Madrid. 9 feb 2001. Hasta ayer 420 personas se inscribieron en Madrid. El escepticismo y las
críticas al convenio que firmó Moeller son temas reiterativos mientras hacen cola.
Si aquí necesitan de nuestra mano de obra, por qué debemos regresar a Ecuador? fue la pregunta
que durante más de una ocasión se escuchó susurrar a cientos de inmigrantes ecuatorianos que
llegaron ayer hasta las oficinas de la Delegación de Gobierno de Madrid.
La pertinaz lluvia que caía el miércoles sobre la capital no fue un impedimento para acogerse a la
oferta de "retorno voluntario". Un regreso que no logra convencerles y genera desconfianza.
Dudan de la posibilidad de viajar con un pasaje subvencionado luego de que se realice un estudio
de cada caso y miran con escepticismo su acceso a un empleo en el menor tiempo posible,
después de que la Embajada española en Quito tramite de forma preferente sus permisos de
residencia y trabajo.
Los requisitos para hacerse de un visado son rigurosos, de ahí que este punto se ha convertido
también en una de sus mayores preocupaciones. Los candidatos deberán someterse a exámenes
médicos, procesos de selección e incluso períodos de formación.
De todas formas están resignados a regresar pero no ocultan su descontento ante la rúbrica del
acuerdo que regula los flujos migratorios que rubricaron los dos gobiernos el pasado 31 de enero.
Abrigaban esperanzas de que en alguno de sus artículos se haga referencia a la situación de los
inmigrantes sin papeles. El resultado del convenio mató sus aspiraciones de regularizar su
situación.
Jorge Brito es uno de ellos. Al igual que 420 compatriotas que residen en Madrid, ayer se apuntó
en la lista del programa de repatriaciones con dos copias de su pasaporte y con un documento
que pruebe su entrada a España antes del 22 de enero.
A pesar de no conseguir empleo por ser "ilegal", para él ésta no es una boya de salvación, sino la
firma de su "propia muerte". Hace 10 meses llegó al aeropuerto de Barajas. Antes de hacerlo
adquirió una deuda de tres mil dólares a un interés del 48 por ciento con la firma CrediLoja. Hasta
el momento no ha podido pagarla porque en varias ocasiones sus patronos se quedaron con su
sueldo.
Trabajó como albañil y en la limpieza de casas, pero desde el accidente de los 12 compatriotas en
Lorca su situación se complicó aún más. "Estoy ahorcado, temo perder mi casa, lo único que
quiero es quedarme aquí", señala. De su familia prefiere no hablar. El recuerdo doblega su
fortaleza y le impide contener las lágrimas. "Mi esposa también está desempleada y cuida de
nuestros tres hijos, no sé que va a pasar con nosotros a mi regreso". Mientras permanece a la
espera de una llamada que le confirme que ha sido seleccionado para viajar, no descarta su temor
a ser "pillado" por la Policía.
Con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Extranjería, todas las puertas se cerraron para los
ciudadanos "irregulares". Carlos Valencia ya lo experimentó en carne propia. Este lunes fue
despedido por no tener los papeles en regla. Ganaba cinco mil pesetas diarias en una
construcción (unos 550 dólares mensuales), un gran porcentaje estaba destinado a pagar a los
"chulqueros" que le prestaron 3 000 dólares.
Al momento vive "encajonado" en un piso con 15 compatriotas. Todos ellos están desempleados y
tratando de subsistir. Han logrado pagar el último mes de arriendo pero el dinero y los víveres se
agotan.
Esta situación de zozobra ha empujado a Alexandra Laso a regresar a Guayaquil. En el Puerto
Principal era maestra pero decidió migrar. Desde su llegada se dio cuenta que "el paraíso" no
brindaba las oportunidades que le habían descrito. El supuesto "dorado español" dista mucho de
la realidad.
Aunque meses atrás las mujeres accedían sin problema a empleos de domésticas, ahora "ni
siquiera nos dan la oportunidad para trabajar así". Regresar a Europa no está en sus planes, "el
dinero no es un precio para aguantar tanto sacrificio y discriminación".
Tampoco cree en el ofrecimiento del gobierno de José María Aznar, está convencida que esta
medida "es una forma para deshacerse de nosotros". A pesar de que muchos esperan que el
régimen cambie su posición. Ayer quedó claro que ésta no ha variado: el Presidente del Ejecutivo
durante su comparecencia ante el Congreso argumentó que plantear una propuesta responsable
en materia migratoria "no es decir puertas abiertas y papeles para todos".
Las dificultades de la Ley
* 6 500 ecuatorianos sufren de hambre * La portavoz de la Asociación Hispano-Ecuatoriana
Rumiñahui, Marcia Quizphe, aseguró ayer en Valencia que, desde la entrada en vigor de la
reforma de la ley de Extranjería, los envíos de dinero a los países de origen de los inmigrantes han
disminuido en un 70 por ciento. La situación es s tan grave que unos 6 500 ecuatorianos
indocumentados que residen en Valencia y Guadalentín no tienen dónde vivir y ya están sufriendo
hambre, de ellos 200 están en situación extrema: viven en la calle y deambulan buscando un plato
de comida. EFE
* No habrá otra regularización * La política del Gobierno español en materia de inmigración
coincide con los planteamientos de la UE aseguró ayer, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja.
"Tenemos la urgencia de hacer comprender a los españoles que todo lo que se está haciendo
coincide con los planteamientos que hacen los ministros del Interior europeos". También dijo que
no habrá un nuevo proceso de regularización para los indocumentados. Rechazó de plano en el
Congreso cualquier nueva campaña de legalización masiva, que calificó de "disparate", después
de que el año pasado casi 200 000 extranjeros se legalizaron. EFE
* La vivienda no mejoró * Entre el 60 y el 80 por ciento de los alojamientos que ocupan los
inmigrantes en Almería son infraviviendas que carecen de los servicios más esenciales. El dato,
recogido en un informe presentado por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, revela que
el déficit de viviendas dignas para el colectivo extranjero no se ha corregido en el último año, a
pesar de figurar como prioridad. (Texto tomado de El Comercio)
críticas al convenio que firmó Moeller son temas reiterativos mientras hacen cola.
Si aquí necesitan de nuestra mano de obra, por qué debemos regresar a Ecuador? fue la pregunta
que durante más de una ocasión se escuchó susurrar a cientos de inmigrantes ecuatorianos que
llegaron ayer hasta las oficinas de la Delegación de Gobierno de Madrid.
La pertinaz lluvia que caía el miércoles sobre la capital no fue un impedimento para acogerse a la
oferta de "retorno voluntario". Un regreso que no logra convencerles y genera desconfianza.
Dudan de la posibilidad de viajar con un pasaje subvencionado luego de que se realice un estudio
de cada caso y miran con escepticismo su acceso a un empleo en el menor tiempo posible,
después de que la Embajada española en Quito tramite de forma preferente sus permisos de
residencia y trabajo.
Los requisitos para hacerse de un visado son rigurosos, de ahí que este punto se ha convertido
también en una de sus mayores preocupaciones. Los candidatos deberán someterse a exámenes
médicos, procesos de selección e incluso períodos de formación.
De todas formas están resignados a regresar pero no ocultan su descontento ante la rúbrica del
acuerdo que regula los flujos migratorios que rubricaron los dos gobiernos el pasado 31 de enero.
Abrigaban esperanzas de que en alguno de sus artículos se haga referencia a la situación de los
inmigrantes sin papeles. El resultado del convenio mató sus aspiraciones de regularizar su
situación.
Jorge Brito es uno de ellos. Al igual que 420 compatriotas que residen en Madrid, ayer se apuntó
en la lista del programa de repatriaciones con dos copias de su pasaporte y con un documento
que pruebe su entrada a España antes del 22 de enero.
A pesar de no conseguir empleo por ser "ilegal", para él ésta no es una boya de salvación, sino la
firma de su "propia muerte". Hace 10 meses llegó al aeropuerto de Barajas. Antes de hacerlo
adquirió una deuda de tres mil dólares a un interés del 48 por ciento con la firma CrediLoja. Hasta
el momento no ha podido pagarla porque en varias ocasiones sus patronos se quedaron con su
sueldo.
Trabajó como albañil y en la limpieza de casas, pero desde el accidente de los 12 compatriotas en
Lorca su situación se complicó aún más. "Estoy ahorcado, temo perder mi casa, lo único que
quiero es quedarme aquí", señala. De su familia prefiere no hablar. El recuerdo doblega su
fortaleza y le impide contener las lágrimas. "Mi esposa también está desempleada y cuida de
nuestros tres hijos, no sé que va a pasar con nosotros a mi regreso". Mientras permanece a la
espera de una llamada que le confirme que ha sido seleccionado para viajar, no descarta su temor
a ser "pillado" por la Policía.
Con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Extranjería, todas las puertas se cerraron para los
ciudadanos "irregulares". Carlos Valencia ya lo experimentó en carne propia. Este lunes fue
despedido por no tener los papeles en regla. Ganaba cinco mil pesetas diarias en una
construcción (unos 550 dólares mensuales), un gran porcentaje estaba destinado a pagar a los
"chulqueros" que le prestaron 3 000 dólares.
Al momento vive "encajonado" en un piso con 15 compatriotas. Todos ellos están desempleados y
tratando de subsistir. Han logrado pagar el último mes de arriendo pero el dinero y los víveres se
agotan.
Esta situación de zozobra ha empujado a Alexandra Laso a regresar a Guayaquil. En el Puerto
Principal era maestra pero decidió migrar. Desde su llegada se dio cuenta que "el paraíso" no
brindaba las oportunidades que le habían descrito. El supuesto "dorado español" dista mucho de
la realidad.
Aunque meses atrás las mujeres accedían sin problema a empleos de domésticas, ahora "ni
siquiera nos dan la oportunidad para trabajar así". Regresar a Europa no está en sus planes, "el
dinero no es un precio para aguantar tanto sacrificio y discriminación".
Tampoco cree en el ofrecimiento del gobierno de José María Aznar, está convencida que esta
medida "es una forma para deshacerse de nosotros". A pesar de que muchos esperan que el
régimen cambie su posición. Ayer quedó claro que ésta no ha variado: el Presidente del Ejecutivo
durante su comparecencia ante el Congreso argumentó que plantear una propuesta responsable
en materia migratoria "no es decir puertas abiertas y papeles para todos".
Las dificultades de la Ley
* 6 500 ecuatorianos sufren de hambre * La portavoz de la Asociación Hispano-Ecuatoriana
Rumiñahui, Marcia Quizphe, aseguró ayer en Valencia que, desde la entrada en vigor de la
reforma de la ley de Extranjería, los envíos de dinero a los países de origen de los inmigrantes han
disminuido en un 70 por ciento. La situación es s tan grave que unos 6 500 ecuatorianos
indocumentados que residen en Valencia y Guadalentín no tienen dónde vivir y ya están sufriendo
hambre, de ellos 200 están en situación extrema: viven en la calle y deambulan buscando un plato
de comida. EFE
* No habrá otra regularización * La política del Gobierno español en materia de inmigración
coincide con los planteamientos de la UE aseguró ayer, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja.
"Tenemos la urgencia de hacer comprender a los españoles que todo lo que se está haciendo
coincide con los planteamientos que hacen los ministros del Interior europeos". También dijo que
no habrá un nuevo proceso de regularización para los indocumentados. Rechazó de plano en el
Congreso cualquier nueva campaña de legalización masiva, que calificó de "disparate", después
de que el año pasado casi 200 000 extranjeros se legalizaron. EFE
* La vivienda no mejoró * Entre el 60 y el 80 por ciento de los alojamientos que ocupan los
inmigrantes en Almería son infraviviendas que carecen de los servicios más esenciales. El dato,
recogido en un informe presentado por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, revela que
el déficit de viviendas dignas para el colectivo extranjero no se ha corregido en el último año, a
pesar de figurar como prioridad. (Texto tomado de El Comercio)
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