Quito. 09 jun 99. La postergación de la firma de la carta de
intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI) le obligó
al Gobierno a mover sus fichas en varios ámbitos: en el
Ejecutivo, el Congreso, el Ministerio de Finanzas, la
Superintendencia de Bancos y la Agencia de Garantías de Depósitos
(AGD), organismo que se quedó sin gerente general, tras la
renuncia de James McPherson.
A los ojos de los expertos en el tema, el saneamiento del sistema
financiero no pasa no por las disputas personales entre la
Ministra de Finanzas y el Superintendente de Bancos. Tampoco se
limita a la eliminación del poder de veto de Jorge Egas, aunque
este es un punto fundamental. Un tercer componente de las
reformas se relaciona con la definición exacta de las funciones
que tendrán la propia Superintendencia de Bancos y la Junta
Bancaria.
Para dar luz verde a las nuevas reformas legales -donde coinciden
el Ministerio de Finanzas y las tres entidades financieras
internacionales que apoyan el saneamiento de la banca
ecuatoriana-, las reformas incluyen cambios al menos en dos
leyes: la de Instituciones del Sistema Financiero y la de
Reordenamiento en Materia Económica en el Area Tributaria y
Financiera.
¿Cómo se tramitará la reforma de estas leyes, si el Congreso está
convocado a un período extraordinario para tratar la Ley-Marco
desde el 28 de junio?
Ante este escenario, queda esta posibilidad legal: una vez que
mañana se clausuren las tareas del Pleno del Congreso, el
Ejecutivo podría convocar a un Congreso extraordinario, con el
único propósito de tratar las reformas a las dos leyes
financieras mencionadas. Pero, todo depende de las negociaciones
que el partido de Gobierno haya avanzado con los diversos bloques
de centroizquierda.
En todo caso, las reformas son vitales a los ojos del FMI, Banco
Mundial, Corporación Andina de Fomento (CAF) y Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Por eso, si éstas finalmente
son aceptadas por el Ejecutivo, se incluirán drásticos cambios
a la actual estructura de la AGD, donde el Superintendente tiene
poder de veto, y se sumarán otras reformas relacionadas con la
dualidad de funciones que están delegadas, actualmente, a la
Junta Bancaria y a la propia Superintendencia de Bancos.
Este fue uno de los temas centrales de la reunión que ayer
mantuvieron en Carondelet el presidente Mahuad y la Ministra de
Finanzas.
Otro signo a favor de esa opción fue el retiro de la candidatura
de Patricio Peña para ocupar una de las vocalías en el Directorio
del Banco Central.
Peña declinó ayer, de manera irrevocable, a participar en la
selección por parte del Congreso. Dijo que tras las
conversaciones mantenidas con el ministro de Gobierno, Vladimiro
Alvarez, y con el secretario general de la Administración
Pública, Jaime Durán, concluyó que "no existen ni existirán las
voluntades necesarias por parte de las diferentes bancadas
políticas para que pueda ser designado como miembro del BC".
"Yo no quiero ser el inconveniente para que se conforme el
Directorio de tan importante organismo, peor aún en
circunstancias en las cuales esto es fundamental para el país".
Peña continuará en la Junta Bancaria (JB), aunque espera que se
nombre el nuevo Directorio del BC para dialogar con las nuevas
autoridades y tomar decisiones de largo plazo. "Mi designación
en la Junta proviene del Directorio anterior".
La Izquierda Democrática y otros partidos políticos no apoyaron
su candidatura. El nombre de Peña no solo había provocado
cuestionamientos en la bancada de la ID. Los bloques del PSC,
Pachakutik y PRE se sumaron a ese rechazo. El presidente nacional
del PSC, Pascual del Cioppo, había dicho que los resultados de
la gestión de Peña no han sido satisfactorios. En particular, se
señala su cercanía con la Ministra de Finanzas, a quien se
menciona como "la interesada en controlar el organismo emisor".
Víctor Hugo Sicouret (PRE) también señaló un criterio similar
contra Peña, pues éste participó en el gobierno de Sixto
Durán-Ballén, cuando Armijos fue presidenta de la Junta
Monetaria. A eso agregó la presencia en la lista de Mauricio
Pareja, recientemente funcionario de Finanzas. A Pablo Better
también se lo cuestiona porque, según el PRE, "participó durante
el gobierno de Rodrigo Borja en la negociación de créditos para
pagar deuda externa"...
Con la renuncia de Patricio Peña, el Congreso devolverá al
Ejecutivo la nómina de los candidatos a vocales del Banco
Central. Con ello, la integración del Directorio del Instituto
Emisor -en acefalía por más de dos meses- otra vez se posterga.
Respecto de la posible reforma a la AGD, en el bloque de la DP
tampoco se descartó la alternativa de incluirla como tema urgente
en la agenda del Congreso, sin trastocar el envío del proyecto
de la denominada Ley-Marco (no es posible enviar dos temas a la
vez por esa vía). Una de las salidas sería que se remita una
reforma por la vía normal, que podría incluirse como tema del
Congreso extraordinario.
La AGD sin gerente
El gerente general de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD),
James McPherson Febres Cordero, renunció ayer a su cargo.
Mediante un comunicado de prensa, el funcionario sostiene que ha
finalizado el tiempo por el que se comprometió a mantenerse en
esas funciones. Según McPherson, el problema del país es la
crisis del sector real de la economía que, unido a los problemas
financieros regionales, ha influido en la crisis del sistema
bancario nacional.
Pero, admite que existen otros factores que también han incidido.
"La falta de leyes más estrictas relativas a la supervisión
bancaria; el aumento de daciones en pago; y, por supuesto, los
créditos vinculados que terminaron afectando a la banca por la
falta de la objetividad que debe imperar en el otorgamiento y
administración de la cartera de préstamos".
Originalmente, a principios de noviembre, McPherson había
recibido la propuesta de ser gerente del Banco Central en
Guayaquil, pero ante el "inminente problema de liquidez y la
necesidad de una inmediata capitalización de Filanbanco", asumió
la dirección de la AGD. Este mes, con la asesoría del banco de
inversión ING Barrings se deberá proceder a la venta de la
entidad.
El funcionario asegura que con ayuda de McKinsey se rediseñó la
estructura interna de la AGD. Así también se establece un costo
estimado de la crisis y se han fijado estructuras preliminares
de lo que debe ser el sistema financiero.
McPherson reiteró la necesidad de "insistir en las reformas
legales necesarias para asegurar la eficiencia de la AGD en el
manejo de la crisis bancaria y financiera. Dentro de tales
reformas es indispensable limitar o ajustar el ámbito de la
cobertura de la garantía de depósitos. No es posible que el
Estado asuma una garantía ilimitada, así como tampoco es
admisible que tome los riesgos de la banca del exterior".
Desde principios de este año, nueve bancos han entrado bajo la
administración de la AGD. Además los restantes 39 bancos del
sistema se encuentran bajo una auditoría bancaria, solicitada por
el FMI, requisito previo a la firma de un acuerdo de intención.
La misión del FMI, que se encontraba negociando ese documento,
abandonó la semana anterior el país, ante la renuencia de
realizar cambios estructurales dentro de la AGD.
Ley-Marco, en debate
El inicio del trámite de la Ley-Marco, que reforma la Ley de
Modernización, coincidió ayer con el planteamiento de que se
adelante la fecha del período extraordinario, anunciado por Juan
José Pons para el 28 de junio. Incluso se habló de una posible
convocatoria para fines de este semana. Tentativamente, mañana
estaría listo un informe para primer debate.
Algunos legisladores, entre ellos Alejandro Aguayo (DP),
presidente de la Comisión de lo Económico, destacaron la
importancia de acelerar el proceso de análisis y aprobación de
la Ley. Desde la tarde de ayer se trabaja en la definición de un
procedimiento que permita ordenar los criterios y agilitar el
debate.
Una de las opciones que barajó Alfredo Serrano, (PSC),
vicepresidente de la Comisión, es que el Pleno sea el que decida
el procedimiento y los plazos para los debates. Desde el día de
recepción (antier) corren los 30 días para que el Congreso se
pronuncie sobre el proyecto. La idea, dijo, apunta a optimizar
los tiempos a partir del trámite en primer debate.
Un primer paso que sugirió es que la Comisión entregue un informe
donde se destaque que el proyecto del Ejecutivo reúne los
requisitos, y que en el primer debate los bloque legislativos
realicen las observaciones o se entreguen las alternativas.
Con respecto a ese punto, los bloques definieron internamente un
cronograma y una estrategia.
La ID, por ejemplo, anunció que entregarán criterios en el primer
debate y textos alternativos para el segundo debate. El equipo
técnico del PSC tenía previsto reunirse ayer en Guayaquil y el
bloque en Quito para analizar el proyecto.
A Paco Moncayo, jefe de bloque de la ID, le extrañó el envío del
proyecto, ya que su partido iba a analizar el borrador de éste
y posteriormente a reunirse otra vez con el Ejecutivo para
exponer sus observaciones. "Es una respuesta del Presidente al
pedido del PSC, que quería el proyecto antes de opinar".
Moncayo reconoció que el documento tiene partes rescatables:
normas de control, sanciones, mecanismos antimonopolio,
transparencia en el mercado), y que ciertos criterios de su
bancada fueron acogidos. Para la ID, no son necesarias las
comisiones de supervisión y control, pues ya existen el Conelec
o el Conatel. Además, cuestionó la existencia de la
contragarantía en la compra de los bienes del Estado y un exceso
de atribuciones presidenciales. (Texto tomado de El Comercio)
intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI) le obligó
al Gobierno a mover sus fichas en varios ámbitos: en el
Ejecutivo, el Congreso, el Ministerio de Finanzas, la
Superintendencia de Bancos y la Agencia de Garantías de Depósitos
(AGD), organismo que se quedó sin gerente general, tras la
renuncia de James McPherson.
A los ojos de los expertos en el tema, el saneamiento del sistema
financiero no pasa no por las disputas personales entre la
Ministra de Finanzas y el Superintendente de Bancos. Tampoco se
limita a la eliminación del poder de veto de Jorge Egas, aunque
este es un punto fundamental. Un tercer componente de las
reformas se relaciona con la definición exacta de las funciones
que tendrán la propia Superintendencia de Bancos y la Junta
Bancaria.
Para dar luz verde a las nuevas reformas legales -donde coinciden
el Ministerio de Finanzas y las tres entidades financieras
internacionales que apoyan el saneamiento de la banca
ecuatoriana-, las reformas incluyen cambios al menos en dos
leyes: la de Instituciones del Sistema Financiero y la de
Reordenamiento en Materia Económica en el Area Tributaria y
Financiera.
¿Cómo se tramitará la reforma de estas leyes, si el Congreso está
convocado a un período extraordinario para tratar la Ley-Marco
desde el 28 de junio?
Ante este escenario, queda esta posibilidad legal: una vez que
mañana se clausuren las tareas del Pleno del Congreso, el
Ejecutivo podría convocar a un Congreso extraordinario, con el
único propósito de tratar las reformas a las dos leyes
financieras mencionadas. Pero, todo depende de las negociaciones
que el partido de Gobierno haya avanzado con los diversos bloques
de centroizquierda.
En todo caso, las reformas son vitales a los ojos del FMI, Banco
Mundial, Corporación Andina de Fomento (CAF) y Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Por eso, si éstas finalmente
son aceptadas por el Ejecutivo, se incluirán drásticos cambios
a la actual estructura de la AGD, donde el Superintendente tiene
poder de veto, y se sumarán otras reformas relacionadas con la
dualidad de funciones que están delegadas, actualmente, a la
Junta Bancaria y a la propia Superintendencia de Bancos.
Este fue uno de los temas centrales de la reunión que ayer
mantuvieron en Carondelet el presidente Mahuad y la Ministra de
Finanzas.
Otro signo a favor de esa opción fue el retiro de la candidatura
de Patricio Peña para ocupar una de las vocalías en el Directorio
del Banco Central.
Peña declinó ayer, de manera irrevocable, a participar en la
selección por parte del Congreso. Dijo que tras las
conversaciones mantenidas con el ministro de Gobierno, Vladimiro
Alvarez, y con el secretario general de la Administración
Pública, Jaime Durán, concluyó que "no existen ni existirán las
voluntades necesarias por parte de las diferentes bancadas
políticas para que pueda ser designado como miembro del BC".
"Yo no quiero ser el inconveniente para que se conforme el
Directorio de tan importante organismo, peor aún en
circunstancias en las cuales esto es fundamental para el país".
Peña continuará en la Junta Bancaria (JB), aunque espera que se
nombre el nuevo Directorio del BC para dialogar con las nuevas
autoridades y tomar decisiones de largo plazo. "Mi designación
en la Junta proviene del Directorio anterior".
La Izquierda Democrática y otros partidos políticos no apoyaron
su candidatura. El nombre de Peña no solo había provocado
cuestionamientos en la bancada de la ID. Los bloques del PSC,
Pachakutik y PRE se sumaron a ese rechazo. El presidente nacional
del PSC, Pascual del Cioppo, había dicho que los resultados de
la gestión de Peña no han sido satisfactorios. En particular, se
señala su cercanía con la Ministra de Finanzas, a quien se
menciona como "la interesada en controlar el organismo emisor".
Víctor Hugo Sicouret (PRE) también señaló un criterio similar
contra Peña, pues éste participó en el gobierno de Sixto
Durán-Ballén, cuando Armijos fue presidenta de la Junta
Monetaria. A eso agregó la presencia en la lista de Mauricio
Pareja, recientemente funcionario de Finanzas. A Pablo Better
también se lo cuestiona porque, según el PRE, "participó durante
el gobierno de Rodrigo Borja en la negociación de créditos para
pagar deuda externa"...
Con la renuncia de Patricio Peña, el Congreso devolverá al
Ejecutivo la nómina de los candidatos a vocales del Banco
Central. Con ello, la integración del Directorio del Instituto
Emisor -en acefalía por más de dos meses- otra vez se posterga.
Respecto de la posible reforma a la AGD, en el bloque de la DP
tampoco se descartó la alternativa de incluirla como tema urgente
en la agenda del Congreso, sin trastocar el envío del proyecto
de la denominada Ley-Marco (no es posible enviar dos temas a la
vez por esa vía). Una de las salidas sería que se remita una
reforma por la vía normal, que podría incluirse como tema del
Congreso extraordinario.
La AGD sin gerente
El gerente general de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD),
James McPherson Febres Cordero, renunció ayer a su cargo.
Mediante un comunicado de prensa, el funcionario sostiene que ha
finalizado el tiempo por el que se comprometió a mantenerse en
esas funciones. Según McPherson, el problema del país es la
crisis del sector real de la economía que, unido a los problemas
financieros regionales, ha influido en la crisis del sistema
bancario nacional.
Pero, admite que existen otros factores que también han incidido.
"La falta de leyes más estrictas relativas a la supervisión
bancaria; el aumento de daciones en pago; y, por supuesto, los
créditos vinculados que terminaron afectando a la banca por la
falta de la objetividad que debe imperar en el otorgamiento y
administración de la cartera de préstamos".
Originalmente, a principios de noviembre, McPherson había
recibido la propuesta de ser gerente del Banco Central en
Guayaquil, pero ante el "inminente problema de liquidez y la
necesidad de una inmediata capitalización de Filanbanco", asumió
la dirección de la AGD. Este mes, con la asesoría del banco de
inversión ING Barrings se deberá proceder a la venta de la
entidad.
El funcionario asegura que con ayuda de McKinsey se rediseñó la
estructura interna de la AGD. Así también se establece un costo
estimado de la crisis y se han fijado estructuras preliminares
de lo que debe ser el sistema financiero.
McPherson reiteró la necesidad de "insistir en las reformas
legales necesarias para asegurar la eficiencia de la AGD en el
manejo de la crisis bancaria y financiera. Dentro de tales
reformas es indispensable limitar o ajustar el ámbito de la
cobertura de la garantía de depósitos. No es posible que el
Estado asuma una garantía ilimitada, así como tampoco es
admisible que tome los riesgos de la banca del exterior".
Desde principios de este año, nueve bancos han entrado bajo la
administración de la AGD. Además los restantes 39 bancos del
sistema se encuentran bajo una auditoría bancaria, solicitada por
el FMI, requisito previo a la firma de un acuerdo de intención.
La misión del FMI, que se encontraba negociando ese documento,
abandonó la semana anterior el país, ante la renuencia de
realizar cambios estructurales dentro de la AGD.
Ley-Marco, en debate
El inicio del trámite de la Ley-Marco, que reforma la Ley de
Modernización, coincidió ayer con el planteamiento de que se
adelante la fecha del período extraordinario, anunciado por Juan
José Pons para el 28 de junio. Incluso se habló de una posible
convocatoria para fines de este semana. Tentativamente, mañana
estaría listo un informe para primer debate.
Algunos legisladores, entre ellos Alejandro Aguayo (DP),
presidente de la Comisión de lo Económico, destacaron la
importancia de acelerar el proceso de análisis y aprobación de
la Ley. Desde la tarde de ayer se trabaja en la definición de un
procedimiento que permita ordenar los criterios y agilitar el
debate.
Una de las opciones que barajó Alfredo Serrano, (PSC),
vicepresidente de la Comisión, es que el Pleno sea el que decida
el procedimiento y los plazos para los debates. Desde el día de
recepción (antier) corren los 30 días para que el Congreso se
pronuncie sobre el proyecto. La idea, dijo, apunta a optimizar
los tiempos a partir del trámite en primer debate.
Un primer paso que sugirió es que la Comisión entregue un informe
donde se destaque que el proyecto del Ejecutivo reúne los
requisitos, y que en el primer debate los bloque legislativos
realicen las observaciones o se entreguen las alternativas.
Con respecto a ese punto, los bloques definieron internamente un
cronograma y una estrategia.
La ID, por ejemplo, anunció que entregarán criterios en el primer
debate y textos alternativos para el segundo debate. El equipo
técnico del PSC tenía previsto reunirse ayer en Guayaquil y el
bloque en Quito para analizar el proyecto.
A Paco Moncayo, jefe de bloque de la ID, le extrañó el envío del
proyecto, ya que su partido iba a analizar el borrador de éste
y posteriormente a reunirse otra vez con el Ejecutivo para
exponer sus observaciones. "Es una respuesta del Presidente al
pedido del PSC, que quería el proyecto antes de opinar".
Moncayo reconoció que el documento tiene partes rescatables:
normas de control, sanciones, mecanismos antimonopolio,
transparencia en el mercado), y que ciertos criterios de su
bancada fueron acogidos. Para la ID, no son necesarias las
comisiones de supervisión y control, pues ya existen el Conelec
o el Conatel. Además, cuestionó la existencia de la
contragarantía en la compra de los bienes del Estado y un exceso
de atribuciones presidenciales. (Texto tomado de El Comercio)
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