Quito. 30 abr 2001. El Gobierno de la provincia reclama a Tribasacolisa
por incumplimiento contractual; específicamente, porque no ha realizado
el mantenimiento mayor de la autopista y sus instalaciones. La empresa
pide sujetarse a las especificaciones del contrato y conversar para
solucionar el diferendo.
Federico Pérez, el prefecto que gestó la concesión, dice que si el
contrato no se cumple, la Prefectura debe cancelarlo. Diario HOY expone
las tres posiciones y pide a sus actores resolver el debate en favor del
usuario sin considerar ofertas electorales, compromisos políticos ni
intereses económicos particulares. Ya es hora de que se reúnan, saquen
cuentas y tomen una decisión definitiva.
Tribasacolisa apela a la Procuraduría
El 22 de marzo de 2001, el coordinador general del Consejo Provincial de
Pichincha, Gustovo Abdo, designado por el Prefecto para negociar con
nuestra empresa varios puntos de mutuo interés relacionados con el
contrato de concesión y con el contrato ampliatorio de construcción del
paso deprimido de San Rafael, nos presentó la siguiente propuesta: "Que
el incremento que corresponsa realizar en el mes de abril, según el
contrato de concesión, no sea recaudado de los usuarios, sino que sea
asumido del porcentaje equivalente al 15% que le corresponde al Consejo
Provincial sobre los ingresos mensuales efectivos".
La propuesta fue aprobada por Tribasa el 16 de abril. Luego, verbalmente
la Prefectura hace otra propuesta, que se eleve en cuatro centavos el
peaje y que dos centavos sean pagados por el usuario y dos por el Consejo
Provincial. Ese día, llega un oficio de la Prefectura donde plantea "que
no se eleve el peaje hasta que se esclarezcan los aspectos precisados en
el informe 21-C1 de la comisión de legislación y redacción".
Frente a todo ello, insistimos en nuestra disponibilidad de aclarar
cuantas veces sea necesario los puntos a los que se refiere el informe
mencionado, pero evidenciamos la necesidad de que la concesionaria (la
Prefectura) se someta como ha hecho desde el inicio de la concesión al
cumplimiento del contrato y por tanto a realizar el alza de los peajes
por ser una obligación contractual, sinque ello implique que ha cerrado
sus puertas a los mecanismos de negociación y conversación.
En cuanto al supuesto incumplimiento en el mantenimiento de la vía, el
acta de verificación física de la autopista, firmada por los señores
Franklin Vega (de la Prefectura) y Edgar Jaramillo y Néstor León (de la
Contraloría) señala que "se han realizado trabajos de colocación de capas
de sello y polibrea como parte del mantenimiento menor", lo cual han
permitido que la vía siga prestando las condiciones de seguridad
adecuadas al usuario.
Frente a todo ello, Tribasacolisa apela al Procurador del Estado tome las
acciones que sean del caso, en función del artículo 8 de la Ley Orgánica
de la Procuraduría. (OP)
González: Contrato ya nació viciado
La Prefectura reclama a Tribasacolisa el incumplimiento contractual, por
no realizar el mantenimiento de la autopista y sus instalaciones. Un
equipo de control de ingeniería de la Contraloría y de la Dirección de
Fiscalización del Gobierno de la provincia, tras una verificación física
realizada los días 10 y 11 de abril de este año determinó que " la
carpeta asfáltica no presenta condiciones mínimas de comodidad y
seguridad al usuario. Presenta fallas: piel de cocodrilo, fisuramiento
reticular en bloque y longitudinales intermitentes, ahuellamientos y
ondulaciones en las capa asfáltica, por no realizar el mantenimiento
mayor de la autopista, previsto hasta diciembre de 2000.
El contrato nació viciado y las cuatro reformas ampliatorias y
aclaratorias suscritas durante las administraciones anteriores solo han
beneficiado a la concesionaria. Ejemplo: el contrato del 1 de octubre de
1999, amplía la concesión inicialmente pactada de 15 a 23 años, por las
inversiones adicionales que debía realizar la Concesionaria y la
construcción del paso deprimido en San Rafael.
Además, se eliminan las garantías de la operación de la vía y no existe
un esquema de multas que permitan sancionar a la concesionaria por
retrasar la realización de los trabajos.
El contrato incumple la Ley de Modernización y su reglamento, en el
artículo 92 del Reglamento que dice "el mantenimiento de las obras o
servicios será de responsabilidad exclusiva de la Concesionaria, por el
tiempo que dure el contrato de concesión".
Tribasacolisa no inicia el mantenimiento mayor, el cual, según las
corridas financieras, tenía que hacerlo dentro de los seis primeros años
(hasta el 18 de diciembre del 2000) y no como sostiene la empresa hacerlo
en el séptimo año.
Frente a estos incumplimientos la Prefectura iniciará acciones legales
para dar por terminado el contrato y ratifica la decisión de no elevar
los peajes. (XP)
Pérez: González gestó la ampliación
El contrato firmado por el Consejo Provincial y Tribasacolisa el 18 de
noviembre de 1994, en la página 9, en el capítulo Causales de Terminación
y Sanciones por Incumplimiento del Contrato señala que se considerarán
causa de incumplimiento del contraro, que dan origen a su terminación
anticipada, la suspensión unilateral del concesionario de las
obligaciones contractuales.
Si el Prefecto considera que hay una sola obligación, por ejemplo el
recapeo, por su cuenta puede cancelar el contrato y asumir la concesión.
Si como se argumenta en las causales (negligencia en la ejecución de las
obligaciones del concesionario, que se traduzcan directamente en un
detrimento de la calidad y seguridad de las instalaciones involcradas en
el presente contrato) Ramiro González no tendría sino que dar por
terminado el contrato.
Es falso que se haya eliminado el seguro que protege al automovilista
mientras transita por la vía, pues en la escritura ampliatoria lo único
que se modificó fue la frase contra todo riesgo, porque se prestaba a
cualquier interpretación.
¿Cómo es posible que Ramiro González reclame ahora sobre las corridas
financieras cuando él viajó a México en junio de 1998 para revisar en ese
país, con gastos pagados por Tribasacolisa, las corridas financieras que
sustentan la solicitud de ampliación del plazo de concesión, tal como
consta en una comunicación de Harry Dorn, gerente de Tribasacolisa,
enviada al prefecto de entonces Rafael Reyes, el 30 de junio de 1998?
En el documento donde consta la ampliación de la concesión se lee: "De
las corridas financieras estudiadas y analizadas conjuntamente entre
funcionarios de la empresa (Tribas) y el economista Ramiro González,
quien participó por delegación del señor Prefecto, se estableció la
ampliación del plazo inicial de concesión por ocho años adicionales, que
fue aprobada en sesión ordinaria del consejo el 9 de julio de 1998".
Finalmente, la escritura ampliatoria y aclaratoria del contrato original,
firmada el 23 de julio de 1996, la rubricó el prefecto Víctor Manuel
Quiroga y no yo como se quiere hacer entender. (OP) (Diario Hoy)
por incumplimiento contractual; específicamente, porque no ha realizado
el mantenimiento mayor de la autopista y sus instalaciones. La empresa
pide sujetarse a las especificaciones del contrato y conversar para
solucionar el diferendo.
Federico Pérez, el prefecto que gestó la concesión, dice que si el
contrato no se cumple, la Prefectura debe cancelarlo. Diario HOY expone
las tres posiciones y pide a sus actores resolver el debate en favor del
usuario sin considerar ofertas electorales, compromisos políticos ni
intereses económicos particulares. Ya es hora de que se reúnan, saquen
cuentas y tomen una decisión definitiva.
Tribasacolisa apela a la Procuraduría
El 22 de marzo de 2001, el coordinador general del Consejo Provincial de
Pichincha, Gustovo Abdo, designado por el Prefecto para negociar con
nuestra empresa varios puntos de mutuo interés relacionados con el
contrato de concesión y con el contrato ampliatorio de construcción del
paso deprimido de San Rafael, nos presentó la siguiente propuesta: "Que
el incremento que corresponsa realizar en el mes de abril, según el
contrato de concesión, no sea recaudado de los usuarios, sino que sea
asumido del porcentaje equivalente al 15% que le corresponde al Consejo
Provincial sobre los ingresos mensuales efectivos".
La propuesta fue aprobada por Tribasa el 16 de abril. Luego, verbalmente
la Prefectura hace otra propuesta, que se eleve en cuatro centavos el
peaje y que dos centavos sean pagados por el usuario y dos por el Consejo
Provincial. Ese día, llega un oficio de la Prefectura donde plantea "que
no se eleve el peaje hasta que se esclarezcan los aspectos precisados en
el informe 21-C1 de la comisión de legislación y redacción".
Frente a todo ello, insistimos en nuestra disponibilidad de aclarar
cuantas veces sea necesario los puntos a los que se refiere el informe
mencionado, pero evidenciamos la necesidad de que la concesionaria (la
Prefectura) se someta como ha hecho desde el inicio de la concesión al
cumplimiento del contrato y por tanto a realizar el alza de los peajes
por ser una obligación contractual, sinque ello implique que ha cerrado
sus puertas a los mecanismos de negociación y conversación.
En cuanto al supuesto incumplimiento en el mantenimiento de la vía, el
acta de verificación física de la autopista, firmada por los señores
Franklin Vega (de la Prefectura) y Edgar Jaramillo y Néstor León (de la
Contraloría) señala que "se han realizado trabajos de colocación de capas
de sello y polibrea como parte del mantenimiento menor", lo cual han
permitido que la vía siga prestando las condiciones de seguridad
adecuadas al usuario.
Frente a todo ello, Tribasacolisa apela al Procurador del Estado tome las
acciones que sean del caso, en función del artículo 8 de la Ley Orgánica
de la Procuraduría. (OP)
González: Contrato ya nació viciado
La Prefectura reclama a Tribasacolisa el incumplimiento contractual, por
no realizar el mantenimiento de la autopista y sus instalaciones. Un
equipo de control de ingeniería de la Contraloría y de la Dirección de
Fiscalización del Gobierno de la provincia, tras una verificación física
realizada los días 10 y 11 de abril de este año determinó que " la
carpeta asfáltica no presenta condiciones mínimas de comodidad y
seguridad al usuario. Presenta fallas: piel de cocodrilo, fisuramiento
reticular en bloque y longitudinales intermitentes, ahuellamientos y
ondulaciones en las capa asfáltica, por no realizar el mantenimiento
mayor de la autopista, previsto hasta diciembre de 2000.
El contrato nació viciado y las cuatro reformas ampliatorias y
aclaratorias suscritas durante las administraciones anteriores solo han
beneficiado a la concesionaria. Ejemplo: el contrato del 1 de octubre de
1999, amplía la concesión inicialmente pactada de 15 a 23 años, por las
inversiones adicionales que debía realizar la Concesionaria y la
construcción del paso deprimido en San Rafael.
Además, se eliminan las garantías de la operación de la vía y no existe
un esquema de multas que permitan sancionar a la concesionaria por
retrasar la realización de los trabajos.
El contrato incumple la Ley de Modernización y su reglamento, en el
artículo 92 del Reglamento que dice "el mantenimiento de las obras o
servicios será de responsabilidad exclusiva de la Concesionaria, por el
tiempo que dure el contrato de concesión".
Tribasacolisa no inicia el mantenimiento mayor, el cual, según las
corridas financieras, tenía que hacerlo dentro de los seis primeros años
(hasta el 18 de diciembre del 2000) y no como sostiene la empresa hacerlo
en el séptimo año.
Frente a estos incumplimientos la Prefectura iniciará acciones legales
para dar por terminado el contrato y ratifica la decisión de no elevar
los peajes. (XP)
Pérez: González gestó la ampliación
El contrato firmado por el Consejo Provincial y Tribasacolisa el 18 de
noviembre de 1994, en la página 9, en el capítulo Causales de Terminación
y Sanciones por Incumplimiento del Contrato señala que se considerarán
causa de incumplimiento del contraro, que dan origen a su terminación
anticipada, la suspensión unilateral del concesionario de las
obligaciones contractuales.
Si el Prefecto considera que hay una sola obligación, por ejemplo el
recapeo, por su cuenta puede cancelar el contrato y asumir la concesión.
Si como se argumenta en las causales (negligencia en la ejecución de las
obligaciones del concesionario, que se traduzcan directamente en un
detrimento de la calidad y seguridad de las instalaciones involcradas en
el presente contrato) Ramiro González no tendría sino que dar por
terminado el contrato.
Es falso que se haya eliminado el seguro que protege al automovilista
mientras transita por la vía, pues en la escritura ampliatoria lo único
que se modificó fue la frase contra todo riesgo, porque se prestaba a
cualquier interpretación.
¿Cómo es posible que Ramiro González reclame ahora sobre las corridas
financieras cuando él viajó a México en junio de 1998 para revisar en ese
país, con gastos pagados por Tribasacolisa, las corridas financieras que
sustentan la solicitud de ampliación del plazo de concesión, tal como
consta en una comunicación de Harry Dorn, gerente de Tribasacolisa,
enviada al prefecto de entonces Rafael Reyes, el 30 de junio de 1998?
En el documento donde consta la ampliación de la concesión se lee: "De
las corridas financieras estudiadas y analizadas conjuntamente entre
funcionarios de la empresa (Tribas) y el economista Ramiro González,
quien participó por delegación del señor Prefecto, se estableció la
ampliación del plazo inicial de concesión por ocho años adicionales, que
fue aprobada en sesión ordinaria del consejo el 9 de julio de 1998".
Finalmente, la escritura ampliatoria y aclaratoria del contrato original,
firmada el 23 de julio de 1996, la rubricó el prefecto Víctor Manuel
Quiroga y no yo como se quiere hacer entender. (OP) (Diario Hoy)
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