Quito. 29 ene 98. Habrá nuevos sindicados en el juicio
iniciado contra Eduardo Sierra, de la Fundación Recuperemos
Guayaquil, por las importaciones ilegales de ropa.
El fiscal general, pedirá el enjuiciamiento de Luis Carrera de
la Torre, ex director de la Unidad de Coordinación de los
recursos para el Fenómeno de El Niño, y de Orlando Vega,
administrador de Aduanas de Quito. Para él solicitará que se
lo enjuicie con orden de prisión.
Por su parte, la Comisión Anticorrupción adoptó varias medidas
para investigar las irregularidades en las donaciones.
El organismo solicitará al Congreso Nacional que se reforme el
artículo 120 de la Ley de Seguridad Nacional, por el que en
casos de emergencia puede prescindirse de todo trámite
aduanero a pedido de la Dirección Nacional de Defensa Civil,
para la introducción o envío de artefactos, maquinaria,
equipos, medicinas, ropa y más artículo donados para o con
motivo de la emergencia. Esta norma, dice Anticorrupción,
puede dar lugar a toda suerte de abusos y abril un túnel para
el ingreso de contrabando.
Una de la conclusiones preliminares de la investigación del
caso de las donaciones es la designación ilegal de Raúl Mina
Bustos, como delegado del titular de la Comisión Especial
Permanente de Control de Evasión Tributaria y Compañías
Verificadoras, Héctor García. Existe el documento que prueba
que el diputado García nombró a Mina.
La función de diputado es indelegable, aseguró el comisionado
Marcelo Merlo, pues se violó la Ley Orgánica de la Función
Legislativa. Por esta situación, Anticorrupción enviará una
excitativa al Congreso para que se abra un expediente con el
objetivo de que se investigue al legislador García y otros
parlamentarios implicados.
Mina, en Guayaquil, se dedicaba a chantajear y extorsionar
para que la Comisión, presidida por García, no realice las
investigaciones en las aduanas.
Otro aspecto que le preocupa a Anticorrupción es que habría
funcionarios del Ministerio de Finanzas involucrados en la
importación de mercadería por no haber dado trámite a una
advertencia del Ministerio de Relaciones Exteriores al
ministros de Finanzas, Marco Flores, sobre irregularidades en
las donaciones.
La Cancillería advirtió a esa cartera de Estado por dos
ocasiones que en último trimestre del año pasado se recibió
una denuncia de ecuatorianos en el sentido de que a través de
donaciones se estaría introduciendo mercadería en Ecuador para
su venta al público. Además, que el examen practicado por la
Cancillería sobre cuatro cartas de donaciones que fueron
legalizadas por la Oficina Consular en Miami concluye que
"estima inusuales por provenir de empresa comerciales y por
cuanto no se declara su valor, como es de rigor en Estados
Unidos para la obtención de un beneficio tributario".
Esta documentación será enviada al fiscal Roberto Gómez, para
que inicie una investigación preprocesal sobre los
funcionarios de Finanzas.
Para evitar cualquier irregularidad, Anticorrupción recomienda
que la declaratoria de emergencia no implica una carta blanca
para la contratación sin concurso, ya que la falta de
transparencia genera corrupción. Por ello se debe respetar las
normas de la Ley de Contratación Pública y las leyes
especiales para asegurar los concursos públicos. Si hay una
contratación directa, la responsabilidad será de la máxima
autoridad del Ministerio o la entidad que contrate.
Entre tanto, la Unidad de Coordinación del Fenómeno de El Niño
será dirigida por Antonio Andreta, quien se trasladará a
funcionar en Guayaquil.
El presidente Fabián Alarcón no quiso referirse a los motivos
por los qué Carrera se aleja de la Unidad. Solo se limitó a
decir que se cumplió una primera etapa con la gestión y
consecución de créditos internacionales.
Con relación a las propuestas de eliminar la Unidad, el
Presidente, en tono enfático, reiteró que mantendrá el
organismo y aclaró que su creación no viola la Ley de
Seguridad como se ha dicho. "El país necesita una acción
solidaria que conjugue los esfuerzos nacionales e
internacionales para El Niño".
Alarcón calificó de polémicas intrascendentes a las supuestas
violaciones reveladas por el diputado Mauricio Salem. Pues hay
decreto ejecutivo que permite la creación de la Unidad, la que
debe sujetarse a la ley y al contenido del decreto.
De otro lado, la ministra de Bienestar Social, Edith García de
Frías, no aportó mucho a la investigación de las donaciones en
su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del
Congreso. Solo confirmó que solicitó al director de Defensa
Civil, Gustavo Burbano, la desaduanización de una donación,
que corresponde a los ecuatorianos residentes en Houston,
EE.UU. y que todavía no ha llegado al país.
En un hora explicó que el Ministerio no ha recibido denuncias
sobre el mal uso de donaciones ni conoce sobre importaciones
de ropa. También informó que solicitó al Ministerio de
Finanzas el listado de las fundaciones que han sido exoneradas
de impuestos en los últimos 10 años pero no ha recibido
respuesta.
La fundación Bosques de Daucay no consta en los registros del
MBS, según la Ministra podría estar en la lista del Ministerio
de Agricultura. La que constan son las fundaciones Recuperemos
Guayaquil, Nacional Galápagos, Madre Dolorosa, La Dolorosa,
Huayna-Cápac y Fiat. La ministra entregó a la Comisión el
listado de las 1.235 fundaciones que corresponden a 10
provincias.
Chiluisa no renunció, tiene licencia
Antes de dejar su cargo de subsecretario de Finanzas, Carlos
Chiluisa, le comentó a su amigo, socio y líder político, el
presidente Fabián Alarcón, su teoría sobre el porqué lo
vinculan con la red de contrabando de ropa: es una
conspiración política.
Para él los conspiradores son parte de grupos políticos que
quieren tomarse el poder en Guayas, a través del partido de
Gobierno, el FRA, desacreditar y afectar al Presidente.
Chiluisa al defenderse muestra cartas de dos personas que
desmienten el haberlo señalado como partícipe en la red de
importación fraudulenta de ropa a través de fundaciones. Se
trata de Eva García, ex subsecretaria de Bienestar Social,
quien en un comienzo habría acusado a Chiluisa, y de Ana
Pimentel, militante del FRA, tramitadora de una importación.
Según las primeras investigaciones, Pimentel a finales del año
pasado Pimentel fue a la oficina de García a ofrecerle una
ayuda para los damnificados que consistiría en alimentos, ropa
usada y medicinas, a través de la Fundación Islas Galápagos,
cuya directora es Pilar Muñoz.
Ella se comprometería a realizar todos los trámites y sólo
requería el visto bueno y la ayuda oficial. Entonces habría
invocado el nombre de Chiluisa como el de quien apadrinaba esa
gestión.
El ahora desmiente y para eso muestra una carta con fecha 15
de enero de 1998 y membrete del estudio jurídico García Feraud
& hijos, en la que la señora García desmiente el haberle dicho
a los medios de comunicación que fue él quien recomendaba a
Pimentel y le presenta disculpas a más de decirle que fue una
equivocación del periodista que estuvo en su oficina.
"Muchas veces me pregunto ¿de qué me estoy defendiendo o de
qué me acusan?. ¿Dónde están las pruebas que digan que he
realizado alguna importación?. Conozco del tema por los medios
de comunicación".
Chiluisa dice que él no ha renunciado ni ha sido retirado de
la Subsecretaría sino que está en uso de una licencia,
solicitada al presidente Alarcón, para tener tiempo y
defenderse.
Sobre las otras dos personas que en testimonios lo han
involucrado, Carlos Folleco y Alex Ronquillo, dijo que lo
hicieron en venganza por haberlos separado del FRA, por hacer
campaña a favor del PRE en las elecciones pasadas. Redacción
Guayaquil
El diputado García sí está implicado
El diputado Mauricio Salem ratificó ayer sus denuncias y
entregó los documentos en los que existirían "presunciones de
ilícitos" cometidos por el diputado Héctor García y otros
funcionarios.
Salem mencionó dos tipos irregularidades -información que la
tienen el Fiscal General, la Comisión de Fiscalización, la
Contraloría y la Comisión Antircorrupción: arrogación de
funciones y suplantación de nombres.
La arrogación la habría cometido García al delegar a nombre de
la Comisión de Especial de Control de Evasión Tributaria a
Raúl Mina para que solicite información ("se envió más de 130
cartas") a empresas privadas para obtener beneficios
particulares.
Una de ellas, consta en el oficio firmado por García -24 de
septiembre- solicitando a la empresa "Martillo Express" que
entregue a Mina copias de certificados de inspección de
verificadoras, la lista de kilos ingresados y la garantía.
Salem afirmó que el cargo de delegado nacional dentro de una
comisión no existe y que en caso Mina peor, porque no constaba
como empleado del Congreso. En una copia de una tarjeta de
identificación, consta el nombre de Mina y la dirección de la
oficina en Guayaquil, "que no corresponde a una dependencia
del Congreso".
En un oficio a la Presidencia del Congreso (30 de diciembre),
Héctor García informa que la Comisión dejó sin efecto el
nombramiento de Raúl Mina.
La suplantación de nombres, desprende Salem, de una denuncia
publicada en diario "Hoy" (2 de enero) sobre una falsa
fundación "Madre Dolorosa", que funciona en el Comisariato
Popular en Pascuales, de propiedad de la cuñada del diputado
García.
La verdadera fundación Madre Dolorosa, dijo Salem, está
vinculado con el colegio Xavier de Guayaquil. En la denuncia
de "Hoy", se habla que en "la falsa fundación" sí se tramitó
la entrada de ropa usada.
Para Salem, eso es demasiada coincidencia. Por eso, es
importante una investigación de la secuencia de los hechos que
presentó junto con los documentos.
Esa es razón suficiente también, afirmó, para que se decida
reabrir los expedientes de las investigaciones de la Comisión
que dirige Alvaro Pérez para el tema de donaciones.
Salem pidió que se elimine la Unidad de Coordinación de los
recursos de El Fenómeno de El Niño. (Texto tomado de El
Comercio)
iniciado contra Eduardo Sierra, de la Fundación Recuperemos
Guayaquil, por las importaciones ilegales de ropa.
El fiscal general, pedirá el enjuiciamiento de Luis Carrera de
la Torre, ex director de la Unidad de Coordinación de los
recursos para el Fenómeno de El Niño, y de Orlando Vega,
administrador de Aduanas de Quito. Para él solicitará que se
lo enjuicie con orden de prisión.
Por su parte, la Comisión Anticorrupción adoptó varias medidas
para investigar las irregularidades en las donaciones.
El organismo solicitará al Congreso Nacional que se reforme el
artículo 120 de la Ley de Seguridad Nacional, por el que en
casos de emergencia puede prescindirse de todo trámite
aduanero a pedido de la Dirección Nacional de Defensa Civil,
para la introducción o envío de artefactos, maquinaria,
equipos, medicinas, ropa y más artículo donados para o con
motivo de la emergencia. Esta norma, dice Anticorrupción,
puede dar lugar a toda suerte de abusos y abril un túnel para
el ingreso de contrabando.
Una de la conclusiones preliminares de la investigación del
caso de las donaciones es la designación ilegal de Raúl Mina
Bustos, como delegado del titular de la Comisión Especial
Permanente de Control de Evasión Tributaria y Compañías
Verificadoras, Héctor García. Existe el documento que prueba
que el diputado García nombró a Mina.
La función de diputado es indelegable, aseguró el comisionado
Marcelo Merlo, pues se violó la Ley Orgánica de la Función
Legislativa. Por esta situación, Anticorrupción enviará una
excitativa al Congreso para que se abra un expediente con el
objetivo de que se investigue al legislador García y otros
parlamentarios implicados.
Mina, en Guayaquil, se dedicaba a chantajear y extorsionar
para que la Comisión, presidida por García, no realice las
investigaciones en las aduanas.
Otro aspecto que le preocupa a Anticorrupción es que habría
funcionarios del Ministerio de Finanzas involucrados en la
importación de mercadería por no haber dado trámite a una
advertencia del Ministerio de Relaciones Exteriores al
ministros de Finanzas, Marco Flores, sobre irregularidades en
las donaciones.
La Cancillería advirtió a esa cartera de Estado por dos
ocasiones que en último trimestre del año pasado se recibió
una denuncia de ecuatorianos en el sentido de que a través de
donaciones se estaría introduciendo mercadería en Ecuador para
su venta al público. Además, que el examen practicado por la
Cancillería sobre cuatro cartas de donaciones que fueron
legalizadas por la Oficina Consular en Miami concluye que
"estima inusuales por provenir de empresa comerciales y por
cuanto no se declara su valor, como es de rigor en Estados
Unidos para la obtención de un beneficio tributario".
Esta documentación será enviada al fiscal Roberto Gómez, para
que inicie una investigación preprocesal sobre los
funcionarios de Finanzas.
Para evitar cualquier irregularidad, Anticorrupción recomienda
que la declaratoria de emergencia no implica una carta blanca
para la contratación sin concurso, ya que la falta de
transparencia genera corrupción. Por ello se debe respetar las
normas de la Ley de Contratación Pública y las leyes
especiales para asegurar los concursos públicos. Si hay una
contratación directa, la responsabilidad será de la máxima
autoridad del Ministerio o la entidad que contrate.
Entre tanto, la Unidad de Coordinación del Fenómeno de El Niño
será dirigida por Antonio Andreta, quien se trasladará a
funcionar en Guayaquil.
El presidente Fabián Alarcón no quiso referirse a los motivos
por los qué Carrera se aleja de la Unidad. Solo se limitó a
decir que se cumplió una primera etapa con la gestión y
consecución de créditos internacionales.
Con relación a las propuestas de eliminar la Unidad, el
Presidente, en tono enfático, reiteró que mantendrá el
organismo y aclaró que su creación no viola la Ley de
Seguridad como se ha dicho. "El país necesita una acción
solidaria que conjugue los esfuerzos nacionales e
internacionales para El Niño".
Alarcón calificó de polémicas intrascendentes a las supuestas
violaciones reveladas por el diputado Mauricio Salem. Pues hay
decreto ejecutivo que permite la creación de la Unidad, la que
debe sujetarse a la ley y al contenido del decreto.
De otro lado, la ministra de Bienestar Social, Edith García de
Frías, no aportó mucho a la investigación de las donaciones en
su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del
Congreso. Solo confirmó que solicitó al director de Defensa
Civil, Gustavo Burbano, la desaduanización de una donación,
que corresponde a los ecuatorianos residentes en Houston,
EE.UU. y que todavía no ha llegado al país.
En un hora explicó que el Ministerio no ha recibido denuncias
sobre el mal uso de donaciones ni conoce sobre importaciones
de ropa. También informó que solicitó al Ministerio de
Finanzas el listado de las fundaciones que han sido exoneradas
de impuestos en los últimos 10 años pero no ha recibido
respuesta.
La fundación Bosques de Daucay no consta en los registros del
MBS, según la Ministra podría estar en la lista del Ministerio
de Agricultura. La que constan son las fundaciones Recuperemos
Guayaquil, Nacional Galápagos, Madre Dolorosa, La Dolorosa,
Huayna-Cápac y Fiat. La ministra entregó a la Comisión el
listado de las 1.235 fundaciones que corresponden a 10
provincias.
Chiluisa no renunció, tiene licencia
Antes de dejar su cargo de subsecretario de Finanzas, Carlos
Chiluisa, le comentó a su amigo, socio y líder político, el
presidente Fabián Alarcón, su teoría sobre el porqué lo
vinculan con la red de contrabando de ropa: es una
conspiración política.
Para él los conspiradores son parte de grupos políticos que
quieren tomarse el poder en Guayas, a través del partido de
Gobierno, el FRA, desacreditar y afectar al Presidente.
Chiluisa al defenderse muestra cartas de dos personas que
desmienten el haberlo señalado como partícipe en la red de
importación fraudulenta de ropa a través de fundaciones. Se
trata de Eva García, ex subsecretaria de Bienestar Social,
quien en un comienzo habría acusado a Chiluisa, y de Ana
Pimentel, militante del FRA, tramitadora de una importación.
Según las primeras investigaciones, Pimentel a finales del año
pasado Pimentel fue a la oficina de García a ofrecerle una
ayuda para los damnificados que consistiría en alimentos, ropa
usada y medicinas, a través de la Fundación Islas Galápagos,
cuya directora es Pilar Muñoz.
Ella se comprometería a realizar todos los trámites y sólo
requería el visto bueno y la ayuda oficial. Entonces habría
invocado el nombre de Chiluisa como el de quien apadrinaba esa
gestión.
El ahora desmiente y para eso muestra una carta con fecha 15
de enero de 1998 y membrete del estudio jurídico García Feraud
& hijos, en la que la señora García desmiente el haberle dicho
a los medios de comunicación que fue él quien recomendaba a
Pimentel y le presenta disculpas a más de decirle que fue una
equivocación del periodista que estuvo en su oficina.
"Muchas veces me pregunto ¿de qué me estoy defendiendo o de
qué me acusan?. ¿Dónde están las pruebas que digan que he
realizado alguna importación?. Conozco del tema por los medios
de comunicación".
Chiluisa dice que él no ha renunciado ni ha sido retirado de
la Subsecretaría sino que está en uso de una licencia,
solicitada al presidente Alarcón, para tener tiempo y
defenderse.
Sobre las otras dos personas que en testimonios lo han
involucrado, Carlos Folleco y Alex Ronquillo, dijo que lo
hicieron en venganza por haberlos separado del FRA, por hacer
campaña a favor del PRE en las elecciones pasadas. Redacción
Guayaquil
El diputado García sí está implicado
El diputado Mauricio Salem ratificó ayer sus denuncias y
entregó los documentos en los que existirían "presunciones de
ilícitos" cometidos por el diputado Héctor García y otros
funcionarios.
Salem mencionó dos tipos irregularidades -información que la
tienen el Fiscal General, la Comisión de Fiscalización, la
Contraloría y la Comisión Antircorrupción: arrogación de
funciones y suplantación de nombres.
La arrogación la habría cometido García al delegar a nombre de
la Comisión de Especial de Control de Evasión Tributaria a
Raúl Mina para que solicite información ("se envió más de 130
cartas") a empresas privadas para obtener beneficios
particulares.
Una de ellas, consta en el oficio firmado por García -24 de
septiembre- solicitando a la empresa "Martillo Express" que
entregue a Mina copias de certificados de inspección de
verificadoras, la lista de kilos ingresados y la garantía.
Salem afirmó que el cargo de delegado nacional dentro de una
comisión no existe y que en caso Mina peor, porque no constaba
como empleado del Congreso. En una copia de una tarjeta de
identificación, consta el nombre de Mina y la dirección de la
oficina en Guayaquil, "que no corresponde a una dependencia
del Congreso".
En un oficio a la Presidencia del Congreso (30 de diciembre),
Héctor García informa que la Comisión dejó sin efecto el
nombramiento de Raúl Mina.
La suplantación de nombres, desprende Salem, de una denuncia
publicada en diario "Hoy" (2 de enero) sobre una falsa
fundación "Madre Dolorosa", que funciona en el Comisariato
Popular en Pascuales, de propiedad de la cuñada del diputado
García.
La verdadera fundación Madre Dolorosa, dijo Salem, está
vinculado con el colegio Xavier de Guayaquil. En la denuncia
de "Hoy", se habla que en "la falsa fundación" sí se tramitó
la entrada de ropa usada.
Para Salem, eso es demasiada coincidencia. Por eso, es
importante una investigación de la secuencia de los hechos que
presentó junto con los documentos.
Esa es razón suficiente también, afirmó, para que se decida
reabrir los expedientes de las investigaciones de la Comisión
que dirige Alvaro Pérez para el tema de donaciones.
Salem pidió que se elimine la Unidad de Coordinación de los
recursos de El Fenómeno de El Niño. (Texto tomado de El
Comercio)
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