La estadística de una consulta efectuada por el Fondo de Cesantía del Magisterio, actualizada al 7 de febrero de este año, menciona 5 890 docentes que no se presentaron. El censo realizado en 2001 detectó 6 032 maestros sin registro.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN "PIERDE EL AÑO" EN INVESTIGACIÓN SOBRE "PROFES" QUE COBRAN SIN TRABAJAR
Entre 1991 y el 18 de julio de 2001, Filanbanco administró el Fondo de Cesantía. Desde entonces los maestros asumieron el control de esos recursos financieros.
Facsímil de la carta enviada por la fiscal Cecilia Armas a la ex ministra Consuelo Yánez, en la que pide el envío de toda la información para sancionar a los profesores así como al personal de la Secretaría de Estado que estaría involucrado.
El Ministerio de Educación no tiene cifras sobre el número de profesores, técnicos y servidores que cobran sueldos sin trabajar, pese a que entre septiembre y octubre de 2005 se anunció una investigación que iba a ser coordinada con la Fiscalía y la oficina de Migración de la Policía.
Medio año después no hay resultados de esas indagaciones, a pesar de la predisposición enunciada por la fiscal de la Nación, Cecilia Armas, quien pidió al Ministerio que le hiciera llegar la información, el pasado 29 de septiembre.
Para el 5 de octubre, el entonces subsecretario del Ministerio, Danilo Torres, entregó en la Presidencia de la República un listado de 12 101 personas.
El funcionario calculaba un perjuicio de $58 millones anuales, tomando como base un sueldo promedio de $500 mensuales, incluidos los décimos de ley.
Al mismo tiempo, aclaraba que los datos, contenidos en un CD, eran provisionales y que debían ser depurados entre el Ministerio de Educación, el Fondo de Cesantía del Magisterio, la Dirección de Migración y la Contraloría.
BLANCO Y NEGRO preguntó en la Secretaría de Estado sobre los resultados de este trabajo, pero lo único que quedó en claro es que no hay un seguimiento adecuado del caso.
Para empezar, el martes conversamos con Lola de Baca, asesora del ministro Raúl Vallejo, quien indicó que no podía ayudarnos a obtener una entrevista con el funcionario porque este se hallaba en Tulcán, con el presidente de la República y otros ocho ministros.
Pedimos hablar cuando volviera, pero nos indicó que esa noche grabaría una cadena nacional de saludo a los maestros, por el 13 de abril.
Luego, nos indicaron que podíamos abordarlo el miércoles en Cuenca, donde asistiría a una sesión solemne, pero respondió a los periodistas de HOY que no era el momento para hablar del tema y ofreció conversar con este Diario luego de un viaje que iniciaría el jueves.
Un funcionario de la Dirección Jurídica, que pidió no ser identificado, indicó extraoficialmente que únicamente cerca de 800 personas percibirían sueldos sin trabajar. Mientras en Recursos Humanos nos dijeron que la investigación demoraría al menos un mes. (AA)
Según el FCME, serían 5 890 "pipones"
Desde septiembre, el organismo del Magisterio lleva adelante una consulta.
En febrero de este año, el ministro del ramo, Raúl Vallejo, dijo en una visita a HOY que el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME) tenía la información más aproximada a la cifra real de maestros que cobrarían sin trabajar.
El Fondo es una institución privada del Magisterio, presidida por Juan José Casteló, ex presidente de la UNE y ex diputado del MPD, que administra $50,8 millones de más de 100 mil cuentas de los maestros del país, que fueron transferidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Según cuadros estadísticos del Fondo, la cifra, actualizada al 7 de febrero de 2006, es de 5 890 personas.
De ellos, 2 243 corresponden a la categoría de educación hispana, 383 a la bilingüe y 3 264 a la educación secundaria.
Aunque la cifra de 5 890 podría ser la más cercana al número real de pipones, tampoco se la puede tomar como definitiva. Está fundamentada en una consulta a escala nacional que lleva adelante el Fondo, por lo que podría sufrir modificaciones.
Esto, porque el presidente del Frente Unionista de Trabajadores de la Educación (FUTE), Bolívar Potes, hizo un llamdo a no censarse, por lo que muchos no lo habrían hecho. (AA/MCV)
En el país hay 189 755 docentes, según SINEC
Un boletín del Sistema nacional de Estadísticas y Censos del Ministerio (SINEC), indica que en el país existen 189 755 profesores para 3 186 985 alumnos, distribuidos en 28 212 planteles. El organismo recoge, tabula y procesa datos de los niveles preprimario, primario y medio, pero no tiene un estudio sobre los servidores educativos que cobrarían sueldos sin trabajar. (AA/MCV)
Hace cinco años, 6 032 no acudían al trabajo
El documento contrasta la cifra con los docentes que constan en los roles.
Hace cinco años, el ex ministro de Educación Roberto Hanze lideró un censo nacional de maestros y servidores públicos de esa dependencia.
El trabajo fue realizado por la Escuela Politécnica Nacional, en coordinación con la Politécnica del Litoral, la Universidad Técnica Equinoccial y la Universidad Técnica de Ambato.
En el cuadro correspondiente a las personas que por entonces constaban en el presupuesto del Ministerio, se señalan 59 950, entre servidores de los niveles de educación preprimaria y primaria. En la educación media constaban 49 306.
Pero el censo estableció que realmente había, entre preprimaria y primaria, 58 185 servidores. La estadística determinó que en la categoría de educación media existían 45 039 personas.
Con un simple cálculo de resta y suma, el censo oficial del Ministerio hizo ver que, en 2001, había 6 032 servidores de la educación que constaban en roles de pago pero que no se reportaban a sus lugares de trabajo.
BLANCO Y NEGRO tuvo acceso al único ejemplar del censo que habría en el Ministerio. Lo obtuvo con mucha insistencia, pues inicialmente dijeron que lo buscáramos en la Politécnica Nacional. (AA/MCV)
Aún no se sabe cuántos son emigrantes
El listado de 12 101 servidores de la educación, entregado a la Presidencia por el ex subsecretario Danilo Torres, corresponde a la información proporcionada por la Dirección Nacional de Migración de la Policía, hasta el 22 de septiembre de 2005.
Eso debía haber sido depurado, por lo que no queda claro cuántos de ellos retornaron al país y cuántos no volvieron pero siguen cobrando. (AA/MCV)
DISTORSIÓN EDUCATIVA: MILES LABORAN EN UNA INSTITUCIÓN PERO CONSTAN EN PRESUPUESTO DE OTRA
Este tipo de corrupción habría afectado a las áreas rurales y a la educación básica. La directora provincial de Pichincha dice que los datos nunca fueron confrontados.
Cientos de planteles han sido abandonados luego de que sus maestros emigraron a otros países o los despojaron de los recursos para sus reemplazos.
En la memoria del censo impulsado por el Ministerio hace cinco años, se registró un total de 7 475 personas que trabajaban en una institución pero constaban en el presupuesto de otra.
Aunque no disponía de un dato actualizado, el ministro Raúl Vallejo reconoció la existencia de este problema durante una visita a HOY, en febrero pasado.
En 2001, las cifras más alarmantes estaban en las provincias de Pichincha y Loja. En la primera se detectaron 1 087 casos y en la otra ,1 065.
Azuay registraba 725 casos; Chimborazo, 720; Morona Santiago, 651; y Cotopaxi, 550. Los datos presentados en las demás provincias oscilaban entre 35 y 415 casos.
Esto se logra con influencias.
Un profesor que no desea continuar trabajando en un lugar, al cambiarse de sitio se lleva consigo la partida presupuestaria, con lo cual afecta al plantel anterior, que además de quedarse sin el maestro ha sido despojado de la partida que le permitiría pagar a un reemplazo. ¿La consecuencia? Un grupo de alumnos se queda sin su maestro.
En cambio, el nuevo plantel a donde ha ido ese profesor se beneficia con la nueva partida y sus colegas tienen menor carga horaria. Por eso hay colegios y escuelas donde se registra exceso de personal en relación al número de alumnos.
También se dan casos de docentes que mantienen sus partidas en los planteles y cobran sus sueldos mensualmente, pero prestan servicios en otros lugares. Esto se observa fácilmente en el Congreso Nacional, en donde hay un nutrido grupo de profesores de diferentes provincias que laboran como asesores de algunos diputados.
El ex ministro de Educación Mario Jaramillo dice que, para corregir estas distorsiones, hace falta una legislación que impida la salida de las partidas de los lugares para los que fueron creadas.
Sostiene que estos problemas ocurren principalmente en las zonas rurales. Cuando una persona consigue el traslado hacia otra ciudad o provincia, a base de influencias, se lleva la partida presupuestaria.
Por eso, considera que debería concentrarse la mayoría de partidas docentes en las áreas rurales y anota que las Direcciones Provinciales tienen las facultades necesarias para impedir que los maestros que desean cambiarse de lugar de trabajo se lleven consigo la fuente de los fondos. (AA/MCV)
La ex ministra Consuelo Yánez fue la primera en denunciar la existencia de "piponazgo"
La ex ministra de Educación Consuelo Yánez Cossío hizo las primeras denuncias.
La ex funcionaria dijo a BLANCO Y NEGRO que estarían implicados funcionarios ministeriales, directores provinciales, colectores y pagadores de escuelas y colegios.
Aunque reconoce que el listado inicial no estaba depurado, dice que al finalizar ese proceso tenía previsto publicarlo en la prensa para que los maestros actualizaran sus datos.
Añade que la Dirección Provincial de Educación de Pichincha fue la que menos apoyó las investigaciones para detectar a los "pipones", pero reconoció la colaboración de otras como la de Azuay. (AA/MCV)
"En Recursos Humanos no hay datos consolidados"
LA DIRECTORA DE PICHINCHA sostiene que la primera nómina nunca fue depurada ni hubo una verificación.
El Ministerio de Educación es descentralizado. Por esa razón, en la planta central no hay un dato exacto sobre los profesores que cobrarían sin trabajar ni sobre los que se han llevado las partidas presupuestarias a otros lugares de trabajo.
El director nacional de Recursos Humanos, Patricio Martínez, dijo que su oficina no dispone de información consolidada sobre esos temas, pero indicó que esta debería existir en las Direcciones Provinciales.
Lo que ustedes solicitan podríamos tener en dos semanas, indicó a BLANCO Y NEGRO, siempre y cuando el ministro ordene a las provincias entregar la información, precisó.
Este suplemento intentó obtener los datos directamente en las Direcciones Provinciales, pero debido a que se hallaban en los festejos anticipados a la conmemoración del Día del Maestro (13 de abril), la mayoría de directores no nos atendió.
En todo caso, funcionarios de las Direcciones de Bolívar, Pichincha y Tungurahua dijeron que no habían sancionados por estos motivos.
Tampoco se han abierto expedientes en Pichincha, porque la directora provincial Hipatia Freire sostiene que el listado inicial de 12 101 casos no fue depurado ni hubo una verificación migratoria sobre las salidas y retornos de los profesores que salieron del Ecuador a otros países. (AA/MCV)
Fiscalía: investigaciones caminan muy despacio
EL MINISTERIO utilizó en nuevos nombramientos 886 partidas de personas que emigraron o fallecieron.
En las Fiscalías Distritales de las diferentes provincias se abrieron expedientes para investigar a los maestros que estarían beneficiándose de manera dolosa de dineros del Estado, según expresó la fiscal general, Cecilia Armas, en su comunicado del 29 de septiembre anterior.
Los resultados de las investigaciones aún estarían en veremos, porque en la propia Fiscalía General no proporcionan información sobre los procesos, en caso de haberlos.
Una investigación seria debería abarcar a los directores de escuelas y colegios, a los supervisores zonales, Direcciones Provinciales y Direcciones Nacionales de Educación.
En el propio Ministerio se comenta que algunos directores no informan sobre los maestros emigrantes, en unos casos para conservar las partidas y contratar reemplazos directamente; en otros, por haber llegado a acuerdos con esos docentes para cobrar los sueldos por el tiempo en que permanecen en otros países.
Incluso las cifras de los censos no serían reales. Según funcionarios del Ministerio, se han reportado casos de profesores que han retornado al país para actualizar sus datos y han emigrado nuevamente.
Por lo pronto, 886 partidas de profesores que fallecieron o dejaron el Ecuador han sido reutilizadas, dijo Raúl Vallejo cuando visitó HOY en el mes de febrero. (AA/MCV)
Los procesos legales para sancionar a los infractores pueden durar varios años
La comisión investigadora la integran: director provincial, supervisor, director de escalafón, presidente del núcleo de la UNE y un representante de los docentes.
LAS INSTANCIAS empiezan en las Direcciones Provinciales, pasan por las Regionales, llegan al ministro del ramo y concluyen en el Tribunal Constitucional o en el ámbito contencioso.
El ex ministro de Educación Mario Jaramillo dice que el problema de los docentes que abandonan o encargan sus puestos de trabajo pero cobran sueldos del Estado, se ha evidenciado los últimos 25 años, con la recuperación de la democracia y el acceso a la información.
Considera que la denuncia inicial de la ex ministra Consuelo Yánez (en un comienzo habló de 27 mil casos) fue positiva aunque sobredimensionada. Esto, porque sacó a la luz lo que sucede en el sector educativo desde hace muchos años.
Jaramillo dijo que esta práctica perjudica a los jóvenes y niños, especialmente de los establecimientos fiscales, a donde concurren los alumnos de menores recursos económicos, quienes deberían tener una mejor calidad de educación.
También considera que la falta de sanciones a quienes proceden de esa forma obedece a las fallas del sistema legal que rige al sector educativo, por lo que sancionar a un maestro que incurre en este tipo de delito es casi una misión imposible.
Los maestros tienen a su favor un abanico de posibilidades para evitar el castigo, porque pueden apelar en diferentes instancias.
Según la Ley de Carrera Docente y Escalafón, un maestro puede apelar inicialmente ante la Dirección Provincial de Educación correspondiente, en caso de haber sido sancionado por la Comisión de Defensa Profesional Provincial.
El caso puede subir en apelación ante una de las tres Direcciones Regionales que hay en el país; estas agrupan a varias provincias.
La instancia siguiente es el ministro de Educación, ante quien se apelan los fallos de destitución.
Incluso hay casos de maestros que han apelado en el Tribunal Constitucional.
Jaramillo dice conocer de casos que han demorado más de cinco años, por las apelaciones. Así, recuerda el proceso de un profesor acusado de violación, en el que se habría comprobado el delito. El caso llegó al Tribunal Constitucional (TC). Allí se perdió la pista.
En la Dirección Jurídica del Ministerio explicaron que las sanciones van desde el llamado de atención, la suspensión de labores hasta por 90 días sin sueldo, la remoción de funciones (en el caso de rectores, vicerrectores e inspectores generales de colegios) hasta la destitución del cargo y la separación definitiva del Magisterio.
Un funcionario, que pidió no ser identificado, añadió que los profesores y funcionarios emigrantes deberían ser sancionados por las Comisiones Provinciales al cumplirse 30 días de inasistencia a sus puestos de trabajo. (AA/MCV)
Una veintena de casos de destitución se halla en la fase de apelación
El 15 de diciembre de 2005, mediante un comunicado de prensa, el Ministerio de Educación anunció la destitución de 20 funcionarios "que estarían cobrando sin trabajar".
En el listado se hallaban profesores, técnicos docentes y supervisores, tanto de la planta central del Ministerio como de algunas provincias.
También estaban miembros de la Comisión de Ingresos, Cambios y Promociones de los niveles pre primario y primario de Cotopaxi.
BLANCO Y NEGRO se reserva los nombres porque los casos todavía se encuentran en apelación, por lo que algunas destituciones podrían revertirse. (AA/MCV)
PUNTO DE VISTA
Hay que educar a los profesores
Cuando meses atrás el país conoció que cientos o quizá miles de maestros ecuatorianos cobraban mensualmente sus sueldos, aunque desde hace tiempos ya no trabajaban, la indignación se sintió en los cuatro puntos cardinales.
En un país donde la corrupción se ha convertido en uno de los mayores males sociales, aparentemente, "una mancha más" no debería tener gran repercusión. Pero cuando se comprueba que quienes han cometido el delito son aquellos que tienen a su cargo la formación de niños y jóvenes, la indignación se justifica.
Y es que resulta absurdo, peligroso e insoportable que los formadores de los niños y los jóvenes le estafen al Estado, recibiendo salarios a los que no tienen derecho; y engañen al país, sin inmutarse, al no entender que por su condición de profesores están llamados a respetar las leyes y a no cometer delito alguno, pues son vivos ejemplos para sus alumnos.
Infelizmente, en nuestro país los códigos de conducta, los valores de la moral y la ética parecen haber sido olvidados, lo que significa una seria amenaza para la convivencia social y hasta para la supervivencia misma del Estado Nación.
Por eso, resulta inexplicable que las autoridades de Educación hayan descuidado las auditorías y la depuración de los listados de maestros, a fin de tener información precisa, que les permita aplicar las sanciones debidas a quienes infringieron las leyes y los códigos de conducta.
Si desde las alturas del poder, con la fuerza legal que tienen, no son capaces de hacer valer su autoridad, sencillamente estamos perdidos.
Las niñas, los niños y los jóvenes ecuatorianos en general merecen ser formados por gente impoluta, no por sujetos que violenten las normas y los reglamentos. De allí que el ministro de Educación está obligado a actuar con firmeza, depurar el cuadro de maestros e impulsar la formación (educación) de los profesores.(TFF)(Blanco y Negro)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN "PIERDE EL AÑO" EN INVESTIGACIÓN SOBRE "PROFES" QUE COBRAN SIN TRABAJAR
Entre 1991 y el 18 de julio de 2001, Filanbanco administró el Fondo de Cesantía. Desde entonces los maestros asumieron el control de esos recursos financieros.
Facsímil de la carta enviada por la fiscal Cecilia Armas a la ex ministra Consuelo Yánez, en la que pide el envío de toda la información para sancionar a los profesores así como al personal de la Secretaría de Estado que estaría involucrado.
El Ministerio de Educación no tiene cifras sobre el número de profesores, técnicos y servidores que cobran sueldos sin trabajar, pese a que entre septiembre y octubre de 2005 se anunció una investigación que iba a ser coordinada con la Fiscalía y la oficina de Migración de la Policía.
Medio año después no hay resultados de esas indagaciones, a pesar de la predisposición enunciada por la fiscal de la Nación, Cecilia Armas, quien pidió al Ministerio que le hiciera llegar la información, el pasado 29 de septiembre.
Para el 5 de octubre, el entonces subsecretario del Ministerio, Danilo Torres, entregó en la Presidencia de la República un listado de 12 101 personas.
El funcionario calculaba un perjuicio de $58 millones anuales, tomando como base un sueldo promedio de $500 mensuales, incluidos los décimos de ley.
Al mismo tiempo, aclaraba que los datos, contenidos en un CD, eran provisionales y que debían ser depurados entre el Ministerio de Educación, el Fondo de Cesantía del Magisterio, la Dirección de Migración y la Contraloría.
BLANCO Y NEGRO preguntó en la Secretaría de Estado sobre los resultados de este trabajo, pero lo único que quedó en claro es que no hay un seguimiento adecuado del caso.
Para empezar, el martes conversamos con Lola de Baca, asesora del ministro Raúl Vallejo, quien indicó que no podía ayudarnos a obtener una entrevista con el funcionario porque este se hallaba en Tulcán, con el presidente de la República y otros ocho ministros.
Pedimos hablar cuando volviera, pero nos indicó que esa noche grabaría una cadena nacional de saludo a los maestros, por el 13 de abril.
Luego, nos indicaron que podíamos abordarlo el miércoles en Cuenca, donde asistiría a una sesión solemne, pero respondió a los periodistas de HOY que no era el momento para hablar del tema y ofreció conversar con este Diario luego de un viaje que iniciaría el jueves.
Un funcionario de la Dirección Jurídica, que pidió no ser identificado, indicó extraoficialmente que únicamente cerca de 800 personas percibirían sueldos sin trabajar. Mientras en Recursos Humanos nos dijeron que la investigación demoraría al menos un mes. (AA)
Según el FCME, serían 5 890 "pipones"
Desde septiembre, el organismo del Magisterio lleva adelante una consulta.
En febrero de este año, el ministro del ramo, Raúl Vallejo, dijo en una visita a HOY que el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME) tenía la información más aproximada a la cifra real de maestros que cobrarían sin trabajar.
El Fondo es una institución privada del Magisterio, presidida por Juan José Casteló, ex presidente de la UNE y ex diputado del MPD, que administra $50,8 millones de más de 100 mil cuentas de los maestros del país, que fueron transferidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Según cuadros estadísticos del Fondo, la cifra, actualizada al 7 de febrero de 2006, es de 5 890 personas.
De ellos, 2 243 corresponden a la categoría de educación hispana, 383 a la bilingüe y 3 264 a la educación secundaria.
Aunque la cifra de 5 890 podría ser la más cercana al número real de pipones, tampoco se la puede tomar como definitiva. Está fundamentada en una consulta a escala nacional que lleva adelante el Fondo, por lo que podría sufrir modificaciones.
Esto, porque el presidente del Frente Unionista de Trabajadores de la Educación (FUTE), Bolívar Potes, hizo un llamdo a no censarse, por lo que muchos no lo habrían hecho. (AA/MCV)
En el país hay 189 755 docentes, según SINEC
Un boletín del Sistema nacional de Estadísticas y Censos del Ministerio (SINEC), indica que en el país existen 189 755 profesores para 3 186 985 alumnos, distribuidos en 28 212 planteles. El organismo recoge, tabula y procesa datos de los niveles preprimario, primario y medio, pero no tiene un estudio sobre los servidores educativos que cobrarían sueldos sin trabajar. (AA/MCV)
Hace cinco años, 6 032 no acudían al trabajo
El documento contrasta la cifra con los docentes que constan en los roles.
Hace cinco años, el ex ministro de Educación Roberto Hanze lideró un censo nacional de maestros y servidores públicos de esa dependencia.
El trabajo fue realizado por la Escuela Politécnica Nacional, en coordinación con la Politécnica del Litoral, la Universidad Técnica Equinoccial y la Universidad Técnica de Ambato.
En el cuadro correspondiente a las personas que por entonces constaban en el presupuesto del Ministerio, se señalan 59 950, entre servidores de los niveles de educación preprimaria y primaria. En la educación media constaban 49 306.
Pero el censo estableció que realmente había, entre preprimaria y primaria, 58 185 servidores. La estadística determinó que en la categoría de educación media existían 45 039 personas.
Con un simple cálculo de resta y suma, el censo oficial del Ministerio hizo ver que, en 2001, había 6 032 servidores de la educación que constaban en roles de pago pero que no se reportaban a sus lugares de trabajo.
BLANCO Y NEGRO tuvo acceso al único ejemplar del censo que habría en el Ministerio. Lo obtuvo con mucha insistencia, pues inicialmente dijeron que lo buscáramos en la Politécnica Nacional. (AA/MCV)
Aún no se sabe cuántos son emigrantes
El listado de 12 101 servidores de la educación, entregado a la Presidencia por el ex subsecretario Danilo Torres, corresponde a la información proporcionada por la Dirección Nacional de Migración de la Policía, hasta el 22 de septiembre de 2005.
Eso debía haber sido depurado, por lo que no queda claro cuántos de ellos retornaron al país y cuántos no volvieron pero siguen cobrando. (AA/MCV)
DISTORSIÓN EDUCATIVA: MILES LABORAN EN UNA INSTITUCIÓN PERO CONSTAN EN PRESUPUESTO DE OTRA
Este tipo de corrupción habría afectado a las áreas rurales y a la educación básica. La directora provincial de Pichincha dice que los datos nunca fueron confrontados.
Cientos de planteles han sido abandonados luego de que sus maestros emigraron a otros países o los despojaron de los recursos para sus reemplazos.
En la memoria del censo impulsado por el Ministerio hace cinco años, se registró un total de 7 475 personas que trabajaban en una institución pero constaban en el presupuesto de otra.
Aunque no disponía de un dato actualizado, el ministro Raúl Vallejo reconoció la existencia de este problema durante una visita a HOY, en febrero pasado.
En 2001, las cifras más alarmantes estaban en las provincias de Pichincha y Loja. En la primera se detectaron 1 087 casos y en la otra ,1 065.
Azuay registraba 725 casos; Chimborazo, 720; Morona Santiago, 651; y Cotopaxi, 550. Los datos presentados en las demás provincias oscilaban entre 35 y 415 casos.
Esto se logra con influencias.
Un profesor que no desea continuar trabajando en un lugar, al cambiarse de sitio se lleva consigo la partida presupuestaria, con lo cual afecta al plantel anterior, que además de quedarse sin el maestro ha sido despojado de la partida que le permitiría pagar a un reemplazo. ¿La consecuencia? Un grupo de alumnos se queda sin su maestro.
En cambio, el nuevo plantel a donde ha ido ese profesor se beneficia con la nueva partida y sus colegas tienen menor carga horaria. Por eso hay colegios y escuelas donde se registra exceso de personal en relación al número de alumnos.
También se dan casos de docentes que mantienen sus partidas en los planteles y cobran sus sueldos mensualmente, pero prestan servicios en otros lugares. Esto se observa fácilmente en el Congreso Nacional, en donde hay un nutrido grupo de profesores de diferentes provincias que laboran como asesores de algunos diputados.
El ex ministro de Educación Mario Jaramillo dice que, para corregir estas distorsiones, hace falta una legislación que impida la salida de las partidas de los lugares para los que fueron creadas.
Sostiene que estos problemas ocurren principalmente en las zonas rurales. Cuando una persona consigue el traslado hacia otra ciudad o provincia, a base de influencias, se lleva la partida presupuestaria.
Por eso, considera que debería concentrarse la mayoría de partidas docentes en las áreas rurales y anota que las Direcciones Provinciales tienen las facultades necesarias para impedir que los maestros que desean cambiarse de lugar de trabajo se lleven consigo la fuente de los fondos. (AA/MCV)
La ex ministra Consuelo Yánez fue la primera en denunciar la existencia de "piponazgo"
La ex ministra de Educación Consuelo Yánez Cossío hizo las primeras denuncias.
La ex funcionaria dijo a BLANCO Y NEGRO que estarían implicados funcionarios ministeriales, directores provinciales, colectores y pagadores de escuelas y colegios.
Aunque reconoce que el listado inicial no estaba depurado, dice que al finalizar ese proceso tenía previsto publicarlo en la prensa para que los maestros actualizaran sus datos.
Añade que la Dirección Provincial de Educación de Pichincha fue la que menos apoyó las investigaciones para detectar a los "pipones", pero reconoció la colaboración de otras como la de Azuay. (AA/MCV)
"En Recursos Humanos no hay datos consolidados"
LA DIRECTORA DE PICHINCHA sostiene que la primera nómina nunca fue depurada ni hubo una verificación.
El Ministerio de Educación es descentralizado. Por esa razón, en la planta central no hay un dato exacto sobre los profesores que cobrarían sin trabajar ni sobre los que se han llevado las partidas presupuestarias a otros lugares de trabajo.
El director nacional de Recursos Humanos, Patricio Martínez, dijo que su oficina no dispone de información consolidada sobre esos temas, pero indicó que esta debería existir en las Direcciones Provinciales.
Lo que ustedes solicitan podríamos tener en dos semanas, indicó a BLANCO Y NEGRO, siempre y cuando el ministro ordene a las provincias entregar la información, precisó.
Este suplemento intentó obtener los datos directamente en las Direcciones Provinciales, pero debido a que se hallaban en los festejos anticipados a la conmemoración del Día del Maestro (13 de abril), la mayoría de directores no nos atendió.
En todo caso, funcionarios de las Direcciones de Bolívar, Pichincha y Tungurahua dijeron que no habían sancionados por estos motivos.
Tampoco se han abierto expedientes en Pichincha, porque la directora provincial Hipatia Freire sostiene que el listado inicial de 12 101 casos no fue depurado ni hubo una verificación migratoria sobre las salidas y retornos de los profesores que salieron del Ecuador a otros países. (AA/MCV)
Fiscalía: investigaciones caminan muy despacio
EL MINISTERIO utilizó en nuevos nombramientos 886 partidas de personas que emigraron o fallecieron.
En las Fiscalías Distritales de las diferentes provincias se abrieron expedientes para investigar a los maestros que estarían beneficiándose de manera dolosa de dineros del Estado, según expresó la fiscal general, Cecilia Armas, en su comunicado del 29 de septiembre anterior.
Los resultados de las investigaciones aún estarían en veremos, porque en la propia Fiscalía General no proporcionan información sobre los procesos, en caso de haberlos.
Una investigación seria debería abarcar a los directores de escuelas y colegios, a los supervisores zonales, Direcciones Provinciales y Direcciones Nacionales de Educación.
En el propio Ministerio se comenta que algunos directores no informan sobre los maestros emigrantes, en unos casos para conservar las partidas y contratar reemplazos directamente; en otros, por haber llegado a acuerdos con esos docentes para cobrar los sueldos por el tiempo en que permanecen en otros países.
Incluso las cifras de los censos no serían reales. Según funcionarios del Ministerio, se han reportado casos de profesores que han retornado al país para actualizar sus datos y han emigrado nuevamente.
Por lo pronto, 886 partidas de profesores que fallecieron o dejaron el Ecuador han sido reutilizadas, dijo Raúl Vallejo cuando visitó HOY en el mes de febrero. (AA/MCV)
Los procesos legales para sancionar a los infractores pueden durar varios años
La comisión investigadora la integran: director provincial, supervisor, director de escalafón, presidente del núcleo de la UNE y un representante de los docentes.
LAS INSTANCIAS empiezan en las Direcciones Provinciales, pasan por las Regionales, llegan al ministro del ramo y concluyen en el Tribunal Constitucional o en el ámbito contencioso.
El ex ministro de Educación Mario Jaramillo dice que el problema de los docentes que abandonan o encargan sus puestos de trabajo pero cobran sueldos del Estado, se ha evidenciado los últimos 25 años, con la recuperación de la democracia y el acceso a la información.
Considera que la denuncia inicial de la ex ministra Consuelo Yánez (en un comienzo habló de 27 mil casos) fue positiva aunque sobredimensionada. Esto, porque sacó a la luz lo que sucede en el sector educativo desde hace muchos años.
Jaramillo dijo que esta práctica perjudica a los jóvenes y niños, especialmente de los establecimientos fiscales, a donde concurren los alumnos de menores recursos económicos, quienes deberían tener una mejor calidad de educación.
También considera que la falta de sanciones a quienes proceden de esa forma obedece a las fallas del sistema legal que rige al sector educativo, por lo que sancionar a un maestro que incurre en este tipo de delito es casi una misión imposible.
Los maestros tienen a su favor un abanico de posibilidades para evitar el castigo, porque pueden apelar en diferentes instancias.
Según la Ley de Carrera Docente y Escalafón, un maestro puede apelar inicialmente ante la Dirección Provincial de Educación correspondiente, en caso de haber sido sancionado por la Comisión de Defensa Profesional Provincial.
El caso puede subir en apelación ante una de las tres Direcciones Regionales que hay en el país; estas agrupan a varias provincias.
La instancia siguiente es el ministro de Educación, ante quien se apelan los fallos de destitución.
Incluso hay casos de maestros que han apelado en el Tribunal Constitucional.
Jaramillo dice conocer de casos que han demorado más de cinco años, por las apelaciones. Así, recuerda el proceso de un profesor acusado de violación, en el que se habría comprobado el delito. El caso llegó al Tribunal Constitucional (TC). Allí se perdió la pista.
En la Dirección Jurídica del Ministerio explicaron que las sanciones van desde el llamado de atención, la suspensión de labores hasta por 90 días sin sueldo, la remoción de funciones (en el caso de rectores, vicerrectores e inspectores generales de colegios) hasta la destitución del cargo y la separación definitiva del Magisterio.
Un funcionario, que pidió no ser identificado, añadió que los profesores y funcionarios emigrantes deberían ser sancionados por las Comisiones Provinciales al cumplirse 30 días de inasistencia a sus puestos de trabajo. (AA/MCV)
Una veintena de casos de destitución se halla en la fase de apelación
El 15 de diciembre de 2005, mediante un comunicado de prensa, el Ministerio de Educación anunció la destitución de 20 funcionarios "que estarían cobrando sin trabajar".
En el listado se hallaban profesores, técnicos docentes y supervisores, tanto de la planta central del Ministerio como de algunas provincias.
También estaban miembros de la Comisión de Ingresos, Cambios y Promociones de los niveles pre primario y primario de Cotopaxi.
BLANCO Y NEGRO se reserva los nombres porque los casos todavía se encuentran en apelación, por lo que algunas destituciones podrían revertirse. (AA/MCV)
PUNTO DE VISTA
Hay que educar a los profesores
Cuando meses atrás el país conoció que cientos o quizá miles de maestros ecuatorianos cobraban mensualmente sus sueldos, aunque desde hace tiempos ya no trabajaban, la indignación se sintió en los cuatro puntos cardinales.
En un país donde la corrupción se ha convertido en uno de los mayores males sociales, aparentemente, "una mancha más" no debería tener gran repercusión. Pero cuando se comprueba que quienes han cometido el delito son aquellos que tienen a su cargo la formación de niños y jóvenes, la indignación se justifica.
Y es que resulta absurdo, peligroso e insoportable que los formadores de los niños y los jóvenes le estafen al Estado, recibiendo salarios a los que no tienen derecho; y engañen al país, sin inmutarse, al no entender que por su condición de profesores están llamados a respetar las leyes y a no cometer delito alguno, pues son vivos ejemplos para sus alumnos.
Infelizmente, en nuestro país los códigos de conducta, los valores de la moral y la ética parecen haber sido olvidados, lo que significa una seria amenaza para la convivencia social y hasta para la supervivencia misma del Estado Nación.
Por eso, resulta inexplicable que las autoridades de Educación hayan descuidado las auditorías y la depuración de los listados de maestros, a fin de tener información precisa, que les permita aplicar las sanciones debidas a quienes infringieron las leyes y los códigos de conducta.
Si desde las alturas del poder, con la fuerza legal que tienen, no son capaces de hacer valer su autoridad, sencillamente estamos perdidos.
Las niñas, los niños y los jóvenes ecuatorianos en general merecen ser formados por gente impoluta, no por sujetos que violenten las normas y los reglamentos. De allí que el ministro de Educación está obligado a actuar con firmeza, depurar el cuadro de maestros e impulsar la formación (educación) de los profesores.(TFF)(Blanco y Negro)
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