Quito. 30 dic 2000. Hablar de periodismo de investigación en nuestro
país, presupone hablar de las relaciones de la prensa con el poder.
El 25 de marzo, BLANCO Y NEGRO nos recordó que algunos de los personajes
que pretendían ser electos en los comicios seccionales de mayo, eran los
implicados en la red Peñarand. Aquello dejaba de ser una casualidad para
convertirse en un reto a la democracia. Finalmente ninguno fue electo.
Nuestra edición había tocado el punto neurálgico de un periodismo de
investigación: hablar de ese periodismo en un país donde el poder circula
entre las sombras, significa hablar al mismo tiempo del sentido de la
democracia como sistema político y como escenario de convivencia. Por
tanto, hablar de periodismo de investigación presupone hablar de las
relaciones de la prensa con el poder.
Hasta el momento, BLANCO Y NEGRO ha vivido con dos límites: el acceso a
las fuentes de información; y la obligación no deseada de guardar la
reserva de sus informantes. Los dos aluden a un solo hecho: la corrupción
y el ejercicio caprichoso del poder protegido en el secreto de Estado. Ya
lo dijo Benjamín Terán, Contralor del estado bajo el Gobierno de Alarcón,
a propósito de las investigaciones sobre unos gastos reservados: eso es
ya un cadáver, un muerto jurídico, nadie podrá arrancarle una palabra, se
llevó a la tumba el secreto de esos gastos.
Hemos sacralizado el secreto de Estado. El funcionario estatal sustenta
su arrogancia en poseer secretos de Estado. Y con esa arrogancia nos
hemos encontrado este año,cuando hemos intentado desentrañar redes
telefónicas ilegales entre Italia y Ecuador, corrupción en las aduanas o
casos que duermen el sueño de los justos en la Fiscalía.
Nadie responde con una confesión, con una verdad. Solamente con
eufemismos: seguridad interna o externa, allí donde existen inconfesables
compras de conciencia, o posiciones personales.
Hemos aprendido a reconocer los actos de corrupción o los crímenes de
Estado, por boca de los corruptos y los asesinos. Difícil imaginarse que
la transparencia haya llegado a extremo tan humillante. El caso Restrepo,
un caso simbólico de la lucha por los derechos humanos en torno a la
desaparición de dos adolescentes, fue despejado por obra de uno de los
torturadores de los muchachos Restrepo. Ayer fue un banquero preso el que
nos confronta con la corrupción de las campañas electorales. Hoy es un
defenestrado superintendente de Bancos que se defiende revelándonos uno
de los escenarios más insólitos de corrupción bancaria. En agosto, BLANCO
Y NEGRO le siguió los pasos al caso de Jaime Hurtado, a partir de las
declaraciones de un cómplice y, por un momento, el tema revivió, para
volver a agonizar entre los folios de un juzgado. El periodismo de
investigación se ve abocado a alimentarse de los odios, de las vendetas.
A los periodistas no nos queda otra alternativa que dar fe a los rumores,
cubrir la retirada o la cobardía de los informantes, actuar sobre los
rencores políticos para desempolvar con enorme trabajo las memorias y
encontrar la relación entre los hechos.
Y todo ello es visto como un hecho natural, porque en el país no hay el
hábito de estar informado. Existe también otro silenciamiento público: la
voz de los excluidos. Por ello levantamos este año tres temas: el éxito
del programa de discapacitados del Cebycam, la exigencia de las víctimas
de violaciones a los derechos humanos y la protección a los testigos de
delitos. Estos dos últimos temas duermen un sueño injusto en alguna
comisión del Congreso.
El sistema se sustenta en la desinformación. Y un periodismo de
investigación no se resuelve con la voluntad del medio, de invertir
recursos humanos y físicos en crear y mantener una unidad de
investigación. Ese periodismo solo es posible en la medida en que la
sociedad produzca ciudadanía, en que la sociedad encarne la necesidad de
la información Allí donde no hay un mercado real, donde el mercado es una
parodia y las relaciones las sigue dominando una estructura empresarial
enormemente frágil, la empresa periodística no tiene espacios para
ejercer la independencia. Así ocurrió cuando intentamos desenredar el
estado calamitoso y oculto de la aviación comercial en el Ecuador. El
resultado fue intereses que se sintieron afectados.
El patrimonio que resta de un esfuerzo de investigación como BLANCO y
NEGRO es un conjunto de temas pendientes, sin resolución, que vamos a
recordar en esta ocasión.. No perdemos, sin embargo, el deseo de
continuar desnudando algunos hechos.
Los amigos de Peñaranda
25 de marzo. BLANCO Y NEGRO desempolva el caso Peñaranda. La extradición
sigue pendiente, mientras algunos de los vinculados al escándalo
continúan ejerciendo la política en sus provincias.
Pena de muerte en la Perimetral
13 de mayo. En la impunidad, bandas que tienen similitudes con cuerpos
paramilitares, se dedican a limpiar Guayaquil de delincuentes, ejerciendo
por su cuenta la pena de muerte. El paredón clandestino: la perimetral.
La muerte de los mulas
28 de octubre. El rostro más injusto de la lucha contra el narcotráfico
son las mulas. Aquellos ciudadanos atormentados por la crisis económica,
que se deciden a tragar kilos de droga para transportarlos y mueren en el
intento.
Dinares por dólares
24 de junio y 22 de julio. La dolarización no es solo el cambio de
moneda. Un problema se sumó, adicional: la falsificación de billetes.
BLANCO Y NEGRO denunció el caso de los dólares falsos y los dinares
convertidos en dólares.
Los curiosos remates de la AGD
Si algún tema ha sido oscuro y mal tratado en el año que fenece, es el de
los famosos remates de la AGD de los pocos bienes muebles y vehículos que
pudo recuperar de los bancos quebrados. Un triste episodio que trató
BLANCO Y NEGRO.
Los exiliados de la isla Santay
25 de noviembre. Hay lugares olvidados del país, que no cuentan en la
información ni en el desarrollo. Uno de ellos es la isla Santay. Rodeada
de escándalos financieros en el pasado, es hoy refugio de no más de un
centenar de ecuatorianos.
Los discapacitados, actores
21 de octubre. En Penipe, la zona más afectada por el bocio, un
silencioso programa ha transformado la vida de miles de habitantes del
sector. El programa lo lleva el Cebycam, pero el tema es una asignatura
pendiente del Estado.
Sueño y pesadilla del migrante
El drama de los emigrantes ha estado presente en BLANCO Y NEGRO a través
del año. Sus historias particulares en Italia, España o Nueva York. Los
modos insólitos de mantener relaciones con sus familiares en el Ecuador.
¿Agencia de viajes o coyotera?
Agencias de viajes fantasmas se han convertido en instituciones de
crédito y en coyoteras, deformando sus roles originales. Las denuncias
existen, el ministerio de Turismo ha comenzado a actuar, hace falta
concretar las sanciones.
Secuestros por dinero y ya no por ideología
En el presente año, se registraron 88 casos de secuestros en todo el país
En el presente año, se registraron 88 casos de secuestros en todo el
país. De ellos, 54 fueron resueltos por la Unidad Antisecuestros de la
Policía (Unase) sin pagar rescate. En los 34 restantes, intervenieron los
familiares de las víctimas para alcanzar una solución. BLANCO Y NEGRO
abordó, en su edición del 8 de julio, los mecanismos ocultos que entraña
la liberación de un secuestrado.
En el secuestro de diez empleados petroleros, el 14 de octubre, en
Pompeya, la Policía Nacional no tuvo participación, pues quien lleva el
caso es el Ministerio de Defensa directamente.
En este caso, los secuestradores mantienen contacto directo con las
compañías petroleras, debido a que hay una nueva modalidad para rescatar
a las víctimas: contratando empresas negociadoras privadas, que buscan la
liberación a través del pago de millonarios rescates. En la Unase, se
cree que con la aparición de esas empresas, que ocultan pistas de los
posibles captores, este delito se ha multiplicado. Además, esta entidad
actuó en el secuestro de tres empresarios guayaquileños, sin pagar un
centavo. La Unase, dicen sus autoridades, también negocia, porque no
puede exponer la vida del secuestrado, pero en esos casos ha pagado
pequeñas cantidades.
En el 100% de los casos, se ha capturado a los culpables. Sin embargo,
cuatro víctimas fueron asesinadas porque los familiares actuaron por su
cuenta. Un agravante es que todos los plagiadores que han sido detenidos
ya están libres. Desde 1993 que opera la Unase, se ha capturado a 66
delincuentes, no obstante, ninguno está en la cárcel. Estos quedan libres
porque son condenados con el mínimo de la Ley (Art. 189 del Código
Penal): seis meses, por permitir la liberación de la víctima sin
maltratarla.
Los numerales 4 y 8 del art. 189 detallan, cuando la sanción es más dura:
"Un secuestrador será sancionado de 3 a 6 años si la víctima es
maltratada, pese a ser puesta en libertad y será condenado a 16 años si
ha provocado la muerte de la víctima". Según la Unase, ambas normas son
inaplicables, porque la víctima es la materia prima del captor.
En la última década no se han registrado secuestros por razones
ideológicas en el Ecuador. Los blancos de los captores han sido personas
acaudaladas y, en los últimos tiempos, con seguro de vida, porque las
aseguradoras negocian con los plagiadores.
El secuestro, según la Unase, es una inversión delictiva: el plagiador
paga por inteligencia (compra información de las víctimas, familiares o
empleados), equipos de comunicación, vehículos, sitio de cautiverio,
alimentos y medicinas; y espera una ganancia. Las organizaciones que
operan en la Amazonía y en la Costa tienen vínculos con narcotraficantes,
estableció este suplemento. (ACG)
Panamericana Sur aguarda su completa reparación
La carretera Panamericana Sur, en el tramo que une a Quito con Latacunga,
no termina de ser reparada aún, a pesar de los esfuerzos realizados por
el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para ponerla en buenas condiciones.
Existen por lo menos tres sectores de la vía, en los que se debe trabajar
intensamente para finalizar la reparación de la carpeta asfáltica, que ha
tenido un gran avance en su reposición.
Uno de los puntos más conflictivos es el sector de Alóag. Debido a que no
hay una definición sobre qué entidad debe tomar a su cargo el arreglo de
la carretera en ese lugar, el distribuidor de tránsito se encuentra cada
vez más deteriorado. Los conductores de los vehículos deben sortear
enormes baches para continuar su camino, huecos que son visibles en días
soleados, pero se convierten en auténticas trampas durante los aguaceros.
La polémica de qué entidad debe tomar a su cargo el arreglo de la vía, se
encuentra entre el MOP y el Consejo Provincial de Pichincha (CPP).
Mientras tanto, son los usuarios quienes pagan las consecuencias del mal
estado de la carretera.
Sectores en mal estado
Otro de los sectores que debe esperar su reparación es el situado a la
altura de Machachi. Allí se debe ensanchar la calzada, pero falta el
acuerdo con los propietarios de las viviendas que deben ser demolidas, en
muchos casos, totalmente. Se conoció que el MOP negocia con los afectados
un convenio.
Un tercer tramo que espera atención es la construcción del puente en
Jambelí. Esta obra se encuentra ya planificada y se efectuará durante el
próximo año.
Por lo demás, el Ministerio de Obras Públicas ha logrado rehabilitar la
carretera en tramos conflictivos, como el que se encuentra a la altura
del Fuerte Atahualpa. Allí se ha construido cunetas para impedir que el
agua destruya la vía. Además, se han limpiado los bordes de casi toda la
vía, con lo que está protegida la reparación de la carretera. (CPV)
Las excitativas y las sospechas todavía pendientes de la fiscal
La fiscal de la Nación estuvo en estas páginas, en un momento del año, a
propósito de la lentitud de los trámites a su cargo y la indiferencia
ante ciertas demandas hechas a gritos por la ciudadanía. Ahora se trata
de las denuncias que, contra los banqueros fugados y contra quienes se
beneficiaron de la crisis bancaria, planteara el ex superintendente, Juan
Falconí Puig, en su juicio político.
Según Mariana Yépez, en el juicio político Juan Falconí expresó que
dejaba una lista de aquellos que se beneficiaron con la información
privilegiada del congelamiento. "Yo he pedido a la Superintendencia de
Bancos la lista, pero me entregaron una que, desde antes, circulaba en la
Comisión del Control Cívico de la Corrupción y esa es una lista en la que
no hemos encontrado nada".
La fiscal, entonces, dijo que de esa lista se ha investigado al 99% de
las personas involucradas sin conseguir ningún resultado. "La lista del
diputado Dotti no es una investigación con nombres, sino que pide
investigación para el presidente, ministros, subsecretarios, diputados y
otros funcionarios y sus parientes. Investigamos a más de 400 empresas y
todavía estamos procesando esa información".
Ella reitera que, de todos los juicios por delitos financieros, el 99%
fueron iniciados por la Fiscalía, ya sea a título personal o por los
ministros fiscales. También hay otros que han ido a la Corte, por
ejemplo, el caso de Filanbanco, donde están involucradas personas que
gozan de fuero de Corte y en el caso Filanbanco, he actuado pidiendo
diligencias y debo estar presente en todas las actuaciones procesales que
son públicas, audiencias de estrados y otras diligencias. En ese tema no
hubo demora, no emitimos excitativa porque no teníamos informe de la
Superintendencia. En un inicio nos envió dos informes sobre temas
parciales, mas no teníamos la información que requeríamos", afirma.
Además, precisa que Juan Falconí abrió las puertas, y la información rem
itida por él sirvió de base para presentar el juicio a la Corte Suprema,
contra 14 personas.
Yo respeto el criterio de los legisladores, pero en el tema bancario lo
básico para iniciar un enjuiciamiento es un informe de la
Superintendencia.
Yo no sé de qué demoras hablan, porque recibí el informe y al siguiente
día presenté la excitativa, no veo la demora en el caso Filanbanco".
Y sobre el caso del Banco Popular y el principal sindicado, el ex
banquero Nicolás Landes, ella manifiesta que fue la Fiscalía la que
inició todos los juicios en contra de esta entidad bancaria e incluso
hemos participado en la extradición de Landes. (ACG)
Mulas: 14 muertes y 450 detectadas
Hasta la semana anterior, según la Dirección Nacional de Inteligencia
Antinarcóticos, fueron apresadas más de 450 personas, que intentaban
transportar cápsulas con clorhidrato de cocaína o heroína en sus
estómagos. Los destinos preferidos son Europa y Estados Unidos.
Y los que evaden los controles policiales, serían el triple, pues no hay
un método técnico que detecte a las denominadas mulas del narcotráfico,
como lo reveló este suplemento de investigación el 28 de octubre
anterior. Incluso el jefe de Inteligencia y Coordinación Conjunta de
Antinarcóticos, Fabián Solano, admite que la suerte y experiencia son aún
decisivos en el trabajo de los agentes. Se necesitaría, por ejemplo, un
equipo de rayos X portátil, cuyo costo es inalcanzable para el
presupuesto de la Policía Nacional.
En los últimos 25 días, murieron tres personas producto de que alguna de
las cápsulas reventó dentro su cuerpo. El número de fallecidos por este
motivo, en lo que va del año, 14.
BLANCO y NEGRO estableció que, desde Guayaquil y Quito, parten, al menos,
140 mil mulas a la semana, pues más del 50% evade los controles. Se
calcula que, en promedio, cada una puede llevar un kilo de cocaína en su
estómago, avaluado en $50 mil. Es decir, mueven un negocio de $7 millones
a la semana por los dos aeropuertos internacionales. Y, además, aún no se
logra desarticular las escuelas de reclutamiento que operan en la
capital, dirigidas por libaneses, iraníes, africanos, árabes, colombianos
y también ecuatorianos. (APM)
Persisten conflictos aduaneros
Solo hasta julio anterior, como reveló BLANCO y NEGRO, se iniciaron 564
procesos por ilícitos aduaneros cometidos en los distritos de Guayaquil,
Quito y Cuenca. Pero hasta la fecha no hay ni una persona detenida,
aunque cientos están sindicadas, incluso por presuntas defraudaciones al
Fisco. El agente de Aduanas de Huaquillas, Tulio Campoverde, por ejemplo,
fue detenido, y salió inmediatamente en libertad al instaurar un recurso
de hábeas corpus.
Además, los 560 uniformados del Servicio de Vigilancia Aduanera son
insuficientes para realizar un control del ingreso de contrabando al
país.
Lo admite Héctor Rubio, director de ese organismo, que depende de la
Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE). "Ecuador es pequeño, aunque
accequible por todo lado. Existen muchos pasos clandestinos", afirma.
A esto se suma los miles de casos represados (conocidos como los huesos)
desde el 10 de marzo de 1994, cuando se expidió, con Registro Oficial
396, la Ley Orgánica de Aduanas: los cuatro Juzgados Fiscales del país
dejaron de ser netamente administrativos (a cargo del Ministerio de
Finanzas) y pasaron a depender de la Función Judicial. Hasta esa fecha,
Finanzas y la Aduana pagaban las respectivas publicaciones de prensa,
para citar a los sindicados cuando era imposible determinar sus
domicilios y, así, acelerar los juicios. Ahora, dice Hanníbal Vela, juez
fiscal del Guayas, las autoridades de la CAE no colaboran e insisten en
que no hay dinero. (APM)
Las pistas del caso Hurtado
El crimen contra el diputado del MPD cumple dos años el 17 de febrero. La
etapa sumarial del juicio se cerró, aunque aún no se establece la culpa
de Freddy Contreras, ex guardaespaldas de la familia Cevallos.
El 18 de diciembre anterior, el juez Jenner Larreátegui decidió cerrar la
etapa sumarial de uno de los juicios que busca responsables de la
violenta muerte de quien fuera ex candidato presidencial y diputado del
Movimiento Popular Democrático, Jaime Hurtado González, tiroteado cuando
salía de la egislatura.
Y aquello hizo que la parte acusadora, encabezada por la familia, luego
de manifestar su rechazo, deba apresurarse en formalizar la acusación
particular que evite el archivo del caso. El crimen de Hurtado cumplirá,
el próximo 17 de febrero, dos años de haber ocurrido, sin que haya aún
indicios definitivos de quiénes lo pensaron y ejecutaron.
BLANCO y NEGRO abordó en dos ocasiones el tema con amplitud, durante el
año 2000. El 12 de agosto, Lenin Hurtado Angulo, el hijo de la víctima y
presidente de la Comisión que hace seguimiento al caso, reveló sus
fundadas sospechas de que el autor material del asesinato fuese Freddy
Simón Contreras, un ex guardaespaldas de la familia manabita, Cevallos
Balda.
Contreras, quien entonces estaba detenido en Jipijapa, fue señalado por
otro ex guardaespaldas preso, Lenin Ordóñez, como autor de los crímenes
de dos hombres que supuestamente robaron a las empresas de los Cevallos.
"Contreras parece haber sido el verdugo de los Cevallos. El es el
ejecutor del crimen de mi padre: varias personas lo vieron y ya logramos
una identificación positiva. Pusimos cuatro fotografías y los testigos lo
señalaron a él. El rindió testimonio en Quito y no se le tomó
importancia", dijo entonces Lenin Hurtado.
Y se conoció también que la telefonía celular tuvo mucho que ver en el
desarrollo del asesinato. "Henry", desde Colombia; Washington Aguirre,
Cristian Ponce y Sergey Merino son protagonistas del informe El Crimen
habla por teléfono que la Comisión investigadora hizo público.
Tras ponerse en evidencia lo vulnerable de la cárcel de Jipijapa,
Contreras fue trasladado a la Granja Penitenciaria El Rodeo, de
Portoviejo, donde permanece. En el seguimiento que dio BLANCO y NEGRO, el
19 de agosto, su foto coincide con los rasgos de uno de losretratos
hablados de Victorino, presunto sicario ejecutor del asesinato; así como
la de Vicente Stanley Domínguez Avilés, también ex miembro de la
seguridad de los Cevallos, se parece al retrato hablado de Milanta, otro
de los sicarios del caso.
Contreras insiste que el día del crimen estaba en la provincia de El Oro,
pero "no recuerda dónde durmió, comió o con quién habló. Es solo una
coartada", dice Hurtado Angulo, quien cree que este sigue siendo la pieza
clave en el rompecabezas de la muerte de su padre. (GCG)
Dólares falsos, en ruta hacia Ecuador
La dolarización convirtió al Ecuador en un mercado potencial de dólares
falsos. Más aún cuando estos se fabrican a gran escala en el Valle del
Cauca, una zona de Colombia relativamente cercana a la actividad
comercial de Tulcán, en la frontera norte.
BLANCO y NEGRO recogió, el 22 de julio de 2000, los reportes del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) colombiano, que señalaban
entonces a un decomiso de billetes falsos por el equivalente a $12
millones, en Cali, como una de sus mayores operaciones. Recientemente, el
17 de noviembre de 2000, la Policía colombiana descubrió otra fábrica
subterránea, en Versalles, donde se imprimían igualmente miles de
billetes dólares falsos, de alta perfección, para destinos como Ecuador y
Estados Unidos.
El sistema financiero, que los rechaza apenas los detecta, es el mejor
filtro para evitar la circulación masiva de estos, aunque en la misma
investigación se detectó el intento de meterlos en las cajas de un banco,
con la complicidad fallida de empleados de esa entidad.
Otros billetes, aunque reales, en cambio, permitieron poco antes, el 24
de junio de 2000, detectar las huellas de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, (FARC), en el Ecuador. Los dinares iraquíes,
o caballitos como son conocidos en Colombia y ahora en Ecuador, fueron
detectados en poder de un grupo de abastecedores de pertrechos y
municiones para la guerrilla, apresados en Guayaquil.
Entre los involucrados estuvo Ernesto Rodríguez Valdiviezo, comandante de
la Policía Metropolitana y ex oficial del Ejército. Con los dinares y
dólares se compraba, según una supuesta declaración de Raúl Mina (otro
detenido) implementos para "la guerrilla de los pobres". (GCG)
Salud: paros y un presupuesto solo para pagar los salarios
BLANCO y NEGRO reveló, el 8 de abril anterior, los problemas de los
hospitales del Litoral, en especial la falta de presupuesto, del cual,
sin embargo, se destina hasta el 96%, solo para pagar los sueldos a los
empleados que constantemente se paralizan. Y los fondos de la autogestión
resultan insuficientes para los demás gastos.
Aquello ocurre, por ejemplo, en el regional Verdi Zevallos Balda, de
Portoviejo (Manabí), en el que laboran 200 médicos y trabajadores
administrativos y 280 auxiliares de enfermería. La situación en esta
provincia empeora, pues el número de casos de leishmaniasis cutánea (una
afección producida por un vector) aumentan, así como los de dengue y
paludismo, aunque el director provincial de Salud, Bosco Mendoza, diga lo
contrario.
En Manabí, no hay un presupuesto fijo ni siquiera una de contingencia,
según estableció BLANCO y NEGRO este 16 de diciembre. Los complicaciones
por las epidemias pueden acrecentarse, debido a las continuas
paralizaciones del Servicio de Erradicación de la Malaria.
En Esmeraldas, El Oro, Los Ríos y Guayas también se registran los
repuntes de las enfermedades, mientras los hospitales agonizan por el
deterioro de su infraestructura y la falta de medicamentos. (APM) (Diario
Hoy) (Blanco y Negro)
país, presupone hablar de las relaciones de la prensa con el poder.
El 25 de marzo, BLANCO Y NEGRO nos recordó que algunos de los personajes
que pretendían ser electos en los comicios seccionales de mayo, eran los
implicados en la red Peñarand. Aquello dejaba de ser una casualidad para
convertirse en un reto a la democracia. Finalmente ninguno fue electo.
Nuestra edición había tocado el punto neurálgico de un periodismo de
investigación: hablar de ese periodismo en un país donde el poder circula
entre las sombras, significa hablar al mismo tiempo del sentido de la
democracia como sistema político y como escenario de convivencia. Por
tanto, hablar de periodismo de investigación presupone hablar de las
relaciones de la prensa con el poder.
Hasta el momento, BLANCO Y NEGRO ha vivido con dos límites: el acceso a
las fuentes de información; y la obligación no deseada de guardar la
reserva de sus informantes. Los dos aluden a un solo hecho: la corrupción
y el ejercicio caprichoso del poder protegido en el secreto de Estado. Ya
lo dijo Benjamín Terán, Contralor del estado bajo el Gobierno de Alarcón,
a propósito de las investigaciones sobre unos gastos reservados: eso es
ya un cadáver, un muerto jurídico, nadie podrá arrancarle una palabra, se
llevó a la tumba el secreto de esos gastos.
Hemos sacralizado el secreto de Estado. El funcionario estatal sustenta
su arrogancia en poseer secretos de Estado. Y con esa arrogancia nos
hemos encontrado este año,cuando hemos intentado desentrañar redes
telefónicas ilegales entre Italia y Ecuador, corrupción en las aduanas o
casos que duermen el sueño de los justos en la Fiscalía.
Nadie responde con una confesión, con una verdad. Solamente con
eufemismos: seguridad interna o externa, allí donde existen inconfesables
compras de conciencia, o posiciones personales.
Hemos aprendido a reconocer los actos de corrupción o los crímenes de
Estado, por boca de los corruptos y los asesinos. Difícil imaginarse que
la transparencia haya llegado a extremo tan humillante. El caso Restrepo,
un caso simbólico de la lucha por los derechos humanos en torno a la
desaparición de dos adolescentes, fue despejado por obra de uno de los
torturadores de los muchachos Restrepo. Ayer fue un banquero preso el que
nos confronta con la corrupción de las campañas electorales. Hoy es un
defenestrado superintendente de Bancos que se defiende revelándonos uno
de los escenarios más insólitos de corrupción bancaria. En agosto, BLANCO
Y NEGRO le siguió los pasos al caso de Jaime Hurtado, a partir de las
declaraciones de un cómplice y, por un momento, el tema revivió, para
volver a agonizar entre los folios de un juzgado. El periodismo de
investigación se ve abocado a alimentarse de los odios, de las vendetas.
A los periodistas no nos queda otra alternativa que dar fe a los rumores,
cubrir la retirada o la cobardía de los informantes, actuar sobre los
rencores políticos para desempolvar con enorme trabajo las memorias y
encontrar la relación entre los hechos.
Y todo ello es visto como un hecho natural, porque en el país no hay el
hábito de estar informado. Existe también otro silenciamiento público: la
voz de los excluidos. Por ello levantamos este año tres temas: el éxito
del programa de discapacitados del Cebycam, la exigencia de las víctimas
de violaciones a los derechos humanos y la protección a los testigos de
delitos. Estos dos últimos temas duermen un sueño injusto en alguna
comisión del Congreso.
El sistema se sustenta en la desinformación. Y un periodismo de
investigación no se resuelve con la voluntad del medio, de invertir
recursos humanos y físicos en crear y mantener una unidad de
investigación. Ese periodismo solo es posible en la medida en que la
sociedad produzca ciudadanía, en que la sociedad encarne la necesidad de
la información Allí donde no hay un mercado real, donde el mercado es una
parodia y las relaciones las sigue dominando una estructura empresarial
enormemente frágil, la empresa periodística no tiene espacios para
ejercer la independencia. Así ocurrió cuando intentamos desenredar el
estado calamitoso y oculto de la aviación comercial en el Ecuador. El
resultado fue intereses que se sintieron afectados.
El patrimonio que resta de un esfuerzo de investigación como BLANCO y
NEGRO es un conjunto de temas pendientes, sin resolución, que vamos a
recordar en esta ocasión.. No perdemos, sin embargo, el deseo de
continuar desnudando algunos hechos.
Los amigos de Peñaranda
25 de marzo. BLANCO Y NEGRO desempolva el caso Peñaranda. La extradición
sigue pendiente, mientras algunos de los vinculados al escándalo
continúan ejerciendo la política en sus provincias.
Pena de muerte en la Perimetral
13 de mayo. En la impunidad, bandas que tienen similitudes con cuerpos
paramilitares, se dedican a limpiar Guayaquil de delincuentes, ejerciendo
por su cuenta la pena de muerte. El paredón clandestino: la perimetral.
La muerte de los mulas
28 de octubre. El rostro más injusto de la lucha contra el narcotráfico
son las mulas. Aquellos ciudadanos atormentados por la crisis económica,
que se deciden a tragar kilos de droga para transportarlos y mueren en el
intento.
Dinares por dólares
24 de junio y 22 de julio. La dolarización no es solo el cambio de
moneda. Un problema se sumó, adicional: la falsificación de billetes.
BLANCO Y NEGRO denunció el caso de los dólares falsos y los dinares
convertidos en dólares.
Los curiosos remates de la AGD
Si algún tema ha sido oscuro y mal tratado en el año que fenece, es el de
los famosos remates de la AGD de los pocos bienes muebles y vehículos que
pudo recuperar de los bancos quebrados. Un triste episodio que trató
BLANCO Y NEGRO.
Los exiliados de la isla Santay
25 de noviembre. Hay lugares olvidados del país, que no cuentan en la
información ni en el desarrollo. Uno de ellos es la isla Santay. Rodeada
de escándalos financieros en el pasado, es hoy refugio de no más de un
centenar de ecuatorianos.
Los discapacitados, actores
21 de octubre. En Penipe, la zona más afectada por el bocio, un
silencioso programa ha transformado la vida de miles de habitantes del
sector. El programa lo lleva el Cebycam, pero el tema es una asignatura
pendiente del Estado.
Sueño y pesadilla del migrante
El drama de los emigrantes ha estado presente en BLANCO Y NEGRO a través
del año. Sus historias particulares en Italia, España o Nueva York. Los
modos insólitos de mantener relaciones con sus familiares en el Ecuador.
¿Agencia de viajes o coyotera?
Agencias de viajes fantasmas se han convertido en instituciones de
crédito y en coyoteras, deformando sus roles originales. Las denuncias
existen, el ministerio de Turismo ha comenzado a actuar, hace falta
concretar las sanciones.
Secuestros por dinero y ya no por ideología
En el presente año, se registraron 88 casos de secuestros en todo el país
En el presente año, se registraron 88 casos de secuestros en todo el
país. De ellos, 54 fueron resueltos por la Unidad Antisecuestros de la
Policía (Unase) sin pagar rescate. En los 34 restantes, intervenieron los
familiares de las víctimas para alcanzar una solución. BLANCO Y NEGRO
abordó, en su edición del 8 de julio, los mecanismos ocultos que entraña
la liberación de un secuestrado.
En el secuestro de diez empleados petroleros, el 14 de octubre, en
Pompeya, la Policía Nacional no tuvo participación, pues quien lleva el
caso es el Ministerio de Defensa directamente.
En este caso, los secuestradores mantienen contacto directo con las
compañías petroleras, debido a que hay una nueva modalidad para rescatar
a las víctimas: contratando empresas negociadoras privadas, que buscan la
liberación a través del pago de millonarios rescates. En la Unase, se
cree que con la aparición de esas empresas, que ocultan pistas de los
posibles captores, este delito se ha multiplicado. Además, esta entidad
actuó en el secuestro de tres empresarios guayaquileños, sin pagar un
centavo. La Unase, dicen sus autoridades, también negocia, porque no
puede exponer la vida del secuestrado, pero en esos casos ha pagado
pequeñas cantidades.
En el 100% de los casos, se ha capturado a los culpables. Sin embargo,
cuatro víctimas fueron asesinadas porque los familiares actuaron por su
cuenta. Un agravante es que todos los plagiadores que han sido detenidos
ya están libres. Desde 1993 que opera la Unase, se ha capturado a 66
delincuentes, no obstante, ninguno está en la cárcel. Estos quedan libres
porque son condenados con el mínimo de la Ley (Art. 189 del Código
Penal): seis meses, por permitir la liberación de la víctima sin
maltratarla.
Los numerales 4 y 8 del art. 189 detallan, cuando la sanción es más dura:
"Un secuestrador será sancionado de 3 a 6 años si la víctima es
maltratada, pese a ser puesta en libertad y será condenado a 16 años si
ha provocado la muerte de la víctima". Según la Unase, ambas normas son
inaplicables, porque la víctima es la materia prima del captor.
En la última década no se han registrado secuestros por razones
ideológicas en el Ecuador. Los blancos de los captores han sido personas
acaudaladas y, en los últimos tiempos, con seguro de vida, porque las
aseguradoras negocian con los plagiadores.
El secuestro, según la Unase, es una inversión delictiva: el plagiador
paga por inteligencia (compra información de las víctimas, familiares o
empleados), equipos de comunicación, vehículos, sitio de cautiverio,
alimentos y medicinas; y espera una ganancia. Las organizaciones que
operan en la Amazonía y en la Costa tienen vínculos con narcotraficantes,
estableció este suplemento. (ACG)
Panamericana Sur aguarda su completa reparación
La carretera Panamericana Sur, en el tramo que une a Quito con Latacunga,
no termina de ser reparada aún, a pesar de los esfuerzos realizados por
el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para ponerla en buenas condiciones.
Existen por lo menos tres sectores de la vía, en los que se debe trabajar
intensamente para finalizar la reparación de la carpeta asfáltica, que ha
tenido un gran avance en su reposición.
Uno de los puntos más conflictivos es el sector de Alóag. Debido a que no
hay una definición sobre qué entidad debe tomar a su cargo el arreglo de
la carretera en ese lugar, el distribuidor de tránsito se encuentra cada
vez más deteriorado. Los conductores de los vehículos deben sortear
enormes baches para continuar su camino, huecos que son visibles en días
soleados, pero se convierten en auténticas trampas durante los aguaceros.
La polémica de qué entidad debe tomar a su cargo el arreglo de la vía, se
encuentra entre el MOP y el Consejo Provincial de Pichincha (CPP).
Mientras tanto, son los usuarios quienes pagan las consecuencias del mal
estado de la carretera.
Sectores en mal estado
Otro de los sectores que debe esperar su reparación es el situado a la
altura de Machachi. Allí se debe ensanchar la calzada, pero falta el
acuerdo con los propietarios de las viviendas que deben ser demolidas, en
muchos casos, totalmente. Se conoció que el MOP negocia con los afectados
un convenio.
Un tercer tramo que espera atención es la construcción del puente en
Jambelí. Esta obra se encuentra ya planificada y se efectuará durante el
próximo año.
Por lo demás, el Ministerio de Obras Públicas ha logrado rehabilitar la
carretera en tramos conflictivos, como el que se encuentra a la altura
del Fuerte Atahualpa. Allí se ha construido cunetas para impedir que el
agua destruya la vía. Además, se han limpiado los bordes de casi toda la
vía, con lo que está protegida la reparación de la carretera. (CPV)
Las excitativas y las sospechas todavía pendientes de la fiscal
La fiscal de la Nación estuvo en estas páginas, en un momento del año, a
propósito de la lentitud de los trámites a su cargo y la indiferencia
ante ciertas demandas hechas a gritos por la ciudadanía. Ahora se trata
de las denuncias que, contra los banqueros fugados y contra quienes se
beneficiaron de la crisis bancaria, planteara el ex superintendente, Juan
Falconí Puig, en su juicio político.
Según Mariana Yépez, en el juicio político Juan Falconí expresó que
dejaba una lista de aquellos que se beneficiaron con la información
privilegiada del congelamiento. "Yo he pedido a la Superintendencia de
Bancos la lista, pero me entregaron una que, desde antes, circulaba en la
Comisión del Control Cívico de la Corrupción y esa es una lista en la que
no hemos encontrado nada".
La fiscal, entonces, dijo que de esa lista se ha investigado al 99% de
las personas involucradas sin conseguir ningún resultado. "La lista del
diputado Dotti no es una investigación con nombres, sino que pide
investigación para el presidente, ministros, subsecretarios, diputados y
otros funcionarios y sus parientes. Investigamos a más de 400 empresas y
todavía estamos procesando esa información".
Ella reitera que, de todos los juicios por delitos financieros, el 99%
fueron iniciados por la Fiscalía, ya sea a título personal o por los
ministros fiscales. También hay otros que han ido a la Corte, por
ejemplo, el caso de Filanbanco, donde están involucradas personas que
gozan de fuero de Corte y en el caso Filanbanco, he actuado pidiendo
diligencias y debo estar presente en todas las actuaciones procesales que
son públicas, audiencias de estrados y otras diligencias. En ese tema no
hubo demora, no emitimos excitativa porque no teníamos informe de la
Superintendencia. En un inicio nos envió dos informes sobre temas
parciales, mas no teníamos la información que requeríamos", afirma.
Además, precisa que Juan Falconí abrió las puertas, y la información rem
itida por él sirvió de base para presentar el juicio a la Corte Suprema,
contra 14 personas.
Yo respeto el criterio de los legisladores, pero en el tema bancario lo
básico para iniciar un enjuiciamiento es un informe de la
Superintendencia.
Yo no sé de qué demoras hablan, porque recibí el informe y al siguiente
día presenté la excitativa, no veo la demora en el caso Filanbanco".
Y sobre el caso del Banco Popular y el principal sindicado, el ex
banquero Nicolás Landes, ella manifiesta que fue la Fiscalía la que
inició todos los juicios en contra de esta entidad bancaria e incluso
hemos participado en la extradición de Landes. (ACG)
Mulas: 14 muertes y 450 detectadas
Hasta la semana anterior, según la Dirección Nacional de Inteligencia
Antinarcóticos, fueron apresadas más de 450 personas, que intentaban
transportar cápsulas con clorhidrato de cocaína o heroína en sus
estómagos. Los destinos preferidos son Europa y Estados Unidos.
Y los que evaden los controles policiales, serían el triple, pues no hay
un método técnico que detecte a las denominadas mulas del narcotráfico,
como lo reveló este suplemento de investigación el 28 de octubre
anterior. Incluso el jefe de Inteligencia y Coordinación Conjunta de
Antinarcóticos, Fabián Solano, admite que la suerte y experiencia son aún
decisivos en el trabajo de los agentes. Se necesitaría, por ejemplo, un
equipo de rayos X portátil, cuyo costo es inalcanzable para el
presupuesto de la Policía Nacional.
En los últimos 25 días, murieron tres personas producto de que alguna de
las cápsulas reventó dentro su cuerpo. El número de fallecidos por este
motivo, en lo que va del año, 14.
BLANCO y NEGRO estableció que, desde Guayaquil y Quito, parten, al menos,
140 mil mulas a la semana, pues más del 50% evade los controles. Se
calcula que, en promedio, cada una puede llevar un kilo de cocaína en su
estómago, avaluado en $50 mil. Es decir, mueven un negocio de $7 millones
a la semana por los dos aeropuertos internacionales. Y, además, aún no se
logra desarticular las escuelas de reclutamiento que operan en la
capital, dirigidas por libaneses, iraníes, africanos, árabes, colombianos
y también ecuatorianos. (APM)
Persisten conflictos aduaneros
Solo hasta julio anterior, como reveló BLANCO y NEGRO, se iniciaron 564
procesos por ilícitos aduaneros cometidos en los distritos de Guayaquil,
Quito y Cuenca. Pero hasta la fecha no hay ni una persona detenida,
aunque cientos están sindicadas, incluso por presuntas defraudaciones al
Fisco. El agente de Aduanas de Huaquillas, Tulio Campoverde, por ejemplo,
fue detenido, y salió inmediatamente en libertad al instaurar un recurso
de hábeas corpus.
Además, los 560 uniformados del Servicio de Vigilancia Aduanera son
insuficientes para realizar un control del ingreso de contrabando al
país.
Lo admite Héctor Rubio, director de ese organismo, que depende de la
Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE). "Ecuador es pequeño, aunque
accequible por todo lado. Existen muchos pasos clandestinos", afirma.
A esto se suma los miles de casos represados (conocidos como los huesos)
desde el 10 de marzo de 1994, cuando se expidió, con Registro Oficial
396, la Ley Orgánica de Aduanas: los cuatro Juzgados Fiscales del país
dejaron de ser netamente administrativos (a cargo del Ministerio de
Finanzas) y pasaron a depender de la Función Judicial. Hasta esa fecha,
Finanzas y la Aduana pagaban las respectivas publicaciones de prensa,
para citar a los sindicados cuando era imposible determinar sus
domicilios y, así, acelerar los juicios. Ahora, dice Hanníbal Vela, juez
fiscal del Guayas, las autoridades de la CAE no colaboran e insisten en
que no hay dinero. (APM)
Las pistas del caso Hurtado
El crimen contra el diputado del MPD cumple dos años el 17 de febrero. La
etapa sumarial del juicio se cerró, aunque aún no se establece la culpa
de Freddy Contreras, ex guardaespaldas de la familia Cevallos.
El 18 de diciembre anterior, el juez Jenner Larreátegui decidió cerrar la
etapa sumarial de uno de los juicios que busca responsables de la
violenta muerte de quien fuera ex candidato presidencial y diputado del
Movimiento Popular Democrático, Jaime Hurtado González, tiroteado cuando
salía de la egislatura.
Y aquello hizo que la parte acusadora, encabezada por la familia, luego
de manifestar su rechazo, deba apresurarse en formalizar la acusación
particular que evite el archivo del caso. El crimen de Hurtado cumplirá,
el próximo 17 de febrero, dos años de haber ocurrido, sin que haya aún
indicios definitivos de quiénes lo pensaron y ejecutaron.
BLANCO y NEGRO abordó en dos ocasiones el tema con amplitud, durante el
año 2000. El 12 de agosto, Lenin Hurtado Angulo, el hijo de la víctima y
presidente de la Comisión que hace seguimiento al caso, reveló sus
fundadas sospechas de que el autor material del asesinato fuese Freddy
Simón Contreras, un ex guardaespaldas de la familia manabita, Cevallos
Balda.
Contreras, quien entonces estaba detenido en Jipijapa, fue señalado por
otro ex guardaespaldas preso, Lenin Ordóñez, como autor de los crímenes
de dos hombres que supuestamente robaron a las empresas de los Cevallos.
"Contreras parece haber sido el verdugo de los Cevallos. El es el
ejecutor del crimen de mi padre: varias personas lo vieron y ya logramos
una identificación positiva. Pusimos cuatro fotografías y los testigos lo
señalaron a él. El rindió testimonio en Quito y no se le tomó
importancia", dijo entonces Lenin Hurtado.
Y se conoció también que la telefonía celular tuvo mucho que ver en el
desarrollo del asesinato. "Henry", desde Colombia; Washington Aguirre,
Cristian Ponce y Sergey Merino son protagonistas del informe El Crimen
habla por teléfono que la Comisión investigadora hizo público.
Tras ponerse en evidencia lo vulnerable de la cárcel de Jipijapa,
Contreras fue trasladado a la Granja Penitenciaria El Rodeo, de
Portoviejo, donde permanece. En el seguimiento que dio BLANCO y NEGRO, el
19 de agosto, su foto coincide con los rasgos de uno de losretratos
hablados de Victorino, presunto sicario ejecutor del asesinato; así como
la de Vicente Stanley Domínguez Avilés, también ex miembro de la
seguridad de los Cevallos, se parece al retrato hablado de Milanta, otro
de los sicarios del caso.
Contreras insiste que el día del crimen estaba en la provincia de El Oro,
pero "no recuerda dónde durmió, comió o con quién habló. Es solo una
coartada", dice Hurtado Angulo, quien cree que este sigue siendo la pieza
clave en el rompecabezas de la muerte de su padre. (GCG)
Dólares falsos, en ruta hacia Ecuador
La dolarización convirtió al Ecuador en un mercado potencial de dólares
falsos. Más aún cuando estos se fabrican a gran escala en el Valle del
Cauca, una zona de Colombia relativamente cercana a la actividad
comercial de Tulcán, en la frontera norte.
BLANCO y NEGRO recogió, el 22 de julio de 2000, los reportes del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) colombiano, que señalaban
entonces a un decomiso de billetes falsos por el equivalente a $12
millones, en Cali, como una de sus mayores operaciones. Recientemente, el
17 de noviembre de 2000, la Policía colombiana descubrió otra fábrica
subterránea, en Versalles, donde se imprimían igualmente miles de
billetes dólares falsos, de alta perfección, para destinos como Ecuador y
Estados Unidos.
El sistema financiero, que los rechaza apenas los detecta, es el mejor
filtro para evitar la circulación masiva de estos, aunque en la misma
investigación se detectó el intento de meterlos en las cajas de un banco,
con la complicidad fallida de empleados de esa entidad.
Otros billetes, aunque reales, en cambio, permitieron poco antes, el 24
de junio de 2000, detectar las huellas de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, (FARC), en el Ecuador. Los dinares iraquíes,
o caballitos como son conocidos en Colombia y ahora en Ecuador, fueron
detectados en poder de un grupo de abastecedores de pertrechos y
municiones para la guerrilla, apresados en Guayaquil.
Entre los involucrados estuvo Ernesto Rodríguez Valdiviezo, comandante de
la Policía Metropolitana y ex oficial del Ejército. Con los dinares y
dólares se compraba, según una supuesta declaración de Raúl Mina (otro
detenido) implementos para "la guerrilla de los pobres". (GCG)
Salud: paros y un presupuesto solo para pagar los salarios
BLANCO y NEGRO reveló, el 8 de abril anterior, los problemas de los
hospitales del Litoral, en especial la falta de presupuesto, del cual,
sin embargo, se destina hasta el 96%, solo para pagar los sueldos a los
empleados que constantemente se paralizan. Y los fondos de la autogestión
resultan insuficientes para los demás gastos.
Aquello ocurre, por ejemplo, en el regional Verdi Zevallos Balda, de
Portoviejo (Manabí), en el que laboran 200 médicos y trabajadores
administrativos y 280 auxiliares de enfermería. La situación en esta
provincia empeora, pues el número de casos de leishmaniasis cutánea (una
afección producida por un vector) aumentan, así como los de dengue y
paludismo, aunque el director provincial de Salud, Bosco Mendoza, diga lo
contrario.
En Manabí, no hay un presupuesto fijo ni siquiera una de contingencia,
según estableció BLANCO y NEGRO este 16 de diciembre. Los complicaciones
por las epidemias pueden acrecentarse, debido a las continuas
paralizaciones del Servicio de Erradicación de la Malaria.
En Esmeraldas, El Oro, Los Ríos y Guayas también se registran los
repuntes de las enfermedades, mientras los hospitales agonizan por el
deterioro de su infraestructura y la falta de medicamentos. (APM) (Diario
Hoy) (Blanco y Negro)
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