En mayo de 2004, la gerencia de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) dispuso la transferencia a su cuenta, en el Banco Central, de $5 090 824 en bonos del Banco Popular. Y el rendimiento del pozo petrolero Onado, en Venezuela, le da a la AGD un rendimiento anual de $2 millones con lo que se piensa pagar a los clientes del Banco Popular
El Banco Popular sí explota su "vaca lechera"
Una participación en el campo petrolero Onado, en Venezuela, rinde contra toda regla de los activos dados a la AGD. En 2004, se esperan utilidades por alrededor de $2 millones
La idea casi generalizada de que la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) se convirtió, desde la crisis financiera de 1998 y 1999, en un basurero de bienes (activos) tiene sus excepciones.
Ese es el caso de una inversión del Banco Popular (BP) en el sector petrolero. En lo que va de 2004, tiene rendimientos por $1 millón, y, según los niveles de producción, las ganancias podrían duplicarse a fin de año y triplicarse en tres años, de cumplirse las proyecciones de crecimiento de la producción. En 2003, ingresaron $1 532 000 a la cuenta del BP en saneamiento, como producto de ese rendimiento.
Esa inversión, entregada en 1999 a la AGD, cuando el BP entró en proceso de saneamiento, constituye una participación accionaria en el orden del 20,89%, a la fecha, dentro de un contrato de operación del campo Onado, ubicado en el Estado de Monagas, noreste de Venezuela, a cargo de la Compañía General de Combustibles (CGC).
La existencia de este activo productivo crea expectativas entre los acreedores del BP, ahora en saneamiento, al punto que algunos grupos de depositantes de acreencias no garantizadas de ese banco están poniendo sus ojos sobre ese negocio como una opción para recuperar su dinero.
Y lo que es más, el potencial del campo ha despertado la idea de que es "la vaca lechera" de la AGD con la cual se estarían pagando obligaciones ajenas a la establecida en la ley: el pago de acreencias.
El gerente general de la AGD, Ramiro Espín, desestima esta posibilidad. Asegura que los recursos obtenidos de los rendimientos proporcionales a la participación en campo Onado han sido destinados al pago de los depositantes del BP. Y lo que es más, señala que los rendimientos que se obtengan el resto del año irán a cubrir las obligaciones pendientes con los depositantes, por alrededor de $1 millón, que es al momento el saldo de las acreencias garantizadas.
Según Espín, desde que se hizo cargo de la AGD, dispuso que todos los valores que se recibieran (venta de activos o rendimientos) fueran para pagar las deudas de los propios bancos. Según la AGD, el campo Onado constituye la única fuente de recursos real del BP.
Pese a ello, la actual administración de la AGD tiene proyectada la venta de esta participación petrolera, tomando en cuenta las buenas proyecciones de producción del campo y los precios actuales del petróleo, que la hacen atractiva, dice el funcionario.
El argumento base, a más de que la AGD no administra negocios petroleros, es que el BP tiene otras obligaciones pendientes por $54 millones, que no podrían cubrirse con la lógica de pago de largo plazo. Ellas corresponden a deudas con entidades financieras (Banco Central, CFN y bancos abiertos) y de comercio exterior.
En este paquete no está incluida la deuda al Estado por los bonos emitidos a favor del BP para cubrir las obligaciones de pago, cuando el BP entró en saneamiento, así como los recursos usados por la AGD, con igual propósito, y que provinieron del aporte de las instituciones financieras (6,5 por 1 000). María Fernanda Garcés, administradora temporal del BP, señala que la deuda actual del banco con el Estado asciende a $255 millones. (LB)
EL ACTIVO ESTUVO A LA VISTA
En junio de 1997, la estatal petrolera venezolana PDVSA licitó el área Onado para la reactivación y servicios operativos. Ganó el Consorcio CGC (74%) y Carmanah Resources (26%).
En 1997, Distral Térmica adquirió los derechos que luego transfirió a Banco Fivenez (14%), del grupo Popular. En 1999, esa entidad transfirió a Banco Popular su participación en pago de obligaciones pendientes.
En mayo de 2000, PDVSA reconoció a Banco Popular como partícipe del 16% de Onado. Hoy, la estructura del Consorcio es: CGC (65.01%), Banco Popular (20,89%) y Korea Petroleum Development Corp (14,10%).
En 1999, la participación de Banco Popular en Onado pasó, junto a otras inversiones, a cargo de la AGD, al entrar la entidad en saneamiento. Ese activo fue castigado al 100% al no haber certezas sobre la propiedad. Fernando Armendáriz, administrador temporal, tras un informe técnico pidió el reverso de esa provisión y el castigo se redujo al 50% que se mantiene, pero que no afecta el valor del activo. (LB).
Un giro por $5,1 millones da mucho que comentar
En mayo de 2004, la gerencia de la Agencia de Garantía de Depósitos dispuso la transferencia a su cuenta en el Banco Central de $5 090 824 en bonos del Banco Popular.
El ex gerente de la AGD Fausto Manjarrez, con oficio 04-438 del 11 de mayo de 2004, solicitó a Carlos Chiriboga León, administrador temporal de las Instituciones financieras (Ifis)-Sierra, la transferencia de $5 090 824 a la cuenta de la AGD en el Banco Central del Ecuador (BCE).
Esos fondos -agrega- "corresponden al valor nominal de bonos del Estado Decreto 98-17 series B11, C11, D11, E11, F1 y G11". Los recursos -dice- se contabilizarán en la AGD en cuentas por pagar a favor de la Ifi, los mismos que se tomarán en cuenta en el momento en que esta institución entre en proceso de liquidación.
Es decir, según expertos en el área financiera, se hizo un cobro anticipado de la deuda del Banco Popular (BP) con la AGD y el Estado, según lo menciona el propio Manjarrez en la carta, al señalar las obligaciones pendientes por préstamos de liquidez, pago de garantía de depósitos, emergencias médicas, comercio exterior, entre otros, que en ese momento se calculaban en $24 716 725.
Manjarrez, según la comunicación, se apoya en la reforma al art. 21 de la Ley de Reordenamiento Económico (Registro Oficial 503, 28 de enero de 2002), el art. 5 de la Resolución del Directorio de la AGD (Registro Oficial 306, 26 de octubre de 2002) y el pronunciamiento del procurador del 15 de marzo de 2004 (oficio 07242).
El actual gerente de la AGD, Ramiro Espín, confirmó que esos bonos permanecen en el BCE, sin que, hasta el momento, se haya dado un destino específico, solo ganando el rendimiento del mercado.
Según la Ley de la AGD, la prioridad es el pago a las acreencias garantizadas de los depositantes, las deudas con las instituciones financieras y, al final, el comercio exterior. Aquí -según observan ciertos acreedores- también deberían constar las cuentas pendientes con el Fondo Solidez.
La duda mayor es que esos fondos vayan a pagar obligaciones de otros bancos, al estar en la cuenta de la AGD. Algo que Espín espera dilucidar con un informe que pedirá al departamento jurídico. Según Espín, solo deben cancelarse las acreencias del BP, "pero no las del Fondo Solidez que no están garantizadas pues así lo determinó la Junta Bancaria". (LB)
Lo que dice la ley
La reforma al art. 21 de la Ley de Reordenamiento Económico en el Área Tributaria y Financiera (1998) establece que "la AGD, al realizar los pagos de depósitos, se subrogará en todos los derechos de los acreedores garantizados frente a la liquidación de la Ifi. Los derechos como acreedor garantizado en que se hubieren subrogado el Estado a través de la AGD tendrán preferencia en la prelación para el pago sobre cualquier otro acreedor de la liquidación de la Ifi, cuyos pasivos garantizados hubieren sido pagados".
Esta es la norma legal base en la que se sustentó el ex gerente de la AGD, Fausto Manjarrez, para pedir la transferencia de los $5,1 millones de bonos del BP en saneamiento a la cuenta de la AGD. También menciona como soporte las resoluciones de la AGD, entre ellas la publicada en el Registro Oficial 585 del 29 de mayo de 2002 que dice: "La AGD podrá exigir a la Ifi en saneamiento que devuelva en forma anticipada los valores que hubiere recibido en concepto de garantía de depósito".
El BP entró en saneamiento en septiembre de 1999, dos años antes de esas reformas. En todo caso, Manjarrez menciona en su pedido un pronunciamiento en tal sentido del procurador, cuyo contenido no especifica. (LB)
El caso
El 30 de julio de 1999, el Grupo de Evaluación de Auditorías Especiales a las Ifis, liderado por el argentino Eugenio Pendas, informó sobre la posición patrimonial del Banco Popular con corte al 31 de mayo de ese año, que incluye los ajustes aceptados y excluye las provisiones.
El informe señaló un índice de solvencia de 3,52%. Un porcentaje mucho menor al 9% mínimo. El informe de auditoría especial del 18 de junio de 1999, corte al 31 de marzo de ese año, había señalado un ratio (solvencia) de 12,41% de patrimonio técnico.
En septiembre de 1999, el Banco Popular entró en proceso de saneamiento, abierto, primero, y luego cerrado. La mayoría de bienes entregados por los administradores privados sufren castigos, entre ellos la participación en el Campo Onado, en Venezuela.
Otro activo importante entregado por el BP era la participación en Termocartagena, en Colombia. La AGD espera negociar la venta de esta inversión que actualmente no le reporta renta.
El edificio del World Trade Center de Guayaquil fue negociado en 2003 con el SRI. Solo falta de enajenar una zona de 40 parquedaderos.
Otro activo entregado fue la casa del ex presidente del Banco Popular, Nicolás Landes, ubicada en el sector de Guápulo, y que supuestamente Lucio Gutiérrez estuvo interesado en comprar. Este inmueble supone gastos por mantenimiento por varios miles de dólares mensuales.
Entre 480 y 500 personas siguen un juicio a Nicolás Landes en EEUU por fraude y estafa en el manejo del Fondo Visión. Una inversión paralela a la actividad del Banco. (LB)
"El campo Onado garantiza disminuir la deuda del BP"
El funcionario asegura que el seguimiento de ese negocio es diario. Hay dos delegados en ese tema. "El balance contable del Popular está en la web de la AGD".
¿La AGD participa en la inversión en el campo Onado?
Activamente, preservando y cuidando los intereses de la AGD y el Estado. Participamos en el Directorio y tenemos contacto diario con la administración. Los resultados financieros son importantes.
Si es así, ¿por qué vender?
La AGD no tiene responsabilidad de administrar pozos. La idea es vender activos para pagar a los depositantes. Interesa que el campo tenga los mejores rendimientos para vender la participación en mejores condiciones.
¿Es esa la única inversión del Banco Popular (BP) que da rendimientos?
Sí, rendimiento real.
¿Hay otros activos productivos importantes?
Termocartagena, que no produce nada para la AGD. Las próximas semanas convocaremos a un banco de inversiones para llamar a concurso público. Todo será para pagar acreencias.
¿La provisión que castigó al inicio a 100% la inversión en el campo Onado afecta al activo?
Para nada. El castigo es una operación contable que no afecta el negocio ni lo abarata. Hoy tenemos previsto vender la participación. Por eso es importante que no se politice el tema.
En el pago de acreencias, ¿cuál es la prelación?
Este año pagamos definitivamente al público las acreencias garantizadas. Luego debemos sentarnos con las Instituciones financieras (IFIS), para definir, negociar y pagar las deudas. Luego, comercio exterior. Superado eso, el BP irá a liquidación en la Superintendencia.
¿La participación en el campo Onado es una garantía para ese proceso?
Garantiza solo el disminuir el monto de la deuda con el Estado.
¿Los clientes saben esto?
Saben mucho. Quizá desconocen la distribución de cómo se paga. Los balances están en la página web de la AGD.
¿El Fondo Solidez está considerado?
Según el pronunciamiento de la Junta Bancaria, ese fondo no cae en el paquete de acreencias garantizadas. Aun así, nos hemos reunido con los diversos grupos del Fondo para pedir que se unifiquen para buscar soluciones y puedan cobrar sus acreencias. (OP/LB)
Los retos de la AGD son de corto plazo
Es un lastre para el Estado. Y no se ha sentido que la carga disminuya de peso. Quizá porque existe la percepción de que la crisis bancaria no se ha resuelto todavía. Al contrario, la sensación latente es que se produjo un robo al Estado, porque, en el entramado legal, los banqueros siempre saldrán ganando.
El caso del Banco Popular, por lo menos hasta ahora, perfila la posibilidad de solución para este año, de modo que los clientes reciban su dinero a partir del rendimiento que produce el campo petrolero Onado, en Venezuela.
Sin embargo, queda pendiente la duda del uso que, en adelante, se le pueda dar y que hasta ahora no se le ha dado como ordena la ley, a los casi $6 millones que se depositaron, este año, en el Banco Central.
Y es que, para generar confianza, hay que transparentar la información, los datos frescos, los pasos dados y las soluciones propuestas a un problema complejo.
Por tanto, la nueva administración de la Agencia de Garantía de Depósitos tiene un gran reto, aparte de sus obligaciones legales: generar tranquilidad y confianza a partir de exponer, paso a paso, su gestión para sacarse de encima tantos bienes y activos para devolverle al Estado el dinero con el que se afrontó la crisis. Tras casi ocho años, esta entidad debe culminar su tarea para decirle al país que la crisis bancaria pasó, que se cumplió con los perjudicados y que para voltear la página solo queda ajustar los controles. (OP)
Más datos
Si la Ley da prioridad al pago de los acreedores, ¿por qué la AGD se transfirió $5,1 millones del Banco Popular?
El gerente anterior se apoyó en una resolución de la AGD. Tengo conocimiento de que esos valores están en el Banco Central y no han sido usados.
¿Una resolución pesa más que la Ley?
Existe un pronuncimiento del procurador y consta en el oficio 7242 donde ratifica que se pueda hacer ese tipo de operaciones.
¿Otros acreedores pueden sentirse afectados?
Podría ser. Importa que todo lo que tenga la AGD sirva para pagar. No hay que olvidar que la AGD y el Estado son los mayores acreedores del BP.
¿Eso qué implica?
El tema es que se ha dado una disposición del gerente anterior y lo que conviene analizar es si se debe pagar acreencias de todos los bancos o solo del BP. (OP/LB))(BLANCO Y NEGRO)
El Banco Popular sí explota su "vaca lechera"
Una participación en el campo petrolero Onado, en Venezuela, rinde contra toda regla de los activos dados a la AGD. En 2004, se esperan utilidades por alrededor de $2 millones
La idea casi generalizada de que la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) se convirtió, desde la crisis financiera de 1998 y 1999, en un basurero de bienes (activos) tiene sus excepciones.
Ese es el caso de una inversión del Banco Popular (BP) en el sector petrolero. En lo que va de 2004, tiene rendimientos por $1 millón, y, según los niveles de producción, las ganancias podrían duplicarse a fin de año y triplicarse en tres años, de cumplirse las proyecciones de crecimiento de la producción. En 2003, ingresaron $1 532 000 a la cuenta del BP en saneamiento, como producto de ese rendimiento.
Esa inversión, entregada en 1999 a la AGD, cuando el BP entró en proceso de saneamiento, constituye una participación accionaria en el orden del 20,89%, a la fecha, dentro de un contrato de operación del campo Onado, ubicado en el Estado de Monagas, noreste de Venezuela, a cargo de la Compañía General de Combustibles (CGC).
La existencia de este activo productivo crea expectativas entre los acreedores del BP, ahora en saneamiento, al punto que algunos grupos de depositantes de acreencias no garantizadas de ese banco están poniendo sus ojos sobre ese negocio como una opción para recuperar su dinero.
Y lo que es más, el potencial del campo ha despertado la idea de que es "la vaca lechera" de la AGD con la cual se estarían pagando obligaciones ajenas a la establecida en la ley: el pago de acreencias.
El gerente general de la AGD, Ramiro Espín, desestima esta posibilidad. Asegura que los recursos obtenidos de los rendimientos proporcionales a la participación en campo Onado han sido destinados al pago de los depositantes del BP. Y lo que es más, señala que los rendimientos que se obtengan el resto del año irán a cubrir las obligaciones pendientes con los depositantes, por alrededor de $1 millón, que es al momento el saldo de las acreencias garantizadas.
Según Espín, desde que se hizo cargo de la AGD, dispuso que todos los valores que se recibieran (venta de activos o rendimientos) fueran para pagar las deudas de los propios bancos. Según la AGD, el campo Onado constituye la única fuente de recursos real del BP.
Pese a ello, la actual administración de la AGD tiene proyectada la venta de esta participación petrolera, tomando en cuenta las buenas proyecciones de producción del campo y los precios actuales del petróleo, que la hacen atractiva, dice el funcionario.
El argumento base, a más de que la AGD no administra negocios petroleros, es que el BP tiene otras obligaciones pendientes por $54 millones, que no podrían cubrirse con la lógica de pago de largo plazo. Ellas corresponden a deudas con entidades financieras (Banco Central, CFN y bancos abiertos) y de comercio exterior.
En este paquete no está incluida la deuda al Estado por los bonos emitidos a favor del BP para cubrir las obligaciones de pago, cuando el BP entró en saneamiento, así como los recursos usados por la AGD, con igual propósito, y que provinieron del aporte de las instituciones financieras (6,5 por 1 000). María Fernanda Garcés, administradora temporal del BP, señala que la deuda actual del banco con el Estado asciende a $255 millones. (LB)
EL ACTIVO ESTUVO A LA VISTA
En junio de 1997, la estatal petrolera venezolana PDVSA licitó el área Onado para la reactivación y servicios operativos. Ganó el Consorcio CGC (74%) y Carmanah Resources (26%).
En 1997, Distral Térmica adquirió los derechos que luego transfirió a Banco Fivenez (14%), del grupo Popular. En 1999, esa entidad transfirió a Banco Popular su participación en pago de obligaciones pendientes.
En mayo de 2000, PDVSA reconoció a Banco Popular como partícipe del 16% de Onado. Hoy, la estructura del Consorcio es: CGC (65.01%), Banco Popular (20,89%) y Korea Petroleum Development Corp (14,10%).
En 1999, la participación de Banco Popular en Onado pasó, junto a otras inversiones, a cargo de la AGD, al entrar la entidad en saneamiento. Ese activo fue castigado al 100% al no haber certezas sobre la propiedad. Fernando Armendáriz, administrador temporal, tras un informe técnico pidió el reverso de esa provisión y el castigo se redujo al 50% que se mantiene, pero que no afecta el valor del activo. (LB).
Un giro por $5,1 millones da mucho que comentar
En mayo de 2004, la gerencia de la Agencia de Garantía de Depósitos dispuso la transferencia a su cuenta en el Banco Central de $5 090 824 en bonos del Banco Popular.
El ex gerente de la AGD Fausto Manjarrez, con oficio 04-438 del 11 de mayo de 2004, solicitó a Carlos Chiriboga León, administrador temporal de las Instituciones financieras (Ifis)-Sierra, la transferencia de $5 090 824 a la cuenta de la AGD en el Banco Central del Ecuador (BCE).
Esos fondos -agrega- "corresponden al valor nominal de bonos del Estado Decreto 98-17 series B11, C11, D11, E11, F1 y G11". Los recursos -dice- se contabilizarán en la AGD en cuentas por pagar a favor de la Ifi, los mismos que se tomarán en cuenta en el momento en que esta institución entre en proceso de liquidación.
Es decir, según expertos en el área financiera, se hizo un cobro anticipado de la deuda del Banco Popular (BP) con la AGD y el Estado, según lo menciona el propio Manjarrez en la carta, al señalar las obligaciones pendientes por préstamos de liquidez, pago de garantía de depósitos, emergencias médicas, comercio exterior, entre otros, que en ese momento se calculaban en $24 716 725.
Manjarrez, según la comunicación, se apoya en la reforma al art. 21 de la Ley de Reordenamiento Económico (Registro Oficial 503, 28 de enero de 2002), el art. 5 de la Resolución del Directorio de la AGD (Registro Oficial 306, 26 de octubre de 2002) y el pronunciamiento del procurador del 15 de marzo de 2004 (oficio 07242).
El actual gerente de la AGD, Ramiro Espín, confirmó que esos bonos permanecen en el BCE, sin que, hasta el momento, se haya dado un destino específico, solo ganando el rendimiento del mercado.
Según la Ley de la AGD, la prioridad es el pago a las acreencias garantizadas de los depositantes, las deudas con las instituciones financieras y, al final, el comercio exterior. Aquí -según observan ciertos acreedores- también deberían constar las cuentas pendientes con el Fondo Solidez.
La duda mayor es que esos fondos vayan a pagar obligaciones de otros bancos, al estar en la cuenta de la AGD. Algo que Espín espera dilucidar con un informe que pedirá al departamento jurídico. Según Espín, solo deben cancelarse las acreencias del BP, "pero no las del Fondo Solidez que no están garantizadas pues así lo determinó la Junta Bancaria". (LB)
Lo que dice la ley
La reforma al art. 21 de la Ley de Reordenamiento Económico en el Área Tributaria y Financiera (1998) establece que "la AGD, al realizar los pagos de depósitos, se subrogará en todos los derechos de los acreedores garantizados frente a la liquidación de la Ifi. Los derechos como acreedor garantizado en que se hubieren subrogado el Estado a través de la AGD tendrán preferencia en la prelación para el pago sobre cualquier otro acreedor de la liquidación de la Ifi, cuyos pasivos garantizados hubieren sido pagados".
Esta es la norma legal base en la que se sustentó el ex gerente de la AGD, Fausto Manjarrez, para pedir la transferencia de los $5,1 millones de bonos del BP en saneamiento a la cuenta de la AGD. También menciona como soporte las resoluciones de la AGD, entre ellas la publicada en el Registro Oficial 585 del 29 de mayo de 2002 que dice: "La AGD podrá exigir a la Ifi en saneamiento que devuelva en forma anticipada los valores que hubiere recibido en concepto de garantía de depósito".
El BP entró en saneamiento en septiembre de 1999, dos años antes de esas reformas. En todo caso, Manjarrez menciona en su pedido un pronunciamiento en tal sentido del procurador, cuyo contenido no especifica. (LB)
El caso
El 30 de julio de 1999, el Grupo de Evaluación de Auditorías Especiales a las Ifis, liderado por el argentino Eugenio Pendas, informó sobre la posición patrimonial del Banco Popular con corte al 31 de mayo de ese año, que incluye los ajustes aceptados y excluye las provisiones.
El informe señaló un índice de solvencia de 3,52%. Un porcentaje mucho menor al 9% mínimo. El informe de auditoría especial del 18 de junio de 1999, corte al 31 de marzo de ese año, había señalado un ratio (solvencia) de 12,41% de patrimonio técnico.
En septiembre de 1999, el Banco Popular entró en proceso de saneamiento, abierto, primero, y luego cerrado. La mayoría de bienes entregados por los administradores privados sufren castigos, entre ellos la participación en el Campo Onado, en Venezuela.
Otro activo importante entregado por el BP era la participación en Termocartagena, en Colombia. La AGD espera negociar la venta de esta inversión que actualmente no le reporta renta.
El edificio del World Trade Center de Guayaquil fue negociado en 2003 con el SRI. Solo falta de enajenar una zona de 40 parquedaderos.
Otro activo entregado fue la casa del ex presidente del Banco Popular, Nicolás Landes, ubicada en el sector de Guápulo, y que supuestamente Lucio Gutiérrez estuvo interesado en comprar. Este inmueble supone gastos por mantenimiento por varios miles de dólares mensuales.
Entre 480 y 500 personas siguen un juicio a Nicolás Landes en EEUU por fraude y estafa en el manejo del Fondo Visión. Una inversión paralela a la actividad del Banco. (LB)
"El campo Onado garantiza disminuir la deuda del BP"
El funcionario asegura que el seguimiento de ese negocio es diario. Hay dos delegados en ese tema. "El balance contable del Popular está en la web de la AGD".
¿La AGD participa en la inversión en el campo Onado?
Activamente, preservando y cuidando los intereses de la AGD y el Estado. Participamos en el Directorio y tenemos contacto diario con la administración. Los resultados financieros son importantes.
Si es así, ¿por qué vender?
La AGD no tiene responsabilidad de administrar pozos. La idea es vender activos para pagar a los depositantes. Interesa que el campo tenga los mejores rendimientos para vender la participación en mejores condiciones.
¿Es esa la única inversión del Banco Popular (BP) que da rendimientos?
Sí, rendimiento real.
¿Hay otros activos productivos importantes?
Termocartagena, que no produce nada para la AGD. Las próximas semanas convocaremos a un banco de inversiones para llamar a concurso público. Todo será para pagar acreencias.
¿La provisión que castigó al inicio a 100% la inversión en el campo Onado afecta al activo?
Para nada. El castigo es una operación contable que no afecta el negocio ni lo abarata. Hoy tenemos previsto vender la participación. Por eso es importante que no se politice el tema.
En el pago de acreencias, ¿cuál es la prelación?
Este año pagamos definitivamente al público las acreencias garantizadas. Luego debemos sentarnos con las Instituciones financieras (IFIS), para definir, negociar y pagar las deudas. Luego, comercio exterior. Superado eso, el BP irá a liquidación en la Superintendencia.
¿La participación en el campo Onado es una garantía para ese proceso?
Garantiza solo el disminuir el monto de la deuda con el Estado.
¿Los clientes saben esto?
Saben mucho. Quizá desconocen la distribución de cómo se paga. Los balances están en la página web de la AGD.
¿El Fondo Solidez está considerado?
Según el pronunciamiento de la Junta Bancaria, ese fondo no cae en el paquete de acreencias garantizadas. Aun así, nos hemos reunido con los diversos grupos del Fondo para pedir que se unifiquen para buscar soluciones y puedan cobrar sus acreencias. (OP/LB)
Los retos de la AGD son de corto plazo
Es un lastre para el Estado. Y no se ha sentido que la carga disminuya de peso. Quizá porque existe la percepción de que la crisis bancaria no se ha resuelto todavía. Al contrario, la sensación latente es que se produjo un robo al Estado, porque, en el entramado legal, los banqueros siempre saldrán ganando.
El caso del Banco Popular, por lo menos hasta ahora, perfila la posibilidad de solución para este año, de modo que los clientes reciban su dinero a partir del rendimiento que produce el campo petrolero Onado, en Venezuela.
Sin embargo, queda pendiente la duda del uso que, en adelante, se le pueda dar y que hasta ahora no se le ha dado como ordena la ley, a los casi $6 millones que se depositaron, este año, en el Banco Central.
Y es que, para generar confianza, hay que transparentar la información, los datos frescos, los pasos dados y las soluciones propuestas a un problema complejo.
Por tanto, la nueva administración de la Agencia de Garantía de Depósitos tiene un gran reto, aparte de sus obligaciones legales: generar tranquilidad y confianza a partir de exponer, paso a paso, su gestión para sacarse de encima tantos bienes y activos para devolverle al Estado el dinero con el que se afrontó la crisis. Tras casi ocho años, esta entidad debe culminar su tarea para decirle al país que la crisis bancaria pasó, que se cumplió con los perjudicados y que para voltear la página solo queda ajustar los controles. (OP)
Más datos
Si la Ley da prioridad al pago de los acreedores, ¿por qué la AGD se transfirió $5,1 millones del Banco Popular?
El gerente anterior se apoyó en una resolución de la AGD. Tengo conocimiento de que esos valores están en el Banco Central y no han sido usados.
¿Una resolución pesa más que la Ley?
Existe un pronuncimiento del procurador y consta en el oficio 7242 donde ratifica que se pueda hacer ese tipo de operaciones.
¿Otros acreedores pueden sentirse afectados?
Podría ser. Importa que todo lo que tenga la AGD sirva para pagar. No hay que olvidar que la AGD y el Estado son los mayores acreedores del BP.
¿Eso qué implica?
El tema es que se ha dado una disposición del gerente anterior y lo que conviene analizar es si se debe pagar acreencias de todos los bancos o solo del BP. (OP/LB))(BLANCO Y NEGRO)
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