Quito. 21.10.94. El ministro no ha convencido puesto que su
intervención ha sido "floja" y no ha podido desvanecer las
acusaciones que hay en su contra.
Así opinó ayer una gran mayoría de diputados consultados,
quienes coincidieron en que la intervención del interpelante
Luis Almeida fue el "plato fuerte" de la primera jornada de la
intervención en contra de Acosta.
Raúl Baca, de la Izquierda Democrática, dijo por ejemplo que
la intervención de Almeida fue lo "mas relevante" puesto que
con una intervención "ordenada y documentada" desvaneció la
defensa del ministro quien, para Baca, no pudo convencer,
sobre todo en lo que tiene relación con la licitación del
nuevo oleoducto.
Incluso el gobiernista Wilman Costa dijo que Acosta había
estado en su intervención "afectado y disminuido" por el
ambiente de escándalo en el que se ha desarrollado el juicio.
Gustavo Larrea, del APRE, por su lado dijo que el ministro no
ha desvanecido las acusaciones y que Almeida "demostró con
algunas pruebas" las violaciones, aunque criticó que haya
utilizado cierto tipo de documento como pruebas.
Carlos Vallejo, de la Democracia Popular, calificó la
actuación de Almeida como de "altura" y con "pruebas en la
mano". En cambio del ministro dijo que su ponencia fue muy
general y "sin argumentos". Pascual del Cioppo dijo que el
ministro no ha dicho nada sobre las autoconcesiones, pero que
Almeida tampoco aportó nada nuevo.
En una intervención en la que no hubo los esperados insultos y
dentro de un esquema mucho más moderado de lo que se esperaba
en el Congreso, el diputado Luis Almeida insistió en sus
acusaciones en contra del ministro de Energía, Francisco
Acosta.
Almeida tuvo una intervención que recordó mucho a las que
mantenía cuando era diputado el actual alcalde de Guayaquil,
León Febres Cordero: con una pila de documentos a su lado, iba
sosteniendo las acusaciones mientras pasaba a Secretaría los
papeles para que sean leídos.
Almeida mostró documentos en los que se evidenciaba que Acosta
había utilizado a dos ex funcionarios del ministerio: Jorge
Paz Durini y Gustavo Castrillón, para despojar de ciertas
posesiones mineras a personas humildes y beneficiarse
personalmente o beneficiar a otras compañías allegadas al
ministro. Según Almeida, Acosta se habría quedado con un
total de 12 mil hectáreas de concesiones mineras.
Luego acusó al ministro de haber sido un "pipón" de
Petroamazonas puesto que ha cobrado un sueldo de dicha filial
para redondear el suyo mientras fue subsecretario del ramo.
Almeida insistió en sus acusaciones en contra de Acosta
afirmando que no ha hecho nada para que se detenga el
negociado que existe en el buque Darwin que, solo por
almacenar gas licuado, cobra 40 millones de dólares al año.
Además, mostró documentos en los que constan las ventas que
Petroecuador ha hecho por concepto de reexportación del gas,
cosa que es ilegal ya que el país subsidia ese producto.
Por otro lado, acusó al ministro de que contra todo estudio
técnico insiste en construir un nuevo oleoducto, con el cual
se beneficiaría, él y otras compañías, por una suma cercana a
los 300 millones de dólares.
Siempre leyendo documentos que entregaba a secretaría y bajo
la asistencia de varios asesores, Almeida sostuvo que el
Ministerio "invirtió" 24 millones de dólares de un préstamo
europeo para hacer un mapa minero, cuando en el Ecuador ya
existía ese mapa de autoría del Clirsen. El 64 % de ese
crédito solo se destinó al pago de personal, dijo Almeida,
documento en mano.
Por otro lado, exhibió un papel en el que se señalaba que
Acosta contrató a Mario Sánchez como gerente de Petrocomercial
a pesar de que la SENDA había enviado un oficio afirmando que
esa persona no estaba calificada para el cargo, ya que tenía
un juicio administrativo pendiente.
ACUSACIONES DE ALMEIDA
-Acusación: Acuso a Almeida de haber despojado de los derechos
de minería del abogado Manuel Serrano, a quien defendió en un
inicio, para quedarse con sus concesiones.
R.- No he sido patrocinador de Manuel Serrano en relación a
trámite minero alguno; trámites penales, civiles o de
cualquier naturaleza. El título de asentamiento minero
otorgado a la cooperativa Zaruma Urco fue emitido por el
director de Minería, el 5 de enero de 1993, fecha en la cual
yo no desempeñaba las funciones de ministro ni de
subsecretario de minas.
- Acusación: El ministro ha permitido que el señor Jorge Paz
Durini se desempeñe como subsecretario del ramo sin tener
nombramiento alguno.
Respuesta: Durante el período que he venido ejerciendo el
cargo de ministro de Energía, Jorge Paz Durini no ha
desempeñado función alguna en el Ministerio a mi cargo.
- Acusación: Acosta ha permitido que trabaje como asesor
jurídico del ministerio al señor Gustavo Castrillón quien no
tiene título de abogado como manda la Ley.
Respuesta: Durante el período que he venido ejerciendo el
cargo de ministro de Energía y Minas el señor Gustavo
Castrillón no ha desempeñado función alguna en el ministerio a
mi cargo, en virtud de que con fecha 18 de junio de 1993, el
señor Gustavo Castrillón presentó la renuncia al cargo que
venía desempeñando. Sin embargo, cuando llegó a conocimiento
del ministerio que el título de profesional que había venido
utilizando Castrillón tenía dudoso origen, presenté al señor
ministro fiscal de Pichincha la petición correspondiente para
que se formule una excitativa fiscal que sirva de base a un
procedimiento investigatorio por los jueces competentes.
- Acusación: El ministro ha iniciado la licitación para
construir un oleoducto que es innecesario y con un sobreprecio
para su beneficio personal que rebasa los 300 millones de
dólares.
Respuesta: Rechazo de la manera más enérgica la acusación que
formula el diputado Almeida en relación al acto licitatorio
para la construcción de la ampliación del Oleoducto
Transecuatoriano.
El delito de peculado es un delito de naturaleza dolosa; de
pluralidad de hipótesis; de sujeto calificado, de ahí su
funcionalidad. No corresponde al delito de peculado en su
proceso de ejecución manifestada, etc., de la misma manera que
en los delitos de extorsión. La apreciación que hace el señor
diputado Almeida es puramente subjetiva.
- Acusación: El ministro ha hecho que el Estado pierda
ingentes cantidades de dinero en la contratación de una
auditoría ambiental sobre los daños de la TEXACO y no ha hecho
nada para detener los daños al medio ambiente creados por la
compañía.
Respuesta: La auditoría ambiental fue contratada por el
Gobierno de Rodrigo Borja. Este ministerio no la aceptó por
considerarla parcial y no conveniente para el país. La TEXACO
presentó una oferta de arreglo para evitar litigios jurídicos
que nosotros hemos anunciado en su contra pero no la aceptamos
por considerarla insatisfactoria. Actualmente la TEXACO ha
ofrecido pagar la totalidad de los daño al medio ambiente y
hacer donaciones para construir hospitales y escuelas en las
comunidades indígenas.
- Acusación: Se acusa al ministro por el alza ilegal del
precio de los combustibles.
Respuesta: El alza se da en cumplimiento a las reformas a la
Ley de Hidrocarburos, aprobada por el Congreso, según el cual
se permite al presidente fijar los precios. Además, el
reglamento que regula los precios no es tributario por su
naturaleza; no contiene un tributo por su propia destinación y
no contiene un tributo por su origen, de tal manera que ni el
presidente ni el ministro han violado la Ley ni la
Constitución.
DE DELGADO
- Acusación: acuso de haber sacado a licitación para la
adjudicación de varios campos petroleros a los que incluso de
acuerdo a leyes inconstitucionales pero de sospechosa
vigencia, no correspondía clasificarlos como marginales, en
franca lesión a los intereses nacionales.
Respuesta: no es verdad que el Ministerio haya sacado a
licitación ningún campo marginal, puesto que de conformidad
con las reformas a la Ley de Hidrocarburos, aprobadas por el
Congreso Nacional y expedidas mediante Ley N§ 44 por el
presidente de la República, especialmente de los Arts. 1,
inciso tercero y 19 del mencionado cuerpo legal, en
concordancia con el Art. 18 de su reglamento se deben cumplir
con una serie de requisitos que están en trámite y recién para
el 15 de noviembre del presente año se ha establecido como
fecha tentativa el inicio de la licitación para la explotación
de los campos marginales.
DE SANCHEZ
- Acusación: Acuso al ministro de haber violado la
Constitución al elevar el precio de los combustibles.
- Respuesta: El Congreso aprobó una reforma a la Ley de
Hidrocarburos que dice que "Los precios de venta al consumidor
de los derivados de los hidrocarburos serán regulados de
acuerdo al reglamento que para el efecto dictará el presidente
de la República".
- Acusación: Acuso al ministro de violar los artículos 45 y 46
de la Constitución al impulsar una franca política de
privatizaciones del sistema oleoducto transecuatoriano.
Respuesta: Carece de sentido la afirmación que se hace, toda
vez que el oleoducto transecuatoriano únicamente se daría para
la operación, y durante la vigencia del contrato las
instalaciones del mismo continúan siendo propiedad exclusiva
de Petroecuador.
- Acusación: Acuso al ministro de permitir que las compañías
petroleras extranjeras atenten contra el medio ambiente de la
Amazonía.
Respuesta: siempre que se han presentado problemas causados
directa o indirectamente por las operaciones de las compañías
petroleras, inmediatamente he exigido los correctivos del caso
y se han impuesto las sanciones correspondientes en las leyes
y en los reglamentos aplicables.
- Acusación: acuso al ministro de instrumentar una inadecuada
política de privatización del sector eléctrico e incumplir con
las fases pertinentes del Plan Maestro de Electrificación.
Respuesta: no se ha privatizado el sector sino que se lo ha
modernizado. Se permite, empero por la falta de fondos del
Estado, la participación de capitales privados frescos par la
ejecución de nuevos proyectos y se plantea la necesidad de
dotar al sector estatal de las mismas herramientas de que
dispondría cualquier inversionista privado para desarrollar
esas actividades. Además, se ha cumplido a cabalidad con el
Plan Maestro. (5A)
intervención ha sido "floja" y no ha podido desvanecer las
acusaciones que hay en su contra.
Así opinó ayer una gran mayoría de diputados consultados,
quienes coincidieron en que la intervención del interpelante
Luis Almeida fue el "plato fuerte" de la primera jornada de la
intervención en contra de Acosta.
Raúl Baca, de la Izquierda Democrática, dijo por ejemplo que
la intervención de Almeida fue lo "mas relevante" puesto que
con una intervención "ordenada y documentada" desvaneció la
defensa del ministro quien, para Baca, no pudo convencer,
sobre todo en lo que tiene relación con la licitación del
nuevo oleoducto.
Incluso el gobiernista Wilman Costa dijo que Acosta había
estado en su intervención "afectado y disminuido" por el
ambiente de escándalo en el que se ha desarrollado el juicio.
Gustavo Larrea, del APRE, por su lado dijo que el ministro no
ha desvanecido las acusaciones y que Almeida "demostró con
algunas pruebas" las violaciones, aunque criticó que haya
utilizado cierto tipo de documento como pruebas.
Carlos Vallejo, de la Democracia Popular, calificó la
actuación de Almeida como de "altura" y con "pruebas en la
mano". En cambio del ministro dijo que su ponencia fue muy
general y "sin argumentos". Pascual del Cioppo dijo que el
ministro no ha dicho nada sobre las autoconcesiones, pero que
Almeida tampoco aportó nada nuevo.
En una intervención en la que no hubo los esperados insultos y
dentro de un esquema mucho más moderado de lo que se esperaba
en el Congreso, el diputado Luis Almeida insistió en sus
acusaciones en contra del ministro de Energía, Francisco
Acosta.
Almeida tuvo una intervención que recordó mucho a las que
mantenía cuando era diputado el actual alcalde de Guayaquil,
León Febres Cordero: con una pila de documentos a su lado, iba
sosteniendo las acusaciones mientras pasaba a Secretaría los
papeles para que sean leídos.
Almeida mostró documentos en los que se evidenciaba que Acosta
había utilizado a dos ex funcionarios del ministerio: Jorge
Paz Durini y Gustavo Castrillón, para despojar de ciertas
posesiones mineras a personas humildes y beneficiarse
personalmente o beneficiar a otras compañías allegadas al
ministro. Según Almeida, Acosta se habría quedado con un
total de 12 mil hectáreas de concesiones mineras.
Luego acusó al ministro de haber sido un "pipón" de
Petroamazonas puesto que ha cobrado un sueldo de dicha filial
para redondear el suyo mientras fue subsecretario del ramo.
Almeida insistió en sus acusaciones en contra de Acosta
afirmando que no ha hecho nada para que se detenga el
negociado que existe en el buque Darwin que, solo por
almacenar gas licuado, cobra 40 millones de dólares al año.
Además, mostró documentos en los que constan las ventas que
Petroecuador ha hecho por concepto de reexportación del gas,
cosa que es ilegal ya que el país subsidia ese producto.
Por otro lado, acusó al ministro de que contra todo estudio
técnico insiste en construir un nuevo oleoducto, con el cual
se beneficiaría, él y otras compañías, por una suma cercana a
los 300 millones de dólares.
Siempre leyendo documentos que entregaba a secretaría y bajo
la asistencia de varios asesores, Almeida sostuvo que el
Ministerio "invirtió" 24 millones de dólares de un préstamo
europeo para hacer un mapa minero, cuando en el Ecuador ya
existía ese mapa de autoría del Clirsen. El 64 % de ese
crédito solo se destinó al pago de personal, dijo Almeida,
documento en mano.
Por otro lado, exhibió un papel en el que se señalaba que
Acosta contrató a Mario Sánchez como gerente de Petrocomercial
a pesar de que la SENDA había enviado un oficio afirmando que
esa persona no estaba calificada para el cargo, ya que tenía
un juicio administrativo pendiente.
ACUSACIONES DE ALMEIDA
-Acusación: Acuso a Almeida de haber despojado de los derechos
de minería del abogado Manuel Serrano, a quien defendió en un
inicio, para quedarse con sus concesiones.
R.- No he sido patrocinador de Manuel Serrano en relación a
trámite minero alguno; trámites penales, civiles o de
cualquier naturaleza. El título de asentamiento minero
otorgado a la cooperativa Zaruma Urco fue emitido por el
director de Minería, el 5 de enero de 1993, fecha en la cual
yo no desempeñaba las funciones de ministro ni de
subsecretario de minas.
- Acusación: El ministro ha permitido que el señor Jorge Paz
Durini se desempeñe como subsecretario del ramo sin tener
nombramiento alguno.
Respuesta: Durante el período que he venido ejerciendo el
cargo de ministro de Energía, Jorge Paz Durini no ha
desempeñado función alguna en el Ministerio a mi cargo.
- Acusación: Acosta ha permitido que trabaje como asesor
jurídico del ministerio al señor Gustavo Castrillón quien no
tiene título de abogado como manda la Ley.
Respuesta: Durante el período que he venido ejerciendo el
cargo de ministro de Energía y Minas el señor Gustavo
Castrillón no ha desempeñado función alguna en el ministerio a
mi cargo, en virtud de que con fecha 18 de junio de 1993, el
señor Gustavo Castrillón presentó la renuncia al cargo que
venía desempeñando. Sin embargo, cuando llegó a conocimiento
del ministerio que el título de profesional que había venido
utilizando Castrillón tenía dudoso origen, presenté al señor
ministro fiscal de Pichincha la petición correspondiente para
que se formule una excitativa fiscal que sirva de base a un
procedimiento investigatorio por los jueces competentes.
- Acusación: El ministro ha iniciado la licitación para
construir un oleoducto que es innecesario y con un sobreprecio
para su beneficio personal que rebasa los 300 millones de
dólares.
Respuesta: Rechazo de la manera más enérgica la acusación que
formula el diputado Almeida en relación al acto licitatorio
para la construcción de la ampliación del Oleoducto
Transecuatoriano.
El delito de peculado es un delito de naturaleza dolosa; de
pluralidad de hipótesis; de sujeto calificado, de ahí su
funcionalidad. No corresponde al delito de peculado en su
proceso de ejecución manifestada, etc., de la misma manera que
en los delitos de extorsión. La apreciación que hace el señor
diputado Almeida es puramente subjetiva.
- Acusación: El ministro ha hecho que el Estado pierda
ingentes cantidades de dinero en la contratación de una
auditoría ambiental sobre los daños de la TEXACO y no ha hecho
nada para detener los daños al medio ambiente creados por la
compañía.
Respuesta: La auditoría ambiental fue contratada por el
Gobierno de Rodrigo Borja. Este ministerio no la aceptó por
considerarla parcial y no conveniente para el país. La TEXACO
presentó una oferta de arreglo para evitar litigios jurídicos
que nosotros hemos anunciado en su contra pero no la aceptamos
por considerarla insatisfactoria. Actualmente la TEXACO ha
ofrecido pagar la totalidad de los daño al medio ambiente y
hacer donaciones para construir hospitales y escuelas en las
comunidades indígenas.
- Acusación: Se acusa al ministro por el alza ilegal del
precio de los combustibles.
Respuesta: El alza se da en cumplimiento a las reformas a la
Ley de Hidrocarburos, aprobada por el Congreso, según el cual
se permite al presidente fijar los precios. Además, el
reglamento que regula los precios no es tributario por su
naturaleza; no contiene un tributo por su propia destinación y
no contiene un tributo por su origen, de tal manera que ni el
presidente ni el ministro han violado la Ley ni la
Constitución.
DE DELGADO
- Acusación: acuso de haber sacado a licitación para la
adjudicación de varios campos petroleros a los que incluso de
acuerdo a leyes inconstitucionales pero de sospechosa
vigencia, no correspondía clasificarlos como marginales, en
franca lesión a los intereses nacionales.
Respuesta: no es verdad que el Ministerio haya sacado a
licitación ningún campo marginal, puesto que de conformidad
con las reformas a la Ley de Hidrocarburos, aprobadas por el
Congreso Nacional y expedidas mediante Ley N§ 44 por el
presidente de la República, especialmente de los Arts. 1,
inciso tercero y 19 del mencionado cuerpo legal, en
concordancia con el Art. 18 de su reglamento se deben cumplir
con una serie de requisitos que están en trámite y recién para
el 15 de noviembre del presente año se ha establecido como
fecha tentativa el inicio de la licitación para la explotación
de los campos marginales.
DE SANCHEZ
- Acusación: Acuso al ministro de haber violado la
Constitución al elevar el precio de los combustibles.
- Respuesta: El Congreso aprobó una reforma a la Ley de
Hidrocarburos que dice que "Los precios de venta al consumidor
de los derivados de los hidrocarburos serán regulados de
acuerdo al reglamento que para el efecto dictará el presidente
de la República".
- Acusación: Acuso al ministro de violar los artículos 45 y 46
de la Constitución al impulsar una franca política de
privatizaciones del sistema oleoducto transecuatoriano.
Respuesta: Carece de sentido la afirmación que se hace, toda
vez que el oleoducto transecuatoriano únicamente se daría para
la operación, y durante la vigencia del contrato las
instalaciones del mismo continúan siendo propiedad exclusiva
de Petroecuador.
- Acusación: Acuso al ministro de permitir que las compañías
petroleras extranjeras atenten contra el medio ambiente de la
Amazonía.
Respuesta: siempre que se han presentado problemas causados
directa o indirectamente por las operaciones de las compañías
petroleras, inmediatamente he exigido los correctivos del caso
y se han impuesto las sanciones correspondientes en las leyes
y en los reglamentos aplicables.
- Acusación: acuso al ministro de instrumentar una inadecuada
política de privatización del sector eléctrico e incumplir con
las fases pertinentes del Plan Maestro de Electrificación.
Respuesta: no se ha privatizado el sector sino que se lo ha
modernizado. Se permite, empero por la falta de fondos del
Estado, la participación de capitales privados frescos par la
ejecución de nuevos proyectos y se plantea la necesidad de
dotar al sector estatal de las mismas herramientas de que
dispondría cualquier inversionista privado para desarrollar
esas actividades. Además, se ha cumplido a cabalidad con el
Plan Maestro. (5A)
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