Las últimas reformas al Código Penal, en el capítulo de delitos sexuales, dejaron tres "hoyos" que impiden que la reforma sea íntegra y a favor de la niñez y las mujeres. El estupro se mantuvo y, para las organizaciones de defensa y protección a los niños y niñas, es la figura que facilita evitar la acusación por violación. Igual se dejó de lado la acusación por embarazo y esterilización forzados. Por tanto, se plantea una nueva reforma.
Elsa Beatriz, madre a los 13
El caso de esta menor es una denuncia de las cinco mil que anualmente se hacen en el Ecuador de violencia y abuso sexual contra menores de edad, en diversas entidades. Las organizaciones de protección señalan: la cifra puede ser mayor
En julio se cumple un año de la partida forzada de Elsa Beatriz. Vivía en Chillanes, provincia de Bolívar; había dejado la escuela y se dedicaba a trabajar como cocinera en una casa particular.
No había cumplido los 13 años y Nelson Daquilema Toabanda, de 18, se la llevó a Quito. Antes, los padres sospechaban que algo ocurría entre los dos, pero no le dieron mucha importancia. Solo sintieron la gravedad del asunto cuando Elsa Beatriz desapareció. Pocos meses después, ella quedó embarazada. En dos semanas más podría dar a luz, pero nadie garantiza que la salud de ella y su hijo soporten el parto.
Daquilema le ha dado palizas, la ha dejado sin comer durante ocho días. En un centro médico de Chaguarquingo le advirtieron que era un embarazo de alto riesgo. Cuando llevaba cinco meses de embarazo, la niña comentó a una de sus tías que le dolía todo el cuerpo. Daquilema la golpeaba en el vientre.
Y no era el único caso de este tipo en su familia: Verónica (19), hermana mayor de Elsa Beatriz, también fue raptada y golpeada por Jorge, el hermano de Nelson. Ahora ellos viven en Guaranda, con una niña de ocho meses, a la cual el padre la golpeó varias veces y hasta le dieron convulsiones. Lo mismo hizo otro Daquilema con la hermana mayor de todas: Mónica, de 21 años.
Los testimonios de los familiares de Elsa Beatriz revelan que los hermanos Daquilema están acostumbrados a llevarse a menores de edad, dejarlas embarazadas y luego abandonarlas, "para no comprometerse con nada".
El 10 de agosto pasado, el padre de Elsa Beatriz, Gerardo, hizo la denuncia por rapto en la Policía Judicial y en la Fiscalía, pero solo hasta la semana que culmina se pudo acelerar el trámite por la presión de los vecinos y amigos de la familia. Todos ellos temen por la vida de Elsa Beatriz. Claro, Gerardo también, por la suya: los hermanos Daquilema, con sus amigos del barrio Chaguarquingo le han amenazado de muerte si denuncia a la Policía. Hace cinco meses, lo arrinconaron en una esquina y le soltaron la advertencia.
Una de sus tías, Teresa, vivió de cerca cómo Daquilema maltrataba a su sobrina. Era su vecina y solo la separaba una puerta: "Ese tipo no trabajaba, no hacía nada, solo pasaba metido en la casa y mi marido y yo les dábamos desayuno, almuerzo y merienda. Un día mi esposo me dijo que les estábamos malenseñando. Entonces, dejamos de darles de comer. Ahí fue cuando se encerraron en el cuarto durante ocho días y no salieron para nada. No se oía nada, pero, al salir, la Elsa tenía los ojos bien llorados". Todo ello ocurrió hace unos cuatro meses, en el barrio Chaguarquingo. Luego, Daquilema se la llevó para Tumbaco, a una finca, ubicada en la zona de Collaquí.
El 21 de abril de 2005, un amigo del barrio llevó a Gerardo hasta la Junta Metropolitana de Protección de Derechos, del Distrito Metropolitano. En la denuncia número 079-JMPD-05 se describe la situación de Elsa Beatriz y se solicita que la niña "sea localizada, trasladada provisionalmente a una casa de protección de adolescentes embarazadas, para su posterior reingreso a la casa paterna, una vez que se asegure que el señor Daquilema y sus hermanos no van a allanarlos nuevamente y una vez que se le proporcione la asistencia psicológica que requiere".
En el mismo documento, firmado por Ernesto Delgado, miembro de la Junta, se solicitaba la intervención de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapén), el envío de la menor a la Casa Mercedes de Jesús Molina, en San Carlos de Alangasí, y que la Fiscalía incorpore la denuncia en el expediente presentado por Gerardo en agosto de 2004.
Sin embargo, no pasó absolutamente nada desde esa fecha. Ahora, Gerardo está dispuesto a recuperar a su hija y que se sancione penalmente a Nelson Daquilema, pues su hija está a punto de dar a luz y teme por su vida. El pasado jueves aceptó reactivar la denuncia y el viernes, por la mañana, llegó a la Fiscalía de Pichincha.
Como el caso fue denunciado primero en la Unidad de Delitos contra la Vida, se reinició en esa instancia; pero legalmente ahora le corresponde a la fiscal de Delitos Sexuales, Alva Lucía Moreno.
Con las nuevas reformas al Código Penal, según la fiscal, Nelson Daquilema debería ser procesado por violación, al haber seducido y raptado a una menor de 14 años con fines sexuales. Eso sí, lo que podría ocurrir es que sea sentenciado con una pena no mayor de tres años, cuando por violación debería recibir una condena de 12 a 16 años, si algún juez optara por la figura de estupro, que se mantiene en el Código Penal, puesto que el acusado podría justificar haber actuado con consentimiento de Elsa Beatriz.
El fiscal Henry Estrada dispuso ayer en la instrucción fiscal número 4003-2.004-Hem, que el juez primero de lo Penal de Pichincha, Antonio Guerrero, autorizara "el allanamiento del inmueble que se dice queda ubicado en la parroquia Tumbaco, cantón Quito, barrio Collaquí, calle Los Pinos, pasando el colegio Ameritek, en una finca que se dice cuida el denunciado Nelson Daquilema". Pero al acudir ante el juez, los auxiliares y el secretario del juzgado dijeron a Gerardo que Antonio Guerrero estaba en un seminario y no podía autorizar nada.
Entonces, todo el trámite quedó para la próxima semana. (OP)
La reforma tiene tres "hoyos"
Las entidades de protección y ayuda a niños y mujeres indican que el Código Penal no fue tratado con la suficiente responsabilidad legislativa. Varias figuras legales anacrónicas se conservaron en la ley
Varias organizaciones sociales señalan que quedaron grandes "hoyos" en las reformas al Código Penal sobre delitos sexuales.
Rocío Rosero, directora ejecutiva del Consejo Nacional de las Mujeres (Conamu), indica que el Código arrastra viejas figuras como la del estupro en el artículo 509 ("Llámase estupro la cópula con mujer honesta empleando la seducción o engaño para alcanzar su consetimiento").
Si bien los diputados cambiaron la palabra "mujer" por "persona" (para quitar la connotación machista del artículo), se mantiene la noción de "persona honesta" que, según Rosero, "está sujeta a la subjetividad (la honestidad) y no a un hecho objetivo (la integridad sexual)". La figura implica discriminación en el juicio, pues la víctima debe probar ese "honor". Si no puede hacerlo, el consentimiento de la persona se sugiere, el delito desaparece y el culpable es salvado.
El Conamu subraya la omisión de las figuras de embarazo y esterilización forzados. Silvia Amores, abogada de la institución, dice que estos crímenes (que se refieren al embarazo o a la esterilidad como formas de amenaza, manipulación, o como armas de guerra) se contemplan en artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, firmado por el Ecuador en febrero de 2002, por lo que se los debería tener en nuestra legislación.
El Conamu también pide la derogación del artículo 508 sobre atentados al pudor, que se dejó mientras que se eliminó el resto (505, 506, 507 y 511). Además, la organización solicita que se revisen los errores de transcripción del Código, para evitar la malinterpretación de la ley . (GGS)
Hay que incorporar nuevas figuras
No al veto de las nuevas leyes
Luis Fernando Torres es el nuevo presidente de la Comisión de lo Civil y lo Penal en el Congreso Nacional, y con él se aprobaron las reformas en la nueva codificación sobre los delitos sexuales.
¿Cuáles son, a su criterio, las principales reformas que se hicieron al Código Penal?
Las reformas más importantes son aquellas que hoy sancionan, con penas bastante altas y drásticas, el abuso sexual, la trata de personas con fines sexuales, el turismo sexual y la pornografía infantil. La extensión de las penas más altas va entre los 16 y los 25 años de reclusión, pudiendo acumularse hasta los 35 años.
Según algunas organizaciones femeninas hay ciertos "hoyos negros" en el Código de la Niñez, sobre todo en el caso del estupro.
No, eso es falso. Sí se reformó esa figura, a pedido de las diputadas mujeres. Anteriormente, el estupro tenía como víctima únicamente a la mujer honesta. Hoy, víctima del estupro puede ser una mujer o un hombre.
Sin embargo, se dice que el estupro "diluye" el delito sexual y es un escape legal utilizado para legitimar la impunidad de una violación.
No es así, en el Código, el abuso sexual es un acto en el
cual no hay acceso carnal. En la violación hay acceso carnal en un hombre o mujer menor de 14 años. El estupro puede cometerse con una persona mayor de esa edad cuando alguien tiene relaciones utilizando para ello el engaño y la simulación, de tal modo que son tres conductas diferentes que se distinguen entre sí.
¿Pero no se podría decir, a través del engaño que implica el estupro, que la persona consintió el acto?
Hay que diferenciar. Una cosa es el sometimiento de una persona a otra y otra distinta el engaño para llegar a la relación. En un caso se sancionaría como abuso sexual y, en el otro, como un estupro.
¿Cree usted que el presidente Alfredo Palacio debe vetar las reformas?
Espero que no vete las reformas, porque, de lo contrario, se evitaría concretar la vieja aspiración de varios sectores ciudadanos y de la opinión pública en general, de sancionar a todos los involucrados en cualquier crímen de índole sexual.
¿Qué faltó en el Código y qué se puede mejorar en él?
Habría que incorporar figuras que ya están reguladas en la legislación mundial como, por ejemplo, las conductas relacionadas con el manejo de embriones, que tiene que ver con la Bioética. No obstante, el Congreso no tiene toda la información necesaria para poder tramitar un proyecto de esa envergadura. A futuro habrá que tramitarlo. A mi criterio, el poder Legislativo ha hecho bastante respecto al Código, aunque aún falta más trabajo al respecto. Esperamos que con la participación de toda la ciudadanía podamos impulsar el Código sin mayores problemas. (GGS)
El país depende de buenos jueces
En dos meses se hará otra propuesta
El diputado Ernesto Pazmiño, de la Izquierda Democrática, ha trabajado con organizaciones de protección a los niños, niñas, adolescentes y mujeres, en el proceso de aprobación de las reformas al Código Penal en el capítulo de delitos sexuales. Fue uno de los legisladores más activos en la preparación y debate del nuevo proyecto.
¿Qué valora como positivo en las reformas al Código?
Lo principal fue incorporar nuevas figuras como la pornografía infantil (que no estaba tipificada), el abuso sexual a menores de edad, la explotación sexual (principalmente con fines de prostitución a menores de edad), la rufianería (el crimen de subsistir con las ganancias de la explotación sexual). También se tipificó como delito el turismo sexual. Además, se reformaron los artículos sobre la violación para que las penas, cuando las víctimas son menores, sean más drásticas. Las reformas son fundamentales, pero el país no solo depende de buenas leyes, sino de buenos jueces que las apliquen.
¿Qué faltó en el Código y qué se puede mejorar en él?
Algo que no contempla la reforma presentada es sancionar a la demanda, a la persona que paga para tener acceso a las relaciones sexuales con menores de edad. Solo se castiga al negociante, pero no al cliente.
Por ello, estamos conversando con algunas instituciones, como el Conamu y la Unicef, para elaborar una nueva propuesta de reformas al Código Penal. Esto se realizaría en uno o dos meses.
También se podrían redactar mejor las figuras sobre el abuso sexual. Por ejemplo, el obligar a un niño a tener una relación (con o sin acceso carnal) con una tercera persona. Esto sucede mucho en el país, sobre todo en las escuelas, donde se han registrado actos sexuales entre menores forzados por un adulto.
Según algunas organizaciones, hay otros "hoyos negros" en el Código como la figura del estupro, que quedó en la ley y que puede desvanecer el delito de violación.
Sí, dejar al estupro fue un error. Se debe borrar esta figura anacrónica mantenida en la codificación desde hace 68 años. Con ella, muchos delitos sexuales quedaron impunes, pues era descrita como la cópula carnal con mujer honesta. A veces, la víctima no podía probar ese subjetivo "mujer honesta".
En el nuevo Código se ha cambiado, en el artículo del estupro, la palabra "mujer" por "persona" honesta. Esto no cambia mucho el contenido de la figura típica, pues tenemos abogados "bandidos" que interpretan la ley extensivamente para favorecer al agresor. Los jueces también se aprovechan para no sancionar las acciones sexuales delictivas.
¿Serán vetadas las reformas por el presidente de la República, Alfredo Palacio?
Sí, parcialmente, pues con un veto parcial se podrían mejorar las figuras con un poco más de tranquilidad. (GGS)
¿Las nuevas reformas son un mero paliativo?
Los organismos de protección a niños y adolescentes ven inútil su trabajo si luego de realizar la atención y poner la denuncia los jueces no aplican bien la ley
Samanta, una niña manabita de 14 años, fue violada el 4 de octubre de 2003 por un adulto y dos menores de edad en una fiesta mientras estaba inconsciente. El adulto acusado está siendo juzgado por estupro, figura legal que se mantiene en el Código Penal porque los diputados no la reformaron tal como demandaban las organizaciones de defensa y protección de niños, adolescentes y mujeres.
El agente fiscal concluyó, el 17 de noviembre de 2003, que el mayor de edad había cometido violación, tal como indica el artículo 512 del Código Penal.
El 2 de julio de 2004, el juez tercero de lo Penal de Manabí dictó el llamamiento a juicio contra el acusado, quien apeló a la Corte Superior de Portoviejo y el caso se radicó en la Primera Sala Especializada de lo Penal. Aquí, la acusación por violación se cambió por estupro, según reza el artículo 509. La decisión se tomó por dos votos contra uno.
La violación se castiga con reclusión mayor extraordinaria de 12 a 16 años y, con reclusión mayor ordinaria de ocho a 12 años, mientras que el estupro solo se castiga con prisión de tres meses a tres años si la persona es mayor de 14 y menor de 18. Si es menor de 14 y mayor de 12, se sanciona con cárcel de dos a cinco años.
El juicio continúa hasta hoy. Al cambiar la figura de violación por la de estupro, el delito real, según los padres y los acusadores, se desvaneció y asimismo se dio por hecho el consentimiento de Samanta. Los abogados de la menor plantearon una demanda por prevaricato en contra de los dos jueces que votaron por el cambio de figura legal.
Casos como estos han dado pie a que una de las organizaciones que trabaja en la protección a menores (la Junta Metropolitana de Protección de Derechos) considere que la reforma debió ser más radical.
Esta entidad, desde el 4 de octubre de 2004, ha recibido 214 denuncias. Como se indica en el cuadro: el 52% de las denuncias corresponden a maltrato y 9%, a abuso sexual, solo en el Distrito Metropolitano de Quito.
Ante esa realidad, esta Junta ofrece medidas de protección de los derechos del menor. Para realizarlo, el organismo actúa de oficio (cuando se conoce una situación que amenace los derechos del menor) o por petición de parte (denuncia de los afectados).
Cuando llega el caso (por ejemplo, una denuncia de abuso sexual), se sigue el procedimiento de protección de derechos, que se encuentra en el Código de la Niñez: se recepta la denuncia, se toman los datos y se avoca conocimiento del hecho (lo que consiste en hacer una providencia en la que se disponen medidas de protección emergentes y la citación a audiencia).
Las medidas de protección que la Junta proporciona son boletas de auxilio, y la prohibición al agresor de acercarse a la víctima. Además, se tramitan los retiros de las autoridades de instituciones que hayan consentido el abuso al menor.
La Junta también sanciona de manera administrativa, con multas que van entre $100 y $1 000. Con ese dinero se financiará un fondo municipal de protección integral para la niñez.
"La Junta quiere facilitar la atención y la disposición de medidas haciéndolas más ágiles y cercanas. Para lograr estos objetivos, las reformas al Código Penal serán herramientas de vital importancia", comentó Glenda Jager, miembro de la Junta.
Sin embargo, la funcionaria indica que los diputados, al esperar casi un año para aprobar las reformas, solo saludaron a la bandera el 1.o de junio pasado, cuando, en medio de la premura, pasaron los cambios del Código sin estudiarlos a fondo y en todas sus implicaciones.
Los legisladores, advierte Jager, al demorar la aprobación de las reformas, contradijeron el artículo 48 de la Constitución, donde se indica que "será obligación del Estado, la sociedad y la familia promover con máxima prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos".
Esta acción, anota Jager, fue "una tremenda irresponsabilidad". Finalmente, considera que sin una reforma integral y profunda, las aprobadas ahora serán un paliativo mediocre. (OP-GGS)
PUNTO DE VISTA
Los jueces tienen ahora la palabra
El inusitado debate sobre los delitos sexuales, particularmente contra menores de edad, ha llegado un punto que motiva varias reflexiones desde diversos sectores. Los movimientos de defensa y protección de la niñez, adolescencia y mujeres, consideran como un gran avance las reformas al Código Penal aprobadas por el Congreso, pero creen que son insuficientes.
En cambio, algunos congresistas piensan que la tarea está cumplida. Solo queda por esperar la aprobación o veto del presidente de la República, Alfredo Palacio.
Sin embargo, tras la aprobación de las reformas, tal como lo exhibe este informe, ya no se trata solo de pensar que se ha superado un escollo y se cumplió el deber, aunque sea al apuro y para hacer coincidir con el Día Internacional del Niño. Queda por impulsar todo el proceso social alrededor del tema y, en particular, que los jueces y administración de justicia tomen conciencia de que este tipo de delitos requieren una sensibilidad especial, una atención prioritaria y un tratamiento adecuado. Sin eso, la ley será letra muerta.
Incluso, se requiere una mejor y profunda capacitación, de modo que la urgencia no sea motivo de errores y fallas que luego favorecen a los victimarios. Es importante "aceitar" los trámites para que la burocracia judicial no sea favorecida por quienes, con dinero, poder e influencias, dejan en libertad a los culpables y a las víctimas condenadas para toda la vida.
A toda reforma debe acompañarla un proceso de socialización y concienciación. (OP)(Blanco y Negro)
Elsa Beatriz, madre a los 13
El caso de esta menor es una denuncia de las cinco mil que anualmente se hacen en el Ecuador de violencia y abuso sexual contra menores de edad, en diversas entidades. Las organizaciones de protección señalan: la cifra puede ser mayor
En julio se cumple un año de la partida forzada de Elsa Beatriz. Vivía en Chillanes, provincia de Bolívar; había dejado la escuela y se dedicaba a trabajar como cocinera en una casa particular.
No había cumplido los 13 años y Nelson Daquilema Toabanda, de 18, se la llevó a Quito. Antes, los padres sospechaban que algo ocurría entre los dos, pero no le dieron mucha importancia. Solo sintieron la gravedad del asunto cuando Elsa Beatriz desapareció. Pocos meses después, ella quedó embarazada. En dos semanas más podría dar a luz, pero nadie garantiza que la salud de ella y su hijo soporten el parto.
Daquilema le ha dado palizas, la ha dejado sin comer durante ocho días. En un centro médico de Chaguarquingo le advirtieron que era un embarazo de alto riesgo. Cuando llevaba cinco meses de embarazo, la niña comentó a una de sus tías que le dolía todo el cuerpo. Daquilema la golpeaba en el vientre.
Y no era el único caso de este tipo en su familia: Verónica (19), hermana mayor de Elsa Beatriz, también fue raptada y golpeada por Jorge, el hermano de Nelson. Ahora ellos viven en Guaranda, con una niña de ocho meses, a la cual el padre la golpeó varias veces y hasta le dieron convulsiones. Lo mismo hizo otro Daquilema con la hermana mayor de todas: Mónica, de 21 años.
Los testimonios de los familiares de Elsa Beatriz revelan que los hermanos Daquilema están acostumbrados a llevarse a menores de edad, dejarlas embarazadas y luego abandonarlas, "para no comprometerse con nada".
El 10 de agosto pasado, el padre de Elsa Beatriz, Gerardo, hizo la denuncia por rapto en la Policía Judicial y en la Fiscalía, pero solo hasta la semana que culmina se pudo acelerar el trámite por la presión de los vecinos y amigos de la familia. Todos ellos temen por la vida de Elsa Beatriz. Claro, Gerardo también, por la suya: los hermanos Daquilema, con sus amigos del barrio Chaguarquingo le han amenazado de muerte si denuncia a la Policía. Hace cinco meses, lo arrinconaron en una esquina y le soltaron la advertencia.
Una de sus tías, Teresa, vivió de cerca cómo Daquilema maltrataba a su sobrina. Era su vecina y solo la separaba una puerta: "Ese tipo no trabajaba, no hacía nada, solo pasaba metido en la casa y mi marido y yo les dábamos desayuno, almuerzo y merienda. Un día mi esposo me dijo que les estábamos malenseñando. Entonces, dejamos de darles de comer. Ahí fue cuando se encerraron en el cuarto durante ocho días y no salieron para nada. No se oía nada, pero, al salir, la Elsa tenía los ojos bien llorados". Todo ello ocurrió hace unos cuatro meses, en el barrio Chaguarquingo. Luego, Daquilema se la llevó para Tumbaco, a una finca, ubicada en la zona de Collaquí.
El 21 de abril de 2005, un amigo del barrio llevó a Gerardo hasta la Junta Metropolitana de Protección de Derechos, del Distrito Metropolitano. En la denuncia número 079-JMPD-05 se describe la situación de Elsa Beatriz y se solicita que la niña "sea localizada, trasladada provisionalmente a una casa de protección de adolescentes embarazadas, para su posterior reingreso a la casa paterna, una vez que se asegure que el señor Daquilema y sus hermanos no van a allanarlos nuevamente y una vez que se le proporcione la asistencia psicológica que requiere".
En el mismo documento, firmado por Ernesto Delgado, miembro de la Junta, se solicitaba la intervención de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapén), el envío de la menor a la Casa Mercedes de Jesús Molina, en San Carlos de Alangasí, y que la Fiscalía incorpore la denuncia en el expediente presentado por Gerardo en agosto de 2004.
Sin embargo, no pasó absolutamente nada desde esa fecha. Ahora, Gerardo está dispuesto a recuperar a su hija y que se sancione penalmente a Nelson Daquilema, pues su hija está a punto de dar a luz y teme por su vida. El pasado jueves aceptó reactivar la denuncia y el viernes, por la mañana, llegó a la Fiscalía de Pichincha.
Como el caso fue denunciado primero en la Unidad de Delitos contra la Vida, se reinició en esa instancia; pero legalmente ahora le corresponde a la fiscal de Delitos Sexuales, Alva Lucía Moreno.
Con las nuevas reformas al Código Penal, según la fiscal, Nelson Daquilema debería ser procesado por violación, al haber seducido y raptado a una menor de 14 años con fines sexuales. Eso sí, lo que podría ocurrir es que sea sentenciado con una pena no mayor de tres años, cuando por violación debería recibir una condena de 12 a 16 años, si algún juez optara por la figura de estupro, que se mantiene en el Código Penal, puesto que el acusado podría justificar haber actuado con consentimiento de Elsa Beatriz.
El fiscal Henry Estrada dispuso ayer en la instrucción fiscal número 4003-2.004-Hem, que el juez primero de lo Penal de Pichincha, Antonio Guerrero, autorizara "el allanamiento del inmueble que se dice queda ubicado en la parroquia Tumbaco, cantón Quito, barrio Collaquí, calle Los Pinos, pasando el colegio Ameritek, en una finca que se dice cuida el denunciado Nelson Daquilema". Pero al acudir ante el juez, los auxiliares y el secretario del juzgado dijeron a Gerardo que Antonio Guerrero estaba en un seminario y no podía autorizar nada.
Entonces, todo el trámite quedó para la próxima semana. (OP)
La reforma tiene tres "hoyos"
Las entidades de protección y ayuda a niños y mujeres indican que el Código Penal no fue tratado con la suficiente responsabilidad legislativa. Varias figuras legales anacrónicas se conservaron en la ley
Varias organizaciones sociales señalan que quedaron grandes "hoyos" en las reformas al Código Penal sobre delitos sexuales.
Rocío Rosero, directora ejecutiva del Consejo Nacional de las Mujeres (Conamu), indica que el Código arrastra viejas figuras como la del estupro en el artículo 509 ("Llámase estupro la cópula con mujer honesta empleando la seducción o engaño para alcanzar su consetimiento").
Si bien los diputados cambiaron la palabra "mujer" por "persona" (para quitar la connotación machista del artículo), se mantiene la noción de "persona honesta" que, según Rosero, "está sujeta a la subjetividad (la honestidad) y no a un hecho objetivo (la integridad sexual)". La figura implica discriminación en el juicio, pues la víctima debe probar ese "honor". Si no puede hacerlo, el consentimiento de la persona se sugiere, el delito desaparece y el culpable es salvado.
El Conamu subraya la omisión de las figuras de embarazo y esterilización forzados. Silvia Amores, abogada de la institución, dice que estos crímenes (que se refieren al embarazo o a la esterilidad como formas de amenaza, manipulación, o como armas de guerra) se contemplan en artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, firmado por el Ecuador en febrero de 2002, por lo que se los debería tener en nuestra legislación.
El Conamu también pide la derogación del artículo 508 sobre atentados al pudor, que se dejó mientras que se eliminó el resto (505, 506, 507 y 511). Además, la organización solicita que se revisen los errores de transcripción del Código, para evitar la malinterpretación de la ley . (GGS)
Hay que incorporar nuevas figuras
No al veto de las nuevas leyes
Luis Fernando Torres es el nuevo presidente de la Comisión de lo Civil y lo Penal en el Congreso Nacional, y con él se aprobaron las reformas en la nueva codificación sobre los delitos sexuales.
¿Cuáles son, a su criterio, las principales reformas que se hicieron al Código Penal?
Las reformas más importantes son aquellas que hoy sancionan, con penas bastante altas y drásticas, el abuso sexual, la trata de personas con fines sexuales, el turismo sexual y la pornografía infantil. La extensión de las penas más altas va entre los 16 y los 25 años de reclusión, pudiendo acumularse hasta los 35 años.
Según algunas organizaciones femeninas hay ciertos "hoyos negros" en el Código de la Niñez, sobre todo en el caso del estupro.
No, eso es falso. Sí se reformó esa figura, a pedido de las diputadas mujeres. Anteriormente, el estupro tenía como víctima únicamente a la mujer honesta. Hoy, víctima del estupro puede ser una mujer o un hombre.
Sin embargo, se dice que el estupro "diluye" el delito sexual y es un escape legal utilizado para legitimar la impunidad de una violación.
No es así, en el Código, el abuso sexual es un acto en el
cual no hay acceso carnal. En la violación hay acceso carnal en un hombre o mujer menor de 14 años. El estupro puede cometerse con una persona mayor de esa edad cuando alguien tiene relaciones utilizando para ello el engaño y la simulación, de tal modo que son tres conductas diferentes que se distinguen entre sí.
¿Pero no se podría decir, a través del engaño que implica el estupro, que la persona consintió el acto?
Hay que diferenciar. Una cosa es el sometimiento de una persona a otra y otra distinta el engaño para llegar a la relación. En un caso se sancionaría como abuso sexual y, en el otro, como un estupro.
¿Cree usted que el presidente Alfredo Palacio debe vetar las reformas?
Espero que no vete las reformas, porque, de lo contrario, se evitaría concretar la vieja aspiración de varios sectores ciudadanos y de la opinión pública en general, de sancionar a todos los involucrados en cualquier crímen de índole sexual.
¿Qué faltó en el Código y qué se puede mejorar en él?
Habría que incorporar figuras que ya están reguladas en la legislación mundial como, por ejemplo, las conductas relacionadas con el manejo de embriones, que tiene que ver con la Bioética. No obstante, el Congreso no tiene toda la información necesaria para poder tramitar un proyecto de esa envergadura. A futuro habrá que tramitarlo. A mi criterio, el poder Legislativo ha hecho bastante respecto al Código, aunque aún falta más trabajo al respecto. Esperamos que con la participación de toda la ciudadanía podamos impulsar el Código sin mayores problemas. (GGS)
El país depende de buenos jueces
En dos meses se hará otra propuesta
El diputado Ernesto Pazmiño, de la Izquierda Democrática, ha trabajado con organizaciones de protección a los niños, niñas, adolescentes y mujeres, en el proceso de aprobación de las reformas al Código Penal en el capítulo de delitos sexuales. Fue uno de los legisladores más activos en la preparación y debate del nuevo proyecto.
¿Qué valora como positivo en las reformas al Código?
Lo principal fue incorporar nuevas figuras como la pornografía infantil (que no estaba tipificada), el abuso sexual a menores de edad, la explotación sexual (principalmente con fines de prostitución a menores de edad), la rufianería (el crimen de subsistir con las ganancias de la explotación sexual). También se tipificó como delito el turismo sexual. Además, se reformaron los artículos sobre la violación para que las penas, cuando las víctimas son menores, sean más drásticas. Las reformas son fundamentales, pero el país no solo depende de buenas leyes, sino de buenos jueces que las apliquen.
¿Qué faltó en el Código y qué se puede mejorar en él?
Algo que no contempla la reforma presentada es sancionar a la demanda, a la persona que paga para tener acceso a las relaciones sexuales con menores de edad. Solo se castiga al negociante, pero no al cliente.
Por ello, estamos conversando con algunas instituciones, como el Conamu y la Unicef, para elaborar una nueva propuesta de reformas al Código Penal. Esto se realizaría en uno o dos meses.
También se podrían redactar mejor las figuras sobre el abuso sexual. Por ejemplo, el obligar a un niño a tener una relación (con o sin acceso carnal) con una tercera persona. Esto sucede mucho en el país, sobre todo en las escuelas, donde se han registrado actos sexuales entre menores forzados por un adulto.
Según algunas organizaciones, hay otros "hoyos negros" en el Código como la figura del estupro, que quedó en la ley y que puede desvanecer el delito de violación.
Sí, dejar al estupro fue un error. Se debe borrar esta figura anacrónica mantenida en la codificación desde hace 68 años. Con ella, muchos delitos sexuales quedaron impunes, pues era descrita como la cópula carnal con mujer honesta. A veces, la víctima no podía probar ese subjetivo "mujer honesta".
En el nuevo Código se ha cambiado, en el artículo del estupro, la palabra "mujer" por "persona" honesta. Esto no cambia mucho el contenido de la figura típica, pues tenemos abogados "bandidos" que interpretan la ley extensivamente para favorecer al agresor. Los jueces también se aprovechan para no sancionar las acciones sexuales delictivas.
¿Serán vetadas las reformas por el presidente de la República, Alfredo Palacio?
Sí, parcialmente, pues con un veto parcial se podrían mejorar las figuras con un poco más de tranquilidad. (GGS)
¿Las nuevas reformas son un mero paliativo?
Los organismos de protección a niños y adolescentes ven inútil su trabajo si luego de realizar la atención y poner la denuncia los jueces no aplican bien la ley
Samanta, una niña manabita de 14 años, fue violada el 4 de octubre de 2003 por un adulto y dos menores de edad en una fiesta mientras estaba inconsciente. El adulto acusado está siendo juzgado por estupro, figura legal que se mantiene en el Código Penal porque los diputados no la reformaron tal como demandaban las organizaciones de defensa y protección de niños, adolescentes y mujeres.
El agente fiscal concluyó, el 17 de noviembre de 2003, que el mayor de edad había cometido violación, tal como indica el artículo 512 del Código Penal.
El 2 de julio de 2004, el juez tercero de lo Penal de Manabí dictó el llamamiento a juicio contra el acusado, quien apeló a la Corte Superior de Portoviejo y el caso se radicó en la Primera Sala Especializada de lo Penal. Aquí, la acusación por violación se cambió por estupro, según reza el artículo 509. La decisión se tomó por dos votos contra uno.
La violación se castiga con reclusión mayor extraordinaria de 12 a 16 años y, con reclusión mayor ordinaria de ocho a 12 años, mientras que el estupro solo se castiga con prisión de tres meses a tres años si la persona es mayor de 14 y menor de 18. Si es menor de 14 y mayor de 12, se sanciona con cárcel de dos a cinco años.
El juicio continúa hasta hoy. Al cambiar la figura de violación por la de estupro, el delito real, según los padres y los acusadores, se desvaneció y asimismo se dio por hecho el consentimiento de Samanta. Los abogados de la menor plantearon una demanda por prevaricato en contra de los dos jueces que votaron por el cambio de figura legal.
Casos como estos han dado pie a que una de las organizaciones que trabaja en la protección a menores (la Junta Metropolitana de Protección de Derechos) considere que la reforma debió ser más radical.
Esta entidad, desde el 4 de octubre de 2004, ha recibido 214 denuncias. Como se indica en el cuadro: el 52% de las denuncias corresponden a maltrato y 9%, a abuso sexual, solo en el Distrito Metropolitano de Quito.
Ante esa realidad, esta Junta ofrece medidas de protección de los derechos del menor. Para realizarlo, el organismo actúa de oficio (cuando se conoce una situación que amenace los derechos del menor) o por petición de parte (denuncia de los afectados).
Cuando llega el caso (por ejemplo, una denuncia de abuso sexual), se sigue el procedimiento de protección de derechos, que se encuentra en el Código de la Niñez: se recepta la denuncia, se toman los datos y se avoca conocimiento del hecho (lo que consiste en hacer una providencia en la que se disponen medidas de protección emergentes y la citación a audiencia).
Las medidas de protección que la Junta proporciona son boletas de auxilio, y la prohibición al agresor de acercarse a la víctima. Además, se tramitan los retiros de las autoridades de instituciones que hayan consentido el abuso al menor.
La Junta también sanciona de manera administrativa, con multas que van entre $100 y $1 000. Con ese dinero se financiará un fondo municipal de protección integral para la niñez.
"La Junta quiere facilitar la atención y la disposición de medidas haciéndolas más ágiles y cercanas. Para lograr estos objetivos, las reformas al Código Penal serán herramientas de vital importancia", comentó Glenda Jager, miembro de la Junta.
Sin embargo, la funcionaria indica que los diputados, al esperar casi un año para aprobar las reformas, solo saludaron a la bandera el 1.o de junio pasado, cuando, en medio de la premura, pasaron los cambios del Código sin estudiarlos a fondo y en todas sus implicaciones.
Los legisladores, advierte Jager, al demorar la aprobación de las reformas, contradijeron el artículo 48 de la Constitución, donde se indica que "será obligación del Estado, la sociedad y la familia promover con máxima prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos".
Esta acción, anota Jager, fue "una tremenda irresponsabilidad". Finalmente, considera que sin una reforma integral y profunda, las aprobadas ahora serán un paliativo mediocre. (OP-GGS)
PUNTO DE VISTA
Los jueces tienen ahora la palabra
El inusitado debate sobre los delitos sexuales, particularmente contra menores de edad, ha llegado un punto que motiva varias reflexiones desde diversos sectores. Los movimientos de defensa y protección de la niñez, adolescencia y mujeres, consideran como un gran avance las reformas al Código Penal aprobadas por el Congreso, pero creen que son insuficientes.
En cambio, algunos congresistas piensan que la tarea está cumplida. Solo queda por esperar la aprobación o veto del presidente de la República, Alfredo Palacio.
Sin embargo, tras la aprobación de las reformas, tal como lo exhibe este informe, ya no se trata solo de pensar que se ha superado un escollo y se cumplió el deber, aunque sea al apuro y para hacer coincidir con el Día Internacional del Niño. Queda por impulsar todo el proceso social alrededor del tema y, en particular, que los jueces y administración de justicia tomen conciencia de que este tipo de delitos requieren una sensibilidad especial, una atención prioritaria y un tratamiento adecuado. Sin eso, la ley será letra muerta.
Incluso, se requiere una mejor y profunda capacitación, de modo que la urgencia no sea motivo de errores y fallas que luego favorecen a los victimarios. Es importante "aceitar" los trámites para que la burocracia judicial no sea favorecida por quienes, con dinero, poder e influencias, dejan en libertad a los culpables y a las víctimas condenadas para toda la vida.
A toda reforma debe acompañarla un proceso de socialización y concienciación. (OP)(Blanco y Negro)
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