Quito. 06 jul 96. La política petrolera de los próximos cuatro
años dependerá, en buena medida, de las decisiones que tome el
próximo mandatario respecto a dos temas: ampliación del oleoducto
y posición del Estado frente a la inversión privada.

Hasta las opiniones más diversas coinciden en que se necesita
ampliar la capacidad de transporte de crudo que tiene el país.

De igual manera, se piensa que el Ecuador necesita asumir una
postura más fuerte en relación con los compañías que trabajan
bajo contrato para el Estado.

El régimen de Sixto Durán Ballén deja al vencedor de las
elecciones del domingo tales decisiones. A más, una primera
evaluación de le hecho en materia petrolera en los últimos
cuatro años, permite observar errores y aciertos.

Por eso, vale la pena conocer lo que opinan los personajes más
cercanos al ministerio de Energía y Minas, para conocer las
políticas energéticas que vienen a futuro.

En 1992, cuando Sixto Durán Ballén inició su ejercicio del
poder, el país empezaba un proceso de transformación en
políticas del área energética.

En el Ecuador se implantó el esquema de mayor participación
privada, sobretodo en materia de exploración. Bajo la óptica
de encontrar inversión extranjera, para los trabajos en la
región Oriente, el régimen dio ventajas sin parangón para la
extracción de crudo.

Al cabo de cuatro años, se alcanzaron 12 contratos de
exploración y explotación petrolera en la Amazonía y uno de
explotación del gas del Golfo de Guayaquil. Nueve de los
contratos petroleros se dieron en la Séptima Ronda del 29 de
enero de 1994. Los tres restantes se acordaron el 3 de julio
de 1995.

En las dos últimas Rondas se obtuvo, de las empresas ganadoras
de las licitaciones, 140 millones de dólares en inversiones
para la fase de exploración.

Las ganancias para el Estado se fijaron en porcentajes bajos.

El impuesto a la renta que pagan las petroleras, por la
ocupación de los bloques, promedia 25 por ciento de sus
utilidades.

Desde la perspectiva de Jorge Pareja Cucalón, ministro de
Energía y Minas, la política del régimen tuvo sentido porque
el Estado ya no tiene capacidad económica para invertir en
operaciones que son estrictamente de riesgo.

"Petroproducción no puede gastar 12 millones de dólares en
cada campo de exploración, bajo la posibilidad de que no se
encuentre absolutamente nada".

Dilema oleoducto

Los bloques petroleros no pudieron ser ofertados bajo mejores
condiciones para el Estado por la limitada capacidad de
transporte del oleoducto transecuatoriano (SOTE).

Es decir, no tiene sentido extraer más crudo si no existe
forma de trasladarlo a los puertos. Bajo esa premisa, Wálter
Spúrrier, analista económico y experto en petróleos, explica
que sí se justifica la posición del gobierno e, inclusive, "es
alentador que diversas compañías participaran en la séptima y
octava ronda".

René Bucaram, favorito de los candidatos a la Presidencia para
que ocupe la oficina principal del ministerio de Energía y
Minas, coincide con Spúrrier en la necesidad del nuevo
oleoducto.

De llegar a la secretaría de Estado, el ingeniero Bucaram
buscaría mecanismos para la ejecución del proyecto.

Otros criterios, como el del Colegio de Geólogos, de Minas y
Petróleos de Pichincha, se mantienen en contra de la
ampliación del SOTE: "las limitadas reservas deben ser
explotadas bajo criterios técnicos, a fin de prolongar su vida
útil, para evitar que los yacimientos entren en sobre
explotación y sobreproducción".

Gustavo Jarrín Ampudia, ex ministro de Energía y uno de los
hombres más cercanos de Jaime Nebot, defiende el carácter
estratégico del SOTE y destaca que no se puede permitir la
intervención privada en su construcción.

En la revista Petróleo y Sociedad de abril de 1995, Jarrín
Ampudia dice: "los bienes estratégicos, fundamentalmente el
oleoducto, deben estar en manos del Estado".

Su postura deja entrever que no se permitiría la intervención
de la empresa privada en la ampliación del SOTE, proyecto que
el Estado difícilmente podría cumplir con sus propios medios.

En todo caso, el tema del oleoducto será de carácter polémico
en el próximo régimen. La realización o no del proyecto
trazará los parámetros del resto de políticas en el área
petrolera.

Cifras

Las reservas probadas de petróleo se incrementaron en este
período presidencial en mil 185 millones de barriles. La
producción, al 31 de julio de 1996, asciende a 536 millones de
barriles al año (367 mil diarios). Cuando Durán Ballén llegó
al poder se producían 320 mil barriles de crudo al día.

En cuatro años se incorporó a la producción la labor de
diversas compañías privadas en 14 campos petroleros.
Petroproducción descubrió ocho.

Se perforó un total de 282 pozos, de los cuales 13 son
exploratorios y 246 están en desarrollo.

René Bucaram, más cerca del ministerio

A René Bucaram, petrolero de amplia trayectoria, le han
ofrecido el cargo de ministro de Energía y Minas ocho veces.

Por ello se siente en derecho de poner condiciones para llegar
a la secretaría de Estado. Aceptaría la oferta si el equipo de
trabajo (los cargos más importantes en el área) es escogido
por él y si se respetan los principales aspectos de su
proyecto personal.

Bucaram duda de que uno de los dos candidatos a la presidencia
admitan esa clase de imposiciones. Sin embargo, tanto Abdalá
Bucaram -su primo hermano- como Jaime Nebot han dado claras
muestras de querer tenerlo en su gobierno.

Es el ecuatoriano que más alto cargo ostentó en la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y
principal de la transnacional Texaco para América Latina.

Se retiró de la compañía estadounidense hace cinco meses. Por
eso dice que ya no tiene excusas para dejar de participar en
el área energética del Ecuador. Bucaram podría ser el ministro
de Energía del próximo régimen, gane quien gane.

No hacer más contratos malos

La perspectiva a futuro, para René Bucaram, debe significar el
fortalecimiento de Petroecuador y el cambio en las relaciones
del Estado con las compañías petroleras privadas.

Su visión parte, como premisa necesaria, de la ampliación del
SOTE.

Persiste en la posición de construir un ducto alterno al
actual, para lo cual propone la integración de varias empresas
productivas en su construcción. "Una vez amortizado el
sistema, deberá retornar a Petroecuador", comenta.

Cree que 70 por ciento de contratos con empresas privadas se
llevan a cabo bajo la política del "dedazo". En consecuencia,
se podría realizar un mayor número de licitaciones petroleras.

Bucaram está de acuerdo con el gobierno de turno en que se
mantengan contratos de riesgo en exploración de crudo, pero
buscaría mejores condiciones para el Estado.

"El esquema contractual debe ser cambiado. El consorcio Texaco
pagaba al Estado, mientras operó en el Ecuador, 87.3 por
ciento de impuesto a la renta y 16. 5 por ciento de regalías.

Me pregunto yo, si el consorcio ganaba dinero con esas
condiciones, ¿por qué se bajó el impuesto a la renta a 25 por
ciento en algunos casos?", interroga.

Dice que al país se le fue la mano en concesiones. Se necesitó
de distintas formas contractuales. "En todo caso, hay que
respetar los contratos existentes. Eso no significa que
hagamos contratos malos en el futuro", complementa.

Del Monopolio a la modernización

El ingreso de empresas privadas en la comercialización de
combustibles eliminó el monopolio estatal para la venta de
gasolinas

La política fue de beneficio para los usuarios, en el sentido
de que se mejoró el servicio e inclusive la calidad de los
combustibles.

En cuatro años, la Dirección Nacional de Hidrocaburos calificó
a 24 empresas comercializadoras. Se construyeron 59 estaciones
de servicio y se remodelaron 360.

El gobierno impuso un complejo sistema para colocar los
precios de los combustibles a un nivel internacional.

Restringió las importaciones para que se venda primero el
producto ecuatoriano.

Pero al régimen se le olvidó que Colombia y Venezuela no
necesitan pagar aranceles para ingresar gasolinas. Eso generó
distorsiones en el sistema y negociados como el de Hiperoil.

El presupuesto del Estado se financia, en buena parte, a
través de los precios de los combustibles. Los dos candidatos
a la presidencia afirman que eliminarán el esquema, lo que
evitará los mensuales aumentos de precios.

René Bucaram, experto petrolero y autor del programa
energético del candidato roldosista, dice que el primer paso
será estabilizar los precios, "para luego empezar a bajar. Las
rentas que recibe el Estado por la venta de la gasolina deben
reemplazarse por otros ingresos. En la medida que eso se
logre, los combustibles costarán menos".

Gustavo Jarrín Ampudia, asesor de Nebot, plantea una medida
inicial similar: dejar sin efecto el sistema actual de cálculo
de precios, establecer un piso -resultado de los costos de
producción más utilidades- y un techo, representado por los
precios internacionales.

Para Jarrín Ampudia, una eliminación de estos ingresos
generaría dos beneficios fiscales importantes: una inversión
pública menos costosa y la posibilidad de que la población
exija elevaciones salariales menos bruscas. La reducción de
estos rubros permitiría al gobierno suplantar, a través del
ahorro, los recursos que actualmente generan los impuestos a
los combustibles. (Diario HOY) (6A)
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