Quito. 18 ene 2000. El fin de semana hubo contactos con
empresarios. La DP dice que tiene el apoyo de dos diputados del
FRA. En su aritmética legislativa tendría 62 votos.
El presidente del Congreso, Juan José Pons, el jefe de bloque de
la DP, Alejandro Aguayo, y la Comisión Política de ese partido,
se sumaron a las negociaciones para concretar el apoyo
legislativo a la denominada Ley Trolebús, que busca normar el
esquema de dolarización de la economía.El ministro de Gobierno,
Vladimiro Alvarez, y el secretario de la Administración, Jaime
Durán, arrancaron los contactos con el PRE y el PSC.
El Ejecutivo, durante el fin de semana, distribuyó, entre varios
diputados y algunos empresarios, especialmente de Guayaquil, un
borrador del documento. Este, sin embargo, podría sufrir varias
modificaciones, una vez que concluyan las rondas de consultas con
los expertos internacionales que se encuentran en el país. La
idea del Gobierno es que este documento sea analizado y reciba
las observaciones antes de iniciar los debates respectivos. En
esa tarea se están concentrando los diferentes bloques y podrían
necesitar de varios días más, por lo que, según estimaciones de
la bancada de Gobierno, el proyecto podría remitirse hasta la
próxima semana.
Alejandro Aguayo, jefe de la bancada de la DP, encabezó esos
acercamientos y fueron con los bloques que están "conceptualmente
interesados en apoyar la dolarización". Sin embargo, reconoció
que hasta ayer por la tarde todavía no había hablado con los
socialcristianos. Esta agrupación tiene previsto convocar a sus
diputados luego que el mencionado cuerpo legal llegue al
Congreso. El diputado Pascual Del Cioppo lo confirmó luego de
ratificar que no se han producido encuentros con la DP y que sí
están de acuerdo con el concepto de la dolarización.
En el PRE, el otro partido en el que el Gobierno sustenta la
posible aprobación de sus leyes, el ritmo de acercamientos perdió
velocidad. Un encuentro para "discutir el proyecto de Ley del
Ejecutivo", no se realizó ayer, aunque sí hubo un contacto
telefónico entre Alvarez y el jefe de bloque de este partido,
Jorge Marún. Está prevista que una nueva cita personal se
produzca en las próximas horas y que en ella participen otros
actores: Jacobo Bucaram y Alfredo Adoum, altos dirigentes del
PRE.Pese a esto, diputados de esta agrupación aseguraron que se
mantendrán junto al régimen, pues cuentan con el arma que
buscaban: la publicación en el Registro Oficial del Código de
Procedimiento Penal.
En estos contactos también participa el presidente el Congreso,
Juan José Pons. Se conoció que además dialogó con algunos
empresarios el fin de semana, aunque no se precisó con quiénes.
En el ámbito empresarial, la propuesta, por ejemplo, ya está en
manos del Foro Económico, una agrupación de la Cámara de la
Pequeña Industria, que ya estudia la propuesta legal.
Las reuniones de hoy, en cambio, serán con los diputados del FRA
y del Partido Conservador, con quienes también se adelantaron
conversaciones ayer. El diputado Eliseo Azuero, de la Comisión
Política de la DP, por pedido de Aguayo, hizo contacto ayer con
los legisladores amazónicos, Kléver Ron, Estuardo Hidalgo, ambos
del bloque alfarista, y Eduardo Vásconez, conservador. Estos
diálogos, según sus cálculos, hacen prever que habrá los votos
para aprobar las reformas. Su aritmética es: 35 de la DP; 22
roldosistas; dos alfaristas, Yolanda Andrade y Regina Gordillo;
Luis Mejía; y dos conservadores, Sixto Durán Ballén y Aníbal
Nieto. Son 62 diputados, considerados como fijos. Pero, Azuero,
no descarta que se sumen Ron, Hidalgo y Vásconez.
Pero, hay cuatro diputados más que en su momento podrían incidir
en la votación. Ellos son León Roldós, socialista, que por su
tendencia, es contrario al tema; Leopoldo "Polo" Baquerizo; Jorge
Montero (CFP) y Leonidas Pacheco (Nuevo País). Con estos últimos,
también el diputado Aguayo se ha contactado, especialmente con
Baquerizo, con quien mantiene una buena relación de amistad.
En cuanto al bloque de la Izquierda Democrática, este comenzó una
serie de encuentros para analizar el tema, que durarán hasta el
viernes. Estos se desarrollan en la sede del partido en Quito y
participan varios analistas cercanos a la agrupación como Andrés
Vallejo, los legisladores Paco Moncayo, Carlos González, entre
otros. Luego anunciarían su posición definitiva. Para hoy, los
contactos se mantendrán y se espera las reuniones de bloque
ampliada de los roldosistas y alfaristas.
Los ejes de la reforma para la dolarización económica
El proyecto de estabilidad monetaria y recuperación económica,
que es el eje de la dolarización, abarcará al menos once
capítulos, según pudo establecer este Diario. Las leyes que se
reformarán en esta iniciativa del Ejecutivo son de carácter
tributario, comercial bancario, hidrocarburífero, eléctrico, de
contratación, entre otros.
Este documento, que es un borrador, comenzó a circular entre los
diputados desde el fin de semana. La intención es que presenten
sus puntos de vista, antes que se lo remita al Congreso para su
discusión y aprobación, previsto para esta semana.
En su esencia, la Ley de Régimen Monetario Interno, sería
reformada para adecuar las funciones del Banco Central a la nueva
realidad monetaria. Además, se incorporaría los criterios de
sucres fraccionarios y dólares estadounidenses como la moneda
aceptada en el Ecuador. En cuanto a la Ley de Régimen Tributario
y Control, se contemplaría reformas en el manejo contable de las
empresas, sociedades y personas naturales. La razón es que este
nuevo mecanismo involucra aspectos referentes a indexación,
reexpresión monetaria, imputación de rubros cambiarios, entre
otros.
En los campos de la electrificación, hidrocarburos, minas, la
idea sería abrirlos a la inversión privada, vía privatización o
bajo sistemas de inversión mixta con administración de operadoras
privadas. En lo que se refiere a la unificación salarial, los
criterios apuntarían al establecimiento de un sueldo básico
mínimo que puede transformarse en un esquema de pago por horas
y un rubro de incentivo por eficiencia o reconocimiento de la
productividad. A esto se uniría la flexibilización laboral que
permitiría la contratación por horas. El complemento sería, la
Ley de Seguridad Social, que iría hacia la concesión de ciertas
áreas y al establecimiento de las aportaciones sobre el total de
las remuneraciones.
La reestructuración de pasivos del sector productivo se
convertiría en otro elemento. El mecanismo sería la Ley del
Desagio, para aplicar reprogramaciones y renovaciones de deudas
de los sectores que actualmente tienen grandes problemas de
endeudamiento. De la mano irían los mecanismos de reactivación
productiva y crédito. La Ley de Compañías, en cambio, se la
simplificaría. La idea es que los mecanismos de fusiones y
adquisiciones entre agentes nacionales como internacionales sea
más sencillo, tomando en cuenta que muchas querrán reducir sus
costos, combinar sus cualidades, entre otros, para sobrevivir.
En la Ley de control de inversiones financieras, se buscaría
evitar la fuga de capitales (los denominados golondrinas),
garantizando que quien invierta en el país deba dejar, al menos,
tres meses su dinero en el Ecuador.
La Ley de Contratación Pública tendría que ser adecuada para que
estén acorde los procesos de contratación, licitación, garantías,
remuneraciones, etc.
Depósitos: enfermos y viejos son prioritarios
Las autoridades económicas se reunieron ayer para reformular la
devolución de depósitos congelados. Expertos de mundo asesoran
sobre el modelo.
El manejo de las deudas de la Agencia de Garantía de Depósitos
(AGD) preocupa a las autoridades económicas, quienes todavía no
toman una decisión sobre la devolución de los recursos congelados
el año pasado.
Para tratar este tema, ayer hubo una reunión en la Presidencia
de la República, donde acudió el ministro de Finanzas, Alfredo
Arízaga; el superintendente de Bancos, Jorge Guzmán; Walter
Valarezo, gerente General de la AGD; y, Modesto Correa,
presidente subrogante del Banco Central, además de los
superministros de Economía y Producción.
A las autoridades locales se sumaron asesores internacionales
como el ex viceministro argentino de Economía, Pablo Guidotti;
un oficial del Banco de Panamá, un profesor de la Universidad de
Maryland de EE.UU., Guillermo Mondino de la Fundación
Mediterráneo y Walter Suny, del Banco Mundial.
La reunión era para pulir las reformas legales que viabilicen la
dolarización en el país. Una de las reformas clave será el
tratamiento a los depósitos congelados en los bancos que están
en la AGD.
Inicialmente, el Gobierno planteó que a los depositantes con
menos de USD 4 mil o 100 millones de sucres se les pagará de la
siguiente manera: si tienen sus recursos en bancos abiertos,
cobrarán al vencimiento, mientras que los clientes de los bancos
cerrados lo harán en un año y se les pagará el siete por ciento
de interés anual.
Quienes tienen más de USD 4 mil o 100 millones de sucres, el pago
se lo realizará de la siguiente manera: para los clientes de
bancos abiertos se les emitirá papeles a siete años plazo al 7
por ciento de interés, mientras que a los clientes de los bancos
cerrados se les pagará en bonos del Estado a diez años plazo con
un interés en dólares del siete por ciento.
Esta fórmula, según el Gobierno, favorecería a los pequeños
depositantes, ya que los clientes con menos de USD 4 mil
representan el 90 por ciento de los depósitos congelados.
Sin embargo, se buscaban fórmulas alternativas en favor de las
personas de la tercera edad, que no necesariamente encajarían en
este esquema.
Según fuentes cercanas al proceso, Guzmán, Valarezo y Leone
trabajaron el fin de semana pasado en alternativas sobre este
punto. Entre los temas que se trataron está el establecimiento
de un procedimiento para que las personas de la tercera edad
puedan acceder a sus recursos congelados en un menor plazo, así
como a las personas enfermas de gravedad.
Por su parte Arízaga, dijo el viernes que se encuentra en estudio
si los clientes con más de USD 4 mil o 100 millones recibirán
bonos del Estado o papeles emitidos por los propios bancos.
Por otro lado, ayer en la noche tenían que arribar al país dos
técnicos más del Banco Mundial (BM) para asesorar a la
Superintendencia de Bancos en el manejo de los pasivos.
A la presión que tienen las autoridades se suma la que hacen los
acreedores organizados. El fin de semana pasado se reunieron
varios representantes de acreedores de los bancos en saneamiento
para demandar la devolución de sus depósitos.
En efecto, el domingo anterior, los acreedores de los bancos
Progreso, Préstamos y Bancomex celebraron una asamblea general
y se pronunciaron sobre seis puntos: la demanda de
inconstitucionalidad de la dolarización y el recongelamiento de
los depósitos, la exigencia inmediata de devolución de los
depósitos y la demanda para una excitativa fiscal que permita
encarcelar a los responsables de la quiebra de los bancos en
saneamiento.
También pidieron al Superintendente de Bancos que, através de los
jueces competentes, se embarguen y secuestren todos los bienes
personales y de las empresas vinculadas a los accionistas y
administradores de los bancos en saneamiento, así como extraditar
a los banqueros prófugos que están con orden de captura. Además,
exigir al Presidente de la República la declaratoria de
emergencia a las instituciones en saneamiento para tomar acción
inmediata sobre los bienes y activos de los banqueros.
Con el fin de sumar votos, para mañana está convocada un gran
asamblea general de acreedores perjudicados por el sistema
financiero nacional en el Ágora de la Casa de la Cultura.
Los bancos privados proponen otro cronograma...
El reclamo de cientos de clientes que desean que la totalidad del
dinero congelado se les devuelva, al parecer ha tenido eco entre
los funcionarios de la banca. Para algunos banqueros consultados
sería factible que las instituciones financieras que no tienen
problemas de liquidez entreguen estos recursos a sus clientes con
otros plazos y condiciones.
Por ejemplo, Antonio Acosta, gerente del Banco del Pichincha,
aseguró que los bancos privados que no estén en manos de la AGD,
sí pueden pagar directamente con sus propios recursos, en un
cronograma paralelo al del Gobierno, "se necesita un cronograma
pero no necesariamente el del Gobierno". Para Acosta, esta sería
una forma de ayudar a los clientes de la banca que requieren su
dinero.
Entre tanto, Mario Canessa, presidente de la Asociación de Bancos
Privados del Ecuador (ABPE), afirmó que la banca privada ha sido
muy enérgica en no estar de acuerdo con la propuesta hecha por
el ministro de Finanzas, Alfredo Arízaga en el tema de la
reprogramación. "Estamos dispuestos a estudiar mecanismos que den
mayores facilidades para reivindicar los derechos justos de los
depositantes". Canessa dijo que la Asociación se comprometió a
que dadas las circunstancias, la banca privada emita títulos para
sus clientes a corto plazo y no Bonos del Estado, como la
propuesta gubernamental.
No obstante, hasta aquí se propuso que quienes tienen dinero en
bancos que están en manos de la Agencia de Garantía de Depósitos
(AGD) serán reprogramados a 7 y 10 años plazo más, con dos años
de gracia. Es decir, durante 24 meses solamente se cancelarán los
intereses cada tres meses, según lo anunció el ministro de
Finanzas, Alfredo Arízaga.
Canessa aseguró que se revisarán los plazos pues este gremio los
considera "exagerados".
El amparo está detenido en el caso de La Previsora
Unos 20 accionistas de La Previsora fueron ayer a las 10:00 al
sexto piso del Juzgado Séptimo de lo Civil de Guayaquil para
reunirse con representantes de la Superintendencia de Bancos, de
Filanbanco y de La Previsora en una audiencia de conciliación.
Pero la diligencia judicial se suspendió porque la Secretaría del
juzgado no citó a las partes por falta de papel para copias del
recurso de amparo constitucional planteado contra las autoridades
para que no se cumpla la fusión bancaria. El juez Pedro Valverde
tiene ahora que fijar nueva fecha y hora. "Los amparos se
realizan con carácter urgente y desde el 17 de diciembre el juez
Valverde solo aceptó el trámite sin calificar la demanda", dijo
José García, presidente del Comité de Accionistas del Banco.
Estas personas se reúnen cada día en una oficina del centro de
la ciudad de 10:00 a 12:00 y ya cuentan con alrededor de tres mil
miembros de los diez mil accionistas. En las juntas se exponen
las fórmulas para invalidar las acciones que clasificó con valor
cero. Se han emitido nuevos papeles con este valor a los
supuestos ex propietarios.
A decir de García la falta de atención por parte de las
autoridades responde a su poca representación política. Solo así
se puede explicar las lentas acciones que el superintendente,
Jorge Guzmán. Solo, dijo, después de más de tres semanas de
dictar una orden de arraigo contra Alvaro Guerrero, ex presidente
de la entidad financiera impuso el pago de una multa de ocho mil
dólares la semana anterior por la transferencia de 57 compañías
vinculadas en fideicomiso a una empresa internacional.
Guerrero también quiso invalidar el arraigo con un amparo, pero
el juez primero de lo Penal encargado del vigésimo cuarto, Angel
Rubio lo negó, según una providencia de ayer. (Texto tomado de
El Comercio)
empresarios. La DP dice que tiene el apoyo de dos diputados del
FRA. En su aritmética legislativa tendría 62 votos.
El presidente del Congreso, Juan José Pons, el jefe de bloque de
la DP, Alejandro Aguayo, y la Comisión Política de ese partido,
se sumaron a las negociaciones para concretar el apoyo
legislativo a la denominada Ley Trolebús, que busca normar el
esquema de dolarización de la economía.El ministro de Gobierno,
Vladimiro Alvarez, y el secretario de la Administración, Jaime
Durán, arrancaron los contactos con el PRE y el PSC.
El Ejecutivo, durante el fin de semana, distribuyó, entre varios
diputados y algunos empresarios, especialmente de Guayaquil, un
borrador del documento. Este, sin embargo, podría sufrir varias
modificaciones, una vez que concluyan las rondas de consultas con
los expertos internacionales que se encuentran en el país. La
idea del Gobierno es que este documento sea analizado y reciba
las observaciones antes de iniciar los debates respectivos. En
esa tarea se están concentrando los diferentes bloques y podrían
necesitar de varios días más, por lo que, según estimaciones de
la bancada de Gobierno, el proyecto podría remitirse hasta la
próxima semana.
Alejandro Aguayo, jefe de la bancada de la DP, encabezó esos
acercamientos y fueron con los bloques que están "conceptualmente
interesados en apoyar la dolarización". Sin embargo, reconoció
que hasta ayer por la tarde todavía no había hablado con los
socialcristianos. Esta agrupación tiene previsto convocar a sus
diputados luego que el mencionado cuerpo legal llegue al
Congreso. El diputado Pascual Del Cioppo lo confirmó luego de
ratificar que no se han producido encuentros con la DP y que sí
están de acuerdo con el concepto de la dolarización.
En el PRE, el otro partido en el que el Gobierno sustenta la
posible aprobación de sus leyes, el ritmo de acercamientos perdió
velocidad. Un encuentro para "discutir el proyecto de Ley del
Ejecutivo", no se realizó ayer, aunque sí hubo un contacto
telefónico entre Alvarez y el jefe de bloque de este partido,
Jorge Marún. Está prevista que una nueva cita personal se
produzca en las próximas horas y que en ella participen otros
actores: Jacobo Bucaram y Alfredo Adoum, altos dirigentes del
PRE.Pese a esto, diputados de esta agrupación aseguraron que se
mantendrán junto al régimen, pues cuentan con el arma que
buscaban: la publicación en el Registro Oficial del Código de
Procedimiento Penal.
En estos contactos también participa el presidente el Congreso,
Juan José Pons. Se conoció que además dialogó con algunos
empresarios el fin de semana, aunque no se precisó con quiénes.
En el ámbito empresarial, la propuesta, por ejemplo, ya está en
manos del Foro Económico, una agrupación de la Cámara de la
Pequeña Industria, que ya estudia la propuesta legal.
Las reuniones de hoy, en cambio, serán con los diputados del FRA
y del Partido Conservador, con quienes también se adelantaron
conversaciones ayer. El diputado Eliseo Azuero, de la Comisión
Política de la DP, por pedido de Aguayo, hizo contacto ayer con
los legisladores amazónicos, Kléver Ron, Estuardo Hidalgo, ambos
del bloque alfarista, y Eduardo Vásconez, conservador. Estos
diálogos, según sus cálculos, hacen prever que habrá los votos
para aprobar las reformas. Su aritmética es: 35 de la DP; 22
roldosistas; dos alfaristas, Yolanda Andrade y Regina Gordillo;
Luis Mejía; y dos conservadores, Sixto Durán Ballén y Aníbal
Nieto. Son 62 diputados, considerados como fijos. Pero, Azuero,
no descarta que se sumen Ron, Hidalgo y Vásconez.
Pero, hay cuatro diputados más que en su momento podrían incidir
en la votación. Ellos son León Roldós, socialista, que por su
tendencia, es contrario al tema; Leopoldo "Polo" Baquerizo; Jorge
Montero (CFP) y Leonidas Pacheco (Nuevo País). Con estos últimos,
también el diputado Aguayo se ha contactado, especialmente con
Baquerizo, con quien mantiene una buena relación de amistad.
En cuanto al bloque de la Izquierda Democrática, este comenzó una
serie de encuentros para analizar el tema, que durarán hasta el
viernes. Estos se desarrollan en la sede del partido en Quito y
participan varios analistas cercanos a la agrupación como Andrés
Vallejo, los legisladores Paco Moncayo, Carlos González, entre
otros. Luego anunciarían su posición definitiva. Para hoy, los
contactos se mantendrán y se espera las reuniones de bloque
ampliada de los roldosistas y alfaristas.
Los ejes de la reforma para la dolarización económica
El proyecto de estabilidad monetaria y recuperación económica,
que es el eje de la dolarización, abarcará al menos once
capítulos, según pudo establecer este Diario. Las leyes que se
reformarán en esta iniciativa del Ejecutivo son de carácter
tributario, comercial bancario, hidrocarburífero, eléctrico, de
contratación, entre otros.
Este documento, que es un borrador, comenzó a circular entre los
diputados desde el fin de semana. La intención es que presenten
sus puntos de vista, antes que se lo remita al Congreso para su
discusión y aprobación, previsto para esta semana.
En su esencia, la Ley de Régimen Monetario Interno, sería
reformada para adecuar las funciones del Banco Central a la nueva
realidad monetaria. Además, se incorporaría los criterios de
sucres fraccionarios y dólares estadounidenses como la moneda
aceptada en el Ecuador. En cuanto a la Ley de Régimen Tributario
y Control, se contemplaría reformas en el manejo contable de las
empresas, sociedades y personas naturales. La razón es que este
nuevo mecanismo involucra aspectos referentes a indexación,
reexpresión monetaria, imputación de rubros cambiarios, entre
otros.
En los campos de la electrificación, hidrocarburos, minas, la
idea sería abrirlos a la inversión privada, vía privatización o
bajo sistemas de inversión mixta con administración de operadoras
privadas. En lo que se refiere a la unificación salarial, los
criterios apuntarían al establecimiento de un sueldo básico
mínimo que puede transformarse en un esquema de pago por horas
y un rubro de incentivo por eficiencia o reconocimiento de la
productividad. A esto se uniría la flexibilización laboral que
permitiría la contratación por horas. El complemento sería, la
Ley de Seguridad Social, que iría hacia la concesión de ciertas
áreas y al establecimiento de las aportaciones sobre el total de
las remuneraciones.
La reestructuración de pasivos del sector productivo se
convertiría en otro elemento. El mecanismo sería la Ley del
Desagio, para aplicar reprogramaciones y renovaciones de deudas
de los sectores que actualmente tienen grandes problemas de
endeudamiento. De la mano irían los mecanismos de reactivación
productiva y crédito. La Ley de Compañías, en cambio, se la
simplificaría. La idea es que los mecanismos de fusiones y
adquisiciones entre agentes nacionales como internacionales sea
más sencillo, tomando en cuenta que muchas querrán reducir sus
costos, combinar sus cualidades, entre otros, para sobrevivir.
En la Ley de control de inversiones financieras, se buscaría
evitar la fuga de capitales (los denominados golondrinas),
garantizando que quien invierta en el país deba dejar, al menos,
tres meses su dinero en el Ecuador.
La Ley de Contratación Pública tendría que ser adecuada para que
estén acorde los procesos de contratación, licitación, garantías,
remuneraciones, etc.
Depósitos: enfermos y viejos son prioritarios
Las autoridades económicas se reunieron ayer para reformular la
devolución de depósitos congelados. Expertos de mundo asesoran
sobre el modelo.
El manejo de las deudas de la Agencia de Garantía de Depósitos
(AGD) preocupa a las autoridades económicas, quienes todavía no
toman una decisión sobre la devolución de los recursos congelados
el año pasado.
Para tratar este tema, ayer hubo una reunión en la Presidencia
de la República, donde acudió el ministro de Finanzas, Alfredo
Arízaga; el superintendente de Bancos, Jorge Guzmán; Walter
Valarezo, gerente General de la AGD; y, Modesto Correa,
presidente subrogante del Banco Central, además de los
superministros de Economía y Producción.
A las autoridades locales se sumaron asesores internacionales
como el ex viceministro argentino de Economía, Pablo Guidotti;
un oficial del Banco de Panamá, un profesor de la Universidad de
Maryland de EE.UU., Guillermo Mondino de la Fundación
Mediterráneo y Walter Suny, del Banco Mundial.
La reunión era para pulir las reformas legales que viabilicen la
dolarización en el país. Una de las reformas clave será el
tratamiento a los depósitos congelados en los bancos que están
en la AGD.
Inicialmente, el Gobierno planteó que a los depositantes con
menos de USD 4 mil o 100 millones de sucres se les pagará de la
siguiente manera: si tienen sus recursos en bancos abiertos,
cobrarán al vencimiento, mientras que los clientes de los bancos
cerrados lo harán en un año y se les pagará el siete por ciento
de interés anual.
Quienes tienen más de USD 4 mil o 100 millones de sucres, el pago
se lo realizará de la siguiente manera: para los clientes de
bancos abiertos se les emitirá papeles a siete años plazo al 7
por ciento de interés, mientras que a los clientes de los bancos
cerrados se les pagará en bonos del Estado a diez años plazo con
un interés en dólares del siete por ciento.
Esta fórmula, según el Gobierno, favorecería a los pequeños
depositantes, ya que los clientes con menos de USD 4 mil
representan el 90 por ciento de los depósitos congelados.
Sin embargo, se buscaban fórmulas alternativas en favor de las
personas de la tercera edad, que no necesariamente encajarían en
este esquema.
Según fuentes cercanas al proceso, Guzmán, Valarezo y Leone
trabajaron el fin de semana pasado en alternativas sobre este
punto. Entre los temas que se trataron está el establecimiento
de un procedimiento para que las personas de la tercera edad
puedan acceder a sus recursos congelados en un menor plazo, así
como a las personas enfermas de gravedad.
Por su parte Arízaga, dijo el viernes que se encuentra en estudio
si los clientes con más de USD 4 mil o 100 millones recibirán
bonos del Estado o papeles emitidos por los propios bancos.
Por otro lado, ayer en la noche tenían que arribar al país dos
técnicos más del Banco Mundial (BM) para asesorar a la
Superintendencia de Bancos en el manejo de los pasivos.
A la presión que tienen las autoridades se suma la que hacen los
acreedores organizados. El fin de semana pasado se reunieron
varios representantes de acreedores de los bancos en saneamiento
para demandar la devolución de sus depósitos.
En efecto, el domingo anterior, los acreedores de los bancos
Progreso, Préstamos y Bancomex celebraron una asamblea general
y se pronunciaron sobre seis puntos: la demanda de
inconstitucionalidad de la dolarización y el recongelamiento de
los depósitos, la exigencia inmediata de devolución de los
depósitos y la demanda para una excitativa fiscal que permita
encarcelar a los responsables de la quiebra de los bancos en
saneamiento.
También pidieron al Superintendente de Bancos que, através de los
jueces competentes, se embarguen y secuestren todos los bienes
personales y de las empresas vinculadas a los accionistas y
administradores de los bancos en saneamiento, así como extraditar
a los banqueros prófugos que están con orden de captura. Además,
exigir al Presidente de la República la declaratoria de
emergencia a las instituciones en saneamiento para tomar acción
inmediata sobre los bienes y activos de los banqueros.
Con el fin de sumar votos, para mañana está convocada un gran
asamblea general de acreedores perjudicados por el sistema
financiero nacional en el Ágora de la Casa de la Cultura.
Los bancos privados proponen otro cronograma...
El reclamo de cientos de clientes que desean que la totalidad del
dinero congelado se les devuelva, al parecer ha tenido eco entre
los funcionarios de la banca. Para algunos banqueros consultados
sería factible que las instituciones financieras que no tienen
problemas de liquidez entreguen estos recursos a sus clientes con
otros plazos y condiciones.
Por ejemplo, Antonio Acosta, gerente del Banco del Pichincha,
aseguró que los bancos privados que no estén en manos de la AGD,
sí pueden pagar directamente con sus propios recursos, en un
cronograma paralelo al del Gobierno, "se necesita un cronograma
pero no necesariamente el del Gobierno". Para Acosta, esta sería
una forma de ayudar a los clientes de la banca que requieren su
dinero.
Entre tanto, Mario Canessa, presidente de la Asociación de Bancos
Privados del Ecuador (ABPE), afirmó que la banca privada ha sido
muy enérgica en no estar de acuerdo con la propuesta hecha por
el ministro de Finanzas, Alfredo Arízaga en el tema de la
reprogramación. "Estamos dispuestos a estudiar mecanismos que den
mayores facilidades para reivindicar los derechos justos de los
depositantes". Canessa dijo que la Asociación se comprometió a
que dadas las circunstancias, la banca privada emita títulos para
sus clientes a corto plazo y no Bonos del Estado, como la
propuesta gubernamental.
No obstante, hasta aquí se propuso que quienes tienen dinero en
bancos que están en manos de la Agencia de Garantía de Depósitos
(AGD) serán reprogramados a 7 y 10 años plazo más, con dos años
de gracia. Es decir, durante 24 meses solamente se cancelarán los
intereses cada tres meses, según lo anunció el ministro de
Finanzas, Alfredo Arízaga.
Canessa aseguró que se revisarán los plazos pues este gremio los
considera "exagerados".
El amparo está detenido en el caso de La Previsora
Unos 20 accionistas de La Previsora fueron ayer a las 10:00 al
sexto piso del Juzgado Séptimo de lo Civil de Guayaquil para
reunirse con representantes de la Superintendencia de Bancos, de
Filanbanco y de La Previsora en una audiencia de conciliación.
Pero la diligencia judicial se suspendió porque la Secretaría del
juzgado no citó a las partes por falta de papel para copias del
recurso de amparo constitucional planteado contra las autoridades
para que no se cumpla la fusión bancaria. El juez Pedro Valverde
tiene ahora que fijar nueva fecha y hora. "Los amparos se
realizan con carácter urgente y desde el 17 de diciembre el juez
Valverde solo aceptó el trámite sin calificar la demanda", dijo
José García, presidente del Comité de Accionistas del Banco.
Estas personas se reúnen cada día en una oficina del centro de
la ciudad de 10:00 a 12:00 y ya cuentan con alrededor de tres mil
miembros de los diez mil accionistas. En las juntas se exponen
las fórmulas para invalidar las acciones que clasificó con valor
cero. Se han emitido nuevos papeles con este valor a los
supuestos ex propietarios.
A decir de García la falta de atención por parte de las
autoridades responde a su poca representación política. Solo así
se puede explicar las lentas acciones que el superintendente,
Jorge Guzmán. Solo, dijo, después de más de tres semanas de
dictar una orden de arraigo contra Alvaro Guerrero, ex presidente
de la entidad financiera impuso el pago de una multa de ocho mil
dólares la semana anterior por la transferencia de 57 compañías
vinculadas en fideicomiso a una empresa internacional.
Guerrero también quiso invalidar el arraigo con un amparo, pero
el juez primero de lo Penal encargado del vigésimo cuarto, Angel
Rubio lo negó, según una providencia de ayer. (Texto tomado de
El Comercio)
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