En el 2003 faltó transparencia de las FF.AA., según analistas


Publicado el 19/Enero/2004 | 00:00

La apertura de las Fuerzas Armadas ecuatorianas (FF.AA.) durante el año 2003, para transparentar los hechos conflictivos generados en el interior de esa institución no ha sido suficiente, sostienen analistas y actores de los acontecimientos.

El analista Manuel Mejía considera que “hay ambigüedad, falta de datos, carencia de información precisa y oportuna en temas como la pérdida de armamento, las explosiones en diferentes polvorines, el cohete encontrado en Colombia en un atentado y que supuestamente es de procedencia ecuatoriana”.

Pero ese punto de vista no es compartido por el coronel Patricio Albán, comandante de la Brigada de Caballería Blindada Galápagos, afectada por la explosión del 20 de noviembre del 2002. “En la puerta de mi oficina hay un letrero que dice: atiendo a la prensa las 24 horas. Es una forma de decir, aquí estamos abiertos durante todo el día para informar a la prensa y, a través de ella, a la comunidad todo lo que sucede en la institución”, dijo.

El coronel (r) Luis Hernández, quien está fuera de las FF.AA. porque no fue calificado para general, lo que él considera injusto, resaltó la apertura del comandante general del Ejército, Luis Aguas, para que “los hechos se ventilen con transparencia”, pero sugirió que “tienen que acabarse los secretos en los mecanismos para los ascensos de grados y los juicios de la Corte de Justicia Militar deben acelerarse para que no se anulen porque ha transcurrido demasiado tiempo sin tramitarse”.

Según Mejía, sin embargo, “la apertura de las FF.AA. debería ser más amplia, ya que unas cosas son los asuntos de seguridad nacional que tienen la debida reserva y otra el conjunto de información que la sociedad requiere; en consecuencia, las FF.AA. deberían actuar con absoluta transparencia frente a la comunidad en este Gobierno de un ex militar y en todos los regímenes”, señaló.

Albán aclara que “esta no es una apertura coincidente con el hecho de que un ex militar (el coronel Lucio Gutiérrez) esté en la Presidencia”. “No importa cuál sea el gobierno de turno; nuestra apertura viene desde hace 25 años y continuaremos con esta actitud y con este trabajo de apoyo al desarrollo en el próximo y los siguientes años”, manifestó.

Según Hernández, en efecto, ha sido positiva la acción de las FF.AA. para, por ejemplo, el esclarecimiento de los robos de armas de la institución, pero en “el caso de la explosión de la Brigada Blindada Galápagos de Riobamba es necesario investigar más profundamente la forma como se firmaron los contratos con la empresa que realizaba el mantenimiento bélico”.

Vicente Burneo, miembro de la Comisión de Transparencia (CT) nombrada por el Gobierno para investigar la pérdida de armamento militar, afirmó que la Comisión sí observó la forma como se ha realizado ese contrato en la Brigada Galápagos y se sugirieron correctivos.

En cuanto a los otros casos, Burneo aclaró que todavía no se ha terminado todo el trabajo investigativo y no se pueden aplicar las sugerencias realizadas por el organismo.

Sugerencias y observaciones –sostuvo– que no han gustado a todos los miembros de las FF.AA., pero la Comisión de Transparencia está tranquila, ya que los informes han sido efectuados “con seriedad y apegados a normas profesionales”; se observaron hechos que debían aplicarse en los mecanismos militares, pero que no lo hicieron, y las personas que se han molestado han sido aquellas señaladas en los informes, pero no hemos tenido una protesta formal al trabajo de la Comisión”.

En lo relacionado con la justicia militar, Armando Mayorga, abogado de los sargentos Julio Briones y Adriano Calderón, condenados a siete años de reclusión por robo de armas, dijo que era positiva la actitud de las FF.AA. en el proceso judicial, pero cuestionó la actuación del juez militar, Medardo Amaguayo.

“Hubo transparencia en el proceso porque existió el derecho a la defensa, pero Amaguayo violó la Constitución y el Código de Procedimiento Penal. Él nos negó varias peticiones legítimas y esto se comprobará en el fallo de la Corte de Justicia Militar que está por dictarse”, manifestó.

Casos

Origen del lanzacohete

El 16 de octubre del 2003, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, señaló que el cohete M72-A3, usado en el ataque contra el empresario Jorge Visbal, el día anterior, es ecuatoriano. El presidente, Lucio Gutiérrez, envió a un oficial a Bogotá a determinar esa afirmación. Se concluyó que no hay suficientes pruebas. El 13 de noviembre, Colombia insistió en que el artefacto era ecuatoriano. Tres días después, en el marco de la Cumbre Iberoamericana, ambos hablaron y según Gutiérrez era “un asunto superado”.

Armas a Zimbabue

El 20 de noviembre del 2003, la CT presentó su informe sobre la venta de 660 cohetes rockets, de la FAE a Zimbabue. Indicó que ese material sí llegó al país africano y se descartó que haya sido desviado a las fuerzas irregulares de Colombia. La Comisión resaltó que hubo falencias antes, durante y después del contrato de la venta de armamento pero no se han iniciado procesos legales.

Polvorín en brigada

El 14 de noviembre del 2003, la CT determinó que fueron fallas técnicas las que incidieron en la explosión del polvorín de la Brigada Galápagos, de Riobamba, el 20 de noviembre del 2002. Responsabilizó de los hechos a oficiales de la brigada; a ejecutivos de la fábrica de Explosivos Santa Bárbara y a la Contraloría. El 24 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia notificó al ex jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., Óscar Isch, y al ex comandante del Ejército, Norton Narváez, del inicio de la instrucción fiscal en su contra por la explosión en el polvorín.

Comisión de Transparencia (CT)

El 22 de septiembre del 2003, el presidente, coronel Lucio Gutiérrez, creó la CT, integrada por Vicente Burneo, Fausto Cordovez, Pablo Baquerizo, monseñor Raúl Vela y Raúl Jaramillo del Castillo, para investigar el robo de armas de los arsenales de las FF.AA. Baquerizo se excusó y Vela no ha firmado los trabajos. Presentó tres informes sobre los polvorines y venta de material bélico, y el cuarto y final lo presentará esta semana.

Explosiones navales

El 24 de noviembre del 2003, la CT determinó que catorce militares fueron responsables del incendio de material bélico en la Base Naval Sur, de Guayaquil, y la explosión de granadas en la isla Puná, en el Golfo de Guayaquil, ocurridas el 23 y 26 de marzo del 2003. La investigación de los comisionados no determinó una causa específica de los accidentes navales, pero propone tres hipótesis. Una de ellas fue negligencia profesional en el manejo del material bélico en las bodegas militares.

Consejo de Guerra

El 5 de diciembre del 2003, el Consejo de Guerra sentenció con ocho años de reclusión al suboficial Carlos Zeas y con siete años a los sargentos Julio Briones y Adriano Calderón. Los tres fueron acusados de sustraer armamento que supuestamente llegó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los militares aceptaron sus faltas, pero presentaron las apelaciones. El caso está en la instancia final.

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