Quito. 01 jul 2001. Los agentes llamaron a la operación "Guáitara" en
honor a un cañón localizado justo en la zona selvática entre Ecuador y
Colombia.
Durante dos semanas esperaron pacientemente. Eran los primeros días de
junio del presente año y en Cúcuta, capital del departamento del Norte de
Santander los agentes encubiertos de la Dirección Antisecuestro y
Extorsión de la Policía colombiana, se apertrecharon con la firme
convicción de que allí podrían cerrar la pinza de la mayor investigación
sobre plagios que han desarrollado en los últimos meses: el
descubrimiento y captura de la banda colombo-ecuatoriana que secuestró,
en octubre del año anterior, a diez técnicos petroleros en la Amazonía
del Ecuador y que incluso asesinó a uno de ellos, el estadounidense Ron
Sanders, para forzar el pago de un cuantioso rescate.
Y la larga espera policial tuvo su recompensa. Finalmente, Gerardo
Herrera Iles, quien se hace llamar también Carlos Enrique Gómez
Rodríguez, colombiano, de aproximadamente 40 años de edad, retornó para
su país desde la población venezolana fronteriza de San Cristóbal, donde
se había refugiado hacía meses.
Dos días de seguimiento en Cúcuta les sirvieron a los agentes para
determinar efectivamente que se trataba del mismo personaje al que
apuntaban todas las movidas realizadas en un imaginario tablero de
ajedrez, en que se convirtió la investigación del caso, y atrapar al
cabecilla de la organización delictiva. ¡Jaque Mate!
La operación Guáitara, en la que participaron activamente el FBI de los
Estados Unidos, la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía de
Ecuador (Unase), y el Grupo de Acción Unificado para la Libertad de
Colombia (Gaula), debe su nombre a un cañón localizado justo en la zona
fronteriza selvática que vincula geográficamente a Ecuador y Colombia.
La ubicación de Guaitara
Guaitara está cerca de las provincias de Sucumbíos y Orellana, región de
Pompeya, donde la madrugada del 12 de octubre de 2000 fueron secuestrados
desde un campo petrolero cinco técnicos norteamericanos, un neocelandés,
un chileno, un argentino y dos franceses, quienes lograron evadir a sus
captores días depués de ocurrido el secuestro. Próximo también a los
departamentos de Putumayo y Caquetá, de donde resultaron ser oriundos
muchos de quienes ejecutaron el plagio y mantuvieron bajo su control, por
seis meses, a los cautivos, siempre en territorio ecuatoriano.
Sector, sin embargo, distante, aproximadamente por 2 000 kilómetros, de
la fronteriza ciudad del extremo norte de Colombia, que solía frecuentar
el cabecilla e ideólogo, desde su refugio venezolano, una vez que en la
misma selva ecuatoriana se repartieron los $13 millones pactados como
rescate, en fajos de billetes de $100, que cada uno de los miembros de la
organización se encargó de ingresar a territorio colombiano.
El lavado de dinero
El modus operandi de la organización, que actuaba con fines lucrativos en
la zona petrolera ecuatoriana, había sido el de replegarse inmediatamente
hacia su país, donde enseguida se lavaba ese dinero con inversiones
inmobiliarias, principalmente.
La operación se la efectuó por medio de correos humanos que llevaron
adheridos a su cuerpo cantidades de hasta $150 000, y que a la postre
sirvieron a la inteligencia policial como los cabos que, atados,
condujeron hasta la cúpula de la organización.
Rastreados en diez provincias
La operación conjunta entre las policías de Ecuador, Colombia y los
agentes federales de Estados Unidos empezó el 7 de febrero de 2001 (tres
semanas antes de la liberación de los siete cautivos sobrevivientes) y no
ha culminado aún, pues la Policía colombiana considera que resta
localizar y apresar a una treintena de personajes directa o
indirectamente vinculados con esta organización delictiva.
En Colombia, las acciones de rastreo a la multinacional del secuestro,
como la calificó un jefe policial colombiano, han significado el
desplazamiento de uniformados en diez departamentos (provincias) y un
total de catorce ciudades, donde se logro capturar a 52 personas. Fue
necesario también montar en plena sede del Gaula, en Bogotá, un puesto de
mando que coordinara las acciones.
La conclusión final es de que se ha desarticulado notoriamente a un grupo
dedicado al delito de la extorsión, con miembros ex guerrilleros, como su
cabecilla y muchos "reinsertados" (personas cuyas acciones delictivas
fueron perdonadas a fines de la década de los ochenta) que ahora han
mostrado un gran afán de colaboración con quienes fueron alguna vez sus
coidearios y que ahora creyeron encontrar una forma de enriquecerse con
técnicas y estrategias que aprendieron en sus tiempos de
insurgencia.(GCG)
Investigaciones
-Las investigaciones para dar con los secuestradores recorrieron los
cuatro costados de Colombia.
-En Pereira, capital del departamento de Risaralda, se detuvo al grupo
más numeroso de implicados en el caso: 19.
-En Medellín, Antioquia, fueron apresados seis bandoleros más; mientras
que en Cali y Pasto, cayeron en manos de los investigadores, cuatro
presos en cada una.
-Tulúa, Pitalito y La Hormiga, cerca de Sucumbíos, fueron sitios donde
las incursiones policiales detuvieron a tres personas en cada caso.
-Dos personas fueron detenidas en Bogotá, otras dos en Mocoa (también
cerca de la provincia de Sucumbíos), igual número en Manizales, abonaron
al largo listado de detenidos.
-En Palermo, Tumaco, Villavicencio y Cúcuta se produjo una aprehensión.
-Los siete presos más que logró la Policía del Ecuador en la zona de
Sucumbíos y Orellana, antes de que fueran liberados los rehenes, y
quienes aportaron pistas sobre el paradero de los secuestrados y captores
son abastecedores y correos humanos, de acuerdo con la conclusión final
de las indagaciones policiales.
-No existe ningún ecuatoriano en la cúpula del grupo que planificaba y
ejecutaba el plagio.
El caso más macabro de los secuestradores
A comienzos de año, en Argentina, familiares del técnico de ese país
secuestrado en Pompeya, comenzaron a dar declaraciones a la prensa sobre
su inminente liberación, luego de haber llegado a un acuerdo. El 31 de
enero se comprobó que esa liberación aún no estaba cerca.
Ron Sanders, estadounidense, de 55 años, apareció muerto con huellas de
cinco balazos, uno mortal en la nuca, a las 08:00 del 31 de enero en la
cooperativa El Cóndor, en el sector de San Pedro, al norte de Lago Agrio.
El cuerpo fue hallado cerca del río El Conejo, una zona de influencia de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según fuentes de
Inteligencia Militar en Ecuador, lo que permitió continuar la
especulación de que los autores del múltiple secuestro podían ser ex
miembros de la guerrilla del vecino país.
El cadáver, al parecer, era la macabra forma en la que los secuestradores
mostraban su disgusto ante la prolongación de las negociaciones. Los
plagiadores obligaron a Sanders a escribir sobre una manta blanca: "Soy
gringo (muerto) por no pago de secuestro compañía HP Pompeya DG". Las
siglas HP hacían referencia a la empresa Helmerich y Payne, de Tulsa,
Oklahoma, para la que trabajaba Sanders.
Con la manta cubrieron el cadáver, que llevaba un overol color caqui y
botas de cuero color café. La misma vestimenta que traía cuando fue
secuestrado en octubre. Junto al cuerpo apareció, además, una cadena con
un candado y las vainas de las balas que acabaron con su vida.
Indígenas fronterizos "mulas" del negocio
Introducían a Colombia el dinero del rescate camuflándolo en su cuerpo y
en cajas de cartón
De las tribus indígenas amazónicas colombianas a las que pertenecen las
familias Jamioy y los Mutumbajoy, afincadas en el Putumayo medio, la zona
más densamente sembrada de hoja de coca en el mundo y uno de los
principales teatros de operaciones del Plan Colombia, salieron las pistas
más sólidas que siguieron los policías para descubrir la estructura de la
organización.
La primera, el 3 de marzo de 2001, dos días después de la liberación de
los siete técnicos petroleros y cinco días luego del pago millonario del
rescate. En Villa Garzón, un poblado del Putumayo, bastante cercano al
límite con Ecuador, agentes antinarcóticos colombianos capturaron a
Emelinda Jamioy y Rosa Jamioy Jacanamijoy, junto con dos menores de edad,
y descubrieron que adheridos a sus cuerpos transportaban la suma de $149
000, en su mayoría en billetes de cien.
Tal situación alertó a los investigadores sobre el modo de introducir
dinero obtenido ilícitamente, y el brigadier general Leonardo Gallego
Castrillón, comandante del Gaula, dispuso intensificar las pesquisas,
aunque al conocerse de las capturas, la frecuencia de los envíos de
dinero, disminuyó.
Veinte días después, sin embargo, en una requisa efectuada en Villa
Garzón, igualmente, los gendarmes antinarcóticos detuvieron a las
hermanas Bella Edilma, Inés y Flor Alba Mutumbajoy Jamioy, cuando junto a
otra menor de edad, transportaban un total de $120 000 en billetes de
cien, adheridos al cuerpo, en unos casos, y en otros, guardados en cajas
de cartón que aparentaban ser cargas.
La comprobación de que se trataban de las mismas series utilizadas para
pagar los rescates, hizo que los agentes montaran pacientes acciones de
seguimientos, escuchas, fotos y filmaciones. Así, el 25 de mayo caería
detenido en Buga, por acción de la policía de carreteras del valle, Henry
Jamioy Quistial, otro miembro de la familia a quien lo primero que lo
delató fue la incoherencia entre sus rasgos indígenas con el nombre
ficticio que utilizaba: Brayan Anderson Ramírez Valencia. Este, además,
está solicitado por la justicia colombiana que ya lo había sentenciado a
38 años de prisión al encontrarlo culpable de secuestro, homicidio y fuga
de presos.
De esa manera, los parientes llevaron a la Policía hasta José Mutumbajoy
Jamioy, conocido con el alias de "Fujimori", por su aspecto físico, el
que tenía un papel más trascendente dentro de la organización, pues se
pudo constatar que este indígena colombiano, capturado en Mocoa,
Putumayo, y ex militante del Ejército Popular de Liberación, desintegrado
a fines de los ochenta, era el tercer jefe principal de la banda de
secuestradores. El brazo militar, amplio conocedor de la selva que
cruzaba el río limítrofe con facilidad, y disponía los desplazamientos y
las acciones de control, como aquella de ponerles cadenas en las noches
para que no intentaran escapar.
"Con los detalles configuramos la organización y definimos las
actividades que cumplían, como autores intelectuales, patrullajes,
financistas, labores logísticas, comunicaciones, testaferros, cuando
terminamos los seguimientos de inteligencia, activamos la fase operativa
que llevó a los allanamientos y las capturas", recuerda el general
Gallego.
Y a pesar que en el camino les causó desconcierto constatar que el grupo
tenía al menos 18 enlaces principales, llegaron a las cabezas: John
Freiman Agudelo Granada, alias "Mono" o "El Mafioso", era el segundo al
mando y el organizador de toda logística y contactos para mantener a los
cautivos sin ser detectados. Su captura fue posible en la población de
Barbacoas, departamento de Nariño, limítrofe con Ecuador. Y finalmente,
llegaron hasta el contacto más alto, en Cúcuta, donde pudieron localizar,
con paciencia, a Gerardo Herrera Iles o Carlos Enrique Gómez Rodríguez,
alias "Germán", el cabecilla principal e ideólogo, ex miembro también del
EPL, y quien había preferido refugiarse en Venezuela
Elaboraron matrices de asociación y quedó claro entonces el modo de
operar. Estas demostraron la frecuencia e intensidad de los contactos
entre ellos y los niveles de responsabilidad que evidencian. Herrera,
quien conocía el Putumayo y se había especializado en su pasado
guerrillero en acciones de sobrevivencia, acudía a su ex compañero de
armas Mutumbajoy "Fujimori", y a Agudelo para organizar un rapto por año,
que les dejara suficiente dinero. Y desde 1990, su sitio preferido para
hacerlo era la zona amazónica y petrolera del Ecuador, donde, en su
primer plagio a un técnico, se les pagó sin mayores problemas $65 000.
Organizaban el grupo que, por numeroso, procuraban no prolongar las
acciones (allí se entiende la decisión que estos tres habrían tomado para
asesinar a Ron Sanders y precipitar un final) y luego repartían el dinero
obtenido, para enseguida replegarse hacia Colombia, de donde todos eran
originarios. Y en el último caso, se desplazaron en 14 ciudades
distintas. (GCG)
La estrategia: lanzar gritos guerrilleros
Gerardo Herrera Iles o Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias "Germán", el
cabecilla principal e ideólogo es definitivamente el número uno de este
grupo criminal porque todos los caminos conducían a él, según
determinaron las investigaciones policiales. Ya en otros casos estaba
identificado como miembro de equipos que cumplieron los secuestros, pero
en otros estaba también claramente en la cúpula, como en el secuestro, en
la misma Amazonía ecuatoriana, de otros técnicos petroleros en Tarapoa.
"Ha quedado claro que realmente es el cabecilla", asegura el general
Leonardo Gallego, quien señala que ya Herrera lo ha admitido ante las
autoridades. Ex militante del Ejército Popular de Liberación (EPL), un
grupo guerrillero prochino de los años ochenta, fue experto en
supervivencia en selva, especializado precisamente en la insurgencia.
Y la cúpula que este encabezaba, según las investigaciones del Gaula, fue
la que decidió mandar un mensaje extremo a los negociadores al asesinar a
Ron Sanders y taparlo con una sábana en la cual se alertaba el motivo de
su muerte: no haber accedido al pago del rescate y mantenerse en una
propuesta económica que consideraban demasiado baja.
El grupo criminal comandado por Herrera usaba como estrategia lanzar
proclamas guerrilleras en el momento de realizar sus secuestros, y así
desviaba el rumbo inicial de las pesquisas. Se habían planteado dar un
gran golpe por año y se tomaban su tiempo para hacer su propia
"inteligencia".
Es por eso que a La Bermeja llegaron con una lista con los nombres de
quienes debían ser secuestrado. (GCG)
Dólares, pesos y certificados de depósitos fueron hallados
Aproximadamente un millón y medio de dólares, entre efectivo y
documentos, poco más del 10% del total de lo pagado por el rescate de los
siete petroleros, es lo que ha logrado recuperar la acción conjunta de
las policías de Ecuador y Colombia, y el FBI norteamericano.
"Ocultos en lavadoras, tumbados y hasta agujeros, encontramos los fajos
de billetes de $100 que poco a poco nos fueron armando el rompecabeza",
recuerda el coronel Ricardo Restrepo, quien estuvo al mando de las
acciones de campo cumplidas en catorce ciudades colombianas.
En efectivo, los agentes recuperaron $1 188 626 y 109"174 000 pesos
colombianos. En Certificados de Depósitos encontraron el equivalente
256"600.000, facturas por 95"172 472 de pesos. Y consignaciones bancarias
por un monto de 33"572 000 pesos.
El resto del dinero, que ya fue distribuido entre los 57 ahora presos y
otros treinta que calcula la Policía también actuaron y no están todavía
tras las rejas, se presume que en su mayoría está en Colombia, mientras
que se estima que todavía hay ciertas cantidades que estos deben tener
escondida en la selva amazónica ecuatoriana, en donde fue entregado el
pago del rescate, en la zona de La Bermeja.
"Ellos exigieron que el pago se haga en billetes de $100, precisamente
para que sea un volumen manejable. La idea es lavarlo en Colombia, sobre
todo entre quienes viajan y prefieren también llevar billetes de alta
denominación. Pero seguimos tras la pista", expresó Restrepo. (GCG)
Los extraditables por casos de secuestro
Cinco de los detenidos son extraditables. Por primera vez, Colombia
podría extraditar a los Estados Unidos a cinco de detenidos por casos de
secuestro, y estos son precisamente del grupo que encabeza Gerardo
Herrera alías Carlos Gómez.
El FBI ha seguido de cerca el caso, especialmente porque en el último
secuestro, de La Bermeja, estuvieron cautivos a cinco norteamericanos, y
a uno de ellos, el técnico Ronald Sanders, lo asesinaron el 31 de enero
de 2001, para presionar el pago del rescate de parte de la Multinacional
Helmerich y Payme Erickson Crane y Schulemberger Ltda, que hacía trabajos
para la Repsol YPF.
Junto con Hererra están entre los extraditables Henry Jamioy, Juan Luis
Bravo, José del Carmen Alvarez y Cristobal Alvarado Herrera. El
seguimiento policial determinó que esta organización se dedicó al plagio
selectivo de extranjeros vinculados a multinacionales. (GCG)
Los casos que estremecieron
El grupo planeaba un secuestro masivo cada año y, al parecer, estaban
cumpliendo su cronograma
Diez técnicos petroleros fueron secuestrados a las 04:00 del 12 de
octubre de 2000, a bordo de un helicóptero Superpuma de la empresa
Aeromaster; en el sector conocido como Pompeya, en los límites de las
provincias de Sucumbíos y Orellana, zona cercana a la frontera con Perú y
Colombia. El presidente de la República encargado, Pedro Pinto, atribuyó
en un primer momento el hecho a la guerrilla colombiana de las FARC,
aunque voceros de esa organización lo negaron. De acuerdo con lo que se
conoce, señaló Pinto, este suceso se produjo "como una represalia por la
aplicación del Plan Colombia".
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dio a conocer una nómina de
diez personas secuestradas, en la que se menciona a los ciudadanos
norteamericanos Demmis Correy, Steve Derry, Jason Wavey, David Bradley,
Ron Sanders y Arnold Arfold; a los franceses Jean Louis Froidurot, Jany
Marcellyn; al chileno Germán Schultz; y al argentino Juan Rodríguez.
Tan pronto como se informó del secuestro, las Fuerzas Armadas
ecuatorianas, en coordinación con la Polícia Nacional, montaron un
intenso operativo de patrullaje y búsqueda de las víctimas y de la
aeronave. La Embajada de Estados Unidos, en un comunicado de prensa, se
mostró "profundamente preocupada por el secuestro" y anunció que estaba
trabajando en estrecho vínculo con el Gobierno ecuatoriano para obtener
la libertad de los rehenes.
El helicóptero Superpuma fue encontrado días más tarde en el sector
denominado "La Bermeja", en el Putumayo ecuatoriano, cerca del mediodía
del 13 de octubre. Esa población está ubicada en la ribera del Río San
Miguel, a unos 15 kilómetros, aguas arriba del puente internacional
inaugurado por esas mismas fechas por los presidentes Pastrana y Noboa.
La Cancillería, las Fuerzas Armadas y la Presidencia de la República
conformaron un comité de crisis para coordinar las acciones de búsqueda.
Cuatro días más tarde, los franceses Jean Louis Froidurot y Janny
Marcellin lograron escapar.
Llegan con las caras pintadas...
El primer secuestro múltiple ocurrió el 11 de septiembre de 1999, en
Sucumbíos. Doce sujetos armados, con las caras pintadas, interceptaron a
siete canadienses, un estadounidense, tres españoles y una belga
canadiense, en el kilómetro 58 de la vía Lago Agrio-Tarapoa, en la
provincia de Sucumbíos.
Los secuestradores montaron un retén en la carretera, similar a los que
instala la guerrilla colombiana cuando desea secuestrar a extranjeros.
Los canadienses y el estadounidense prestaban sus servicios como técnicos
en la empresa United Pepeline, a su vez subcontratista de la canadiense
City Investing, que realiza trabajos de mantenimiento del Sistema del
Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).
Los uniformados se internaron en la selva con sus rehenes y en esa
operación asesinaron a un soldado ecuatoriano que intentó detenerlos.
El 26 de septiembre, sorpresivamente liberaron al español Ander Mimenza,
con un mensaje para las empresas petroleras, en el que les recomentaban
el pago del rescate. Y el 9 de octubre, María de Jesús Mimenza y Jesús
María Maguna Goycoechea, y la belga canadiense Sabine Roblaine, también
fueron liberados. Parte de la estrategia de los secuestradores fue
mostrarse como parte de un grupo guerrillero, desviando las
investigaciones
Siguieron en poder de sus captores los canadienses Barry Mayer, Steven
Brent, Neil Barber, Colin Frazer, Rob Dumbar, Grant Rankin y Brant
Scheeler y el estadounidense Leonard Carter. En esa ocasión, las empresas
petroleras tuvieron que pagar $3,5 millones por el rescate de los
plagiados. (JT)
¿Cómo se arman las piezas de un juego siniestro?
De entre los detenidos, la Policía ha identificado como autores directos
del último secuestro de Pompeya a 18 personas, mientras que otros 31
aparecen comprometidos en testaferrismo (prestarse para adquirir bienes),
lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
"Se ubicaron e identificaron 50 inmuebles, en los cuales residen o
permanecen los comprometidos directa o indirectamente en los hechos, y en
los cuales se presume existen evidencias materiales y documentales sobre
los secuestros", explica el general Leonardo Gallego, de la Policía
colombiana.
Así, los capturados en Colombia han sido clasificado en cuatro categorías
dentro de la actividad criminal que desarrollaba el grupo en distintos
países fronterizos.
A cargo de la custodia de los secuestrados y a órdenes de "Fujimori"
estuvieron Juan Luis Bravo alias "Juancho", Jorge Jamioy, alias
"Gustavo", Ancizar Muñoz "El Flaco" y Jerson Alexander Vargas Burbano "La
gallina"; todos ellos detenidos en Pereira. También Oscar Jamioy, alias
"El Loco", William Armando Riascos Quistial "Alberto", preso en Pasto,
Germán Agudelo "Mancho", detenido en Pensilvania, Caldas, y Nolberto
Montoya "Tatareto", capturado en Puerto Venus, Caldas.
En los enlaces de comunicaciones, con los negociadores y entre ellos,
estuvieron los ahora detenidos Darío Montoya "El Paisa", detenido en
Puerto Venus, Caldas, y Jon Neder Vargas Burbano "Joselito", preso en
Pereira.
Abastecedores, o enlaces logísticos fueron Zenayda Agudelo Ocampo, presa
en Pereira, y José Roberto Tonguino, capturado en La Hormiga, Putumayo,
muy cerca de Ecuador.
Mientras que en el grupo de los financieros, aquellos que al inicio ponen
el dinero necesario para la manutención de los secuestrados, y que
esperan recuperarlo con un recargo del 50%, están Alonso Agudelo y
Cristóbal Alvarado Herrera "Crìstofer", ambos localizados en Pereira, y
Henry Jamioy " El Negro", capturado en la ciudad de Cali.
Todo fue planificado hasta el último detalle, pero una vez cobrado el
rescate dejaron caer las pistas por las que finalmente los capturó la
Policía. (GCG)
ANALISIS
La mina de oro de los secuestradores
La amplia investigación conjunta de las policías de Ecuador, Colombia y
los Estados Unidos, siguiendo el rastro de quienes cobraron un rescate de
$13 millones por devolver a siete técnicos petroleros, parece confirmar
plenamente que este país se ha convertido en un mercado importante para
la delictiva industria del secuestro selectivo.
Sobre todo porque el rastro permitió localizar indicios que datan de
1990, en acciones de la banda liderada por Gerardo Herrera en la selva
amazónica, en desmedro de la integridad y seguridad de los técnicos que
laboran en las empresas petroleras.
La amplia pesquisa, desarrollada en dos provincias del Ecuador y diez
departamentos de Colombia, que necesitó de allanamientos en 14 ciudades
del vecino país y capturó un total de 59 personas, 52 de ellas
colombianas, da sin embargo un respiro a la seguridad interna, pero debe
al mismo tiempo constituirse en voz de alerta para impedir que esa
industria de la retención forzosa, que en Colombia mantiene actualmente
al menos a 3 000 personas en su poder, eche raíces aquí.
Ha quedado evidenciado con la gigantesca indagación que quienes la
ejecutan en la selva son indígenas colombianos que conocen plenamente su
territorio y también el vecino, Sucumbíos y Orellana en el Ecuador, donde
sus relaciones raciales y de parentesco no tienen -nunca han tenido en
realidad- limitaciones. Por tanto, el caso puede también servir como
evidencia de que la corrupción que genera el proceso violento que por
décadas sufre Colombia, empieza a expandirse con afanes lucrativos
capaces de llegar al asesinato (como ocurrió con el norteamericano Ron
Sanders) con tal de conseguir su cometido.
Lo más preocupante del asunto es que, pese a la dimensión que muestra el
presente caso, no hay pronunciamientos ni acciones estatales que nos
dejen notar que se hace algo para desterrarlo. Al conocer los detalles,
es notorio que la participación de la Policía ecuatoriana en el
desarrollo de la indagación tuvo fuerza solo en el impulso inicial, y que
la tarea conjunta fue, definitivamente, una iniciativa del FBI, debido a
los cinco norteamericanos que los delincuentes mantenían entonces bajo su
poder. (GCG)
Las encomiendas pasarán a manos del Estado, según Ley de Aduanas
"Regrese dentro de quince días", "Llame mañana", "La mercadería se
encuentra en el Puerto Marítimo, pero le falta una firma", fueron algunas
evasivas que Fanny Martínez, guayaquileña, quien tiene familiares en
Queens, EEUU, recibió días atrás de uno de los empleados de Ecuatoriana
Express (fundada en 1992 y registrada en la CAE), empresa de correo
paralelo que sorpresivamente cerró sus puertas en el país y Norteamérica,
la semana anterior.
Hace más de un año, un hermano le envió, a un costo de $205, una
encomienda con número de guía 2433, que contenía ropa y zapatos avaluados
en más de $500.
Ella es una de los más de 5000 ecuatorianos afectados.
En Cuenca, ciudad donde se inició el escándalo, el perjuicio sobrepasaría
los ocho millones de dólares, según los perjudicados.
"Son más de 600 personas, solo de carga, y más de 400 que enviaban
encomiendas y cosas pequeñas", dijo Luis Pesántez, que llegó desde los
Estados Unidos para averiguar sobre su mercadería.
Pesántez envió una caja el 21 de julio del 2000, la cual contenía un
equipo de sonido, un televisor de 27 pulgadas, discos compactos y ropa.
Los perjudicados sostienen que en la sucursal cuencana, ubicada en el
pasaje Hermano Miguel, al centro de la ciudad, ningún ejecutivo ha dado
la cara, ya que desde el 8 de junio anterior, los dueños sacaron todo el
mobiliario. Incluso, han conformado un comité para impulsar el proceso
judicial, a cargo de Leonidas Márquez Palacios, presidente del grupo de
afectados.
Por su parte, el Juez Primero de lo Penal del Guayas, Angel Rubio, y
Rafael Esteves, defensor de los perjudicados en Guayaquil, hicieron el
lunes pasado un allanamiento a las oficinas, ubicadas en la ciudadela
Adace, calle Quinta 101 y avenida de las Américas; y Clemente Ballén y
Escobedo, ante la presencia de varios denunciantes.
En las instalaciones, se encontraron paquetes envueltos con cinta
aislante que fueron entregados como parte del proceso penal.
Rubio dictó orden de prisión a los presuntos responsables del delito,
Germán Hernández Cajiao, gerente o representante de la compañía; Rossi
Macías y los esposos Mario Hernández Cajiao y Karina Jamed Macías, y
prohibió su salida del país.
No obstante, el representante legal de Ecuatorian Express, Bayardo Moreno
Piedrahíta, atiende en Quito y Cuenca las múltiples denuncias de los
perjudicados, sin resultados positivos.
Al parecer, el perjuicio se extendería a otras ciudades, como Ambato,
Manta, Latacunga, Machachi, Macas, Azogues, Cañar y Loja.
Sin embargo, la Corporación Aduanaera Ecuatoriana (CAE) registra un total
de 34 correos paralelos legales, mientras que los "correos fantasmas"
suman unas cuarenta y dos agencias.
Continúan demandas
Hasta el momento, 130 denuncias en contra de Ecuatoriana Express se han
tramitado en los juzgados Tercero, Cuarto, Octavo, Noveno, Décimo,
Decimosegundo, Decimotercero y Vigésimo de lo Penal del Guayas.
En una providencia dictada el jueves anterior por el Juez Fiscal de
Aduanas del Guayas y Galápagos, Hanníbal Vela Bajaña, se mencionó que la
agencia incurrió en el delito de ofrecer servicio de envío por vía
marítima, lo cual es penado por la ley, de acuerdo con los requerimientos
de la CAE, e inició autocabeza de proceso contra los ejecutivos,
cómplices y encubridores por supuesta evasión de tributos.
Ayer, en horas de la mañana, se abrió de uno de los tres contenedores de
40 pies de la agencia y se inició el inventario y avalúo de la carga
correspondiente. Según las investigaciones, la mercadería podría entrar
en remate, si se comprueba el delito de tráfico ilícito de mercancía y
evasión tributaria, tipificado en el artículo 82 de la Ley de Aduanas,
pues ahora los bultos pasarán a ser propiedad del Estado. (CHM-RMT)
CAE imvestiga delito
La Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) es la única autorizada para
controlar la actividad de los couriers desde los aeropuertos, procediendo
a chequear la mercaderia declarada del usuario y denunciar ante el juez
fiscal de aduanas si hay algún tipo de irregularidad en el envío, dice
Luis Durán, director distrital de la entidad.
La Ley Orgánica de Aduanas dispone en su reglamento que los permisos de
funcionamiento estén en un lugar visible.
Las agencias denunciadas, Saete y Ecuatoriana Express, incurren en
"delito aduanero" porque la actividad que generan no es aérea sino
marítima, y ello se considera ilegal, enfatiza Durán.
Explica que la Ley de aduanas permite dos maneras para enviar carga
marítima: la full container, mercancias de un consignatario; y la FCL,
para empresas dedicadas a la consolidación de carga.
"Hay empresas, nacionales y extranjeras que publicitan su servicio donde
hay usuarios que lo compran y "acá solo son receptores".
"El ilícito cometido por los courier se debe a que han declarado ante la
aduana como que la mercadería es para muchos usuarios, por lo tanto no es
propiedad de la empresa, sino de terceros", comenta.
"No podemos determinar si existen "correos piratas", mientras no se
comprueben ilicitos en nuestras instalaciones primarias". (CHM)
"Saete Courier" se suma a otras 42 agencias ilegales en el país
Otro grupo de más de 50 perjudicados acudió a la oficina de Rafael
Estévez Moncayo, ex ministro juez y defensor de los afectados, para
demandar a Saete Courier Express (agencia ilegal, dedicada al sistema de
envío marítimo) que tiene sucursales en Guayaquil, Quito, Portoviejo,
Ambato, Azogues y Cuenca; y oficinas en ciudades americanas como Queens,
Brooklyn, New Yersey y Miami.
"He esperado más de un año y no me entregan mi encomienda. Iba a demandar
hace tres meses a César Madrid, propietario, porque no cumplió con su
palabra", señaló con lágrimas Luis Hernández, perjudicado con más de
$700.
El Juez Rubio ordenó el allamiento de las oficinas de Saete Courier,
ubicada en la ciudadela Kennedy, al norte de Guayaquil, a la intendencia
de Policía del Guayas. Allí se encontraron varios paquetes, cartones y
maletas que serán entregados posteriormente a sus dueños, después que los
peritos judiciales realicen el inventario de rigor.
Por otra parte, Walter Espinel Jaramillo, propietario de J&B Express de
Guayaquil, empresa legal, señaló que existe confusión y que la compañía
americana "J&B Cargo", de New York, es la que estaría perjudicando a la
ciudadanía y no la que él administra, pues solo envía pequeños paquetes
de hasta 2 kilos de peso.
"Nosotros sí estamos cumpliendo con los clientes. Las personas deben
cuidarse de las agencias fantasmas", dijo Espinel. (CHM)(Texto tomado de
Blanco y Negro)
honor a un cañón localizado justo en la zona selvática entre Ecuador y
Colombia.
Durante dos semanas esperaron pacientemente. Eran los primeros días de
junio del presente año y en Cúcuta, capital del departamento del Norte de
Santander los agentes encubiertos de la Dirección Antisecuestro y
Extorsión de la Policía colombiana, se apertrecharon con la firme
convicción de que allí podrían cerrar la pinza de la mayor investigación
sobre plagios que han desarrollado en los últimos meses: el
descubrimiento y captura de la banda colombo-ecuatoriana que secuestró,
en octubre del año anterior, a diez técnicos petroleros en la Amazonía
del Ecuador y que incluso asesinó a uno de ellos, el estadounidense Ron
Sanders, para forzar el pago de un cuantioso rescate.
Y la larga espera policial tuvo su recompensa. Finalmente, Gerardo
Herrera Iles, quien se hace llamar también Carlos Enrique Gómez
Rodríguez, colombiano, de aproximadamente 40 años de edad, retornó para
su país desde la población venezolana fronteriza de San Cristóbal, donde
se había refugiado hacía meses.
Dos días de seguimiento en Cúcuta les sirvieron a los agentes para
determinar efectivamente que se trataba del mismo personaje al que
apuntaban todas las movidas realizadas en un imaginario tablero de
ajedrez, en que se convirtió la investigación del caso, y atrapar al
cabecilla de la organización delictiva. ¡Jaque Mate!
La operación Guáitara, en la que participaron activamente el FBI de los
Estados Unidos, la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía de
Ecuador (Unase), y el Grupo de Acción Unificado para la Libertad de
Colombia (Gaula), debe su nombre a un cañón localizado justo en la zona
fronteriza selvática que vincula geográficamente a Ecuador y Colombia.
La ubicación de Guaitara
Guaitara está cerca de las provincias de Sucumbíos y Orellana, región de
Pompeya, donde la madrugada del 12 de octubre de 2000 fueron secuestrados
desde un campo petrolero cinco técnicos norteamericanos, un neocelandés,
un chileno, un argentino y dos franceses, quienes lograron evadir a sus
captores días depués de ocurrido el secuestro. Próximo también a los
departamentos de Putumayo y Caquetá, de donde resultaron ser oriundos
muchos de quienes ejecutaron el plagio y mantuvieron bajo su control, por
seis meses, a los cautivos, siempre en territorio ecuatoriano.
Sector, sin embargo, distante, aproximadamente por 2 000 kilómetros, de
la fronteriza ciudad del extremo norte de Colombia, que solía frecuentar
el cabecilla e ideólogo, desde su refugio venezolano, una vez que en la
misma selva ecuatoriana se repartieron los $13 millones pactados como
rescate, en fajos de billetes de $100, que cada uno de los miembros de la
organización se encargó de ingresar a territorio colombiano.
El lavado de dinero
El modus operandi de la organización, que actuaba con fines lucrativos en
la zona petrolera ecuatoriana, había sido el de replegarse inmediatamente
hacia su país, donde enseguida se lavaba ese dinero con inversiones
inmobiliarias, principalmente.
La operación se la efectuó por medio de correos humanos que llevaron
adheridos a su cuerpo cantidades de hasta $150 000, y que a la postre
sirvieron a la inteligencia policial como los cabos que, atados,
condujeron hasta la cúpula de la organización.
Rastreados en diez provincias
La operación conjunta entre las policías de Ecuador, Colombia y los
agentes federales de Estados Unidos empezó el 7 de febrero de 2001 (tres
semanas antes de la liberación de los siete cautivos sobrevivientes) y no
ha culminado aún, pues la Policía colombiana considera que resta
localizar y apresar a una treintena de personajes directa o
indirectamente vinculados con esta organización delictiva.
En Colombia, las acciones de rastreo a la multinacional del secuestro,
como la calificó un jefe policial colombiano, han significado el
desplazamiento de uniformados en diez departamentos (provincias) y un
total de catorce ciudades, donde se logro capturar a 52 personas. Fue
necesario también montar en plena sede del Gaula, en Bogotá, un puesto de
mando que coordinara las acciones.
La conclusión final es de que se ha desarticulado notoriamente a un grupo
dedicado al delito de la extorsión, con miembros ex guerrilleros, como su
cabecilla y muchos "reinsertados" (personas cuyas acciones delictivas
fueron perdonadas a fines de la década de los ochenta) que ahora han
mostrado un gran afán de colaboración con quienes fueron alguna vez sus
coidearios y que ahora creyeron encontrar una forma de enriquecerse con
técnicas y estrategias que aprendieron en sus tiempos de
insurgencia.(GCG)
Investigaciones
-Las investigaciones para dar con los secuestradores recorrieron los
cuatro costados de Colombia.
-En Pereira, capital del departamento de Risaralda, se detuvo al grupo
más numeroso de implicados en el caso: 19.
-En Medellín, Antioquia, fueron apresados seis bandoleros más; mientras
que en Cali y Pasto, cayeron en manos de los investigadores, cuatro
presos en cada una.
-Tulúa, Pitalito y La Hormiga, cerca de Sucumbíos, fueron sitios donde
las incursiones policiales detuvieron a tres personas en cada caso.
-Dos personas fueron detenidas en Bogotá, otras dos en Mocoa (también
cerca de la provincia de Sucumbíos), igual número en Manizales, abonaron
al largo listado de detenidos.
-En Palermo, Tumaco, Villavicencio y Cúcuta se produjo una aprehensión.
-Los siete presos más que logró la Policía del Ecuador en la zona de
Sucumbíos y Orellana, antes de que fueran liberados los rehenes, y
quienes aportaron pistas sobre el paradero de los secuestrados y captores
son abastecedores y correos humanos, de acuerdo con la conclusión final
de las indagaciones policiales.
-No existe ningún ecuatoriano en la cúpula del grupo que planificaba y
ejecutaba el plagio.
El caso más macabro de los secuestradores
A comienzos de año, en Argentina, familiares del técnico de ese país
secuestrado en Pompeya, comenzaron a dar declaraciones a la prensa sobre
su inminente liberación, luego de haber llegado a un acuerdo. El 31 de
enero se comprobó que esa liberación aún no estaba cerca.
Ron Sanders, estadounidense, de 55 años, apareció muerto con huellas de
cinco balazos, uno mortal en la nuca, a las 08:00 del 31 de enero en la
cooperativa El Cóndor, en el sector de San Pedro, al norte de Lago Agrio.
El cuerpo fue hallado cerca del río El Conejo, una zona de influencia de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según fuentes de
Inteligencia Militar en Ecuador, lo que permitió continuar la
especulación de que los autores del múltiple secuestro podían ser ex
miembros de la guerrilla del vecino país.
El cadáver, al parecer, era la macabra forma en la que los secuestradores
mostraban su disgusto ante la prolongación de las negociaciones. Los
plagiadores obligaron a Sanders a escribir sobre una manta blanca: "Soy
gringo (muerto) por no pago de secuestro compañía HP Pompeya DG". Las
siglas HP hacían referencia a la empresa Helmerich y Payne, de Tulsa,
Oklahoma, para la que trabajaba Sanders.
Con la manta cubrieron el cadáver, que llevaba un overol color caqui y
botas de cuero color café. La misma vestimenta que traía cuando fue
secuestrado en octubre. Junto al cuerpo apareció, además, una cadena con
un candado y las vainas de las balas que acabaron con su vida.
Indígenas fronterizos "mulas" del negocio
Introducían a Colombia el dinero del rescate camuflándolo en su cuerpo y
en cajas de cartón
De las tribus indígenas amazónicas colombianas a las que pertenecen las
familias Jamioy y los Mutumbajoy, afincadas en el Putumayo medio, la zona
más densamente sembrada de hoja de coca en el mundo y uno de los
principales teatros de operaciones del Plan Colombia, salieron las pistas
más sólidas que siguieron los policías para descubrir la estructura de la
organización.
La primera, el 3 de marzo de 2001, dos días después de la liberación de
los siete técnicos petroleros y cinco días luego del pago millonario del
rescate. En Villa Garzón, un poblado del Putumayo, bastante cercano al
límite con Ecuador, agentes antinarcóticos colombianos capturaron a
Emelinda Jamioy y Rosa Jamioy Jacanamijoy, junto con dos menores de edad,
y descubrieron que adheridos a sus cuerpos transportaban la suma de $149
000, en su mayoría en billetes de cien.
Tal situación alertó a los investigadores sobre el modo de introducir
dinero obtenido ilícitamente, y el brigadier general Leonardo Gallego
Castrillón, comandante del Gaula, dispuso intensificar las pesquisas,
aunque al conocerse de las capturas, la frecuencia de los envíos de
dinero, disminuyó.
Veinte días después, sin embargo, en una requisa efectuada en Villa
Garzón, igualmente, los gendarmes antinarcóticos detuvieron a las
hermanas Bella Edilma, Inés y Flor Alba Mutumbajoy Jamioy, cuando junto a
otra menor de edad, transportaban un total de $120 000 en billetes de
cien, adheridos al cuerpo, en unos casos, y en otros, guardados en cajas
de cartón que aparentaban ser cargas.
La comprobación de que se trataban de las mismas series utilizadas para
pagar los rescates, hizo que los agentes montaran pacientes acciones de
seguimientos, escuchas, fotos y filmaciones. Así, el 25 de mayo caería
detenido en Buga, por acción de la policía de carreteras del valle, Henry
Jamioy Quistial, otro miembro de la familia a quien lo primero que lo
delató fue la incoherencia entre sus rasgos indígenas con el nombre
ficticio que utilizaba: Brayan Anderson Ramírez Valencia. Este, además,
está solicitado por la justicia colombiana que ya lo había sentenciado a
38 años de prisión al encontrarlo culpable de secuestro, homicidio y fuga
de presos.
De esa manera, los parientes llevaron a la Policía hasta José Mutumbajoy
Jamioy, conocido con el alias de "Fujimori", por su aspecto físico, el
que tenía un papel más trascendente dentro de la organización, pues se
pudo constatar que este indígena colombiano, capturado en Mocoa,
Putumayo, y ex militante del Ejército Popular de Liberación, desintegrado
a fines de los ochenta, era el tercer jefe principal de la banda de
secuestradores. El brazo militar, amplio conocedor de la selva que
cruzaba el río limítrofe con facilidad, y disponía los desplazamientos y
las acciones de control, como aquella de ponerles cadenas en las noches
para que no intentaran escapar.
"Con los detalles configuramos la organización y definimos las
actividades que cumplían, como autores intelectuales, patrullajes,
financistas, labores logísticas, comunicaciones, testaferros, cuando
terminamos los seguimientos de inteligencia, activamos la fase operativa
que llevó a los allanamientos y las capturas", recuerda el general
Gallego.
Y a pesar que en el camino les causó desconcierto constatar que el grupo
tenía al menos 18 enlaces principales, llegaron a las cabezas: John
Freiman Agudelo Granada, alias "Mono" o "El Mafioso", era el segundo al
mando y el organizador de toda logística y contactos para mantener a los
cautivos sin ser detectados. Su captura fue posible en la población de
Barbacoas, departamento de Nariño, limítrofe con Ecuador. Y finalmente,
llegaron hasta el contacto más alto, en Cúcuta, donde pudieron localizar,
con paciencia, a Gerardo Herrera Iles o Carlos Enrique Gómez Rodríguez,
alias "Germán", el cabecilla principal e ideólogo, ex miembro también del
EPL, y quien había preferido refugiarse en Venezuela
Elaboraron matrices de asociación y quedó claro entonces el modo de
operar. Estas demostraron la frecuencia e intensidad de los contactos
entre ellos y los niveles de responsabilidad que evidencian. Herrera,
quien conocía el Putumayo y se había especializado en su pasado
guerrillero en acciones de sobrevivencia, acudía a su ex compañero de
armas Mutumbajoy "Fujimori", y a Agudelo para organizar un rapto por año,
que les dejara suficiente dinero. Y desde 1990, su sitio preferido para
hacerlo era la zona amazónica y petrolera del Ecuador, donde, en su
primer plagio a un técnico, se les pagó sin mayores problemas $65 000.
Organizaban el grupo que, por numeroso, procuraban no prolongar las
acciones (allí se entiende la decisión que estos tres habrían tomado para
asesinar a Ron Sanders y precipitar un final) y luego repartían el dinero
obtenido, para enseguida replegarse hacia Colombia, de donde todos eran
originarios. Y en el último caso, se desplazaron en 14 ciudades
distintas. (GCG)
La estrategia: lanzar gritos guerrilleros
Gerardo Herrera Iles o Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias "Germán", el
cabecilla principal e ideólogo es definitivamente el número uno de este
grupo criminal porque todos los caminos conducían a él, según
determinaron las investigaciones policiales. Ya en otros casos estaba
identificado como miembro de equipos que cumplieron los secuestros, pero
en otros estaba también claramente en la cúpula, como en el secuestro, en
la misma Amazonía ecuatoriana, de otros técnicos petroleros en Tarapoa.
"Ha quedado claro que realmente es el cabecilla", asegura el general
Leonardo Gallego, quien señala que ya Herrera lo ha admitido ante las
autoridades. Ex militante del Ejército Popular de Liberación (EPL), un
grupo guerrillero prochino de los años ochenta, fue experto en
supervivencia en selva, especializado precisamente en la insurgencia.
Y la cúpula que este encabezaba, según las investigaciones del Gaula, fue
la que decidió mandar un mensaje extremo a los negociadores al asesinar a
Ron Sanders y taparlo con una sábana en la cual se alertaba el motivo de
su muerte: no haber accedido al pago del rescate y mantenerse en una
propuesta económica que consideraban demasiado baja.
El grupo criminal comandado por Herrera usaba como estrategia lanzar
proclamas guerrilleras en el momento de realizar sus secuestros, y así
desviaba el rumbo inicial de las pesquisas. Se habían planteado dar un
gran golpe por año y se tomaban su tiempo para hacer su propia
"inteligencia".
Es por eso que a La Bermeja llegaron con una lista con los nombres de
quienes debían ser secuestrado. (GCG)
Dólares, pesos y certificados de depósitos fueron hallados
Aproximadamente un millón y medio de dólares, entre efectivo y
documentos, poco más del 10% del total de lo pagado por el rescate de los
siete petroleros, es lo que ha logrado recuperar la acción conjunta de
las policías de Ecuador y Colombia, y el FBI norteamericano.
"Ocultos en lavadoras, tumbados y hasta agujeros, encontramos los fajos
de billetes de $100 que poco a poco nos fueron armando el rompecabeza",
recuerda el coronel Ricardo Restrepo, quien estuvo al mando de las
acciones de campo cumplidas en catorce ciudades colombianas.
En efectivo, los agentes recuperaron $1 188 626 y 109"174 000 pesos
colombianos. En Certificados de Depósitos encontraron el equivalente
256"600.000, facturas por 95"172 472 de pesos. Y consignaciones bancarias
por un monto de 33"572 000 pesos.
El resto del dinero, que ya fue distribuido entre los 57 ahora presos y
otros treinta que calcula la Policía también actuaron y no están todavía
tras las rejas, se presume que en su mayoría está en Colombia, mientras
que se estima que todavía hay ciertas cantidades que estos deben tener
escondida en la selva amazónica ecuatoriana, en donde fue entregado el
pago del rescate, en la zona de La Bermeja.
"Ellos exigieron que el pago se haga en billetes de $100, precisamente
para que sea un volumen manejable. La idea es lavarlo en Colombia, sobre
todo entre quienes viajan y prefieren también llevar billetes de alta
denominación. Pero seguimos tras la pista", expresó Restrepo. (GCG)
Los extraditables por casos de secuestro
Cinco de los detenidos son extraditables. Por primera vez, Colombia
podría extraditar a los Estados Unidos a cinco de detenidos por casos de
secuestro, y estos son precisamente del grupo que encabeza Gerardo
Herrera alías Carlos Gómez.
El FBI ha seguido de cerca el caso, especialmente porque en el último
secuestro, de La Bermeja, estuvieron cautivos a cinco norteamericanos, y
a uno de ellos, el técnico Ronald Sanders, lo asesinaron el 31 de enero
de 2001, para presionar el pago del rescate de parte de la Multinacional
Helmerich y Payme Erickson Crane y Schulemberger Ltda, que hacía trabajos
para la Repsol YPF.
Junto con Hererra están entre los extraditables Henry Jamioy, Juan Luis
Bravo, José del Carmen Alvarez y Cristobal Alvarado Herrera. El
seguimiento policial determinó que esta organización se dedicó al plagio
selectivo de extranjeros vinculados a multinacionales. (GCG)
Los casos que estremecieron
El grupo planeaba un secuestro masivo cada año y, al parecer, estaban
cumpliendo su cronograma
Diez técnicos petroleros fueron secuestrados a las 04:00 del 12 de
octubre de 2000, a bordo de un helicóptero Superpuma de la empresa
Aeromaster; en el sector conocido como Pompeya, en los límites de las
provincias de Sucumbíos y Orellana, zona cercana a la frontera con Perú y
Colombia. El presidente de la República encargado, Pedro Pinto, atribuyó
en un primer momento el hecho a la guerrilla colombiana de las FARC,
aunque voceros de esa organización lo negaron. De acuerdo con lo que se
conoce, señaló Pinto, este suceso se produjo "como una represalia por la
aplicación del Plan Colombia".
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dio a conocer una nómina de
diez personas secuestradas, en la que se menciona a los ciudadanos
norteamericanos Demmis Correy, Steve Derry, Jason Wavey, David Bradley,
Ron Sanders y Arnold Arfold; a los franceses Jean Louis Froidurot, Jany
Marcellyn; al chileno Germán Schultz; y al argentino Juan Rodríguez.
Tan pronto como se informó del secuestro, las Fuerzas Armadas
ecuatorianas, en coordinación con la Polícia Nacional, montaron un
intenso operativo de patrullaje y búsqueda de las víctimas y de la
aeronave. La Embajada de Estados Unidos, en un comunicado de prensa, se
mostró "profundamente preocupada por el secuestro" y anunció que estaba
trabajando en estrecho vínculo con el Gobierno ecuatoriano para obtener
la libertad de los rehenes.
El helicóptero Superpuma fue encontrado días más tarde en el sector
denominado "La Bermeja", en el Putumayo ecuatoriano, cerca del mediodía
del 13 de octubre. Esa población está ubicada en la ribera del Río San
Miguel, a unos 15 kilómetros, aguas arriba del puente internacional
inaugurado por esas mismas fechas por los presidentes Pastrana y Noboa.
La Cancillería, las Fuerzas Armadas y la Presidencia de la República
conformaron un comité de crisis para coordinar las acciones de búsqueda.
Cuatro días más tarde, los franceses Jean Louis Froidurot y Janny
Marcellin lograron escapar.
Llegan con las caras pintadas...
El primer secuestro múltiple ocurrió el 11 de septiembre de 1999, en
Sucumbíos. Doce sujetos armados, con las caras pintadas, interceptaron a
siete canadienses, un estadounidense, tres españoles y una belga
canadiense, en el kilómetro 58 de la vía Lago Agrio-Tarapoa, en la
provincia de Sucumbíos.
Los secuestradores montaron un retén en la carretera, similar a los que
instala la guerrilla colombiana cuando desea secuestrar a extranjeros.
Los canadienses y el estadounidense prestaban sus servicios como técnicos
en la empresa United Pepeline, a su vez subcontratista de la canadiense
City Investing, que realiza trabajos de mantenimiento del Sistema del
Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).
Los uniformados se internaron en la selva con sus rehenes y en esa
operación asesinaron a un soldado ecuatoriano que intentó detenerlos.
El 26 de septiembre, sorpresivamente liberaron al español Ander Mimenza,
con un mensaje para las empresas petroleras, en el que les recomentaban
el pago del rescate. Y el 9 de octubre, María de Jesús Mimenza y Jesús
María Maguna Goycoechea, y la belga canadiense Sabine Roblaine, también
fueron liberados. Parte de la estrategia de los secuestradores fue
mostrarse como parte de un grupo guerrillero, desviando las
investigaciones
Siguieron en poder de sus captores los canadienses Barry Mayer, Steven
Brent, Neil Barber, Colin Frazer, Rob Dumbar, Grant Rankin y Brant
Scheeler y el estadounidense Leonard Carter. En esa ocasión, las empresas
petroleras tuvieron que pagar $3,5 millones por el rescate de los
plagiados. (JT)
¿Cómo se arman las piezas de un juego siniestro?
De entre los detenidos, la Policía ha identificado como autores directos
del último secuestro de Pompeya a 18 personas, mientras que otros 31
aparecen comprometidos en testaferrismo (prestarse para adquirir bienes),
lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
"Se ubicaron e identificaron 50 inmuebles, en los cuales residen o
permanecen los comprometidos directa o indirectamente en los hechos, y en
los cuales se presume existen evidencias materiales y documentales sobre
los secuestros", explica el general Leonardo Gallego, de la Policía
colombiana.
Así, los capturados en Colombia han sido clasificado en cuatro categorías
dentro de la actividad criminal que desarrollaba el grupo en distintos
países fronterizos.
A cargo de la custodia de los secuestrados y a órdenes de "Fujimori"
estuvieron Juan Luis Bravo alias "Juancho", Jorge Jamioy, alias
"Gustavo", Ancizar Muñoz "El Flaco" y Jerson Alexander Vargas Burbano "La
gallina"; todos ellos detenidos en Pereira. También Oscar Jamioy, alias
"El Loco", William Armando Riascos Quistial "Alberto", preso en Pasto,
Germán Agudelo "Mancho", detenido en Pensilvania, Caldas, y Nolberto
Montoya "Tatareto", capturado en Puerto Venus, Caldas.
En los enlaces de comunicaciones, con los negociadores y entre ellos,
estuvieron los ahora detenidos Darío Montoya "El Paisa", detenido en
Puerto Venus, Caldas, y Jon Neder Vargas Burbano "Joselito", preso en
Pereira.
Abastecedores, o enlaces logísticos fueron Zenayda Agudelo Ocampo, presa
en Pereira, y José Roberto Tonguino, capturado en La Hormiga, Putumayo,
muy cerca de Ecuador.
Mientras que en el grupo de los financieros, aquellos que al inicio ponen
el dinero necesario para la manutención de los secuestrados, y que
esperan recuperarlo con un recargo del 50%, están Alonso Agudelo y
Cristóbal Alvarado Herrera "Crìstofer", ambos localizados en Pereira, y
Henry Jamioy " El Negro", capturado en la ciudad de Cali.
Todo fue planificado hasta el último detalle, pero una vez cobrado el
rescate dejaron caer las pistas por las que finalmente los capturó la
Policía. (GCG)
ANALISIS
La mina de oro de los secuestradores
La amplia investigación conjunta de las policías de Ecuador, Colombia y
los Estados Unidos, siguiendo el rastro de quienes cobraron un rescate de
$13 millones por devolver a siete técnicos petroleros, parece confirmar
plenamente que este país se ha convertido en un mercado importante para
la delictiva industria del secuestro selectivo.
Sobre todo porque el rastro permitió localizar indicios que datan de
1990, en acciones de la banda liderada por Gerardo Herrera en la selva
amazónica, en desmedro de la integridad y seguridad de los técnicos que
laboran en las empresas petroleras.
La amplia pesquisa, desarrollada en dos provincias del Ecuador y diez
departamentos de Colombia, que necesitó de allanamientos en 14 ciudades
del vecino país y capturó un total de 59 personas, 52 de ellas
colombianas, da sin embargo un respiro a la seguridad interna, pero debe
al mismo tiempo constituirse en voz de alerta para impedir que esa
industria de la retención forzosa, que en Colombia mantiene actualmente
al menos a 3 000 personas en su poder, eche raíces aquí.
Ha quedado evidenciado con la gigantesca indagación que quienes la
ejecutan en la selva son indígenas colombianos que conocen plenamente su
territorio y también el vecino, Sucumbíos y Orellana en el Ecuador, donde
sus relaciones raciales y de parentesco no tienen -nunca han tenido en
realidad- limitaciones. Por tanto, el caso puede también servir como
evidencia de que la corrupción que genera el proceso violento que por
décadas sufre Colombia, empieza a expandirse con afanes lucrativos
capaces de llegar al asesinato (como ocurrió con el norteamericano Ron
Sanders) con tal de conseguir su cometido.
Lo más preocupante del asunto es que, pese a la dimensión que muestra el
presente caso, no hay pronunciamientos ni acciones estatales que nos
dejen notar que se hace algo para desterrarlo. Al conocer los detalles,
es notorio que la participación de la Policía ecuatoriana en el
desarrollo de la indagación tuvo fuerza solo en el impulso inicial, y que
la tarea conjunta fue, definitivamente, una iniciativa del FBI, debido a
los cinco norteamericanos que los delincuentes mantenían entonces bajo su
poder. (GCG)
Las encomiendas pasarán a manos del Estado, según Ley de Aduanas
"Regrese dentro de quince días", "Llame mañana", "La mercadería se
encuentra en el Puerto Marítimo, pero le falta una firma", fueron algunas
evasivas que Fanny Martínez, guayaquileña, quien tiene familiares en
Queens, EEUU, recibió días atrás de uno de los empleados de Ecuatoriana
Express (fundada en 1992 y registrada en la CAE), empresa de correo
paralelo que sorpresivamente cerró sus puertas en el país y Norteamérica,
la semana anterior.
Hace más de un año, un hermano le envió, a un costo de $205, una
encomienda con número de guía 2433, que contenía ropa y zapatos avaluados
en más de $500.
Ella es una de los más de 5000 ecuatorianos afectados.
En Cuenca, ciudad donde se inició el escándalo, el perjuicio sobrepasaría
los ocho millones de dólares, según los perjudicados.
"Son más de 600 personas, solo de carga, y más de 400 que enviaban
encomiendas y cosas pequeñas", dijo Luis Pesántez, que llegó desde los
Estados Unidos para averiguar sobre su mercadería.
Pesántez envió una caja el 21 de julio del 2000, la cual contenía un
equipo de sonido, un televisor de 27 pulgadas, discos compactos y ropa.
Los perjudicados sostienen que en la sucursal cuencana, ubicada en el
pasaje Hermano Miguel, al centro de la ciudad, ningún ejecutivo ha dado
la cara, ya que desde el 8 de junio anterior, los dueños sacaron todo el
mobiliario. Incluso, han conformado un comité para impulsar el proceso
judicial, a cargo de Leonidas Márquez Palacios, presidente del grupo de
afectados.
Por su parte, el Juez Primero de lo Penal del Guayas, Angel Rubio, y
Rafael Esteves, defensor de los perjudicados en Guayaquil, hicieron el
lunes pasado un allanamiento a las oficinas, ubicadas en la ciudadela
Adace, calle Quinta 101 y avenida de las Américas; y Clemente Ballén y
Escobedo, ante la presencia de varios denunciantes.
En las instalaciones, se encontraron paquetes envueltos con cinta
aislante que fueron entregados como parte del proceso penal.
Rubio dictó orden de prisión a los presuntos responsables del delito,
Germán Hernández Cajiao, gerente o representante de la compañía; Rossi
Macías y los esposos Mario Hernández Cajiao y Karina Jamed Macías, y
prohibió su salida del país.
No obstante, el representante legal de Ecuatorian Express, Bayardo Moreno
Piedrahíta, atiende en Quito y Cuenca las múltiples denuncias de los
perjudicados, sin resultados positivos.
Al parecer, el perjuicio se extendería a otras ciudades, como Ambato,
Manta, Latacunga, Machachi, Macas, Azogues, Cañar y Loja.
Sin embargo, la Corporación Aduanaera Ecuatoriana (CAE) registra un total
de 34 correos paralelos legales, mientras que los "correos fantasmas"
suman unas cuarenta y dos agencias.
Continúan demandas
Hasta el momento, 130 denuncias en contra de Ecuatoriana Express se han
tramitado en los juzgados Tercero, Cuarto, Octavo, Noveno, Décimo,
Decimosegundo, Decimotercero y Vigésimo de lo Penal del Guayas.
En una providencia dictada el jueves anterior por el Juez Fiscal de
Aduanas del Guayas y Galápagos, Hanníbal Vela Bajaña, se mencionó que la
agencia incurrió en el delito de ofrecer servicio de envío por vía
marítima, lo cual es penado por la ley, de acuerdo con los requerimientos
de la CAE, e inició autocabeza de proceso contra los ejecutivos,
cómplices y encubridores por supuesta evasión de tributos.
Ayer, en horas de la mañana, se abrió de uno de los tres contenedores de
40 pies de la agencia y se inició el inventario y avalúo de la carga
correspondiente. Según las investigaciones, la mercadería podría entrar
en remate, si se comprueba el delito de tráfico ilícito de mercancía y
evasión tributaria, tipificado en el artículo 82 de la Ley de Aduanas,
pues ahora los bultos pasarán a ser propiedad del Estado. (CHM-RMT)
CAE imvestiga delito
La Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) es la única autorizada para
controlar la actividad de los couriers desde los aeropuertos, procediendo
a chequear la mercaderia declarada del usuario y denunciar ante el juez
fiscal de aduanas si hay algún tipo de irregularidad en el envío, dice
Luis Durán, director distrital de la entidad.
La Ley Orgánica de Aduanas dispone en su reglamento que los permisos de
funcionamiento estén en un lugar visible.
Las agencias denunciadas, Saete y Ecuatoriana Express, incurren en
"delito aduanero" porque la actividad que generan no es aérea sino
marítima, y ello se considera ilegal, enfatiza Durán.
Explica que la Ley de aduanas permite dos maneras para enviar carga
marítima: la full container, mercancias de un consignatario; y la FCL,
para empresas dedicadas a la consolidación de carga.
"Hay empresas, nacionales y extranjeras que publicitan su servicio donde
hay usuarios que lo compran y "acá solo son receptores".
"El ilícito cometido por los courier se debe a que han declarado ante la
aduana como que la mercadería es para muchos usuarios, por lo tanto no es
propiedad de la empresa, sino de terceros", comenta.
"No podemos determinar si existen "correos piratas", mientras no se
comprueben ilicitos en nuestras instalaciones primarias". (CHM)
"Saete Courier" se suma a otras 42 agencias ilegales en el país
Otro grupo de más de 50 perjudicados acudió a la oficina de Rafael
Estévez Moncayo, ex ministro juez y defensor de los afectados, para
demandar a Saete Courier Express (agencia ilegal, dedicada al sistema de
envío marítimo) que tiene sucursales en Guayaquil, Quito, Portoviejo,
Ambato, Azogues y Cuenca; y oficinas en ciudades americanas como Queens,
Brooklyn, New Yersey y Miami.
"He esperado más de un año y no me entregan mi encomienda. Iba a demandar
hace tres meses a César Madrid, propietario, porque no cumplió con su
palabra", señaló con lágrimas Luis Hernández, perjudicado con más de
$700.
El Juez Rubio ordenó el allamiento de las oficinas de Saete Courier,
ubicada en la ciudadela Kennedy, al norte de Guayaquil, a la intendencia
de Policía del Guayas. Allí se encontraron varios paquetes, cartones y
maletas que serán entregados posteriormente a sus dueños, después que los
peritos judiciales realicen el inventario de rigor.
Por otra parte, Walter Espinel Jaramillo, propietario de J&B Express de
Guayaquil, empresa legal, señaló que existe confusión y que la compañía
americana "J&B Cargo", de New York, es la que estaría perjudicando a la
ciudadanía y no la que él administra, pues solo envía pequeños paquetes
de hasta 2 kilos de peso.
"Nosotros sí estamos cumpliendo con los clientes. Las personas deben
cuidarse de las agencias fantasmas", dijo Espinel. (CHM)(Texto tomado de
Blanco y Negro)
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