Quito. 15 mar 2001. La Unase busca los enlaces entre los sucesos de Agua
Blanca, Tarapoa y Pompeya. En el país, el número de secuestros disminuyó
en el 2000 a 22 casos.
E l 5 de octubre de 1998, el estadounidense Larry Helwey apareció cerca
de Santa Rosa, en la ribera del río Agua Blanca, provincia de Sucumbíos.
Tenía la barba crecida y su ropa, un overol y botas de caucho, enlodada.
Caminó por horas, luego de que sus captores, un grupo de armados
colombianos, lo liberaron en la selva, tras recibir 250 mil dólares por
su rescate.
Helwey fue secuestrado junto a dos ingenieros de la empresa petrolera
Backer: sus compañeros de trabajo Eddie Bond y Ramiro Tamayo. Bond escapó
del cautiverio. Tamayo fue liberado antes del 5 de octubre y portó un
mensaje de los captores: una exigencia de 500 mil dólares para liberar al
rehén, porque de lo contrario lo matarían. Tras una tensa negociación, la
empresa y los captores acordaron que la cifra del rescate baje a la
mitad.
Esta serie de acontecimientos no dista mucho de los que se suscitaron a
raíz de los secuestros en Tarapoa (ocho petroleros fueron secuestrados en
septiembre de 1999 y liberados la víspera de Navidad tras el pago de 3,5
millones de dólares) y Pompeya (ocho técnicos plagiados en octubre del
2000 fueron liberados el pasado febrero luego del pago de 13 millones de
dólares). Y la Policía no afirma ni descarta que los casos estén
conectados.
La Unidad Antisecuestro y Extorsión de la Policía de Ecuador (Unase) por
lo pronto asegura que los plagiadores que actuaron en Tarapoa (en el
secuestro actuó un comando armado, en la vía Tarapoa-Lago Agrio, cuando
los técnicos se movilizaban en un vehículo) son los mismos que
incursionaron en Pompeya (el plagio ocurrió en el interior de uno de los
campos petroleros que Repsol-YPF tiene en la provincia de Orellana).
La unidad dice que hay pruebas que respaldan esa tesis. Este Diario
conoció que, en los dos casos, los secuestradores consumieron productos
ecuatorianos, pese a que montaron sus campos de cautiverio cerca de la
frontera con Colombia.
Las investigaciones determinaron que el único modo de abastecerse con
artículos ecuatorianos fue con la ayuda de los colonos. "Mandaban a
comprar pantalones, camisetas, medias y calzoncillos para cambiarse. La
ropa utilizada era enterrada. Incluso consumieron alimentos empacados y
elaborados en Ecuador", dice una fuente que participa en el rastreo de
los captores. Los colonos, agricultores con un ingreso promedio de 25
dólares a la semana, recibieron entre 1 000 y 5 000 dólares a cambio de
entregar insumos a los plagiadores. Con ese dinero, esos colonos
adquirieron plantas de luz.
Esa fuente indica que durante el cautiverio, en los dos plagios, los
secuestradores no se cubrieron el rostro, hablaron en baja voz, se
llamaron entre sí con seudónimos (nombres de animales para no dejarse
identificar) y solo utilizaron un apelativo de pila falso en sus
contactos por radio con el Comité Negociador, que fue integrado por el
Gobierno.
"Antes de la última liberación, la Policía y el Ejército trabajamos con
profesionalismo. Pudimos hacer muchas cosas, pero la vida de las personas
fue fundamental".
Si bien las investigaciones aún no logran determinar si el grupo que
planificó esos dos secuestros fue el mismo que participó en 1998, se
estudia un hecho: los captores mostraron versatilidad en el último caso,
al recorrer 100 km desde Colombia hacia Pompeya, lo que aprendieron de
sus anteriores experiencias.
La Unase dice que si bien los tres hechos son preocupantes no son un
termómetro para medir la incidencia del secuestro en el país. Su registro
data de 1994 y refiere que desde entonces se han producido 148 plagios,
todos con fines económicos. Según ese equipo, fueron delincuentes y
disidentes colombianos los que trasladaron el delito al país. "Pero aquí
no hay una empresa de secuestro. Por ejemplo, no sabemos qué es un coche-
bomba".
Hubo dos años en que la incidencia sufrió variantes radicales: 1997 y
1999. En el primer año hubo 12 secuestros en Quito. En el 99, el 50 por
ciento de casos ocurrió en Guayaquil. Las cifras muestran que en el 2000
disminuyó el número de plagios y subió la cifra de extorsiones, paso
previo al secuestro. En la mayoría de esas extorsiones las víctimas
recibieron cartas con el sello de las FARC, enviadas por delincuentes
comunes.
Para apoyar su tarea, en este año la empresa petrolera HP entregó a la
Unase recursos para sofisticados equipos.
El rastreo de llamadas
Una denuncia presentada por el diputado Carlos González acusó a la
Policía de espiar llamadas telefónicas. La Unase indica que no existe
ningún espionaje pero que es verdad que en su trabajo investiga llamadas
telefónicas para seguir la pista a secuestradores.
"Nosotros hacemos el seguimiento de contactos telefónicos cuando son
realizados por delincuentes que llaman para pedir dinero", dice un
oficial de la unidad. Él refiere que en la cuarta hoja de la guía
telefónica de Andinatel de Quito se ofrece el servicio de "rastreo de
llamadas", que es el que "utilizamos para seguir la pista de los
secuestradores y por tanto esa es una acción legal".
Sin embargo, tras la denuncia, la unidad asegura que dejó de recibir la
ayuda de las empresas de telefonía privada. Esas compañías dicen que no
pueden revelar información sin la autorización de sus clientes. Según la
Unase, los que ganaron con la acusación fueron los delincuentes. Entre
febrero y marzo no se pudo seguir la pista de 30 llamadas provenientes de
teléfonos celulares. "Cuando una persona sufre el secuestro de un
familiar, se desespera y solicita ayuda a la unidad. Pero mientras no se
siente afectada, le resulta fácil criticar y exagerar".
La Unase también fue cuestionada por un hombre (este Diario mantiene su
nombre en reserva) que en el noticiero de Gamavisión dijo la semana
pasada que esa fuerza es ineficiente y que estuvo a punto de causar la
muerte de sus hijos secuestrados el 13 de marzo de 1995. Según la Unase,
el hombre que habló en la televisión, negoció a sus espaldas y, lo más
grave, el 22 de enero de 1999 fue uno de los autores del secuestro de una
mujer en Ambato. La Unase asegura que lo detuvo y liberó a la mujer.
Pese a las limitaciones, este año la unidad liberó a los rehenes de dos
secuestros y el domingo detuvo a una organización de 9 personas en Santo
Domingo de los Colorados. (Texto tomado de El Comercio)
Blanca, Tarapoa y Pompeya. En el país, el número de secuestros disminuyó
en el 2000 a 22 casos.
E l 5 de octubre de 1998, el estadounidense Larry Helwey apareció cerca
de Santa Rosa, en la ribera del río Agua Blanca, provincia de Sucumbíos.
Tenía la barba crecida y su ropa, un overol y botas de caucho, enlodada.
Caminó por horas, luego de que sus captores, un grupo de armados
colombianos, lo liberaron en la selva, tras recibir 250 mil dólares por
su rescate.
Helwey fue secuestrado junto a dos ingenieros de la empresa petrolera
Backer: sus compañeros de trabajo Eddie Bond y Ramiro Tamayo. Bond escapó
del cautiverio. Tamayo fue liberado antes del 5 de octubre y portó un
mensaje de los captores: una exigencia de 500 mil dólares para liberar al
rehén, porque de lo contrario lo matarían. Tras una tensa negociación, la
empresa y los captores acordaron que la cifra del rescate baje a la
mitad.
Esta serie de acontecimientos no dista mucho de los que se suscitaron a
raíz de los secuestros en Tarapoa (ocho petroleros fueron secuestrados en
septiembre de 1999 y liberados la víspera de Navidad tras el pago de 3,5
millones de dólares) y Pompeya (ocho técnicos plagiados en octubre del
2000 fueron liberados el pasado febrero luego del pago de 13 millones de
dólares). Y la Policía no afirma ni descarta que los casos estén
conectados.
La Unidad Antisecuestro y Extorsión de la Policía de Ecuador (Unase) por
lo pronto asegura que los plagiadores que actuaron en Tarapoa (en el
secuestro actuó un comando armado, en la vía Tarapoa-Lago Agrio, cuando
los técnicos se movilizaban en un vehículo) son los mismos que
incursionaron en Pompeya (el plagio ocurrió en el interior de uno de los
campos petroleros que Repsol-YPF tiene en la provincia de Orellana).
La unidad dice que hay pruebas que respaldan esa tesis. Este Diario
conoció que, en los dos casos, los secuestradores consumieron productos
ecuatorianos, pese a que montaron sus campos de cautiverio cerca de la
frontera con Colombia.
Las investigaciones determinaron que el único modo de abastecerse con
artículos ecuatorianos fue con la ayuda de los colonos. "Mandaban a
comprar pantalones, camisetas, medias y calzoncillos para cambiarse. La
ropa utilizada era enterrada. Incluso consumieron alimentos empacados y
elaborados en Ecuador", dice una fuente que participa en el rastreo de
los captores. Los colonos, agricultores con un ingreso promedio de 25
dólares a la semana, recibieron entre 1 000 y 5 000 dólares a cambio de
entregar insumos a los plagiadores. Con ese dinero, esos colonos
adquirieron plantas de luz.
Esa fuente indica que durante el cautiverio, en los dos plagios, los
secuestradores no se cubrieron el rostro, hablaron en baja voz, se
llamaron entre sí con seudónimos (nombres de animales para no dejarse
identificar) y solo utilizaron un apelativo de pila falso en sus
contactos por radio con el Comité Negociador, que fue integrado por el
Gobierno.
"Antes de la última liberación, la Policía y el Ejército trabajamos con
profesionalismo. Pudimos hacer muchas cosas, pero la vida de las personas
fue fundamental".
Si bien las investigaciones aún no logran determinar si el grupo que
planificó esos dos secuestros fue el mismo que participó en 1998, se
estudia un hecho: los captores mostraron versatilidad en el último caso,
al recorrer 100 km desde Colombia hacia Pompeya, lo que aprendieron de
sus anteriores experiencias.
La Unase dice que si bien los tres hechos son preocupantes no son un
termómetro para medir la incidencia del secuestro en el país. Su registro
data de 1994 y refiere que desde entonces se han producido 148 plagios,
todos con fines económicos. Según ese equipo, fueron delincuentes y
disidentes colombianos los que trasladaron el delito al país. "Pero aquí
no hay una empresa de secuestro. Por ejemplo, no sabemos qué es un coche-
bomba".
Hubo dos años en que la incidencia sufrió variantes radicales: 1997 y
1999. En el primer año hubo 12 secuestros en Quito. En el 99, el 50 por
ciento de casos ocurrió en Guayaquil. Las cifras muestran que en el 2000
disminuyó el número de plagios y subió la cifra de extorsiones, paso
previo al secuestro. En la mayoría de esas extorsiones las víctimas
recibieron cartas con el sello de las FARC, enviadas por delincuentes
comunes.
Para apoyar su tarea, en este año la empresa petrolera HP entregó a la
Unase recursos para sofisticados equipos.
El rastreo de llamadas
Una denuncia presentada por el diputado Carlos González acusó a la
Policía de espiar llamadas telefónicas. La Unase indica que no existe
ningún espionaje pero que es verdad que en su trabajo investiga llamadas
telefónicas para seguir la pista a secuestradores.
"Nosotros hacemos el seguimiento de contactos telefónicos cuando son
realizados por delincuentes que llaman para pedir dinero", dice un
oficial de la unidad. Él refiere que en la cuarta hoja de la guía
telefónica de Andinatel de Quito se ofrece el servicio de "rastreo de
llamadas", que es el que "utilizamos para seguir la pista de los
secuestradores y por tanto esa es una acción legal".
Sin embargo, tras la denuncia, la unidad asegura que dejó de recibir la
ayuda de las empresas de telefonía privada. Esas compañías dicen que no
pueden revelar información sin la autorización de sus clientes. Según la
Unase, los que ganaron con la acusación fueron los delincuentes. Entre
febrero y marzo no se pudo seguir la pista de 30 llamadas provenientes de
teléfonos celulares. "Cuando una persona sufre el secuestro de un
familiar, se desespera y solicita ayuda a la unidad. Pero mientras no se
siente afectada, le resulta fácil criticar y exagerar".
La Unase también fue cuestionada por un hombre (este Diario mantiene su
nombre en reserva) que en el noticiero de Gamavisión dijo la semana
pasada que esa fuerza es ineficiente y que estuvo a punto de causar la
muerte de sus hijos secuestrados el 13 de marzo de 1995. Según la Unase,
el hombre que habló en la televisión, negoció a sus espaldas y, lo más
grave, el 22 de enero de 1999 fue uno de los autores del secuestro de una
mujer en Ambato. La Unase asegura que lo detuvo y liberó a la mujer.
Pese a las limitaciones, este año la unidad liberó a los rehenes de dos
secuestros y el domingo detuvo a una organización de 9 personas en Santo
Domingo de los Colorados. (Texto tomado de El Comercio)
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