Dos de cada diez barriles de crudo que extraen las compañías petroleras privadas recibe el Estado ecuatoriano. Ex funcionarios y analistas petroleros insisten en que las autoridades energéticas deben renegociar los contratos para recibir más ganancias. Actualmente, el país deja de recibir entre 2.000 y 4.500 millones de dólares por los altos precios del crudo.
El Estado extrae crudo desde las entrañas de su suelo mediante 22 contratos de exploración y explotación hidrocarburífera suscritos con 20 empresas nacionales y extranjeras desde 1985, primero bajo la modalidad de prestación de servicios y, luego, de participación. De
ellos, 19 están vigentes, 2 en estado de fuerza mayor (que no pueden operar porque son cuestionadas por las comunidades nativas) y uno en trámite de caducidad (dado de baja por incumplimientos).
Dieciséis de los contratos son de participación; en este caso están las compañías Occidental, Encanecuador, City Oriente, AEC Ecuador, Ecuador TLC, Canadá Grande, Perenco, Repsol YPF, Petrobras, CNPC Amazon, EDC Ecuador, Burlington Resources y CGC (las dos últimas en estado de
fuerza mayor). Agip Oil Ecuador opera bajo la modalidad de prestación de servicios, al igual que Bellwether, Petrobell, Petrosud y Tecpecuador, que realizan la extracción de petróleo en cinco campos marginales (los que producen menos del 1% del volumen total).
Hasta diciembre del año pasado, las empresas petroleras privadas en el Ecuador tenían la concesión de 3983.000 hectáreas; su producción alcanzó los 120 millones de barriles en el 2004. El Estado opera en una superficie de 740.100 ha y el año pasado produjo 70 millones de barriles.
Con los contratos de participación, las compañías se comprometieron a efectuar las actividades de exploración y explotación en el área del contrato, realizando por su cuenta y riesgo todas las inversiones y gastos requeridos. Desde el inicio de las operaciones, esta tiene derecho a una participación en la producción del área concesionada, la cual se divide en bloques, cada uno con una extensión máxima de 200 mil hectáreas.
El Estado, a su vez, tiene una ganancia fija en el volumen de la producción que oscila entre el 12% y 30%, según la calidad del crudo, el área de concesión o costos de operación.
Así, por ejemplo, el contrato de Occidental la petrolera más grande para la explotación del bloque 15, determina una participación del 30% para el Estado cuando su producción supere los 20 mil barriles diarios.
Actualmente da más de 22 mil.
En cambio, el contrato de Encanaecuador en el bloque 17 estipula que el Estado recibirá el 15% de la producción si esta supera los seis mil barriles diarios. Produce 8.200.
Según el Acta de Comisión Interinstitucional que en septiembre pasado hizo el análisis de las acciones de control de las empresas petroleras, en los últimos cinco años el promedio de participación del Estado fue del 21%; es decir que de cada 10 barriles de crudo (que tiene 42 galones) que las contratistas extrajeron solo 2 se quedaron en el país.
La mayoría de los acuerdos de participación se negoció entre 1995 y 1999, cuando el precio del barril del petróleo llegaba a 15 dólares.
Hoy, cuando el precio del crudo está sobre los 60 dólares (sin los castigos por la calidad) y a finales de año se estima bordeará los 80, las autoridades reclaman mayores beneficios; incluso señalan que el país hubiera percibido más ingresos si hubiese mantenido el modelo de prestación de servicios.
Luis Alfredo Aráuz, ex funcionario de Petroecuador, dice que solo en la última década el país dejó de recibir entre 50 centavos y 38 dólares más por cada barril de crudo exportado. Para el experto petrolero, esa desigualdad en la distribución de los beneficios de la explotación y comercialización del crudo es producto de malas negociaciones y, sobre todo, de falta de patriotismo.
La empresa estatal de petróleos, Petroecuador, sin embargo, no admite el concepto de mal negocio porque no se han cometido errores garrafales y voluntarios, tampoco aceptan que haya pérdidas porque no puede perder algo que no se ha tenido. No obstante, reconocen que sí se pudo mejorar la negociación para conseguir más ingresos. Fernando
Santos, ex asesor jurídico de la OPEP, opina que el descontento nacional por las distorsiones de los contratos petroleros es evidente pero ninguno de los gobiernos ha tenido el valor de invitar a las compañías a negociar; yo creo que sí tienen disposición para hacerlo.
Agrega que dicho descontento generó odios hacia las contratistas que se evidencian en el trato que reciben. Un ejemplo, asegura, es la declaratoria de caducidad del contrato de Occidental con el argumento de que esta no cumplió 34 disposiciones, entre ellas la notificación al Estado de la transferencias de acciones a la empresa canadiense Encana.
Son pretextos ridículos, dice.
Pero René Ortiz, ex ministro de Energía de Jamil Mahuad y actual presidente de la Asociación de Empresas de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador (AIHE), señala que las compañías no tienen por qué aceptar una renegociación. Eso es inseguridad jurídica. Cuando el mercado favorece al Ecuador, el contrato es bueno; pero cuando está mal, que sufran las empresas. El Estado no está midiendo con la misma vara. Tampoco puede imponer nuevos tributos; eso es cambiar las reglas del juego. La Constitución de la República dice que todos somos
iguales, no hay ciudadanos o corporaciones de primera o de segunda, expresa.
Dentro de los contratos, sin embargo, existe una cláusula que permite la renegociación cuando las condiciones económicas bajo las cuales se firmaron cambian. Wilson Pástor, ex presidente ejecutivo de Petroecuador en el último mes de la administración de Jamil Mahuad y
actual subgerente de la petrolera china CPEB, indica que el Estado debe ejecutarla para buscar otras alternativas de contratación que, por supuesto, consideren la variable más importante del mercado: el precio del producto.
Pástor sugiere adoptar una modalidad parecida a la que tiene la petrolera estatal chilena ENAP; esta opera el campo marginal Mauro Dávalos bajo la figura de alianza estratégica. Según el acuerdo, cuando el precio del barril de petróleo sea igual o menor a 15 dólares, la empresa se queda con el 70% de la producción y el Estado con el 30%.
Si este es mayor de 25 dólares, el Estado recibe el 72%. Asimismo, el contrato de la petrolera Petrobras de Brasil estipula que por cada dólar que suba el precio del barril del crudo, la participación estatal aumentará el 1%.
El porcentaje de participación del Estado dentro de los contratos petroleros no debe ser inferior al 50%, expresa Mauricio Santos, secretario del Comité de Empresa de Petroproducción (Cenepro); y a esto se debe agregar el porcentaje de pago de regalías (entre el 12,5% y el
18,5%) presente en el primer contrato de concesión con Texaco-Gulf, suscrito en 1964.
Otra variable por considerar, según Aráuz, es la calidad del petróleo.
El Estado produce crudo de 24 grados API, es decir medianamente liviano. Las privadas, obtienen petróleo de 19 grados API (más pesado).
Cuando ambos tipos se mezclan en el Sistema de Oleoducto
Transecuatoriano (SOTE), el crudo estatal pierde calidad, lo cual amerita una compensación ya sea en dinero o en volumen.
EL PASO DE LOS AÑOS
1870-1940
En 1878 se otorga la primera concesión al colombiano M.G. Mier para que pueda extraer petróleo de Santa Elena.
En 1886, el Congreso crea el Primer Código de Minería, que declara la propiedad del Estado sobre minas. En 1911 se perfora exitosamente el primer pozo petrolero en Santa Elena. En 1933 se crea la Dirección General de Minas y Petróleos.
1941-1970
En 1948, la Shell devuelve al Estado parte de su concesión, indicando que no existe petróleo en la Amazonia.
1971-1972
El 29 de marzo de 1967 brotaron 2.610 barriles diarios de petróleo del pozo Lago Agrio. En 1970 la Compañía William Brothers inició la construcción del oleoducto. El 23 de junio de 1972 se crea la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) para explorar, industrializar y comercializar petróleo. El 17 de agosto de 1972 se exporta por primera vez petróleo desde Balao, en Esmeraldas.
1973-1984
En noviembre de 1973, Ecuador ingresó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. En junio de 1975 termina con éxito la primera perforación exploratoria de CEPE en el Oriente. En 1977, CEPE controló las operaciones de abastecimiento de los combustibles.
1985-2000
En marzo de 1987 un terremoto rompió el oleoducto y paralizó las actividades hidrocarburíferas tres meses. En 1989 se crea Petroecuador en vez de CEPE. En 1993, Ecuador se retiró de la OPEP. En febrero de 1999 se declara protegida de actividad petrolera un área extensa en los
parques nacionales Cuyabeno y Yasuní.
Dudas por pago de impuestos
Entre el 2000 y el 2004, las empresas petroleras registradas en el país (no solo las que efectúan la extracción del crudo sino las que proveen otros servicios al Estado) pagaron 633 millones de dólares por concepto de Impuesto a la Renta (IR), según un reporte de la Unidad de
Contratos de Petroecuador basado en cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Dos de ellas, Occidental y Agip Oil Ecuador, encabezan la lista de las mayores contribuyentes del país, por delante de empresas como la telefónica Andinatel, la eléctrica Hidropaute, Supermercados La Favorita (dueños de la cadena Supermaxi) y la Compañía de Cervezas Nacionales (CCN). Ambas pagaron, el año pasado, 102 y 32 millones,
respectivamente.
El IR equivale al 25% de la utilidad neta del negocio, es decir, la diferencia entre la ganancia bruta y los costos de producción. En ese periodo, las petroleras tuvieron ganancias por diez mil millones de dólares y declararon gastos por más de 6.300 millones. Es decir que las
compañías entregaron al Estado por concepto de IR el 6,6% de su ingreso bruto.
Mariano Santos, presidente del Comité de Empresa de Petroproducción (Cenapro), afirma que las empresas inflan sus costos para reducir la utilidad. Las compañías aseguran gastar diez dólares en la producción de cada barril de petróleo, mientras que Petroecuador afirma hacerlo por 4.
De hecho, en abril pasado, el SRI emitió 22 glosas (observaciones) contra quince petroleras por supuestas irregularidades en el pago del IR entre el 2000 y el 2001.
Técnicos del SRI señalaron entonces que estas redujeron sus ingresos e inflaron sus gastos para declarar menos ganancias. Por eso algunas han declarado pérdidas, dijeron. En total, la entidad estableció glosas
por $ 282,08 millones. Las petroleras impugnaron.
René Ortiz, ex ministro de Energía de Jamil Mahuad y actual presidente de la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador (AIHE), que aglutina a las compañías privadas, sostiene que estas no solo son
las mejores pagadoras de impuestos del país, sino que realizan aportaciones para el desarrollo de las provincias amazónicas.
El Estado extrae crudo desde las entrañas de su suelo mediante 22 contratos de exploración y explotación hidrocarburífera suscritos con 20 empresas nacionales y extranjeras desde 1985, primero bajo la modalidad de prestación de servicios y, luego, de participación. De
ellos, 19 están vigentes, 2 en estado de fuerza mayor (que no pueden operar porque son cuestionadas por las comunidades nativas) y uno en trámite de caducidad (dado de baja por incumplimientos).
Dieciséis de los contratos son de participación; en este caso están las compañías Occidental, Encanecuador, City Oriente, AEC Ecuador, Ecuador TLC, Canadá Grande, Perenco, Repsol YPF, Petrobras, CNPC Amazon, EDC Ecuador, Burlington Resources y CGC (las dos últimas en estado de
fuerza mayor). Agip Oil Ecuador opera bajo la modalidad de prestación de servicios, al igual que Bellwether, Petrobell, Petrosud y Tecpecuador, que realizan la extracción de petróleo en cinco campos marginales (los que producen menos del 1% del volumen total).
Hasta diciembre del año pasado, las empresas petroleras privadas en el Ecuador tenían la concesión de 3983.000 hectáreas; su producción alcanzó los 120 millones de barriles en el 2004. El Estado opera en una superficie de 740.100 ha y el año pasado produjo 70 millones de barriles.
Con los contratos de participación, las compañías se comprometieron a efectuar las actividades de exploración y explotación en el área del contrato, realizando por su cuenta y riesgo todas las inversiones y gastos requeridos. Desde el inicio de las operaciones, esta tiene derecho a una participación en la producción del área concesionada, la cual se divide en bloques, cada uno con una extensión máxima de 200 mil hectáreas.
El Estado, a su vez, tiene una ganancia fija en el volumen de la producción que oscila entre el 12% y 30%, según la calidad del crudo, el área de concesión o costos de operación.
Así, por ejemplo, el contrato de Occidental la petrolera más grande para la explotación del bloque 15, determina una participación del 30% para el Estado cuando su producción supere los 20 mil barriles diarios.
Actualmente da más de 22 mil.
En cambio, el contrato de Encanaecuador en el bloque 17 estipula que el Estado recibirá el 15% de la producción si esta supera los seis mil barriles diarios. Produce 8.200.
Según el Acta de Comisión Interinstitucional que en septiembre pasado hizo el análisis de las acciones de control de las empresas petroleras, en los últimos cinco años el promedio de participación del Estado fue del 21%; es decir que de cada 10 barriles de crudo (que tiene 42 galones) que las contratistas extrajeron solo 2 se quedaron en el país.
La mayoría de los acuerdos de participación se negoció entre 1995 y 1999, cuando el precio del barril del petróleo llegaba a 15 dólares.
Hoy, cuando el precio del crudo está sobre los 60 dólares (sin los castigos por la calidad) y a finales de año se estima bordeará los 80, las autoridades reclaman mayores beneficios; incluso señalan que el país hubiera percibido más ingresos si hubiese mantenido el modelo de prestación de servicios.
Luis Alfredo Aráuz, ex funcionario de Petroecuador, dice que solo en la última década el país dejó de recibir entre 50 centavos y 38 dólares más por cada barril de crudo exportado. Para el experto petrolero, esa desigualdad en la distribución de los beneficios de la explotación y comercialización del crudo es producto de malas negociaciones y, sobre todo, de falta de patriotismo.
La empresa estatal de petróleos, Petroecuador, sin embargo, no admite el concepto de mal negocio porque no se han cometido errores garrafales y voluntarios, tampoco aceptan que haya pérdidas porque no puede perder algo que no se ha tenido. No obstante, reconocen que sí se pudo mejorar la negociación para conseguir más ingresos. Fernando
Santos, ex asesor jurídico de la OPEP, opina que el descontento nacional por las distorsiones de los contratos petroleros es evidente pero ninguno de los gobiernos ha tenido el valor de invitar a las compañías a negociar; yo creo que sí tienen disposición para hacerlo.
Agrega que dicho descontento generó odios hacia las contratistas que se evidencian en el trato que reciben. Un ejemplo, asegura, es la declaratoria de caducidad del contrato de Occidental con el argumento de que esta no cumplió 34 disposiciones, entre ellas la notificación al Estado de la transferencias de acciones a la empresa canadiense Encana.
Son pretextos ridículos, dice.
Pero René Ortiz, ex ministro de Energía de Jamil Mahuad y actual presidente de la Asociación de Empresas de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador (AIHE), señala que las compañías no tienen por qué aceptar una renegociación. Eso es inseguridad jurídica. Cuando el mercado favorece al Ecuador, el contrato es bueno; pero cuando está mal, que sufran las empresas. El Estado no está midiendo con la misma vara. Tampoco puede imponer nuevos tributos; eso es cambiar las reglas del juego. La Constitución de la República dice que todos somos
iguales, no hay ciudadanos o corporaciones de primera o de segunda, expresa.
Dentro de los contratos, sin embargo, existe una cláusula que permite la renegociación cuando las condiciones económicas bajo las cuales se firmaron cambian. Wilson Pástor, ex presidente ejecutivo de Petroecuador en el último mes de la administración de Jamil Mahuad y
actual subgerente de la petrolera china CPEB, indica que el Estado debe ejecutarla para buscar otras alternativas de contratación que, por supuesto, consideren la variable más importante del mercado: el precio del producto.
Pástor sugiere adoptar una modalidad parecida a la que tiene la petrolera estatal chilena ENAP; esta opera el campo marginal Mauro Dávalos bajo la figura de alianza estratégica. Según el acuerdo, cuando el precio del barril de petróleo sea igual o menor a 15 dólares, la empresa se queda con el 70% de la producción y el Estado con el 30%.
Si este es mayor de 25 dólares, el Estado recibe el 72%. Asimismo, el contrato de la petrolera Petrobras de Brasil estipula que por cada dólar que suba el precio del barril del crudo, la participación estatal aumentará el 1%.
El porcentaje de participación del Estado dentro de los contratos petroleros no debe ser inferior al 50%, expresa Mauricio Santos, secretario del Comité de Empresa de Petroproducción (Cenepro); y a esto se debe agregar el porcentaje de pago de regalías (entre el 12,5% y el
18,5%) presente en el primer contrato de concesión con Texaco-Gulf, suscrito en 1964.
Otra variable por considerar, según Aráuz, es la calidad del petróleo.
El Estado produce crudo de 24 grados API, es decir medianamente liviano. Las privadas, obtienen petróleo de 19 grados API (más pesado).
Cuando ambos tipos se mezclan en el Sistema de Oleoducto
Transecuatoriano (SOTE), el crudo estatal pierde calidad, lo cual amerita una compensación ya sea en dinero o en volumen.
EL PASO DE LOS AÑOS
1870-1940
En 1878 se otorga la primera concesión al colombiano M.G. Mier para que pueda extraer petróleo de Santa Elena.
En 1886, el Congreso crea el Primer Código de Minería, que declara la propiedad del Estado sobre minas. En 1911 se perfora exitosamente el primer pozo petrolero en Santa Elena. En 1933 se crea la Dirección General de Minas y Petróleos.
1941-1970
En 1948, la Shell devuelve al Estado parte de su concesión, indicando que no existe petróleo en la Amazonia.
1971-1972
El 29 de marzo de 1967 brotaron 2.610 barriles diarios de petróleo del pozo Lago Agrio. En 1970 la Compañía William Brothers inició la construcción del oleoducto. El 23 de junio de 1972 se crea la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) para explorar, industrializar y comercializar petróleo. El 17 de agosto de 1972 se exporta por primera vez petróleo desde Balao, en Esmeraldas.
1973-1984
En noviembre de 1973, Ecuador ingresó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. En junio de 1975 termina con éxito la primera perforación exploratoria de CEPE en el Oriente. En 1977, CEPE controló las operaciones de abastecimiento de los combustibles.
1985-2000
En marzo de 1987 un terremoto rompió el oleoducto y paralizó las actividades hidrocarburíferas tres meses. En 1989 se crea Petroecuador en vez de CEPE. En 1993, Ecuador se retiró de la OPEP. En febrero de 1999 se declara protegida de actividad petrolera un área extensa en los
parques nacionales Cuyabeno y Yasuní.
Dudas por pago de impuestos
Entre el 2000 y el 2004, las empresas petroleras registradas en el país (no solo las que efectúan la extracción del crudo sino las que proveen otros servicios al Estado) pagaron 633 millones de dólares por concepto de Impuesto a la Renta (IR), según un reporte de la Unidad de
Contratos de Petroecuador basado en cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Dos de ellas, Occidental y Agip Oil Ecuador, encabezan la lista de las mayores contribuyentes del país, por delante de empresas como la telefónica Andinatel, la eléctrica Hidropaute, Supermercados La Favorita (dueños de la cadena Supermaxi) y la Compañía de Cervezas Nacionales (CCN). Ambas pagaron, el año pasado, 102 y 32 millones,
respectivamente.
El IR equivale al 25% de la utilidad neta del negocio, es decir, la diferencia entre la ganancia bruta y los costos de producción. En ese periodo, las petroleras tuvieron ganancias por diez mil millones de dólares y declararon gastos por más de 6.300 millones. Es decir que las
compañías entregaron al Estado por concepto de IR el 6,6% de su ingreso bruto.
Mariano Santos, presidente del Comité de Empresa de Petroproducción (Cenapro), afirma que las empresas inflan sus costos para reducir la utilidad. Las compañías aseguran gastar diez dólares en la producción de cada barril de petróleo, mientras que Petroecuador afirma hacerlo por 4.
De hecho, en abril pasado, el SRI emitió 22 glosas (observaciones) contra quince petroleras por supuestas irregularidades en el pago del IR entre el 2000 y el 2001.
Técnicos del SRI señalaron entonces que estas redujeron sus ingresos e inflaron sus gastos para declarar menos ganancias. Por eso algunas han declarado pérdidas, dijeron. En total, la entidad estableció glosas
por $ 282,08 millones. Las petroleras impugnaron.
René Ortiz, ex ministro de Energía de Jamil Mahuad y actual presidente de la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador (AIHE), que aglutina a las compañías privadas, sostiene que estas no solo son
las mejores pagadoras de impuestos del país, sino que realizan aportaciones para el desarrollo de las provincias amazónicas.
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