Los nueve ecuatorianos detenidos por presunto blanqueo de dinero para las FARC fueron puestos en libertad condicional, según dijo hoy el fiscal Bormal Peñaherrera Manosalvas, quien explicó que no podrán salir del país y deberán presentarse a la justicia periódicamente.

Los sospechosos, todos ecuatorianos, fueron arrestados en operativos que se realizaron en las provincias de Manabí, Carchi y Pichincha.

"Estuvieron detenidas para investigación, el proceso sigue, el enjuiciamiento sigue, tenemos todavía tres meses para investigar y emitir alguna resolución", dijo el fiscal, al apuntar que se les investiga por el presunto delito de blanqueo de capitales que involucraría actividades en España, Ecuador y Colombia.

Apuntó que la investigación, que se realiza en todo el país, comenzó hace "pocos meses" en acciones paralelas tras una denuncia anónima y la petición de asistencia internacional sobre el mismo respecto desde España, "que nos reforzó la investigación", dijo.

Peñaherrera señaló que próximamente se prevé un intercambio de información entre España y Ecuador sobre sus respectivas investigaciones.

El fiscal, que pertenece a la Unidad contra la Delincuencia Organizada Trasnacional e Internacional, indicó que cerca de la medianoche del pasado viernes se realizó la audiencia de formulación de cargos y los detenidos "fueron liberaron con las medidas sustitutivas".

Fuentes policiales en Madrid informaron hoy de las últimas acciones como parte de la operación contra la red de blanqueo de dinero del narcotráfico, que presuntamente financiaba a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y en la que se detuvieron a dos personas en España en los últimos días, además de las nueve en Ecuador.

La investigación tuvo su origen en agosto de 2008, cuando el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales de España alertó de un aumento muy elevado en las transferencias que se realizaban desde España hacia Colombia y Ecuador.

Estos giros no seguían el patrón típico de los que realizan los inmigrantes residentes en España que envían dinero a sus familiares en sus países de origen.

Eso hizo sospechar a la policía que organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes podían estar utilizando entidades gestoras de transferencias o a sus agentes para remitir a Colombia importantes cantidades de dinero procedentes de las ventas de cocaína en España, se informó desde Madrid. (EFE)

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