EL MARTIRIO DE LOS JESUITAS, UN AÑO DESPUES
por José María Tojeira (*)
San Salvador. 08-09.11.90. (Opinión). Ha transcurrido un año
del asesinato en la universidad José Simeón Cañas de seis
jesuitas y dos de sus colaboradores, y mientras los autores
materiales han sido entregados al juez, disminuyen cada vez
más las posibilidades de que los auténticos inductores del
crimen sean descubiertos.
En un ambiente de guerra, después de una ofensiva del Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que colapsó
la vida nacional, en medio de unas difíciles negociaciones de
paz, el "caso jesuitas" sigue teniendo una vigencia permanente
en los medios de comunicación de El Salvador con sus más y sus
menos y de otros países, especialmente cuando se trata el tema
salvadoreño.
¿Por qué? la razón es muy sencilla. El caso es un test con
respecto a los temas clave para la solución negociada del
conflicto salvadoreño.
¿Puede una izquierda hasta el presente alzada en armas
abandonar sus posiciones cuando intelectuales de clara
vocación pacifista son asesinados, y cuando en la
investigación del múltiple crimen no se acaba de llegar a
fondo?
¿Tiene poder la justicia salvadoreña para asegurar un trato
igual a todos y una protección legal adecuada a todo
ciudadano, independientemente de su modo de pensar o de su
posición social y política? ¿Hay grupos en El Salvador que
pueden actuar en la impunidad, sean del color que sean (porque
también la mencionada izquierda ha cometido crímenes que han
quedado impunes)?
Frente a estas cuestiones, que han permanecido presentes
detrás de cada acontecimiento y bandazo del proceso judicial,
bueno es hacer un balance.
El sistema judicial, hay que decirlo, no ha actuado mal en su
conjunto. Presionado nacional e internacionalmente, el poder
político salvadoreño ha tratado de apoyar al máximo a un
sistema judicial débil pero que cuenta con profesionales
honestos.
Así la labor del juez o de los fiscales específicos se ha
podido realizar con una dosis de libertad y eficacia
inusuales, aunque la fiscalía general ha pasado por etapas.
Especialmente en los inicios del juicio, más se asemejaba a
una oficina de defensores que a una institución pública de
acusación de criminales. Serios problemas al respecto parecen
estar surgiendo de nuevo, partiendo más del fiscal general que
de los fiscales específicos del caso.
Pero, ¿qué ha conseguido el sistema judicial? Poco, aunque
ciertamente algo no despreciable.
Poco porque se ha topado con su falta de recursos (ausencia de
una policía judicial seria y dependiente de dicho poder del
Estado). Y sobre todo, porque se ha encontrado con una
insuperable resistencia de algunos elementos del ejército que
se obstinan en no decir todo lo que saben.
Algo no despreciable, sin embargo, porque ha conseguido poner
en evidencia las tremendas contradicciones del caso.Por poner
algunos ejemplos, hoy ningún observador duda de que el cateo
efectuado el lunes 13 de noviembre de 1989 en la casa donde 56
horas después fueron asesinados los jesuitas, se realizó sin
permiso del estado mayor. Y que dicho permiso fue pedido
después de haber sido realizado el allanamiento.
Evidentemente este modo de proceder lleva a la conclusión
clara de un complot militar en el que interviene más actores
que los simples ejecutores del crimen.
El sistema judicial, si no ha conseguido llegar hasta el fondo
del proceso, si ha logrado poner en evidencia una especie de
conspiración de silencio de parte de un sector del ejército.
Y ha mostrado también la insuficiencia actual del poder
judicial para esclarecer crímenes que se hayan fraguado en lo
que podríamos llamar esferas de alto poder en el conglomerado
social salvadoreño.
El teólogo español José María Tojeira es provincial de la
Compañía de Jesús en América Central desde 1988 y su sede se
encuentra en San Salvador. Hay que reconocer una colaboración
formal del Ejército de El Salvador con el proceso que se sigue
por el asesinato de los jesuitas. Sin embargo, la falla
principal ha sido la obstinación permanente, desde el primer
momento, a no hacer una investigación interna que deshiciera
hasta las últimas contradicciones.
Siendo un crimen que afecta la imagen de la fuerza armada, y
teniendo los mismos mecanismos de inteligencia y policía
interna, es incomprensible la actitud pasiva que se resigna
exclusivamente a esperar lo que el juez vaya diciendo o
pidiendo. Y es también de algún modo vergonzoso, e incluso
sospechoso, que se adviertan en las declaraciones ante el juez
serias contradicciones entre elementos del ejército de rango
alto o medio.
El poder ejecutivo ha mantenido una posición más abierta y
colaboradora que ha contribuido a los éxitos parciales del
proceso judicial hasta el presente. Pero ha mostrado que no
tiene el control adecuado de la fuerza armada.
El hecho de que no todos los jefes del ejército hayan seguido
el ejemplo del presidente Alfredo Cristiani, que en su calidad
de testigo renunció al fuero que le permite declarar
exclusivamente por escrito, muestra a elementos del ejército
que no temen quedar mal ante quien ejerce la jefatura de la
fuerza armada.
Por su parte, los abogados defensores de los militares
imputados, se han limitado a pedir a sus representados que
nieguen todo en el juicio. Y a interponer exclusivamente
demandas formales (traslado del caso a otro juzgado,
apelaciones, etcétera) e incluso en algunas ocasiones no han
dudado en mentir o distorsionar hechos, u ocultar actividades
no del todo lícitas.
Acostumbrados a ser abogados del ejército durante muchos años
(el jefe de los defensores fue también abogado del militar que
hace un poco más de un año disparó e hirió a una monja
norteamericana), parece que los defensores confían más en una
política de influencias y triquiñuelas que en un auténtico
ejercicio del derecho.
Y finalmente la embajada norteamericana. Aunque en teoría
esta institución no es parte en el proceso de investigación,
su presencia ha sido permanente.
¿Cómo evaluar dicha presencia? Solo hay una respuesta: Mal.
La embajada de los Estados Unidos ha maltratado a testigos, ha
propagado rumores falsos y ha ocultado pruebas a las
autoridades salvadoreñas, en buena parte, a mi juicio, más por
torpeza personal de quienes seguían el juicio, que por mala
voluntad.
Torpeza, por supuesto, abonada por el afán, dominante desde el
primer momento, de proteger los intereses de la política
norteamericana en El Salvador.
Mientras el congreso norteamericano, especialmente por
instancias del partido demócrata, ha organizado un monitoreo
serio del juicio y ha tenido un considerable peso en su
seguimiento, la embajada ha jugado un papel deleznable.
¿Qué nos deparará el futuro?
Es difícil de prever, y ciertamente ha disminuido la esperanza
de llegar a los autores intelectuales e inductores del crimen,
dado que la etapa de instrucción del juicio está entrando en
sus momentos finales.
De todos modos, mientras hay vida hay esperanza y el juicio ha
dado los suficientes saltos como para que aún aguardemos
sorpresas.
Lo que si permanece como cierto es que la sociedad
salvadoreña, y especialmente quienes la rigen, tienen en este
juicio la oportunidad extraordinaria de contribuir, a través
de una justicia seria, a construir un ambiente de esperanza
que propicie la paz y la confianza en un desarrollo de la
democracia. (IPS)
* José María Tojeira es el provincial de la Compañía de Jesús
en América Central. (A-4).
por José María Tojeira (*)
San Salvador. 08-09.11.90. (Opinión). Ha transcurrido un año
del asesinato en la universidad José Simeón Cañas de seis
jesuitas y dos de sus colaboradores, y mientras los autores
materiales han sido entregados al juez, disminuyen cada vez
más las posibilidades de que los auténticos inductores del
crimen sean descubiertos.
En un ambiente de guerra, después de una ofensiva del Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que colapsó
la vida nacional, en medio de unas difíciles negociaciones de
paz, el "caso jesuitas" sigue teniendo una vigencia permanente
en los medios de comunicación de El Salvador con sus más y sus
menos y de otros países, especialmente cuando se trata el tema
salvadoreño.
¿Por qué? la razón es muy sencilla. El caso es un test con
respecto a los temas clave para la solución negociada del
conflicto salvadoreño.
¿Puede una izquierda hasta el presente alzada en armas
abandonar sus posiciones cuando intelectuales de clara
vocación pacifista son asesinados, y cuando en la
investigación del múltiple crimen no se acaba de llegar a
fondo?
¿Tiene poder la justicia salvadoreña para asegurar un trato
igual a todos y una protección legal adecuada a todo
ciudadano, independientemente de su modo de pensar o de su
posición social y política? ¿Hay grupos en El Salvador que
pueden actuar en la impunidad, sean del color que sean (porque
también la mencionada izquierda ha cometido crímenes que han
quedado impunes)?
Frente a estas cuestiones, que han permanecido presentes
detrás de cada acontecimiento y bandazo del proceso judicial,
bueno es hacer un balance.
El sistema judicial, hay que decirlo, no ha actuado mal en su
conjunto. Presionado nacional e internacionalmente, el poder
político salvadoreño ha tratado de apoyar al máximo a un
sistema judicial débil pero que cuenta con profesionales
honestos.
Así la labor del juez o de los fiscales específicos se ha
podido realizar con una dosis de libertad y eficacia
inusuales, aunque la fiscalía general ha pasado por etapas.
Especialmente en los inicios del juicio, más se asemejaba a
una oficina de defensores que a una institución pública de
acusación de criminales. Serios problemas al respecto parecen
estar surgiendo de nuevo, partiendo más del fiscal general que
de los fiscales específicos del caso.
Pero, ¿qué ha conseguido el sistema judicial? Poco, aunque
ciertamente algo no despreciable.
Poco porque se ha topado con su falta de recursos (ausencia de
una policía judicial seria y dependiente de dicho poder del
Estado). Y sobre todo, porque se ha encontrado con una
insuperable resistencia de algunos elementos del ejército que
se obstinan en no decir todo lo que saben.
Algo no despreciable, sin embargo, porque ha conseguido poner
en evidencia las tremendas contradicciones del caso.Por poner
algunos ejemplos, hoy ningún observador duda de que el cateo
efectuado el lunes 13 de noviembre de 1989 en la casa donde 56
horas después fueron asesinados los jesuitas, se realizó sin
permiso del estado mayor. Y que dicho permiso fue pedido
después de haber sido realizado el allanamiento.
Evidentemente este modo de proceder lleva a la conclusión
clara de un complot militar en el que interviene más actores
que los simples ejecutores del crimen.
El sistema judicial, si no ha conseguido llegar hasta el fondo
del proceso, si ha logrado poner en evidencia una especie de
conspiración de silencio de parte de un sector del ejército.
Y ha mostrado también la insuficiencia actual del poder
judicial para esclarecer crímenes que se hayan fraguado en lo
que podríamos llamar esferas de alto poder en el conglomerado
social salvadoreño.
El teólogo español José María Tojeira es provincial de la
Compañía de Jesús en América Central desde 1988 y su sede se
encuentra en San Salvador. Hay que reconocer una colaboración
formal del Ejército de El Salvador con el proceso que se sigue
por el asesinato de los jesuitas. Sin embargo, la falla
principal ha sido la obstinación permanente, desde el primer
momento, a no hacer una investigación interna que deshiciera
hasta las últimas contradicciones.
Siendo un crimen que afecta la imagen de la fuerza armada, y
teniendo los mismos mecanismos de inteligencia y policía
interna, es incomprensible la actitud pasiva que se resigna
exclusivamente a esperar lo que el juez vaya diciendo o
pidiendo. Y es también de algún modo vergonzoso, e incluso
sospechoso, que se adviertan en las declaraciones ante el juez
serias contradicciones entre elementos del ejército de rango
alto o medio.
El poder ejecutivo ha mantenido una posición más abierta y
colaboradora que ha contribuido a los éxitos parciales del
proceso judicial hasta el presente. Pero ha mostrado que no
tiene el control adecuado de la fuerza armada.
El hecho de que no todos los jefes del ejército hayan seguido
el ejemplo del presidente Alfredo Cristiani, que en su calidad
de testigo renunció al fuero que le permite declarar
exclusivamente por escrito, muestra a elementos del ejército
que no temen quedar mal ante quien ejerce la jefatura de la
fuerza armada.
Por su parte, los abogados defensores de los militares
imputados, se han limitado a pedir a sus representados que
nieguen todo en el juicio. Y a interponer exclusivamente
demandas formales (traslado del caso a otro juzgado,
apelaciones, etcétera) e incluso en algunas ocasiones no han
dudado en mentir o distorsionar hechos, u ocultar actividades
no del todo lícitas.
Acostumbrados a ser abogados del ejército durante muchos años
(el jefe de los defensores fue también abogado del militar que
hace un poco más de un año disparó e hirió a una monja
norteamericana), parece que los defensores confían más en una
política de influencias y triquiñuelas que en un auténtico
ejercicio del derecho.
Y finalmente la embajada norteamericana. Aunque en teoría
esta institución no es parte en el proceso de investigación,
su presencia ha sido permanente.
¿Cómo evaluar dicha presencia? Solo hay una respuesta: Mal.
La embajada de los Estados Unidos ha maltratado a testigos, ha
propagado rumores falsos y ha ocultado pruebas a las
autoridades salvadoreñas, en buena parte, a mi juicio, más por
torpeza personal de quienes seguían el juicio, que por mala
voluntad.
Torpeza, por supuesto, abonada por el afán, dominante desde el
primer momento, de proteger los intereses de la política
norteamericana en El Salvador.
Mientras el congreso norteamericano, especialmente por
instancias del partido demócrata, ha organizado un monitoreo
serio del juicio y ha tenido un considerable peso en su
seguimiento, la embajada ha jugado un papel deleznable.
¿Qué nos deparará el futuro?
Es difícil de prever, y ciertamente ha disminuido la esperanza
de llegar a los autores intelectuales e inductores del crimen,
dado que la etapa de instrucción del juicio está entrando en
sus momentos finales.
De todos modos, mientras hay vida hay esperanza y el juicio ha
dado los suficientes saltos como para que aún aguardemos
sorpresas.
Lo que si permanece como cierto es que la sociedad
salvadoreña, y especialmente quienes la rigen, tienen en este
juicio la oportunidad extraordinaria de contribuir, a través
de una justicia seria, a construir un ambiente de esperanza
que propicie la paz y la confianza en un desarrollo de la
democracia. (IPS)
* José María Tojeira es el provincial de la Compañía de Jesús
en América Central. (A-4).
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