ENTRE PACTOS Y REFORMAS Por Ana Karina López
Quito. 15.08.92. El aplazamiento de la elección de los nuevos
ministros jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para
realizar una reforma al sistema judicial, es el tema en que se
ha centrado la discusión del Congreso, desde que los flamantes
diputados tomaron posesión de sus curules.
Es así que el día de ayer se aprobó la resolución legislativa
de no nombrar a los ministros jueces, mientras se estudia la
reforma a la constitución. Y se espera el lunes para realizar
la rectificación de la votación.
Además, para realizar esta reforma el presidente del Congreso,
Carlos Vallejo, de la DP, designó una comisión Especial
Permanente de Asuntos Constitucionales, para que en el plazo
de 20 días presente un informe con los proyectos de reformas
constitucionales sobre la Corte Suprema de Justicia.
La resolución legislativa sobre el nombramiento de los jueces
se aprobó con 40 votos: 21 del PSC, 12 del PUR, cinco del
PCE, uno del LN y uno de Fernando Larrea, que se apartó así de
su bloque.
En contra de esa resolución votaron los 14 diputados del
PRE, los ocho de la ID, los seis de la DP, los tres del MPD y
además de un voto liberal.
Quienes votaron en contra del acuerdo alegaron la inutilidad
del mismo aunque no se oponen a la reforma constitucional.
Quienes la apoyaron creen que sin el acuerdo se buscaría
empantanar la reforma con el objeto de tener el tiempo
suficiente para "arreglar casos pendientes".
¿Por qué esta votación? ¿Acaso no todos lo partidos estaban de
acuerdo en la reforma?¿Cuál es la real posición de los bloques
y los intereses que los mueven? ¿Hay realmente un consenso del
Congreso para reformar la CSJ?
Más allá del bien y del mal
En realidad lo que aparece como una reforma sensata y a la
que la mayoría de los ecuatorianos se adhieren, se ha
convertido en un nuevo conflicto del juego político
ecuatoriano.
La Corte Suprema de Justicia es una verdadera arma de poder
político. Cuando los jueces pertenecen o deben algo a un
partido político los juicios y demás litigios "pueden ser
disueltos, absueltos y olvidados".
Es por ese aspecto que muchos partidos se pelean por la
designación de jueces. Y es por eso que comenzó un nuevo
movimiento político en este último congreso.
Cuando se realizaban las negociaciones entre los bloques
políticos para designar las autoridades del Congreso, el PRE y
el socialcristianismo habían llegado un acuerdo, que el
viernes 7 de agosto se diluyó. Inclusive, se iba a elaborar
un documento que lo ratifique.
Tal acuerdo aseguraba los 15 votos del PRE al candidato
presidencial de los socialcristianos -Heinz Moeller- a cambio
de los votos del PSC para para la candidatura de Jacobo
Bucaram como vicepresidente del Congreso y de cuatro ministros
jueces en la CSJ nombrados por el PRE. Los roldosistas
pidieron cinco, pero se pactó en cuatro.
Además ya se había "nombrado al presidente de la CSJ". El PSC
propuso, a Víctor Hugo Vayas Valle y el PRE a Carlos Pozo.
Este acuerdo fue realizado en contra de la voluntad de León
Febres Cordero, dijo un informante a HOY.
Según observadores políticos la necesidad de los roldosistas
de controlar la CSJ se debe a los juicios que serían
sometidos los hermanos Bucaram (Elsa y Abdalá) por su gestión
en la alcaldía de Guayaquil, mientras que los socialcristianos
tienen en su contra un juicio contra León Febres Cordero y el
caso Restrepo en contra de Heinz Moeller. Ese acuerdo, en
cambio, no le beneficiaba para nada a Fernando Larrea quien ha
lanzado graves acusaciones contra el ex presidente de la
República y alcalde de Guayaquil, León Febres Cordero, por
evasión de impuestos.
Paralelamente a esta supuesta "repartición de jueces", se
lanza el proyecto de la reforma a la justicia.
Coincidencia
Este "lanzamiento" se produjo porque un grupo de abogados,
constituido en su mayoría por guayaquileños y encabezados por
Nicolás Parducci, sistematizaron en un proyecto la reforma al
sistema judicial, que se venía sugiriendo por varios sectores
desde hace mucho tiempo.
En este proyecto se encontraba la petición de que los nuevos
jueces no sean designados hasta que se realice una reforma a
la Constitución. Para eso se debía dejar en funciones a los
actuales jueces.
La propuesta fue presentada a Ricardo Noboa, Jaime Nebot, del
PSC; a Andrés Vallejo, de la ID; a Fernando Larrea y Marco
Proaño, ambos del PRE y a Carlos Vallejo, de la DP.
Posteriormente también se la presentó al presidente Durán
Ballén.
Carlos Vallejo, en el momento mismo en que Durán Ballén había
sugerido su nombre para la presidencia del Congreso, hizo
pública esta idea como suya. Durán Ballén también la acogió y
la lanzó como idea suya en su discurso de posesión, por lo que
más tarde los diputados de su bloque tendrían que aceptarla e
impulsarla.
En entonces cuando el reverbero comenzó a arder. Dos
representantes socialcristianos -Moeller y Pallares- se
manifestaron inicialmente en contra de esta reforma, por
considerarla anticonstitucional. Las declaraciones de Pallares
fueron leídas en el Congreso públicamente, a petición de
Jacobo Bucaram.
El desenlace
A pesar de que el viernes 7 de agosto el pacto PRE-PSC quedó
sellado, un bloque que no aparecía tan sólido (ID-DP-MPD-LN)
lograron -a través de emisarios- convencer al PRE que les
resultaría de mayor utilidad política el no estar aliados con
los socialcristianos. Este bloque ofreció la Vicepresidencia a
Bucaram a cambio de sus votos para Vallejo. Sin embargo, no
hubo ningún acuerdo o pacto sobre las Cortes.
Con el cambio de rumbo del PRE, el frente de centro izquierda
aseguró su paso a la segunda vuelta.
A esto se aumenta la decisión del presidente de la República
de que su bloque -del que muchos se asombran por la poca
cohesión que presenta- votara en la segunda vuelta por Carlos
Vallejo. Así, los socialcristianos se vieron perdidos. Tal vez
a eso se debió la reacción eufórica de Heinz Moeller cuando
perdió la primera vuelta.
Frente a esta coyuntura, el socialcristianismo da un giro de
360 grados y se une a la propuesta de reforma para no quedarse
fuera del pastel, dijo el informante.
Es así que frente a una reforma lógica y necesaria, y que para
un observador lejano puede aparecer como que al fin el
Congreso ecuatoriano presenta un consenso, todos los partidos
vuelven a interponer sus conveniencia. Todos, ya que cada uno
tiene una postura diferente en defensa de su juego
político. 5A
Quito. 15.08.92. El aplazamiento de la elección de los nuevos
ministros jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para
realizar una reforma al sistema judicial, es el tema en que se
ha centrado la discusión del Congreso, desde que los flamantes
diputados tomaron posesión de sus curules.
Es así que el día de ayer se aprobó la resolución legislativa
de no nombrar a los ministros jueces, mientras se estudia la
reforma a la constitución. Y se espera el lunes para realizar
la rectificación de la votación.
Además, para realizar esta reforma el presidente del Congreso,
Carlos Vallejo, de la DP, designó una comisión Especial
Permanente de Asuntos Constitucionales, para que en el plazo
de 20 días presente un informe con los proyectos de reformas
constitucionales sobre la Corte Suprema de Justicia.
La resolución legislativa sobre el nombramiento de los jueces
se aprobó con 40 votos: 21 del PSC, 12 del PUR, cinco del
PCE, uno del LN y uno de Fernando Larrea, que se apartó así de
su bloque.
En contra de esa resolución votaron los 14 diputados del
PRE, los ocho de la ID, los seis de la DP, los tres del MPD y
además de un voto liberal.
Quienes votaron en contra del acuerdo alegaron la inutilidad
del mismo aunque no se oponen a la reforma constitucional.
Quienes la apoyaron creen que sin el acuerdo se buscaría
empantanar la reforma con el objeto de tener el tiempo
suficiente para "arreglar casos pendientes".
¿Por qué esta votación? ¿Acaso no todos lo partidos estaban de
acuerdo en la reforma?¿Cuál es la real posición de los bloques
y los intereses que los mueven? ¿Hay realmente un consenso del
Congreso para reformar la CSJ?
Más allá del bien y del mal
En realidad lo que aparece como una reforma sensata y a la
que la mayoría de los ecuatorianos se adhieren, se ha
convertido en un nuevo conflicto del juego político
ecuatoriano.
La Corte Suprema de Justicia es una verdadera arma de poder
político. Cuando los jueces pertenecen o deben algo a un
partido político los juicios y demás litigios "pueden ser
disueltos, absueltos y olvidados".
Es por ese aspecto que muchos partidos se pelean por la
designación de jueces. Y es por eso que comenzó un nuevo
movimiento político en este último congreso.
Cuando se realizaban las negociaciones entre los bloques
políticos para designar las autoridades del Congreso, el PRE y
el socialcristianismo habían llegado un acuerdo, que el
viernes 7 de agosto se diluyó. Inclusive, se iba a elaborar
un documento que lo ratifique.
Tal acuerdo aseguraba los 15 votos del PRE al candidato
presidencial de los socialcristianos -Heinz Moeller- a cambio
de los votos del PSC para para la candidatura de Jacobo
Bucaram como vicepresidente del Congreso y de cuatro ministros
jueces en la CSJ nombrados por el PRE. Los roldosistas
pidieron cinco, pero se pactó en cuatro.
Además ya se había "nombrado al presidente de la CSJ". El PSC
propuso, a Víctor Hugo Vayas Valle y el PRE a Carlos Pozo.
Este acuerdo fue realizado en contra de la voluntad de León
Febres Cordero, dijo un informante a HOY.
Según observadores políticos la necesidad de los roldosistas
de controlar la CSJ se debe a los juicios que serían
sometidos los hermanos Bucaram (Elsa y Abdalá) por su gestión
en la alcaldía de Guayaquil, mientras que los socialcristianos
tienen en su contra un juicio contra León Febres Cordero y el
caso Restrepo en contra de Heinz Moeller. Ese acuerdo, en
cambio, no le beneficiaba para nada a Fernando Larrea quien ha
lanzado graves acusaciones contra el ex presidente de la
República y alcalde de Guayaquil, León Febres Cordero, por
evasión de impuestos.
Paralelamente a esta supuesta "repartición de jueces", se
lanza el proyecto de la reforma a la justicia.
Coincidencia
Este "lanzamiento" se produjo porque un grupo de abogados,
constituido en su mayoría por guayaquileños y encabezados por
Nicolás Parducci, sistematizaron en un proyecto la reforma al
sistema judicial, que se venía sugiriendo por varios sectores
desde hace mucho tiempo.
En este proyecto se encontraba la petición de que los nuevos
jueces no sean designados hasta que se realice una reforma a
la Constitución. Para eso se debía dejar en funciones a los
actuales jueces.
La propuesta fue presentada a Ricardo Noboa, Jaime Nebot, del
PSC; a Andrés Vallejo, de la ID; a Fernando Larrea y Marco
Proaño, ambos del PRE y a Carlos Vallejo, de la DP.
Posteriormente también se la presentó al presidente Durán
Ballén.
Carlos Vallejo, en el momento mismo en que Durán Ballén había
sugerido su nombre para la presidencia del Congreso, hizo
pública esta idea como suya. Durán Ballén también la acogió y
la lanzó como idea suya en su discurso de posesión, por lo que
más tarde los diputados de su bloque tendrían que aceptarla e
impulsarla.
En entonces cuando el reverbero comenzó a arder. Dos
representantes socialcristianos -Moeller y Pallares- se
manifestaron inicialmente en contra de esta reforma, por
considerarla anticonstitucional. Las declaraciones de Pallares
fueron leídas en el Congreso públicamente, a petición de
Jacobo Bucaram.
El desenlace
A pesar de que el viernes 7 de agosto el pacto PRE-PSC quedó
sellado, un bloque que no aparecía tan sólido (ID-DP-MPD-LN)
lograron -a través de emisarios- convencer al PRE que les
resultaría de mayor utilidad política el no estar aliados con
los socialcristianos. Este bloque ofreció la Vicepresidencia a
Bucaram a cambio de sus votos para Vallejo. Sin embargo, no
hubo ningún acuerdo o pacto sobre las Cortes.
Con el cambio de rumbo del PRE, el frente de centro izquierda
aseguró su paso a la segunda vuelta.
A esto se aumenta la decisión del presidente de la República
de que su bloque -del que muchos se asombran por la poca
cohesión que presenta- votara en la segunda vuelta por Carlos
Vallejo. Así, los socialcristianos se vieron perdidos. Tal vez
a eso se debió la reacción eufórica de Heinz Moeller cuando
perdió la primera vuelta.
Frente a esta coyuntura, el socialcristianismo da un giro de
360 grados y se une a la propuesta de reforma para no quedarse
fuera del pastel, dijo el informante.
Es así que frente a una reforma lógica y necesaria, y que para
un observador lejano puede aparecer como que al fin el
Congreso ecuatoriano presenta un consenso, todos los partidos
vuelven a interponer sus conveniencia. Todos, ya que cada uno
tiene una postura diferente en defensa de su juego
político. 5A
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