Quito. 14 sep 97. Para que un culpable pueda salir indemne de
cualquier acto de justicia, es preciso que detrás de él haya
una vasta red de cómplices.
No hay culpable a salvo, si a la vez no hay muchos cómplices:
beneficiarios de favores, padrinos, sicarios, guardaespaldas,
voceros, secretos albañiles de la ratonera que le sirve de
protección.
Si el culpable deja de ser invulnerable, todos sus
encubridores corren peligro.
Durante las tres semanas de julio que pasé en la Argentina,
tuve la sensación de que el país estaba dominado por un espeso
tejido de corrupciones: todos los crímenes o estafas sin
descubrir, aun los más escandalosos y flagrantes, como el
atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel, la ejecución
mafiosa del repotero gráfico José Luis Cabezas en la playa de
Pinamar, y las causas todavía abiertas contra decenas de
funcionarios próximos al presidente Menem, parecían estar
atados entre sí.
Ya no se trata de lo que la gente sabe o no sabe en Buenos
Aires, Tucumán o Córdoba, sino de lo que la gente cree. La
gente cree a ciegas aquello que le parece más próximo a la
verdad. En una cultura como la argentina, construida sobre una
larga maraña de falsías oficiales, la verdad es aquello que la
gente acepta como tal.
La colectiva falta de fe en la justicia ha engendrado el
dudoso principio de que toda figura pública con una imagen
culpable tiene, para corregir esa imagen, que demostrar su
inocencia. Si uno solo de los crímenes se esclareciera, se oye
decir, todos los demás saldrían a la luz. La sensación de que
algunos privilegiados gozan de plena impunidad ha permitido
que la sensación de inseguridad aumente aceleradamente.
Los argentinos se están volviendo paranoicos. En los
colectivos, en los cafés y, por supuesto, en las
conversaciones de los periodistas, siempre se menciona a un
culpable preciso. O, para explicarlo mejor, se habla de un
Gran Culpable y de un Gran Cómplice, al que se menciona
también como el gran beneficiario de ese tejido de
corrupciones y, al mismo tiempo, como el gran prisionero.
Pero nadie tiene pruebas suficientes. Si alguien hablara,
quizás aparecerían las pruebas. Sin embargo, no hay quien se
atreva. La gente tiene miedo de ese poder secreto que parece
estar en todas partes y que ha contaminado el aire del país.
Los periodistas, que son los que disponen de más datos, han
dibujado más de una vez, casi siempre entre líneas, ese feroz
poder mafioso que se agazapa en la oscuridad.
Pero no saben cómo lo pueden tocar ni cuándo podrán hacerlo,
sin jugarse la vida. Los últimos días de julio tuve
entrevistas informales, en Washington D.C., con tres figuras
notorias de la política norteamericana, dos de los cuales son
miembros del Parlamento.
Los tres, que llevan años defendiendo el modelo económico
argentino y lo que ellos ven como una "clara modernización'
de la sociedad, se mostraron de pronto alarmados por la cada
vez más acentuada imagen de corrupción e impunidad de
personajes cercanos al Gobierno.
Todos habían oído alguna vez, en los últimos meses, la versión
de que algunas empresas del llamado "grupo Yabrán' nacieron y
crecieron con el dinero sucio de represores de la última
dictadura militar. A los oídos de todos llegó también el rumor
de que esas empresas contaron con el amparo de funcionarios
del gobierno radical y, sobre todo, del actual Gobierno
menemista, pero ninguno de ellos les dio importancia.
En los pasillos del poder de Washington circulan, a diario,
cientos de noticias como esas. Pero los vínculos entre
militares de la dictadura y empresas de Yabrán, denunciadas a
fines de julio ante el juez español Baltazar Garzón hicieron
temer a los tres funcionarios norteamericanos por el destino
futuro del presidente Carlos Menem.
¿Qué pasará con él cuando termine su mandato?, se preguntó uno
de los parlamentarios. Si no limpia ahora mismo su propio
terreno contaminado, puede esperarle una vida de fugitivo,
como la de su ex colega mexicano Carlos Salinas de Gortari.
El mayor problema de Menem ahora es que le garanticen una
retirada en paz. ¿Pero quién podría darle esas garantías? No
se las dará su propio aliado Eduardo Duhalde, gobernador de la
provincia de Buenos Aires y seguro candidato presidencial del
peronismo , porque no habría peor lastre para Duhalde que
hacerse cargo de los compromisos de su antecesor.
Tampoco sé las darán los radicales ni los dirigentes del
Frepaso, la pujante fuerza opositora de centro-izquierda. El
ex presidente Raul Alfonsín tampoco es para Menem un aliado
confiable.
¿Quién podría hacerlo, entonces? El único que podría hacerlo
es el empresario Alfredo Yabrán, a quien se acusa de ser el
jefe de la mafia detras del poder en la Argentina. No hay
nadie más que pueda ofrecer a Menem su cabeza a cambio de una
transición institucional limpia.
Pero si lo que se dice de Yabrán fuera verdad, si fuera cierto
que Yabrán encarna un poder tentacular y mafioso, que ha
enredado a cientos de oficiales de seguridad y de hombres muy
próximos al presidente, jamás concedería tanto ni su cabeza ni
su indemnidad, porque la fuerza de esa clase de personajes
consiste en retener, bajo su dominio, a todos los que le deben
algún favor, en volverlos cada vez más y más culpables.
Cuanto más culpables sean los cómplices, tanto más
invulnerable será el jefe. Quien está pagando el más alto
precio por los crímenes y corrupciones sin esclarecer es la
propia Argentina. No solo empieza a declinar a toda velocidad
el prestigio alcanzado durante la democracia, sino que también
adentro cunde el escepticismo.
Son cada vez menos los que continuarán teniendo fe en las
instituciones y en la justicia, si es que acaso quedan
algunos. Como el país ha aprendido ya en carne propia, lo que
se gana en un mes a fuerza de sacrificios, la corrupción puede
dilapidarlo en un día.
Ciertos síntomas inquietantes han aparecido en Buenos Aires.
La ciudad está empapelada de afiches y semanarios insidiosos
contra periodistas, ex funcionarios y adversarios políticos
del gobierno, cuya difusión ha de costar mucho dinero.
Parecieran cortinas de humo que tienden a velar o a distraer
los crímenes y graves casos de corrupción que tardan demasiado
en resolverse: a ocultar, por tanto, las verdaderas noticias.
Para las tres personalidades norteamericanas con las que hablé
en Washington, el mayor peligro que afronta ahora la Argentina
es que los grandes crímenes sigan sin aclararse: el del
fotógrafo Cabezas, que lleva ya seis meses, y el de la AMIA,
que data de hace tres años. Todo el sistema quedaria
impregnado de sospecha si continúa la impunidad.
Mientras no se descubra a los culpables, dicen, puede haber
más víctimas. Y cuántas más victimas haya, habrá también más
cómplices y será, por tanto, menos fácil llegar a la verdad.
Cuando hay una historia de ruindad, todos saben cómo empieza
pero no cuál será su fin, si es que puede haber alguno.
(DIARIO HOY) (P. 8-A)
cualquier acto de justicia, es preciso que detrás de él haya
una vasta red de cómplices.
No hay culpable a salvo, si a la vez no hay muchos cómplices:
beneficiarios de favores, padrinos, sicarios, guardaespaldas,
voceros, secretos albañiles de la ratonera que le sirve de
protección.
Si el culpable deja de ser invulnerable, todos sus
encubridores corren peligro.
Durante las tres semanas de julio que pasé en la Argentina,
tuve la sensación de que el país estaba dominado por un espeso
tejido de corrupciones: todos los crímenes o estafas sin
descubrir, aun los más escandalosos y flagrantes, como el
atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel, la ejecución
mafiosa del repotero gráfico José Luis Cabezas en la playa de
Pinamar, y las causas todavía abiertas contra decenas de
funcionarios próximos al presidente Menem, parecían estar
atados entre sí.
Ya no se trata de lo que la gente sabe o no sabe en Buenos
Aires, Tucumán o Córdoba, sino de lo que la gente cree. La
gente cree a ciegas aquello que le parece más próximo a la
verdad. En una cultura como la argentina, construida sobre una
larga maraña de falsías oficiales, la verdad es aquello que la
gente acepta como tal.
La colectiva falta de fe en la justicia ha engendrado el
dudoso principio de que toda figura pública con una imagen
culpable tiene, para corregir esa imagen, que demostrar su
inocencia. Si uno solo de los crímenes se esclareciera, se oye
decir, todos los demás saldrían a la luz. La sensación de que
algunos privilegiados gozan de plena impunidad ha permitido
que la sensación de inseguridad aumente aceleradamente.
Los argentinos se están volviendo paranoicos. En los
colectivos, en los cafés y, por supuesto, en las
conversaciones de los periodistas, siempre se menciona a un
culpable preciso. O, para explicarlo mejor, se habla de un
Gran Culpable y de un Gran Cómplice, al que se menciona
también como el gran beneficiario de ese tejido de
corrupciones y, al mismo tiempo, como el gran prisionero.
Pero nadie tiene pruebas suficientes. Si alguien hablara,
quizás aparecerían las pruebas. Sin embargo, no hay quien se
atreva. La gente tiene miedo de ese poder secreto que parece
estar en todas partes y que ha contaminado el aire del país.
Los periodistas, que son los que disponen de más datos, han
dibujado más de una vez, casi siempre entre líneas, ese feroz
poder mafioso que se agazapa en la oscuridad.
Pero no saben cómo lo pueden tocar ni cuándo podrán hacerlo,
sin jugarse la vida. Los últimos días de julio tuve
entrevistas informales, en Washington D.C., con tres figuras
notorias de la política norteamericana, dos de los cuales son
miembros del Parlamento.
Los tres, que llevan años defendiendo el modelo económico
argentino y lo que ellos ven como una "clara modernización'
de la sociedad, se mostraron de pronto alarmados por la cada
vez más acentuada imagen de corrupción e impunidad de
personajes cercanos al Gobierno.
Todos habían oído alguna vez, en los últimos meses, la versión
de que algunas empresas del llamado "grupo Yabrán' nacieron y
crecieron con el dinero sucio de represores de la última
dictadura militar. A los oídos de todos llegó también el rumor
de que esas empresas contaron con el amparo de funcionarios
del gobierno radical y, sobre todo, del actual Gobierno
menemista, pero ninguno de ellos les dio importancia.
En los pasillos del poder de Washington circulan, a diario,
cientos de noticias como esas. Pero los vínculos entre
militares de la dictadura y empresas de Yabrán, denunciadas a
fines de julio ante el juez español Baltazar Garzón hicieron
temer a los tres funcionarios norteamericanos por el destino
futuro del presidente Carlos Menem.
¿Qué pasará con él cuando termine su mandato?, se preguntó uno
de los parlamentarios. Si no limpia ahora mismo su propio
terreno contaminado, puede esperarle una vida de fugitivo,
como la de su ex colega mexicano Carlos Salinas de Gortari.
El mayor problema de Menem ahora es que le garanticen una
retirada en paz. ¿Pero quién podría darle esas garantías? No
se las dará su propio aliado Eduardo Duhalde, gobernador de la
provincia de Buenos Aires y seguro candidato presidencial del
peronismo , porque no habría peor lastre para Duhalde que
hacerse cargo de los compromisos de su antecesor.
Tampoco sé las darán los radicales ni los dirigentes del
Frepaso, la pujante fuerza opositora de centro-izquierda. El
ex presidente Raul Alfonsín tampoco es para Menem un aliado
confiable.
¿Quién podría hacerlo, entonces? El único que podría hacerlo
es el empresario Alfredo Yabrán, a quien se acusa de ser el
jefe de la mafia detras del poder en la Argentina. No hay
nadie más que pueda ofrecer a Menem su cabeza a cambio de una
transición institucional limpia.
Pero si lo que se dice de Yabrán fuera verdad, si fuera cierto
que Yabrán encarna un poder tentacular y mafioso, que ha
enredado a cientos de oficiales de seguridad y de hombres muy
próximos al presidente, jamás concedería tanto ni su cabeza ni
su indemnidad, porque la fuerza de esa clase de personajes
consiste en retener, bajo su dominio, a todos los que le deben
algún favor, en volverlos cada vez más y más culpables.
Cuanto más culpables sean los cómplices, tanto más
invulnerable será el jefe. Quien está pagando el más alto
precio por los crímenes y corrupciones sin esclarecer es la
propia Argentina. No solo empieza a declinar a toda velocidad
el prestigio alcanzado durante la democracia, sino que también
adentro cunde el escepticismo.
Son cada vez menos los que continuarán teniendo fe en las
instituciones y en la justicia, si es que acaso quedan
algunos. Como el país ha aprendido ya en carne propia, lo que
se gana en un mes a fuerza de sacrificios, la corrupción puede
dilapidarlo en un día.
Ciertos síntomas inquietantes han aparecido en Buenos Aires.
La ciudad está empapelada de afiches y semanarios insidiosos
contra periodistas, ex funcionarios y adversarios políticos
del gobierno, cuya difusión ha de costar mucho dinero.
Parecieran cortinas de humo que tienden a velar o a distraer
los crímenes y graves casos de corrupción que tardan demasiado
en resolverse: a ocultar, por tanto, las verdaderas noticias.
Para las tres personalidades norteamericanas con las que hablé
en Washington, el mayor peligro que afronta ahora la Argentina
es que los grandes crímenes sigan sin aclararse: el del
fotógrafo Cabezas, que lleva ya seis meses, y el de la AMIA,
que data de hace tres años. Todo el sistema quedaria
impregnado de sospecha si continúa la impunidad.
Mientras no se descubra a los culpables, dicen, puede haber
más víctimas. Y cuántas más victimas haya, habrá también más
cómplices y será, por tanto, menos fácil llegar a la verdad.
Cuando hay una historia de ruindad, todos saben cómo empieza
pero no cuál será su fin, si es que puede haber alguno.
(DIARIO HOY) (P. 8-A)
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