Quito. 7 ene 2002. En trámite, la escisión de la empresa en generadora y
distribuidora. Para liquidar a trabajadores cesantes se requiere $22,6
millones.
El consorcio Salomon Smith Barney deja al descubierto la verdadera
realidad de la Empresa Eléctrica Quito S.A., cuyos accionistas
mayoritarios, después del Fondo de Solidaridad, esperan su valoración
para decidir sobre la venta del paquete accionario.
El consorcio analiza el tema societario de la empresa, la situación
tributaria, de los litigios, el área de inmuebles, laboral y contractual.
El informe final al que tuvo acceso este Diario destaca, como primer
problema, la distorsión de la estructura accionaria de la distribuidora
entre el monto del capital social suscrito y pagado y las cuentas
patrimoniales constituidas por aportes para futuras capitalizaciones y
reservas de diferente índole. Dice que el capital social es notoriamente
inferior a la suma de los aportes para nuevas capitalizaciones y
reservas.
Según la Ley para la Transformación Económica que modifica el artículo 28
de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, el Estado ecuatoriano pondrá a
disposición 51% de acciones con derecho a voto, a igual que la
suscripción de acciones en el capital. Al existir entre las cuentas
patrimoniales el rubro de Aportes para Futuras Capitalizaciones, cuyos
montos se registran a favor del Fondo de Solidaridad, es necesario que
este sea capitalizado, dice el informe.
Para el alcalde de Quito y presidente del directorio de la empresa, Paco
Moncayo, el tema tiene que ser analizado por el Consejo Metropolitano,
Dice que si el Fondo vende su participación accionaria y los nuevos
dueños plantean un incremento de capital, Quito no tiene de dónde
hacerlo. "Con un presupuesto pobre no hay plata para invertir.
- Incertidumbre por el régimen tributario
Al analizar el área tributaria, el consorcio Salomon Smith Barney dice
que hasta la expedición de la Ley de Transformación Económica del Ecuador
en marzo de 2000, el régimen tributario de las empresas del sector
eléctrico se caracteriza por una marcada incertidumbre. La Ley señala que
esas compañías tendrán el mismo tratamiento tributario que las privadas.
Sin embargo, el Sistema de Rentas Internas (SRI) pretendería cobrar
multas e intereses a la empresa Quito por no presentar las declaraciones
de los ejercicios 1997 y 1998; la de 1999 lo hizo con retraso.
Salomon Smith considera que este cobro podría ser impugnable, porque la
empresa en esos años se encontraba exonerada, por no ser sujeto pasivo
del impuesto y no tenía obligación formal de declarar.
nJuicios civiles , penales y hábeas data
La Empresa Eléctrica Quito sigue 13 juicios civiles por indemnización de
daños y perjuicios, pago de pólizas, cobro de letras de cambio, ejecución
de garantías y cobro de títulos ejecutivos generados por consumos no
pagados de electricidad.
También inició 23 juicios penales por delitos no precisados por la
empresa, y un juicio de tránsito.
A la vez, se defiende de 14 juicios civiles por incumplimiento de
contrato, indemnizaciones por daño moral, obra nueva, liquidación de
fondos de ejecutivos de la empresa, prescripción adquisitiva de dominio,
entre otros.
También se le sigue un recurso de hábeas data y una impugnación
administrativa de acto de la misma naturaleza. Enfrenta 13 juicios
laborales para reclamar indemnizaciones por despido intempestivo y
diferencias salariales.
- Los trabajadores con subsidio al consumo
Otro de los temas que desmenuza Salomon Smith es el del contrato
colectivo.Se reconoce que los trabajadores participen de las utilidades
de la empresa, hecho que ya consta en el contrato de 1995. La
coadministración entre la empresa y la organización laboral permite a los
empleados participar en la toma de decisiones en varias actividades y
funciones.
La empresa, que subsidia el consumo de energía de sus trabajadores, tiene
en sus roles a 1 171 personas, que representan 19% del personal del
sector eléctrico, lo que la ubica como la empresa de mayor cantidad de
empleados.
Además, tiene 150 trabajadores bajo el sistema de tercerización.
Según el informe de Salomon Smith, la distribuidora cumple
satisfactoriamente sus obligaciones patronales.
Prefecto pone su requisito
El prefecto de Pichincha, Ramiro González, dijo que por mandato de la
Ley, es una obligación vender las acciones.
Sin embargo, afirmó que dicha exigencia se cumplirá siempre y cuando la
venta sea transparente y al precio que convenga a los intereses de la
provincia.
Según González, el valor de las acciones superan los $70 millones.
Proceso debe ser honesto
El alcalde Paco Moncayo dice que estará atento para evitar que "se regale
la empresa, y cualquier decisión que se tome sea transparente e
indudablemente honesta, para contar con el respaldo de la gente".
Señala que la valoración de la empresa es importante para saber que es un
buen negocio para el país y se refleje en un mejor trato a los usuarios.
(TH) (Diario Hoy)
distribuidora. Para liquidar a trabajadores cesantes se requiere $22,6
millones.
El consorcio Salomon Smith Barney deja al descubierto la verdadera
realidad de la Empresa Eléctrica Quito S.A., cuyos accionistas
mayoritarios, después del Fondo de Solidaridad, esperan su valoración
para decidir sobre la venta del paquete accionario.
El consorcio analiza el tema societario de la empresa, la situación
tributaria, de los litigios, el área de inmuebles, laboral y contractual.
El informe final al que tuvo acceso este Diario destaca, como primer
problema, la distorsión de la estructura accionaria de la distribuidora
entre el monto del capital social suscrito y pagado y las cuentas
patrimoniales constituidas por aportes para futuras capitalizaciones y
reservas de diferente índole. Dice que el capital social es notoriamente
inferior a la suma de los aportes para nuevas capitalizaciones y
reservas.
Según la Ley para la Transformación Económica que modifica el artículo 28
de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, el Estado ecuatoriano pondrá a
disposición 51% de acciones con derecho a voto, a igual que la
suscripción de acciones en el capital. Al existir entre las cuentas
patrimoniales el rubro de Aportes para Futuras Capitalizaciones, cuyos
montos se registran a favor del Fondo de Solidaridad, es necesario que
este sea capitalizado, dice el informe.
Para el alcalde de Quito y presidente del directorio de la empresa, Paco
Moncayo, el tema tiene que ser analizado por el Consejo Metropolitano,
Dice que si el Fondo vende su participación accionaria y los nuevos
dueños plantean un incremento de capital, Quito no tiene de dónde
hacerlo. "Con un presupuesto pobre no hay plata para invertir.
- Incertidumbre por el régimen tributario
Al analizar el área tributaria, el consorcio Salomon Smith Barney dice
que hasta la expedición de la Ley de Transformación Económica del Ecuador
en marzo de 2000, el régimen tributario de las empresas del sector
eléctrico se caracteriza por una marcada incertidumbre. La Ley señala que
esas compañías tendrán el mismo tratamiento tributario que las privadas.
Sin embargo, el Sistema de Rentas Internas (SRI) pretendería cobrar
multas e intereses a la empresa Quito por no presentar las declaraciones
de los ejercicios 1997 y 1998; la de 1999 lo hizo con retraso.
Salomon Smith considera que este cobro podría ser impugnable, porque la
empresa en esos años se encontraba exonerada, por no ser sujeto pasivo
del impuesto y no tenía obligación formal de declarar.
nJuicios civiles , penales y hábeas data
La Empresa Eléctrica Quito sigue 13 juicios civiles por indemnización de
daños y perjuicios, pago de pólizas, cobro de letras de cambio, ejecución
de garantías y cobro de títulos ejecutivos generados por consumos no
pagados de electricidad.
También inició 23 juicios penales por delitos no precisados por la
empresa, y un juicio de tránsito.
A la vez, se defiende de 14 juicios civiles por incumplimiento de
contrato, indemnizaciones por daño moral, obra nueva, liquidación de
fondos de ejecutivos de la empresa, prescripción adquisitiva de dominio,
entre otros.
También se le sigue un recurso de hábeas data y una impugnación
administrativa de acto de la misma naturaleza. Enfrenta 13 juicios
laborales para reclamar indemnizaciones por despido intempestivo y
diferencias salariales.
- Los trabajadores con subsidio al consumo
Otro de los temas que desmenuza Salomon Smith es el del contrato
colectivo.Se reconoce que los trabajadores participen de las utilidades
de la empresa, hecho que ya consta en el contrato de 1995. La
coadministración entre la empresa y la organización laboral permite a los
empleados participar en la toma de decisiones en varias actividades y
funciones.
La empresa, que subsidia el consumo de energía de sus trabajadores, tiene
en sus roles a 1 171 personas, que representan 19% del personal del
sector eléctrico, lo que la ubica como la empresa de mayor cantidad de
empleados.
Además, tiene 150 trabajadores bajo el sistema de tercerización.
Según el informe de Salomon Smith, la distribuidora cumple
satisfactoriamente sus obligaciones patronales.
Prefecto pone su requisito
El prefecto de Pichincha, Ramiro González, dijo que por mandato de la
Ley, es una obligación vender las acciones.
Sin embargo, afirmó que dicha exigencia se cumplirá siempre y cuando la
venta sea transparente y al precio que convenga a los intereses de la
provincia.
Según González, el valor de las acciones superan los $70 millones.
Proceso debe ser honesto
El alcalde Paco Moncayo dice que estará atento para evitar que "se regale
la empresa, y cualquier decisión que se tome sea transparente e
indudablemente honesta, para contar con el respaldo de la gente".
Señala que la valoración de la empresa es importante para saber que es un
buen negocio para el país y se refleje en un mejor trato a los usuarios.
(TH) (Diario Hoy)
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