Guayaquil. 3 jul 98. Irresponsable, incapaz y poco serio,
fueron algunos de los calificativos utilizados ayer por los
empresarios de Ecuador, para definir la actitud del Presidente
interino, Fabián Alarcón respecto a la suspensión del
incremento del precio del gas y la canalización del subsidio
hacia los pobres.

Dar marcha atrás en la focalización del subsidio al gas es un
acto lamentable y vergonzoso que demuestra la incapacidad del
Gobierno interino para solucionar la crisis fiscal del país,
afirmaron ayer los representantes de las Cámaras de Comercio
de Guayaquil (CCG), Joaquín Zevallos, y de la Construcción de
Quito (CCQ), Patricio Aguilar.

En criterio de Joaquín Zevallos, restablecer el precio del gas
representa una clara demostración de la falta de seriedad del
Ejecutivo para impulsar las medidas que contribuyan a
financiar la crisis. "Si deseamos salir adelante hay que
hacerlo con seriedad y frontalidad, caso contrario, esta
situación se revertirá a los candidatos cuando asuma uno de
los dos la presidencia", sostuvo el dirigente.

Para el empresario la derogatoria de la medida representa
también un mal comienzo para quien resulte electo como nuevo
mandatario. "Creemos que el país ya está cansado de la falta
de seriedad y liderazgo y de los discursos demagógicos.
Queremos un presidente que lidere y decida en beneficio de los
ecuatorianos y no pensando en su imagen política", enfatizó.

Juega con la población

Asimismo, lamentó que el Presidente de la República juegue con
la situación fiscal del país.

En tanto que el titular de la CCQ, Patricio Aguilar, acusó al
Presidente Alarcón de incapacidad e irresponsabilidad para
gobernar el país que está sumido en la más dura crisis de los
últimos 20 años; "debe actuar como estadista y pensar en los
12 millones de ecuatorianos", declaró.

La actuación del Ejecutivo es desde su punto de vista una
prueba más de su politiquería que se traduce en dejar al país
en un terrible caos. "Ha dejado en ridículo la imagen
internacional del Ecuador pues no se puede explicar cómo un
Presidente toma una decisión, que se supone ha sido estudiada
por casi año y medio, y luego se echa para atrás con el
ridículo argumento que la medida se ha tomado como bandera de
la campaña electoral", criticó.

"El próximo mandatario, sin importar quién resulte electo,
estará abocado a eliminar los subsidios", advirtió.

Mantener el subsidio al gas le cuesta al Estado alrededor de
160 millones de dólares anuales, de los cuales 70 millones se
van en contrabando a Colombia y Perú.

Al final de cuentas con la medida, dijo Aguilar, los más
perjudicados son los pobres considerando que los
distribuidores de gas no quieren perder lo que invirtieron en
días pasados comprando el cilindro de gas de 15 kilos
exigiendo que se les reembolse el dinero.

Afecta credibilidad

Para el vicepresidente de la Cámara de la Pequeña Industria
del Guayas (Capig), Mauricio Pizarro, restablecer el precio
del gas es una prueba más de las indecisiones del Gobierno de
Alarcón que tanto daño le han hecho al país.

"No existen reglas claras, ni el respeto a lo dicho. Todo esto
no da seguridad a nadie y mientras no exista seguridad no
habrá fuentes de trabajo en este país ni quién venga a
invertir", afirmó.

Dar paso atrás en la focalización del subsidio al gas es
mandar señales negativas a la comunidad financiera
internacional, dijo. "Estamos demostrando que aquí todo es un
chiste y que las cosas se cambian de acuerdo con el genio que
se amanezca", especificó.

Advirtió que la nueva administración tarde o temprano tendrá
que aplicar la medida pero deberá hacerlo con medidas
compensatorias, como crear nuevas fuentes de empleo y atraer
la inversión. "Ojalá sea un presidente con los pantalones bien
puestos, que no se deje intimidar", concluyó.

En tanto, el director del centro de Investigaciones Económicas
y Políticas de la Universidad de Guayaquil, Leonardo Vicuña,
tildó de urgente que el próximo Gobierno afronte el déficit
fiscal con una redistribución social del gasto público y de
los subsidios.

"La medida de focalizar el subsidio sobre la base del consumo
eléctrico era algo fiscalista que no representaba más del 1%
del PIB", aseguró.

Primó el criterio político

QUITO.- Representantes de los sectores productivos de
Pichincha criticaron ayer al Presidente interino de la
República, Fabián Alarcón, por suspender el incremento al
precio y la focalización del subsidio al gas de uso doméstico
que fue adoptada el jueves 25 de junio.

Gustavo Pinto, presidente de la Cámara de Industriales de
Pichincha, opinó ayer que resulta inadmisible que Alarcón
afirme que deroga la medida por opiniones de dos candidatos
presidenciales que se encuentran en campaña electoral.

"Un Presidente tiene la obligación de tomar decisiones en
función de las conveniencias y necesidades del país y no de
criterios políticos o de presiones de ningún sector", enfatizó
el industrial.

Mantener el subsidio -precisó Pinto- significa un grave
perjuicio para el país ya que se le priva de recursos
indispensables para resolver problemas, se alienta el
contrabando en las fronteras y se perpetúa el monopolio en la
importación del gas que se paga con crudo de compensación.

Temen otra medida

El dirigente de la Pequeña Industria de Pichincha, Raúl
Mendizábal, comentó que la suspensión del incremento al precio
del gas es la manera menos acertada de manejar la política
económica del país.

Dijo que ese gremio teme cualquier otra medida que adopte el
Presidente para compensar el déficit fiscal que asciende a
1.150 millones de dólares.

Señaló que el sector de la Pequeña Industria "ruega a Dios que
no se le vaya a ocurrir hacer una emisión inorgánica de
dinero".

Avizoran oscuro panorama fiscal

La decisión de reducir de la noche a la mañana el precio del
gas sin considerar que la medida no frena la especulación y la
escalada inflacionaria que ya se ha empezado a sentir en el
país, constituye para analistas y ex autoridades económicas la
más clara manifestación de la incapacidad e irresponsabilidad
del Presidente, Fabián Alarcón, para conducirse en el
interinazgo, cediendo siempre a la presión popular.

Tomando en cuenta que los aspirantes a la primera magistratura
ya se han mostrado contrarios a la eliminación de subsidios
como una forma de financiar el déficit, los expertos avizoran
un oscuro panorama no solo para la situación fiscal de 1998
sino para la del próximo ejercicio de 1999.

Perdió oportunidad

"El Gobierno perdió su oportunidad para manejar la crisis
fiscal. Ya no tiene tiempo para tomar más medidas. Si no las
buscó antes no lo va a ser ahora", indicó Iván Andrade, ex
Ministro de Finanzas y Crédito Público.

El retroceder en esta acción "da la pauta que en el Ecuador no
podemos enfrentar las medidas que por más impopulares que
fuesen están encaminadas a garantizar el bienestar de la
población en el mediano y largo plazo", acotó.

Según Andrade, lo único que le queda por hacer al actual
régimen es ser extremadamente austero en los últimos 40 días
de mandato, pese a que en los 18 meses en que ha estado en el
poder no lo ha conseguido.

En tanto que la nueva administración para estabilizar la parte
fiscal, tendrá que procurar un real recorte en el gasto y
generar nuevos ingresos, lo que "es posible con liderazgo y
credibilidad y dando un objetivo claro de impulsar la
producción y la competitividad ecuatoriana", indicó.

Doble daño

"Estamos peor que antes porque el alza del gas ya provocó el
daño y retroceder en la medida generó desconfianza y
desconcierto, lo que agudizará el problema fiscal", dijo
Alberto Acosta, consultor del Instituto Latinoamericano de
Investigaciones Sociales, (Ildis).

Señaló que lo lógico si se toma una decisión como la de
eliminar o focalizar un subsidio, es hacer correctivos pero no
retirarla de la noche a la mañana.

En opinión de Acosta, si bien la reducción del precio del gas
se ha recibido favorablemente entre los sectores populares,
estos deberán seguir pagando el alza de los precios de los
bienes y servicios que ya se produjo por lo que el impacto
inflacionario es irreversible.

"La credibilidad del país se ha lesionado enormemente y por
ende los acuerdos que se busquen en el nuevo gobierno van a
demandar de parte de los organismos internacionales la
adopción de medidas que tengan la firmeza en su durabilidad y
que merezcan ser creídas", comentó Pablo Concha, ex Ministro
de Finanzas, al avizorar un oscuro panorama del manejo fiscal
en el país.

Voluminoso déficit

Para Concha se están cerrando las puertas para mejorar la
situación fiscal en el país no solo de 1998 sino la del
próximo ejercicio fiscal, porque si bien hasta el momento
existe un déficit superior al 6% del Producto Interno Bruto
(PIB), que suman alrededor de 1.200 millones de dólares, se
debe recordar que gobiernos anteriores han adquirido
compromisos que desde ya ocasionan una brecha del 4% del PIB
para 1999.

Citó como ejemplo la promesa de mejorar los sueldos del
magisterio, reconocer a los municipios y consejos provinciales
el 11% del presupusto en 1999 y realizar indexaciones
salariales a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. (Texto
tomado de El Universo)
EXPLORED
en Ciudad Guayaquil

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