A las 11:00 del 20 de enero, en la cárcel de mujeres, ubicada en El Inca, Elena C., de 28 años, teje un suéter para su hija Vilma, de 6 años, mientras conversa con su compañera Alexandra Q., de 29.
Hablan mucho de los hijos, de la familia y de los trámites legales, del miedo. Saben cuando amanecieron más tristes. Llegaron al centro de rehabilitación hace cuatro meses, acusadas de robo de electrodomésticos. “Aquí no se puede confiar en nadie. Uno cree que es una buena amiga pero al rato te meten en cuentos. De una discusión se llega a un gran problema que acaba en riñas, insultos y agresiones físicas”.
Annie Nyawusa, de 47 años, una sudafricana sentenciada a seis años de prisión por tráfico de drogas, pasa durante largas horas en el taller de artesanías confeccionando tarjetas. En los dos años de encierro ha aprendido a defenderse con el español. “Vivo en El Condado (el pabellón en el edificio nuevo). Relativamente es tranquila la convivencia, pero creo que es muy difícil. Se comparten tres baños entre más de 30 personas durante el día. Hay contagio de enfermedades”.
El pabellón Amazonas, localizado en el edificio antiguo, donde vive Marlene Hurtado, de 25 años, es el más conflictivo, donde están las mujeres de menos recursos. “Hay muchas personas drogadictas y que están por tráfico de drogas. Cuando ya molestan mucho también les meto su bueno”.
Marlene ha cumplido dos de los ocho años de sentencia por tráfico de drogas. Es la representante del pabellón. Está muy preocupada de que el reglamento interno realizado por las mismas reclusas se cumpla: no dejar abiertas las puertas, mantener el aseo, respetarse mutuamente. Si alguien comete una infracción debe pagar una multa de $0,50. Asume bien su papel: “Soy un poco fuerte de carácter y me eligieron para poner orden, es mucha responsabilidad".
En el pabellón antiguo son comunes los insultos, la discriminación, porque “eres más bonita o fea que la otra, o te dicen negra asquerosa como a mí, también hay problemas de cobro de platas porque se prestan al "chulco", o se pelean por los niños”, cuenta Marlene.
Los hijos comparten las penas con sus madres. Durante el día pasan en la guardería y por la noche duermen en sus habitaciones, que en el pabellón Amazonas son de apenas de 1,50 por 2 metros.
Eso es lo que que más le angustia a Mónica M., de 56 años, quien ha esperado por su sentencia un año cinco meses, por tráfico de drogas. Sus dos hijos mayores, de 15 y 14 años, se quedaron en la casa y trabajan por su cuenta. Vive con los cuatro más pequeños, de 12, 8, 7 y 1 año de edad. Todo alcanza, la ropa, los trastos, la televisión, una radio. Por una pequeña ventana entran tibios rayos de sol y poco aire. La ropa húmeda que cuelga de un cordel sobre la cabecera de la cama litera tarda buen tiempo en secar.
No son los únicos inquilinos: su compañera Francisca F. vive con sus dos hijos. Los tres duermen en la parte baja de la litera. Ella está en la lista de espera para salir libre y rehacer su vida. “Mi esposo me abandonó y mi familia me dio las espaldas”. (GV)


"La ciudadanía no debe generar sicosis"

Según el sicólogo Carlos Quiroz, el hacinamiento genera irrespeto a la intimidad y se pierde el sentido de lo que significa el cuidado de sí mismo. Puede romper con la identidad. La violencia aparece como normal, a pesar de ser perversa, lo que se expresa en violación de hábitos, costumbres, agresión física y sicológica.
Los espacios de ternura con sus hijos se desvanecen, y pasan a ser escenarios de supervivencia, de dominio y de poder.
Toda privación de la libertad es una ruptura de relaciones familiares, sociales, que conllevan a graves problemas, desde personales, sicológicos, sociales y económicos. La sociedad debe pensar que no fue fácil la convivencia de quienes están por salir, pero eso no significa que todos sean peligrosos". (GV)


ENTREVISTA
"Me causa risa que nos crean matones a todos"

En la cárcel de mujeres de Quito se benefician 22 internas

El Art. 24 de la Constitución, ¿a quiénes beneficia?
Ya no pueden permanecer detenidas más de un año sin sentencia las personas que son mulas o que cayeron por robar una gallina o un cerdo. Antes de que se aprobara, permanecían en prisión durante dos o tres años y luego eran sentenciadas para seis meses o un año. ¿Quién les devolvía el resto del tiempo que pasaron en la cárcel? También hay casos de inocentes a los que no se da trámite inmediato. En este centro, 22 mujeres saldrían.

La Policía se prepara y la ciudadanía está asustada por la salida, ¿qué piensa?
El comentario es que saldrán a las calles 1 500 delincuentes y matones peligrosos. Me causa risa. Dicen que la Policía reforzará la vigilancia, pero no reconocen que los políticos, los jueces y fiscales son más corruptos porque violan las leyes y los Derechos Humanos y el más pendejo es el que paga todo. A mí me sorprendieron entrando a la cárcel 2 con 140 gramos de polvo para un amigo. También encontraron en mi apartamento 524. Sumaron 664, que supuestamente eran míos. Pero me sentenciaron a 8 años por 126 gramos que constaban en el parte, y el resto de droga se perdió.

Una vez logrado este derecho, ¿las leyes se hicieron efectivas enseguida?
No. Los abogados particulares vieron que van a salir legalmente, sin hacer mucho papeleo, y empezaron a establecer tarifas desde $100 hasta $3 000 para tramitar las boletas de libertad de las internas. No fue justo. Hay quienes no tienen dinero. Se presentó un pedido conjunto al juez, con la firma del director de la cárcel, para que se extiendan las boletas de excarcelación. Llevamos un mes en la lucha para que se nos conceda nuestro derecho a la libertad. (GV)


LA DIRIGENTE

Mercedes Torres, colombiana de 29 años. De profesión estilista. Desde hace ocho meses es la presidenta del Comité de Internas de la Cárcel de Mujeres de Quito.


En Guayaquil, 758 presos sin sentencia se preparan

De 10 180 reos a escala nacional, 1 460 poseen la boleta de detención en firme

Malestar e incorformidad existe entre los internos de las cárceles de varones y mujeres de la Penitenciaría del Litoral, por la demora de los tribunales penales de hacer cumplir la resolución de la Corte Suprema de Justicia que ordena la libertad de los presos que tengan más de un año sin sentencia.
En el centro carcelario se vive un ambiente de tensa calma, mientras 758 internos esperan las boletas de excarcelación. “Estamos esperando, creo que hay que dar un plazo razonable, pero si los jueces no cumplen con la Ley, veremos qué medida vamos a tomar”, dijo Eduadro Gilbert, miembro del Comité de Internos.
El martes pasado, un delegado de dicho comité presentó un petitorio de libertad para los primeros 77 reos, 41 mujeres y 36 varones, en el Primer Tribunal Penal, cuyos miembros indicaron que analizarán cada uno de los casos.
Según un censo hecho por los propios internos, los beneficiados por el artículo 24, literal 8 de la Constitución de la República son 689 varones y 69 mujeres los que tienen derecho a obtener su libertad, pero estos datos no han sido ratificados por los jueces ni por los miembros de los tribunales penales.
El presidente de la Corte de Guayaquil, Gustavo Bon Buchwald, se reunió el martes con los jueces penales para verificar si había casos pendientes en los juzgados, ante la denuncia de los internos de que son los jueces penales quienes no apresuran los trámites. Sin embargo, se dijo que todos han pasado a los tribunales penales. (GVL)
EXPLORED
en Ciudad QUITO

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