A pesar de las denuncias de supuesta corrupción en la administración del cura Carlos Flores, los operadores insisten en que los problemas no han desaparecido.
Los usuarios de la Aduana de Quito coinciden en una cosa: el mecanismo para importar la mercadería es vulnerable en varios puntos, especialmente cuando los documentos deben llegar a manos de los empleados públicos.
Las denuncias de supuestas irregularidades durante la administración del padre Carlos Flores (entre 1999 e inicios del 2003), en ese distrito, confirman esas debilidades.
La nueva administración de la Aduana de Quito hizo cambios, especialmente de personal: se han transferido empleados de las ventanillas de recepción de documentos, incluso la secretaria de la gerencia en la época de Flores, fue cambiada a las bodegas de Calderón, donde no solo se llevan registros.
Sin embargo, el gerente, coronel en servicio pasivo y miembro de Sociedad Patriótica, Ernesto Freire, dijo que aún deben acumular más pruebas para efectuar denuncias concretas sobre alguna irregularidad que se produzca en este distrito, donde diariamente se procesan alrededor de 400 trámites.
En las denuncias que reposan en la Fiscalía y a través de las cuales supuestamente se involucra al padre Flores, se evidencian varias formas de defraudación al fisco.
Una de las más conocidas es el denominado cambiazo, que consiste en que la mercadería que llega por el aeropuerto se cambia por otra de menor valor durante el tiempo en que se la traslada a una bodega privada, cuando aún la Aduana no ha cobrado aranceles.
Pero ¿qué garantías hay ahora de que la mercadería no se cambiará y llegará al sitio indicado? Justamente estamos haciendo un control con la gente de confianza de la gerencia, expresó Freire.
Las autoridades no pueden determinar quiénes son los que hacen estos cambios porque la información, generalmente, es falsa y, como la carga es cambiada, cuando llega a las bodegas es declarada en abandono, pues nadie la reclama.
Freire admitió también que otras irregularidades como en el sistema de couriers se cometieron luego de los cambios de personal que hizo su administración.
Por supuesto que todavía existen canales de defraudación. El mismo sistema lo permite porque todavía no está terminado. Todavía hay puertas y recovecos, indicó Gonzalo de Alencar, apoderado de la firma verificadora Veritas.
Quienes realizan los procesos de desaduanización de mercaderías en Quito, a nombre de los importadores, consideran que se requieren cambios a los procedimientos.
En un documento que el presidente de la Asociación de Agentes de Aduana de la capital, Nelson Cordero, entregó a la gerencia de la CAE, se sugiere establecer un manual de procedimientos para evitar que los empleados aduaneros efectúen trámites según su criterio, especialmente cuando deben hacer correcciones en los documentos.
Petición para unificar verificaciones
La Asociación de Agentes de Aduana de Quito envió el mes pasado una carta al gerente del distrito aduanero de esa ciudad, en la que pidió cambios para el trabajo de las empresas que verifican el contenido de las cargas.
Desde 1994, en el país operan cuatro verificadoras: Cotecna, SGS, ITS y Veritas. Estas compañías privadas realizan el trabajo que antes hacían los vistaforadores.
Los agentes de Aduana de Quito solicitaron unificar los procedimientos de las verificadoras en todos los campos, horarios de atención, plazos para presentación de informes y otros.
Estos operadores se quejan porque cuando el departamento de aforo de la Aduana dispone que la mercadería sea revisada de nuevo, los datos entre verificadoras no coinciden.
Gonzalo de Alencar, apoderado de la firma Veritas en Ecuador, dijo que aunque los aranceles son iguales en todo el mundo, tenemos una forma distinta de mirar las cosas. Sobre la discrepancia que pueda haber sobre los precios, se da porque las condiciones en las cuales se manejan los temas no son las mismas. Cuando existe un malentendido, incluso en el mismo idioma, lo solucionamos conversando, aclarando puntos, agregó De Alencar.
Agregó que la administración aduanera hace lo necesario para modernizar el sistema.
IMPORTADORES
DATOS
Aunque este Diario solicitó a la Cámara de Comercio de Quito información estadística sobre las pérdidas que tiene el sector por el robo de mercadería en la aduana, los datos no se proporcionaron.
RECOMENDACIÓN
La información que dio la Cámara fue que lo mejor sería privatizar las aduanas. Funcionarios de la entidad dijeron que se prepara un convenio que se firmará con la Corporación Aduanera, que tendrá como objetivo ejecutar controles en los procedimientos.
CCCC investigó irregularidades desde el 2000
Un día después del allanamiento que realizó la Unidad de Delitos Tributarios y Aduaneros a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), el viernes pasado, la vicepresidenta de esa entidad, Alejandra Cantos, entregó el sábado a la prensa una carpeta con documentos con los que asegura probar las denuncias de irregularidades. La CCCC entregó estas denuncias a la Fiscalía.
Cantos afirma que desde el 2000 la CCCC investigó y remitió los casos del área aduanera al Ministerio Público, ya que encontró indicios de delitos que evidenciaban una red de corrupción en la aduana de Quito.
Según la documentación, hubo al menos cinco informes que revelaban irregularidades en las aduanas, por las que incluso la Fiscalía inició las instrucciones fiscales correspondientes.
La finalidad que tenía la entrega de esos documentos, asegura Cantos, era que la Fiscalía inicie los procesos de investigación pertinentes luego de que la CCCC informara, el 10 de abril del 2003, del hallazgo de indicios de responsabilidad penal en contra del padre Carlos Flores, ex gerente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE).
Mientras que ninguno de los informes de auditoría que la Contraloría entregó a la Fiscalía, antes de mayo del 2003, está relacionado con el caso de corrupción mediante el cual se investiga la supuesta participación de Flores, informó el Ministerio Público.
Los documentos, sostiene la Fiscalía, se entregaron entre noviembre y diciembre del 2002 y no contienen información respecto de las supuestas irregularidades.
A pesar de esto, el fiscal de la Unidad de Delitos Aduaneros, Fernando Lara Portilla, aclaró que en los ocho informes que la Contraloría envió el 6 de mayo del 2003, sí se detalla la participación de Flores.
En el comunicado se explica que entre el 13 de noviembre y el 19 de diciembre del 2002, el director jurídico de la Contraloría, Eduardo Muñoz, entregó cinco denuncias derivadas de los informes de auditoría por irregularidades cometidas en los procesos de desaduanización, lo que permitió el inicio de cinco indagaciones previas en el 2002.
Alertas del sistema
Puntos vulnerables:
1.- ARRIBO: La carga llega por vía aérea y es transportada a las bodegas privadas. Posteriormente el agente importador realiza los trámites de desaduanización. Según las denuncias en la Fiscalía, la red del ex gerente de la Aduana de Quito, el sacerdote Carlos Flores, aprovechaba esta parte del sistema para desviar la mercadería o cambiarla antes de llegar a las bodegas.
2.- INGRESO: El agente de aduanas ingresa la información a través del Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE) para importar la mercadería.
3.- PAPEL: El agente importador debe llevar el Documento Único de Importación (DUI) a la ventanilla de operaciones en la Aduana.
4.- COMPROBADORES: En operaciones el empleado de aduanas recibe el DUI y lo revisa. Aquí se pueden producir correcciones en el papel según el criterio del empleado aduanero, es lo que se llama la discrecionalidad.
Si la aduana considera que es una contravención el agente importador debe pagar el 10% del valor CIF de la carga que incluye costo de mercadería, seguro, flete y transportación). Si el empleado considera que hay una falta reglamentaria se deben pagar 10 UVC.
Si se produce la corrección del papel el trámite debe entrar a un proceso jurídico, que puede demorar hasta 15 días.
Algunos importadores prefieren ofrecer coimas a los empleados para acelerar el trámite y evitar la multa.
5.- AFORO: Las empresas verificadoras confirman que la carga coincida con lo declarado en el documento y con eso se determina cuánto deben cancelar los importadores en aranceles. Aquí, los agentes de aduanas aseguran que hay problemas con la valoración de la carga.
Se han dado casos en que el departamento de aforo de la CAE considera que una valoración realizada por las verificadoras no está bien y solicita a otra verificadora que haga el mismo trabajo. La sorpresa se da cuando el valor del mismo bien no coincide entre las dos empresas. Un verificador dijo que se ponen de acuerdo verbalmente.
6.- LIQUIDACIÓN: La Aduana entrega al agente el documento en donde consta cuánto debe pagar al Estado.
7.- BANCO PRIVADO: Con ese documento el agente paga en efectivo, cheque o autorización de débito de la empresa y lo deposita en la cuenta única del tesoro nacional.
8.- RETIRO: La Aduana confirma que se ha cumplido con los trámites y autoriza a la bodega privada para que entregue la carga.
Fuente: CAE y agentes de aduana
Los usuarios de la Aduana de Quito coinciden en una cosa: el mecanismo para importar la mercadería es vulnerable en varios puntos, especialmente cuando los documentos deben llegar a manos de los empleados públicos.
Las denuncias de supuestas irregularidades durante la administración del padre Carlos Flores (entre 1999 e inicios del 2003), en ese distrito, confirman esas debilidades.
La nueva administración de la Aduana de Quito hizo cambios, especialmente de personal: se han transferido empleados de las ventanillas de recepción de documentos, incluso la secretaria de la gerencia en la época de Flores, fue cambiada a las bodegas de Calderón, donde no solo se llevan registros.
Sin embargo, el gerente, coronel en servicio pasivo y miembro de Sociedad Patriótica, Ernesto Freire, dijo que aún deben acumular más pruebas para efectuar denuncias concretas sobre alguna irregularidad que se produzca en este distrito, donde diariamente se procesan alrededor de 400 trámites.
En las denuncias que reposan en la Fiscalía y a través de las cuales supuestamente se involucra al padre Flores, se evidencian varias formas de defraudación al fisco.
Una de las más conocidas es el denominado cambiazo, que consiste en que la mercadería que llega por el aeropuerto se cambia por otra de menor valor durante el tiempo en que se la traslada a una bodega privada, cuando aún la Aduana no ha cobrado aranceles.
Pero ¿qué garantías hay ahora de que la mercadería no se cambiará y llegará al sitio indicado? Justamente estamos haciendo un control con la gente de confianza de la gerencia, expresó Freire.
Las autoridades no pueden determinar quiénes son los que hacen estos cambios porque la información, generalmente, es falsa y, como la carga es cambiada, cuando llega a las bodegas es declarada en abandono, pues nadie la reclama.
Freire admitió también que otras irregularidades como en el sistema de couriers se cometieron luego de los cambios de personal que hizo su administración.
Por supuesto que todavía existen canales de defraudación. El mismo sistema lo permite porque todavía no está terminado. Todavía hay puertas y recovecos, indicó Gonzalo de Alencar, apoderado de la firma verificadora Veritas.
Quienes realizan los procesos de desaduanización de mercaderías en Quito, a nombre de los importadores, consideran que se requieren cambios a los procedimientos.
En un documento que el presidente de la Asociación de Agentes de Aduana de la capital, Nelson Cordero, entregó a la gerencia de la CAE, se sugiere establecer un manual de procedimientos para evitar que los empleados aduaneros efectúen trámites según su criterio, especialmente cuando deben hacer correcciones en los documentos.
Petición para unificar verificaciones
La Asociación de Agentes de Aduana de Quito envió el mes pasado una carta al gerente del distrito aduanero de esa ciudad, en la que pidió cambios para el trabajo de las empresas que verifican el contenido de las cargas.
Desde 1994, en el país operan cuatro verificadoras: Cotecna, SGS, ITS y Veritas. Estas compañías privadas realizan el trabajo que antes hacían los vistaforadores.
Los agentes de Aduana de Quito solicitaron unificar los procedimientos de las verificadoras en todos los campos, horarios de atención, plazos para presentación de informes y otros.
Estos operadores se quejan porque cuando el departamento de aforo de la Aduana dispone que la mercadería sea revisada de nuevo, los datos entre verificadoras no coinciden.
Gonzalo de Alencar, apoderado de la firma Veritas en Ecuador, dijo que aunque los aranceles son iguales en todo el mundo, tenemos una forma distinta de mirar las cosas. Sobre la discrepancia que pueda haber sobre los precios, se da porque las condiciones en las cuales se manejan los temas no son las mismas. Cuando existe un malentendido, incluso en el mismo idioma, lo solucionamos conversando, aclarando puntos, agregó De Alencar.
Agregó que la administración aduanera hace lo necesario para modernizar el sistema.
IMPORTADORES
DATOS
Aunque este Diario solicitó a la Cámara de Comercio de Quito información estadística sobre las pérdidas que tiene el sector por el robo de mercadería en la aduana, los datos no se proporcionaron.
RECOMENDACIÓN
La información que dio la Cámara fue que lo mejor sería privatizar las aduanas. Funcionarios de la entidad dijeron que se prepara un convenio que se firmará con la Corporación Aduanera, que tendrá como objetivo ejecutar controles en los procedimientos.
CCCC investigó irregularidades desde el 2000
Un día después del allanamiento que realizó la Unidad de Delitos Tributarios y Aduaneros a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), el viernes pasado, la vicepresidenta de esa entidad, Alejandra Cantos, entregó el sábado a la prensa una carpeta con documentos con los que asegura probar las denuncias de irregularidades. La CCCC entregó estas denuncias a la Fiscalía.
Cantos afirma que desde el 2000 la CCCC investigó y remitió los casos del área aduanera al Ministerio Público, ya que encontró indicios de delitos que evidenciaban una red de corrupción en la aduana de Quito.
Según la documentación, hubo al menos cinco informes que revelaban irregularidades en las aduanas, por las que incluso la Fiscalía inició las instrucciones fiscales correspondientes.
La finalidad que tenía la entrega de esos documentos, asegura Cantos, era que la Fiscalía inicie los procesos de investigación pertinentes luego de que la CCCC informara, el 10 de abril del 2003, del hallazgo de indicios de responsabilidad penal en contra del padre Carlos Flores, ex gerente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE).
Mientras que ninguno de los informes de auditoría que la Contraloría entregó a la Fiscalía, antes de mayo del 2003, está relacionado con el caso de corrupción mediante el cual se investiga la supuesta participación de Flores, informó el Ministerio Público.
Los documentos, sostiene la Fiscalía, se entregaron entre noviembre y diciembre del 2002 y no contienen información respecto de las supuestas irregularidades.
A pesar de esto, el fiscal de la Unidad de Delitos Aduaneros, Fernando Lara Portilla, aclaró que en los ocho informes que la Contraloría envió el 6 de mayo del 2003, sí se detalla la participación de Flores.
En el comunicado se explica que entre el 13 de noviembre y el 19 de diciembre del 2002, el director jurídico de la Contraloría, Eduardo Muñoz, entregó cinco denuncias derivadas de los informes de auditoría por irregularidades cometidas en los procesos de desaduanización, lo que permitió el inicio de cinco indagaciones previas en el 2002.
Alertas del sistema
Puntos vulnerables:
1.- ARRIBO: La carga llega por vía aérea y es transportada a las bodegas privadas. Posteriormente el agente importador realiza los trámites de desaduanización. Según las denuncias en la Fiscalía, la red del ex gerente de la Aduana de Quito, el sacerdote Carlos Flores, aprovechaba esta parte del sistema para desviar la mercadería o cambiarla antes de llegar a las bodegas.
2.- INGRESO: El agente de aduanas ingresa la información a través del Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE) para importar la mercadería.
3.- PAPEL: El agente importador debe llevar el Documento Único de Importación (DUI) a la ventanilla de operaciones en la Aduana.
4.- COMPROBADORES: En operaciones el empleado de aduanas recibe el DUI y lo revisa. Aquí se pueden producir correcciones en el papel según el criterio del empleado aduanero, es lo que se llama la discrecionalidad.
Si la aduana considera que es una contravención el agente importador debe pagar el 10% del valor CIF de la carga que incluye costo de mercadería, seguro, flete y transportación). Si el empleado considera que hay una falta reglamentaria se deben pagar 10 UVC.
Si se produce la corrección del papel el trámite debe entrar a un proceso jurídico, que puede demorar hasta 15 días.
Algunos importadores prefieren ofrecer coimas a los empleados para acelerar el trámite y evitar la multa.
5.- AFORO: Las empresas verificadoras confirman que la carga coincida con lo declarado en el documento y con eso se determina cuánto deben cancelar los importadores en aranceles. Aquí, los agentes de aduanas aseguran que hay problemas con la valoración de la carga.
Se han dado casos en que el departamento de aforo de la CAE considera que una valoración realizada por las verificadoras no está bien y solicita a otra verificadora que haga el mismo trabajo. La sorpresa se da cuando el valor del mismo bien no coincide entre las dos empresas. Un verificador dijo que se ponen de acuerdo verbalmente.
6.- LIQUIDACIÓN: La Aduana entrega al agente el documento en donde consta cuánto debe pagar al Estado.
7.- BANCO PRIVADO: Con ese documento el agente paga en efectivo, cheque o autorización de débito de la empresa y lo deposita en la cuenta única del tesoro nacional.
8.- RETIRO: La Aduana confirma que se ha cumplido con los trámites y autoriza a la bodega privada para que entregue la carga.
Fuente: CAE y agentes de aduana
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