Quito. 28 may 2001. ¿Qué garantías dará el Estado para que los contratos
no resulten perjudiciales al Estado en la privatización y en el proceso
general de modernización?
En otros países el dinero de la privatización se malgastó en pocos años.
La garantía para que eso no suceda aquí está en la Constitución. Esos
recursos no se pueden gastar, sino solo los rendimientos que produzcan.
Gastar ese dinero equivale a gastar el capital y, entonces, a cometer
peculado.
¿Y en términos contractuales?... Uno de los cuestionamientos a Ecuador es
la falta de seguridad jurídica
Así es. En términos contractuales la Asamblea Constituyente incorporó a
la Constitución dos artículos que garantizan la seguridad jurídica a las
inversiones (271 y 249). Los contratos entre Estado e inversionistas
tienen que respetarse y no importa si leyes posteriores afectan sus
cláusulas. Es una garantía constitucional que se incluirá en los
contratos.
¿Cuáles son las trabas concretas que ahora tiene el Conam para
modernizar? ¿Ha cambiado el contexto político respecto a años anteriores?
En el 2000 se prepararon los procesos con la Trole I y II. La primera
permitió que el Fondo de Solidaridad venda el 51 por ciento de las
acciones. Antes solo se permitía el 35 y esa era una limitación, porque a
nadie le interesa invertir en una empresa que no controla. Además,
invertir en un país con alta inflación y enorme riesgo cambiario no atrae
a nadie. El régimen, con un manejo que se refleja en la baja de la
inflación y la eliminación de ese riesgo, dio dos alicientes a los
inversores, al punto que en la privatización eléctrica el martes (22) se
precalificó una multinacional que distribuye en EE.UU., Venezuela y
México. Ese ejemplo será seguido.
Las privatizaciones funcionan con un buen esquema de control y el país no
tiene ley antimonopolios ¿qué garantía tiene la población de que el
proceso será a su favor, en tarifas u otros factores?
El Conelec, hasta mediados de junio, tiene que aprobar el reglamento
antimonopolio en el sector.
¿Solo en lo eléctrico se dará eso?
Es ese sector el que tiene la privatización a las puertas.
Justamente en el sector eléctrico el cuestionamiento es que hay solo dos
espacios que generarán una estructura monopólica en la privatización...
No. Ahora la distribución eléctrica, salvo Emelec, en las 21 provincias y
los cantones de Guayas, está en manos del Estado, es un monopolio
absoluto. En generación tenemos casi un monopolio con Hidro-Paute,
Agoyán, Termo Pichincha, Termo Esmeraldas... Pero en generación hay un
principio de competencia. Electroquil, Hidronación, son ejemplos de
apertura de mercados. En distribución, el reglamento apunta a que existan
al menos tres operarios. En generación va a haber libre competencia. No
es correcta la argumentación de que se va a consagrar monopolios.
¿Cuán segura está la venta?
Se debe dar en agosto. La privatización, en el segundo semestre, será un
eje del fortalecimiento económico.
¿Han recibido propuestas para el tema de la telefonía?
No es el esquema vender el 51 por ciento sino la apertura a la libre
competencia. Andinatel y Pacifictel harán negocios a través de la
interconexión como operadores primarios. Estamos diseñando el contrato de
administración para ver si la entregamos a empresas internacionales que
las capitalicen e inviertan en nuevos servicios. Todo se concretará en el
segundo semestre.
Los procesos están en marcha y hay la decisión política. Vamos a
reunirnos con los trabajadores esta semana. ¿Cuánto les han repartido en
utilidades a los trabajadores las empresas telefónicas? Cero. Entonces
¿cuánto les benefician las administraciones politizadas? Ellos van a ser
accionistas de las empresas en un 10 por ciento y pueden comprarlas a
plazos, sin intereses y pagar hasta el 10 por ciento con utilidades.
Como que el Conam se ha centrado en electricidad y telefonía. Hay otras
obras que se le han encargado, infraestructura, puertos, aeropuertos...
pero eso ha quedado relegado en el calendario...
No el calendario del segundo semestre será muy activo en electricidad,
puerto de Esmeraldas, correo, telefonía... La agenda es bien ambiciosa.
Pero, el 2002 es electoral y se siente la influencia de las campañas
políticas...
No vamos a dejar de trabajar por eso. Los procesos están en marcha y hay
que concluirlos. No por el hecho de que estamos en año electoral nos
volvemos sordos, ciegos y mudos.
Había la percepción de que el régimen se iba a concentrar solo en las
grandes obras y en la reforma política. ¿No hay ningún otro frente de
acción?
Con eso hay bastante que hacer.
Usted dice que hay la decisión de llevar adelante la descentralización,
pero no se ve: hace semanas que el Presidente tiene el reglamento y no lo
firma...
El Conam lideró, y lo sigue haciendo, lo que llamamos un nuevo modelo de
gestión. Ese modelo tenía como elemento importante la descentralización
política. La discusión nacional se enardeció, pero se la va a retomar. La
Ley de Descentralización se aplica desde la firma de los convenios con el
Concope y la AME y el reglamento será expedido. Ningún Gobierno ha
avanzado tanto en este tema. Hemos dado pasos seguros para trasladar las
competencias.
¿Cuál es el problema para que el proceso no avance más rápido y se
evidencien los primeros resultados?
En lo práctico, entre algunos ministerios y los organismos seccionales,
hay recelos. Los primeros creen que las funciones no serán cumplidas. Y
los segundos que los ministerios pueden ser tacaños en la transferencia
de responsabilidad.
¿El debate de las autonomías se retomará, aunque estén de por medio las
elecciones?
Gobernamos el país hasta el 31 de diciembre del 2002. El hecho de que
haya elecciones es relativo. Mas allá de eso, el Presidente estudia los
elementos de una reforma política sobre la cual el país va a dialogar, al
igual que sobre las autonomías.
El Gobierno habla de la reforma política hace más de un año y no se
presenta ni una sola propuesta. ¿Cuándo la entregará?
El Congreso ha tenido en sus manos muchos proyectos de reforma política y
el Ejecutivo, con todo respeto, ha dejado que las evacúe. Está visto que
eso es difícil y el Presidente tiene en su poder un proyecto que someterá
a consideración nacional pronto.
¿Lo hará a través de una consulta popular?
Eso lo decidirá el Presidente, pero esa no es la vía directa. Hay que ir
a un dialogo nacional sobre voto voluntario, bicameralidad, reducción del
número de legisladores, la posibilidad de que el Ejecutivo, por una sola
vez durante su mandato, pueda pedir nuevas elecciones parlamentarias.
Luego el Presidente decidirá si la envía al Congreso, pero se la
presentará este año.
El Gobierno tiene problemas para tramitar sus iniciativas en el Congreso
y para una reforma constitucional se requieren 82 votos, ¿cómo los
garantizará?
El Gobierno ha tenido un aceptabilísimo manejo político. La Trole I salió
bien; la II con problemas, pero salió; el ministro Terán salió, la
construcción del OCP también. Tuvimos problemas pero se eligió al
Superintendente de Bancos. La Reforma Tributaria tuvo problemas porque
los aliados naturales del Gobierno -la DP y el PSC- tomaron otra
posición, pero está vigente. Este manejo político aceptable, debe
encauzarse a un diálogo con los sectores parlamentarios, para que
comprendan que una reforma política nos conviene a todos. El Ejecutivo
hará lo posible para obtener los 82 votos. En última instancia, el pueblo
se pronunciará.
Muchos de los temas de la reforma política se discutieron en la Asamblea
Nacional. ¿Se trata de retomarlos y actualizarlos?
En la Asamblea quedaron los temas en el tintero. Se discutió sobre varios
temas, pero no todos fueron tratados a fondo.
¿Continuará dandole la mano al Presidente en las negociaciones con el
Congreso? ¿Se mantendrán las mayorías móviles?
El Gobierno tiene un Frente Político y en él nos movemos bajo la batuta
del Presidente. En ese Frente sí estoy, pero mi función principal es con
el Conam. El concepto de mayorías móviles muchas veces no depende del
Ejecutivo sino del Congreso. De pronto los partidos afines resuelven
dejar solo al régimen y para subsistir tiene que conversar con diversos
grupos. Si eso ayuda a la gobernabilidad, habrá que hacerlo.
¿Entonces, no nos debe extrañar de se repitan votaciones conjuntas del
MIN (bloque de Gobierno) y el PRE como con el IVA?
Si vuelven a coincidir el MIN con el PRE, eso no deberá extrañar. No
siempre es posible que en un tema coincidan la 6 (PSC) y la 5 (DP) o la 6
y la 10 (PRE)... (Texto tomado de El Comercio)
no resulten perjudiciales al Estado en la privatización y en el proceso
general de modernización?
En otros países el dinero de la privatización se malgastó en pocos años.
La garantía para que eso no suceda aquí está en la Constitución. Esos
recursos no se pueden gastar, sino solo los rendimientos que produzcan.
Gastar ese dinero equivale a gastar el capital y, entonces, a cometer
peculado.
¿Y en términos contractuales?... Uno de los cuestionamientos a Ecuador es
la falta de seguridad jurídica
Así es. En términos contractuales la Asamblea Constituyente incorporó a
la Constitución dos artículos que garantizan la seguridad jurídica a las
inversiones (271 y 249). Los contratos entre Estado e inversionistas
tienen que respetarse y no importa si leyes posteriores afectan sus
cláusulas. Es una garantía constitucional que se incluirá en los
contratos.
¿Cuáles son las trabas concretas que ahora tiene el Conam para
modernizar? ¿Ha cambiado el contexto político respecto a años anteriores?
En el 2000 se prepararon los procesos con la Trole I y II. La primera
permitió que el Fondo de Solidaridad venda el 51 por ciento de las
acciones. Antes solo se permitía el 35 y esa era una limitación, porque a
nadie le interesa invertir en una empresa que no controla. Además,
invertir en un país con alta inflación y enorme riesgo cambiario no atrae
a nadie. El régimen, con un manejo que se refleja en la baja de la
inflación y la eliminación de ese riesgo, dio dos alicientes a los
inversores, al punto que en la privatización eléctrica el martes (22) se
precalificó una multinacional que distribuye en EE.UU., Venezuela y
México. Ese ejemplo será seguido.
Las privatizaciones funcionan con un buen esquema de control y el país no
tiene ley antimonopolios ¿qué garantía tiene la población de que el
proceso será a su favor, en tarifas u otros factores?
El Conelec, hasta mediados de junio, tiene que aprobar el reglamento
antimonopolio en el sector.
¿Solo en lo eléctrico se dará eso?
Es ese sector el que tiene la privatización a las puertas.
Justamente en el sector eléctrico el cuestionamiento es que hay solo dos
espacios que generarán una estructura monopólica en la privatización...
No. Ahora la distribución eléctrica, salvo Emelec, en las 21 provincias y
los cantones de Guayas, está en manos del Estado, es un monopolio
absoluto. En generación tenemos casi un monopolio con Hidro-Paute,
Agoyán, Termo Pichincha, Termo Esmeraldas... Pero en generación hay un
principio de competencia. Electroquil, Hidronación, son ejemplos de
apertura de mercados. En distribución, el reglamento apunta a que existan
al menos tres operarios. En generación va a haber libre competencia. No
es correcta la argumentación de que se va a consagrar monopolios.
¿Cuán segura está la venta?
Se debe dar en agosto. La privatización, en el segundo semestre, será un
eje del fortalecimiento económico.
¿Han recibido propuestas para el tema de la telefonía?
No es el esquema vender el 51 por ciento sino la apertura a la libre
competencia. Andinatel y Pacifictel harán negocios a través de la
interconexión como operadores primarios. Estamos diseñando el contrato de
administración para ver si la entregamos a empresas internacionales que
las capitalicen e inviertan en nuevos servicios. Todo se concretará en el
segundo semestre.
Los procesos están en marcha y hay la decisión política. Vamos a
reunirnos con los trabajadores esta semana. ¿Cuánto les han repartido en
utilidades a los trabajadores las empresas telefónicas? Cero. Entonces
¿cuánto les benefician las administraciones politizadas? Ellos van a ser
accionistas de las empresas en un 10 por ciento y pueden comprarlas a
plazos, sin intereses y pagar hasta el 10 por ciento con utilidades.
Como que el Conam se ha centrado en electricidad y telefonía. Hay otras
obras que se le han encargado, infraestructura, puertos, aeropuertos...
pero eso ha quedado relegado en el calendario...
No el calendario del segundo semestre será muy activo en electricidad,
puerto de Esmeraldas, correo, telefonía... La agenda es bien ambiciosa.
Pero, el 2002 es electoral y se siente la influencia de las campañas
políticas...
No vamos a dejar de trabajar por eso. Los procesos están en marcha y hay
que concluirlos. No por el hecho de que estamos en año electoral nos
volvemos sordos, ciegos y mudos.
Había la percepción de que el régimen se iba a concentrar solo en las
grandes obras y en la reforma política. ¿No hay ningún otro frente de
acción?
Con eso hay bastante que hacer.
Usted dice que hay la decisión de llevar adelante la descentralización,
pero no se ve: hace semanas que el Presidente tiene el reglamento y no lo
firma...
El Conam lideró, y lo sigue haciendo, lo que llamamos un nuevo modelo de
gestión. Ese modelo tenía como elemento importante la descentralización
política. La discusión nacional se enardeció, pero se la va a retomar. La
Ley de Descentralización se aplica desde la firma de los convenios con el
Concope y la AME y el reglamento será expedido. Ningún Gobierno ha
avanzado tanto en este tema. Hemos dado pasos seguros para trasladar las
competencias.
¿Cuál es el problema para que el proceso no avance más rápido y se
evidencien los primeros resultados?
En lo práctico, entre algunos ministerios y los organismos seccionales,
hay recelos. Los primeros creen que las funciones no serán cumplidas. Y
los segundos que los ministerios pueden ser tacaños en la transferencia
de responsabilidad.
¿El debate de las autonomías se retomará, aunque estén de por medio las
elecciones?
Gobernamos el país hasta el 31 de diciembre del 2002. El hecho de que
haya elecciones es relativo. Mas allá de eso, el Presidente estudia los
elementos de una reforma política sobre la cual el país va a dialogar, al
igual que sobre las autonomías.
El Gobierno habla de la reforma política hace más de un año y no se
presenta ni una sola propuesta. ¿Cuándo la entregará?
El Congreso ha tenido en sus manos muchos proyectos de reforma política y
el Ejecutivo, con todo respeto, ha dejado que las evacúe. Está visto que
eso es difícil y el Presidente tiene en su poder un proyecto que someterá
a consideración nacional pronto.
¿Lo hará a través de una consulta popular?
Eso lo decidirá el Presidente, pero esa no es la vía directa. Hay que ir
a un dialogo nacional sobre voto voluntario, bicameralidad, reducción del
número de legisladores, la posibilidad de que el Ejecutivo, por una sola
vez durante su mandato, pueda pedir nuevas elecciones parlamentarias.
Luego el Presidente decidirá si la envía al Congreso, pero se la
presentará este año.
El Gobierno tiene problemas para tramitar sus iniciativas en el Congreso
y para una reforma constitucional se requieren 82 votos, ¿cómo los
garantizará?
El Gobierno ha tenido un aceptabilísimo manejo político. La Trole I salió
bien; la II con problemas, pero salió; el ministro Terán salió, la
construcción del OCP también. Tuvimos problemas pero se eligió al
Superintendente de Bancos. La Reforma Tributaria tuvo problemas porque
los aliados naturales del Gobierno -la DP y el PSC- tomaron otra
posición, pero está vigente. Este manejo político aceptable, debe
encauzarse a un diálogo con los sectores parlamentarios, para que
comprendan que una reforma política nos conviene a todos. El Ejecutivo
hará lo posible para obtener los 82 votos. En última instancia, el pueblo
se pronunciará.
Muchos de los temas de la reforma política se discutieron en la Asamblea
Nacional. ¿Se trata de retomarlos y actualizarlos?
En la Asamblea quedaron los temas en el tintero. Se discutió sobre varios
temas, pero no todos fueron tratados a fondo.
¿Continuará dandole la mano al Presidente en las negociaciones con el
Congreso? ¿Se mantendrán las mayorías móviles?
El Gobierno tiene un Frente Político y en él nos movemos bajo la batuta
del Presidente. En ese Frente sí estoy, pero mi función principal es con
el Conam. El concepto de mayorías móviles muchas veces no depende del
Ejecutivo sino del Congreso. De pronto los partidos afines resuelven
dejar solo al régimen y para subsistir tiene que conversar con diversos
grupos. Si eso ayuda a la gobernabilidad, habrá que hacerlo.
¿Entonces, no nos debe extrañar de se repitan votaciones conjuntas del
MIN (bloque de Gobierno) y el PRE como con el IVA?
Si vuelven a coincidir el MIN con el PRE, eso no deberá extrañar. No
siempre es posible que en un tema coincidan la 6 (PSC) y la 5 (DP) o la 6
y la 10 (PRE)... (Texto tomado de El Comercio)
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