La reforma aprobada por el Congreso al artículo 189 del Código Penal permite el pago de una fianza para los implicados en secuestros. También reduce la pena a tres años. 70 raptores fueron detenidos este año por la Policía. Una fianza de 1 000 dólares concedida por el juez IV de lo Penal de Pichincha, Vicente Altamirano, a uno de los raptores de la niña Samantha Trujillo, de 9 años, reveló un grave error en el Código Penal.
El secuestro de Samantha fue planificado por su tío, Marcelo Llerena, y Jorge Torres, empleado de su padre. El pasado nueve de noviembre ambos la retiraron del jardín de infantes, en el sur de Quito. Luego la llevaron hasta la casa de Inés Duque, donde la tuvieron cautiva hasta que sus padres pagaron 60 000 dólares de rescate.
Dos días después de la liberación, la Unidad Antisecuestros capturó a los tres secuestradores, que fueron enjuiciados. Sin embargo, el pasado 2 de mayo, el fiscal emitió su dictamen. Se abstuvo de enjuiciar a Inés Duque y acusó a Marcelo Llerena y Jorge Torres, por el delito tipificado en el artículo 189, inciso 2, del Código Penal. Esa norma contempla una pena de uno a tres años de prisión "si la devolución de la víctima es espontánea o en el caso de que los plagiadores no hayan sido detenidos". Al justificar su decisión, el juez Vicente Altamirano dijo: "yo solo me basé en el Código Penal y en el Fiscal". La decisión de Altamirano llamó la atención del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Bermeo, quien admitió que "existe un problema en la Ley con respecto al delito de secuestro".
Este ´problema´ se originó en la última reforma del Congreso al Código Penal. En esa reforma se borró el artículo 189 y solo se dejaron sus incisos. El artículo 189 reformado decía que "el plagio será reprimido con una pena de reclusión menor de nueve a 12 años".
Sin embargo, el Registro Oficial del 28 de septiembre del 2001 suprimió el artículo 189. Es decir que el Código Penal solo cuenta con ocho incisos elaborados para reducir las penas de los plagiadores que liberen a sus víctimas. Actualmente, estos ocho puntos son los únicos referentes que tienen los jueces para juzgar a los secuestradores.
Por este motivo, varios asesores de la Presidencia de la Corte Suprema trabajan en la reforma al artículo y esta semana la enviarán al Congreso para que sea debatida. Por el momento, una alternativa es la aplicación del inciso ocho que castiga con reclusión de 16 años a los plagiadores que maltraten a la cautiva. Pero "el maltrato es más difícil comprobar", según un asesor.
Para el diputado José Alvear, de la Comisión de lo Civil del Congreso la reforma no trató de suavizar las penas, sino endurecerlas. "Por esta razón se castiga con reclusión de 25 años al secuestro con muerte".
En la práctica, las reformas no han reducido los delitos. Por el contrario, este crimen aumentó en el país Este año, 29 personas han sido secuestradas, mientras que el 2001 se registraron 18 plagios. Y también subió el número de detenidos. Mientras el año pasado fueron apresados 44 implicados, este año ya llegaron a 77.
El recién nacido fue encontrado en Solanda
El testimonio de un guardia de seguridad del Hospital Enríquez Garcés, al sur de Quito, fue clave para recuperar al menor raptado en esa institución hace siete días.
El pasado 23 de octubre, María Tipán, de 24 años, descansaba en una cama del hospital junto a su pequeño hijo que acaba de nacer. A las 15:30, una mujer le pidió que le entregara al niño para un chequeo. La madre al principio se opuso y luego cedió ante quien se hizo pasar como enfermera.
La madre denunció el hecho y la búsqueda se inició. Con los testimonios de María Tipán y de otras personas se realizó una identikit de la mujer. No se trataba del primer rapto de un menor recién nacido ocurrido en Quito. En septiembre, la hija de Nelly Guerra fue raptada de la sala de recuperación de la Maternidad Isidro Ayora. Hasta el momento no ha sido encontrada.
Ayer, los jefes de la Policía de Pichincha, Carlos Calahorrano; de la PJ, Mario Alvarracín, y de la Policía Especializada en niños y adolescentes, Vicente Cascante, entregaron al niño a sus padres María Tipán y Armando Saquipay.
Según los informes, el rescate se produjo en Solanda. En una casa del barrio encontraron al neonato, al cuidado de un joven de 15 años y de Alicia Rodríguez. El joven sostuvo que el jueves una joven llamada Vanessa N., le entregó al menor, pues anteriormente la pareja le "realizó el pedido" prometiéndole 100 dólares. Como no tenían esa cantidad, la pareja le entregó una cámara fotográfica. Al momento ambos menores se encuentran detenidos.
Punto de vista
Coronel Remigio Chugá
jefe de la UNASE
El Código Penal no solo tiene un vacío para castigar el secuestro, sino que en la última reforma se cambió incluso algunos artículos, pero se incrementó las penas para otros. En este campo, se debe elaborar una legislación acorde a nuestra necesidad, como país y como región.
Una medida urgente es el endurecimiento de las penas, porque es uno de los delitos que causa mayor daño en la sicología de las víctimas y su entorno familiar. Una persona que fue secuestrada tal vez se sentirá perseguida y no llevará una vida normal. En el país, hoy los delincuentes tratan de aventurarse. No solo son plagiadas personas de un perfil económico alto: cualquier persona puede ser una víctima.
El secuestro de Samantha fue planificado por su tío, Marcelo Llerena, y Jorge Torres, empleado de su padre. El pasado nueve de noviembre ambos la retiraron del jardín de infantes, en el sur de Quito. Luego la llevaron hasta la casa de Inés Duque, donde la tuvieron cautiva hasta que sus padres pagaron 60 000 dólares de rescate.
Dos días después de la liberación, la Unidad Antisecuestros capturó a los tres secuestradores, que fueron enjuiciados. Sin embargo, el pasado 2 de mayo, el fiscal emitió su dictamen. Se abstuvo de enjuiciar a Inés Duque y acusó a Marcelo Llerena y Jorge Torres, por el delito tipificado en el artículo 189, inciso 2, del Código Penal. Esa norma contempla una pena de uno a tres años de prisión "si la devolución de la víctima es espontánea o en el caso de que los plagiadores no hayan sido detenidos". Al justificar su decisión, el juez Vicente Altamirano dijo: "yo solo me basé en el Código Penal y en el Fiscal". La decisión de Altamirano llamó la atención del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Bermeo, quien admitió que "existe un problema en la Ley con respecto al delito de secuestro".
Este ´problema´ se originó en la última reforma del Congreso al Código Penal. En esa reforma se borró el artículo 189 y solo se dejaron sus incisos. El artículo 189 reformado decía que "el plagio será reprimido con una pena de reclusión menor de nueve a 12 años".
Sin embargo, el Registro Oficial del 28 de septiembre del 2001 suprimió el artículo 189. Es decir que el Código Penal solo cuenta con ocho incisos elaborados para reducir las penas de los plagiadores que liberen a sus víctimas. Actualmente, estos ocho puntos son los únicos referentes que tienen los jueces para juzgar a los secuestradores.
Por este motivo, varios asesores de la Presidencia de la Corte Suprema trabajan en la reforma al artículo y esta semana la enviarán al Congreso para que sea debatida. Por el momento, una alternativa es la aplicación del inciso ocho que castiga con reclusión de 16 años a los plagiadores que maltraten a la cautiva. Pero "el maltrato es más difícil comprobar", según un asesor.
Para el diputado José Alvear, de la Comisión de lo Civil del Congreso la reforma no trató de suavizar las penas, sino endurecerlas. "Por esta razón se castiga con reclusión de 25 años al secuestro con muerte".
En la práctica, las reformas no han reducido los delitos. Por el contrario, este crimen aumentó en el país Este año, 29 personas han sido secuestradas, mientras que el 2001 se registraron 18 plagios. Y también subió el número de detenidos. Mientras el año pasado fueron apresados 44 implicados, este año ya llegaron a 77.
El recién nacido fue encontrado en Solanda
El testimonio de un guardia de seguridad del Hospital Enríquez Garcés, al sur de Quito, fue clave para recuperar al menor raptado en esa institución hace siete días.
El pasado 23 de octubre, María Tipán, de 24 años, descansaba en una cama del hospital junto a su pequeño hijo que acaba de nacer. A las 15:30, una mujer le pidió que le entregara al niño para un chequeo. La madre al principio se opuso y luego cedió ante quien se hizo pasar como enfermera.
La madre denunció el hecho y la búsqueda se inició. Con los testimonios de María Tipán y de otras personas se realizó una identikit de la mujer. No se trataba del primer rapto de un menor recién nacido ocurrido en Quito. En septiembre, la hija de Nelly Guerra fue raptada de la sala de recuperación de la Maternidad Isidro Ayora. Hasta el momento no ha sido encontrada.
Ayer, los jefes de la Policía de Pichincha, Carlos Calahorrano; de la PJ, Mario Alvarracín, y de la Policía Especializada en niños y adolescentes, Vicente Cascante, entregaron al niño a sus padres María Tipán y Armando Saquipay.
Según los informes, el rescate se produjo en Solanda. En una casa del barrio encontraron al neonato, al cuidado de un joven de 15 años y de Alicia Rodríguez. El joven sostuvo que el jueves una joven llamada Vanessa N., le entregó al menor, pues anteriormente la pareja le "realizó el pedido" prometiéndole 100 dólares. Como no tenían esa cantidad, la pareja le entregó una cámara fotográfica. Al momento ambos menores se encuentran detenidos.
Punto de vista
Coronel Remigio Chugá
jefe de la UNASE
El Código Penal no solo tiene un vacío para castigar el secuestro, sino que en la última reforma se cambió incluso algunos artículos, pero se incrementó las penas para otros. En este campo, se debe elaborar una legislación acorde a nuestra necesidad, como país y como región.
Una medida urgente es el endurecimiento de las penas, porque es uno de los delitos que causa mayor daño en la sicología de las víctimas y su entorno familiar. Una persona que fue secuestrada tal vez se sentirá perseguida y no llevará una vida normal. En el país, hoy los delincuentes tratan de aventurarse. No solo son plagiadas personas de un perfil económico alto: cualquier persona puede ser una víctima.
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