8 millones de dólares de
la operación. El Estado no ejecuta las garantías. (DIARIO HOY)
(P. 2-A)
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