Quito. 8 nov 2000. El superintendente de Bancos, Juan Falconi, parodiando
el léxico boxístico, ganó, ayer, el primer round del juicio político que
planteó en su contra Fernando Rosero (PRE). Y lo logró desde el inicio
cuando forzó al Congreso a levantar de manera unánime el sigilo bancario
dentro de la interpelación, "para hablar con libertad".
La sesión permanente de la interpelación inició a las 10:30 con 79
diputados. El funcionario ingresó al recinto cinco minutos después en
medio de la pifia y el aplauso de las barras.
El ambiente era de tensión. Desde muy temprano, decenas de policías
rodearon el Palacio Legislativo para impedir el ingreso de particulares,
pero adentro había muchas personas allegadas a los legisladores que
rebasaron el cerco policial que se formó.
Las primeras palabras de Falconi fueron para plantear que el pleno
levante la reserva del sigilo bancario. Recordó que en febrero de 1998 el
Parlamento levantó el secreto de los gastos reservados y preguntó por qué
no se podía hacer lo mismo respecto al sigilo del sistema bancario.
El titular del Congreso, Hugo Quevedo, dijo que el planteamiento era
improcedente, pero la bancada socialcristiana, con Xavier Neira a la
cabeza, reaccionó y presionó para que se dé paso al pedido. Como Quevedo
se negó, Neira apeló a su conducción de la sesión. Este recurso del PSC
no tuvo éxito. Apenas tuvo 31 votos de los 93 presentes.
Luego, Wilfrido Lucero (ID) propuso una moción para que el Congreso
atienda el planteamiento de Falconi. Además, mocionó que la votación sea
nominativa. Esto lo hizo para que la bancada del PRE, que en un principio
era renuente, también vote a favor.
Los 115 legisladores presentes votaron por la moción del jefe de bloque
naranja. El argumento coincidente de todos fue que esta decisión "sirve
para que el país conozca a los verdaderos corruptos".
Esta decisión le dio piso al Superintendente para que comience con el
ataque, que se convirtió en su estrategia de defensa. Pero, antes de
entrar en detalles, mantuvo un duelo aparte con las barras roldosistas
que llegaron al Palacio Legislativo de varias provincias, especialmente
de Manabí.
A ellas les decía "barras pagadas". Y cada vez que le respondían e
interrumpían con silbatinas y frases como "Falconi ladrón", se callaba y
pedía a la sala que ese tiempo no sea cronometrado dentro de las ocho
horas que tuvo de plazo para exponer sus ideas y que, al cierre de esta
edición, no concluían.
Falconi comenzó, entonces, a lanzar ataques contra sus detractores y los
vinculó con banqueros prófugos, propietarios de varios canales de tv., a
través de los cuales han realizado una campaña "cobarde" en su contra. En
ese contexto, una de sus primeras reflexiones fue respecto a la Ley de la
AGD y que, según dijo, benefició directamente a Filanbanco.
Después se refirió al ex ministro de Energía, Francisco Acosta, de quien
dijo que es un agente petrolero de Abdalá Bucaram y prófugo de la
justicia, tras la orden de prisión que se dictó en su contra por
asociación ilícita con Petroecuador para la venta ilegal de combustibles,
lo que causó un perjuicio al Estado por un monto que sobrepasa el billón
de sucres.
Además, afirmó que Acosta es patrocinador de Juan Vinelli Aguirre,
inversionista del Fondo de Solidez del Banco Popular con 470 mil dólares
que pertenecían a la Conaie (ver recuadro).
"Resulta absurdo que la Conaie ahora esté al lado de quienes se robaron
la plata del Banco Popular", manifestó en tono enérgico.
Después se concentró en Ronald Andrade (MIN), quien también presentó
acusaciones en su contra. Luego de afirmar que no sabe cantar, pese a que
se graduó en un colegio de música, contestó una a una sus acusaciones.
Estas tienen que ver con el caso del Banco del Pacífico (ver recuadro).
Todo indicaba, pasadas las 16:00, que la intención de la Presidencia del
Congreso era que Falconi termine con su primera intervención, antes de
suspender la sesión. De esta manera, Fernando Rosero podría empezar con
su réplica de dos horas, para demostrar la culpabilidad del
Superintendente de Bancos. Entre otras cosas lo acusa de una supuesta
participación en negociaciones del paquete accionario de Cofiec, a favor
suyo, de haber sido miembro de directorios de entidades financieras
cuando todavía no estaban en manos del Estado.
Los argumentos jurídicos y técnicos que presentó Juan Falconi Puig
El mecanismo de saneamiento del Banco Popular fue el primer tema que
abordó Juan Falconi. Según dijo, existían tres alternativas: cerrar el
banco, dividir la entidad y vender activos y pasivos por USD 80 millones.
La AGD aplicó la tercera opción y se subastaron las acreencias de la
entidad y la cartera A, B y C. En la subasta pública participaron los
bancos Continental y Pichincha. El segundo ganó. Posteriormente, los
inversionistas del Fondo Solidez presentaron un amparo constitucional
para impedir que se concrete la transacción. Ellos señalaron que sus
inversiones estaban garantizadas por los activos del Popular. La semana
anterior la Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC) negó el amparo.
También dijo que "los depósitos en ese Fondo no estaban garantizados" y
que primero se buscó pagar estos, en lugar de a los clientes del Banco.
El 83 por ciento de los depósitos en dicho Fondo superan los USD cien
mil, mientras que el 54 por ciento pertenece al Jersey Bank "off shore"
del grupo Popular.
También se refirió al ex ministro de Energía del Gobierno de Sixto Durán
Ballén, Francisco Acosta, quien -dijo- es patrocinador de Juan Vinelli
Aguirre, que, a su vez, es asesor de la Conaie e invirtió USD 470 mil de
la organización en ese Fondo.
Luego habló de la capitalización del Pacífico. Según explicó, este banco
debió ser la entidad absorbente para mantener inalterable la propiedad de
PNB, entidad estadounidense que pertenece a accionistas ecuatorianos. De
no hacerlo, el banco debía ser vendido al cambiar de dueño, según las
leyes estadounidenses. "Mantener al Pacific National Bank es importante
para las relaciones comerciales del país".
Para lograr que el Pacífico del Ecuador absorba al Continental, se lo
debió capitalizar.
Para ello se emplearon los USD 89 millones en bonos del Estado, que no
eran para pagar a los depositantes. Esta operación, explicó, se sustentó
en el artículo 24 de la Ley de creación de la AGD y en resoluciones
transitorias de la Trolebús I. Agregó que en ese proceso intervinieron
más de 20 funcionarios y que "si se quiere reversar la operación, se
producirá una segunda crisis bancaria".
Respecto a Cofiec admitió haber sido accionista de la entidad en el 0,402
por ciento. La familia de su esposa, sin embargo, es la accionista
principal. Luego de la fallida fusión Pacífico-Popular-Cofiec, el Banco
del Progreso inició conversaciones para absorberlo. En este proceso
Cofiec prestó 13, 5 millones de dólares al Progreso. Pero, "los problemas
de esa entidad casi arrastran a Cofiec", por lo que esta entidad debió
solicitar dos créditos de liquidez al Banco Central, que fueron pagados
con bienes. Falconi no especificó los montos de los créditos y dijo que
no participó en la reunión del directorio del Instituto Emisor, en la que
se aprobó la dación en pago.
Sobre los certificados reprogramados señaló que varias entidades han
negociado dichos papeles. También dio una lista de personas a las que no
se les congeló los depósitos: Carlos Miranda, Carlos Andrade, Roberto y
William Isaías, Arturo Quiroz, Nicolás Landes, Alejandro Peñafiel, Álvaro
Guerrero, Fernando Aspiazu, Alfonso Andrade y Ernesto Hidalgo. Mientras
que se descongeló los fondos antes de que se diera la orden a Jorge
Marún, Teodoro Abdo, Patrick Barrera, Ana Coronel, entre otros. (Texto
tomado de El Comercio)
el léxico boxístico, ganó, ayer, el primer round del juicio político que
planteó en su contra Fernando Rosero (PRE). Y lo logró desde el inicio
cuando forzó al Congreso a levantar de manera unánime el sigilo bancario
dentro de la interpelación, "para hablar con libertad".
La sesión permanente de la interpelación inició a las 10:30 con 79
diputados. El funcionario ingresó al recinto cinco minutos después en
medio de la pifia y el aplauso de las barras.
El ambiente era de tensión. Desde muy temprano, decenas de policías
rodearon el Palacio Legislativo para impedir el ingreso de particulares,
pero adentro había muchas personas allegadas a los legisladores que
rebasaron el cerco policial que se formó.
Las primeras palabras de Falconi fueron para plantear que el pleno
levante la reserva del sigilo bancario. Recordó que en febrero de 1998 el
Parlamento levantó el secreto de los gastos reservados y preguntó por qué
no se podía hacer lo mismo respecto al sigilo del sistema bancario.
El titular del Congreso, Hugo Quevedo, dijo que el planteamiento era
improcedente, pero la bancada socialcristiana, con Xavier Neira a la
cabeza, reaccionó y presionó para que se dé paso al pedido. Como Quevedo
se negó, Neira apeló a su conducción de la sesión. Este recurso del PSC
no tuvo éxito. Apenas tuvo 31 votos de los 93 presentes.
Luego, Wilfrido Lucero (ID) propuso una moción para que el Congreso
atienda el planteamiento de Falconi. Además, mocionó que la votación sea
nominativa. Esto lo hizo para que la bancada del PRE, que en un principio
era renuente, también vote a favor.
Los 115 legisladores presentes votaron por la moción del jefe de bloque
naranja. El argumento coincidente de todos fue que esta decisión "sirve
para que el país conozca a los verdaderos corruptos".
Esta decisión le dio piso al Superintendente para que comience con el
ataque, que se convirtió en su estrategia de defensa. Pero, antes de
entrar en detalles, mantuvo un duelo aparte con las barras roldosistas
que llegaron al Palacio Legislativo de varias provincias, especialmente
de Manabí.
A ellas les decía "barras pagadas". Y cada vez que le respondían e
interrumpían con silbatinas y frases como "Falconi ladrón", se callaba y
pedía a la sala que ese tiempo no sea cronometrado dentro de las ocho
horas que tuvo de plazo para exponer sus ideas y que, al cierre de esta
edición, no concluían.
Falconi comenzó, entonces, a lanzar ataques contra sus detractores y los
vinculó con banqueros prófugos, propietarios de varios canales de tv., a
través de los cuales han realizado una campaña "cobarde" en su contra. En
ese contexto, una de sus primeras reflexiones fue respecto a la Ley de la
AGD y que, según dijo, benefició directamente a Filanbanco.
Después se refirió al ex ministro de Energía, Francisco Acosta, de quien
dijo que es un agente petrolero de Abdalá Bucaram y prófugo de la
justicia, tras la orden de prisión que se dictó en su contra por
asociación ilícita con Petroecuador para la venta ilegal de combustibles,
lo que causó un perjuicio al Estado por un monto que sobrepasa el billón
de sucres.
Además, afirmó que Acosta es patrocinador de Juan Vinelli Aguirre,
inversionista del Fondo de Solidez del Banco Popular con 470 mil dólares
que pertenecían a la Conaie (ver recuadro).
"Resulta absurdo que la Conaie ahora esté al lado de quienes se robaron
la plata del Banco Popular", manifestó en tono enérgico.
Después se concentró en Ronald Andrade (MIN), quien también presentó
acusaciones en su contra. Luego de afirmar que no sabe cantar, pese a que
se graduó en un colegio de música, contestó una a una sus acusaciones.
Estas tienen que ver con el caso del Banco del Pacífico (ver recuadro).
Todo indicaba, pasadas las 16:00, que la intención de la Presidencia del
Congreso era que Falconi termine con su primera intervención, antes de
suspender la sesión. De esta manera, Fernando Rosero podría empezar con
su réplica de dos horas, para demostrar la culpabilidad del
Superintendente de Bancos. Entre otras cosas lo acusa de una supuesta
participación en negociaciones del paquete accionario de Cofiec, a favor
suyo, de haber sido miembro de directorios de entidades financieras
cuando todavía no estaban en manos del Estado.
Los argumentos jurídicos y técnicos que presentó Juan Falconi Puig
El mecanismo de saneamiento del Banco Popular fue el primer tema que
abordó Juan Falconi. Según dijo, existían tres alternativas: cerrar el
banco, dividir la entidad y vender activos y pasivos por USD 80 millones.
La AGD aplicó la tercera opción y se subastaron las acreencias de la
entidad y la cartera A, B y C. En la subasta pública participaron los
bancos Continental y Pichincha. El segundo ganó. Posteriormente, los
inversionistas del Fondo Solidez presentaron un amparo constitucional
para impedir que se concrete la transacción. Ellos señalaron que sus
inversiones estaban garantizadas por los activos del Popular. La semana
anterior la Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC) negó el amparo.
También dijo que "los depósitos en ese Fondo no estaban garantizados" y
que primero se buscó pagar estos, en lugar de a los clientes del Banco.
El 83 por ciento de los depósitos en dicho Fondo superan los USD cien
mil, mientras que el 54 por ciento pertenece al Jersey Bank "off shore"
del grupo Popular.
También se refirió al ex ministro de Energía del Gobierno de Sixto Durán
Ballén, Francisco Acosta, quien -dijo- es patrocinador de Juan Vinelli
Aguirre, que, a su vez, es asesor de la Conaie e invirtió USD 470 mil de
la organización en ese Fondo.
Luego habló de la capitalización del Pacífico. Según explicó, este banco
debió ser la entidad absorbente para mantener inalterable la propiedad de
PNB, entidad estadounidense que pertenece a accionistas ecuatorianos. De
no hacerlo, el banco debía ser vendido al cambiar de dueño, según las
leyes estadounidenses. "Mantener al Pacific National Bank es importante
para las relaciones comerciales del país".
Para lograr que el Pacífico del Ecuador absorba al Continental, se lo
debió capitalizar.
Para ello se emplearon los USD 89 millones en bonos del Estado, que no
eran para pagar a los depositantes. Esta operación, explicó, se sustentó
en el artículo 24 de la Ley de creación de la AGD y en resoluciones
transitorias de la Trolebús I. Agregó que en ese proceso intervinieron
más de 20 funcionarios y que "si se quiere reversar la operación, se
producirá una segunda crisis bancaria".
Respecto a Cofiec admitió haber sido accionista de la entidad en el 0,402
por ciento. La familia de su esposa, sin embargo, es la accionista
principal. Luego de la fallida fusión Pacífico-Popular-Cofiec, el Banco
del Progreso inició conversaciones para absorberlo. En este proceso
Cofiec prestó 13, 5 millones de dólares al Progreso. Pero, "los problemas
de esa entidad casi arrastran a Cofiec", por lo que esta entidad debió
solicitar dos créditos de liquidez al Banco Central, que fueron pagados
con bienes. Falconi no especificó los montos de los créditos y dijo que
no participó en la reunión del directorio del Instituto Emisor, en la que
se aprobó la dación en pago.
Sobre los certificados reprogramados señaló que varias entidades han
negociado dichos papeles. También dio una lista de personas a las que no
se les congeló los depósitos: Carlos Miranda, Carlos Andrade, Roberto y
William Isaías, Arturo Quiroz, Nicolás Landes, Alejandro Peñafiel, Álvaro
Guerrero, Fernando Aspiazu, Alfonso Andrade y Ernesto Hidalgo. Mientras
que se descongeló los fondos antes de que se diera la orden a Jorge
Marún, Teodoro Abdo, Patrick Barrera, Ana Coronel, entre otros. (Texto
tomado de El Comercio)
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