Quito. 7 jun 96. En el Ecuador, el éxito de las denuncias de
corrupción es directamente proporcional a la rentabilidad
política del acusado.

Esta hipótesis -desarrollada por Diego Cornejo, en su "Crónica
de un delito de blancos"- parece comprobarse con los
escándalos de corrupción experimentados durante los últimos
cuatro años de Gobierno. El incluso con los anteriores.

Para muestra algunos botones. El presidente Durán Ballén ayudó
a salir del país, en el avión presidencial y en viaje oficial,
a un pariente político suyo que tenía orden de prisión por
estafar a decenas de personas humildes y nada pasó. El mismo
presidente -que no tiene ya mayor proyección política- se
empeñó en construir un aeropuerto "cinco estrellas", sin
licitación y alegando que se trataba de un asunto de
seguridad, cuando lo que construía en realidad era un
balneario en el que él y sus amistades tienen inmensas
inversiones. Tampoco pasó absolutamente nada.

En cambio, quien fuera el hombre más poderoso del Gobierno, el
ex vicepresidente Alberto Dahik, apareció como la cabeza del
festín de los fondos reservados y el país se sacudió. Incluso
hubo quienes creyeron que la democracia tambaleaba cuando se
desató el escándalo.

¿Cuál es la diferencia?

Políticamente "rentable"

Carlos Arcos, presidente del Movimiento Manos Limpias, cree
que el caso de "Los Perales", al que califica como de
"corrupción brutal", no tuvo eco simplemente porque Durán
Ballén no era un personaje políticamene rentable. "Si hubiera
sido un presidente con perspectivas de ser reelecto, la cosa
hubiera sido completamente distinta", sostiene Arcos.

Simón Espinosa, escritor, periodista y editorialista de HOY
coincide con Arcos, pero tiene su propia apreciación sobre
esta ola de escándalos políticos: "Se trata de otra forma de
corrupción. Es un medio para hundir al enemigo político. Por
lo tanto es igual de corrupto. Puede tener un efecto
secundario positivo, pero la denuncia es generalmente parcial,
incompleta y por lo tanto ineficaz", asegura Espinosa.

El mejor ejemplo podría ser, de nuevo, lo ocurrido con Dahik.
El ex vicepresidente, desde el banquillo de los acusados,
formuló las denuncias más espeluznantes que se recuerden en
contra de León Febres Cordero. Denuncias que, a la larga,
nadie investigó y que, con excepción de algunos aislados
"opinadores" de la prensa nacional, poca gente juzgó.

El tiempo también marca la diferencia. Se trata de "dar el
golpe" en el momento oportuno (cuando este puede provocar una
descalificación política, un impacto en el electorado o una
mancha en el curriculum de algún rival), o no darlo, aunque
eso implique dejar en la impunidad el más corrupto de los
actos. Las mismas denuncias hechas por el ex vicepresidente en
contra del mismo sujeto, pero hace ocho años, hubieran
provocado, sin duda alguna, una reacción completamente
distinta. ¿Por qué? Porque políticamente no resultaba rentable
escarbar donde había señalado el indeseable, el hombre más
desprestigiado y antipático del país.

Los elegidos

Al parecer, en el Ecuador los únicos que tienen la bendición
para acusar a los corruptos son quienes tienen tras de sí
intereses políticos, y los únicos que están condenados a ser
condenados son quienes tienen un particular atractivo
político. Acusados y acusadores resultan ser exactamente las
mismas personas. ¿Se puede hablar de un destape de la
corrupción en un país donde sólo el negocio político puede
sacar los escándalos a la luz?

Arcos cree que el problema nace de la ninguna o poquísima
participación de lo que se ha dado en llamar la "sociedad
civil". En Brasil o en Venezuela, dice, hubo una movilización
nacional que terminó con la condena de los malversadores de
los dineros públicos. En Ecuador, en cambio, basta con echar
un vistazo a los últimos escándalos de corrupción para
comprobar que no ha habido ningún tipo de participación de
personas o grupos independientes de los monopolizadores de la
actividad política. Incluso en los casos de la chatarra o del
cascajo, la participación de la sociedad fue nula. Casi tan
nula como la importancia que tiene el tema para los
ecuatorianos: una encuesta contratada por un organismo
internacional reveló que los ecuatorianos creen que la
corrupción es el quinto problema más grave del país. Esto
explica de cierta manera que Transparencia Internacional
ubique al Ecuador como el cuarto país más corrupto de América
Latina. Arcos asegura que al estudiarse más detenidamente la
encuestas, se encuentra que solo los sectores medios y altos
de la sociedad consideran que el principal problema del país
es la corrupción. Talvez eso explique que quienes quienes
ocupan el estrellato electoral han sido salpicados con
denuncias y escándalos.

Una cuestión de hábito

A pesar de su pesimismo por la escasa participación social,
Carlos Arcos cree que el caso de los fondos reservados marcó
la diferencia. "Solo el interés de la sociedad explica la
existencia de una figura como la de Carlos Solórzano", dice
Arcos, aunque confiesa que su experiencia en Manos Limpias le
ha dejado un pálpito de "desesperanza".

Simón Espinosa tiene más fe: "la sociedad civil empieza a
habituarse a denunciar la corrupción cotidiana, la de los
intereses altos, los malos servicios, las medicinas pasadas de
fecha. Ejercitándose en esta lucha cotidiana se puede pasar a
un plano más claramente político de denunciar los grandes
escándalos", asegura el periodista, para quien el destape del
caso de "los Perales" es un buen síntoma de la participación
de la sociedad civil.

Sin embargo, según el Espinosa, hay otros factores que empujan
los escándalos hacia la superficie de la olla podrida: "hay
una presión universal contra la corrupción. Una presión que
nace de los centros internacionales que generan el flujo de
dinero al Ecuador, de los institutos internacionales que hacen
préstamos oficiales. Esto es nuevo. Es parte del triunfo del
neoliberalismo en la economía mundial".

Una prensa atada de manos

El papel de la prensa es -debería- ser fundamental en el
destape de la olla podrida de la corrupción, sobre todo en un
país como el Ecuador, en el que cada escándalo se borra con
nuevo escándalo y en el que la guerra de acusaciones de robos
chiquitos o de grandes atracos mantiene la atención de la
opinión pública como si estuviera frente a un partido de
ping-pong.

Pero tampoco los medios tienen las herramientas necesarias
para escarbar a fondo en esta mazamorra maloliente. "La
prensa, aunque más objetiva y libre que antes, tiene dos
limitaciones fundamentales: pertenece a la empresa privada,
lo que ocasiona que la prensa media (los reporteros) no puedan
tocar los escándalos que comprometen a las familias de la
empresa o a sus subsidiarias. Y, por otra parte, aunque en el
Ecuador, los medios no han sufrido atentados por parte del
gobierno como en otros países, no existe la legislación
adecuada que le permita acceder a documentación publica".

Lo cual es otro tipo de atentado, si se considera que el
reportero puede terminar con un juicio encima por denunciar un
escándalo que sabe cierto, pero que no puede comprobar con
documentos.

Lo dijo, alguna vez, el editorialista José Sánchez Parga: la
corrupción tiene su proceso bien definido al interior de
nuestra sociedad. "Llega el escándalo con una fiebre política
y ardores anticorruptores que al poco tiempo se extinguen. El
conglomerado social sufre su "happening" del momento y después
se olvida".

Eso y el hecho de que no existan en el Ecuador mecanismos
autoreguladores al interior del Estado, reduce el hecho de
sacar -o no- a la luz los escándalos de corrupción a la
voluntad de ciertos políticos poderosos y, por supuesto, a sus
intereses particulares. (DIARIO HOY) (P. 10-A)
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