Quito. 17 ene 2000. El grupo que conforma la extrema pobreza
aglutina a 1,9 millones personas. Los indicadores sociales de la
indigencia empeoraron durante el último año.
El nuevo modelo de dolarización es calificado como rígido e
inflexible. En teoría, cualquier ajuste que requiera la economía
tendrá repercusiones en la producción, el empleo y los salarios,
entre otros factores. De ahí la urgencia en aprobar una ley de
flexibilización laboral.
Pero esta serie de ajustes, ocasionados por factores externos o
internos, cogería desprotegidos a los más débiles. De ahí que
también se habla de crear mecanismo de ayuda a los sectores más
golpeados por el nuevo modelo, que serían los más pobres.
Ante esta probabilidad cierta, el semanario económico LÍDERES
presenta en su informe central un estudio confidencial del Banco
Mundial sobre la pobreza en el país (Ecuador: crisis, poverty and
social services, december 17, 1999).
Este documento le recuerda a la nación que sin políticas
sociales, el mercado no puede legitimarse ni perdurar en el
tiempo, especialmente hoy que el país entró en la era de la
dolarización.
Los indicadores lo dicen todo: 5,1 millones de personas son
pobres y 1,9 millones en la extrema pobreza. La tasa de desempleo
es mayor a la oficial y se ubicó en el 17 por ciento (ver
recuadro).
En las conclusiones del estudio se señala que la pobreza y la
desigualdad han aumentado desde 1995 y continúan empeorando. A
corto plazo, los pobres y los grupos vulnerables requieren
mejoras que protejan sus ingresos decrecientes. En el mediano
plazo los servicios básicos y de protección social necesitan ser
fortalecidos. Para que la desigualdad y la pobreza disminuyan,
la población pobre requiere una mejora significativa en el acceso
y en la calidad de los servicios básicos de salud y educación.
La educación en particular juega un papel crítico en la
determinación de los ingresos futuros de los niños y, por ende,
en ayudarlos a salir de la pobreza.
Sin embargo, el bajo acceso de los pobres a la educación
restringe a ésta como vehículo de movilidad social. Esta
situación, sin embargo, requiere de un gasto público adicional.
Ante esta situación, los riesgos y beneficios que el Gobierno
afronta en la toma de ciertas decisiones son tema de difícil
desarrollo político, según el BancoMundial.
La razón: las tasas bajas de impuestos y los subsidios son
políticamente populares y benefician a un gran número de
personas, aun cuando los subsidios sean regresivos. Por
definición, los gastos sociales focalizados benefician a pocas
personas, pero financiarlos afecta a un gran porcentaje de la
población.
Ahora, las consecuencias de no optar por alternativas resultan
obstructivas: incremento de la pobreza y la desigualdad,
formación de un capital humano no suficientemente preparado y
débil capacidad de responder a futuras crisis.
De ahí que es necesario un compromiso para mejorar la protección
social y tomar decisiones políticas que generen recursos.
Igualmente, se requieren de reformas administrativas y
financieras en el sector social, que traigan mayores
responsabilidades, rendición de cuentas y eficiencia.
A pesar de que el estudio de BM se centró en las opciones para
contrarrestar los efectos de la crisis, la opción para reducir
la pobreza será aquella que impulse medidas de recuperación
económica en el corto plazo. La reducción de la inflación y el
desempleo y el aumento en ingresos genera recursos para financiar
mejoras en los programas sociales.
La tasa de desempleo está en el 17 por ciento
Desigualdad y pobreza en el país * Ecuador posee uno de los
peores niveles de desigualdad y de ingresos en América Latina.
En 1998, 1,9 millones de personas estaban en situación de extrema
pobreza y 5,1 millones de personas eran pobres. Los efectos de
la pobreza son graves pues pueden ser permanentes. Los grupos más
vulnerables como las embarazadas, los ancianos y los niños
requieren programas especiales de atención.
Los efectos de la crisis * La tasa de desempleo está en 17 por
ciento y el PIB per cápita ha decrecido en más de 7 por ciento.
Los pobres extremos han visto empeorarse su alimentación y su
salud. El número de niños pobres entre 5 y 15 años que trabajan
aumentó de 8,3 a 9,7 por ciento en la primera mitad de 1999. Los
más afectados son quienes están cerca de la línea de pobreza. Es
clave la creación de una estrategia de protección social.
Las respuestas del Gobierno * El Gobierno ha hecho recortes en
el área social, atrasando el pago de salarios, lo cual ha
obstaculizado la entrega de servicios. Aunque le falta atención
en las áreas de salud y educación, tomó la acertada decisión de
eliminar subsidios e introducir el Bono Solidario.
El estado de los servicios sociales * Los pobres no tienen un
adecuado acceso a los servicios básicos: salud y educación. Por
ejemplo, el quintil más pobre de la población recibe solo el 7,
6 por ciento del gasto público en salud y el 4 por ciento del
gasto para educación. Las ineficiencias en el área son
consecuencia de la rigidez en las políticas laborales, las
complicadas escalas de sueldos y la centralización de la
administración pública.
Las opciones recomendadas * La estrategia para contrarrestar la
crisis debe tener tres componentes: protección de los servicios
básicos públicos focalizados, apoyo al ingreso y al consumo de
los grupos vulnerables y creación de nuevos programas. El Bono
Solidario debería ser mejorado y ampliado. Para hacerlo se podría
eliminar los subsidios al gas y a la electricidad.
Lo que cuesta una mejora * El costo adicional de adoptar medidas
de corto plazo implica un incremento del 0,3 por ciento del PIB.
Las de mediano plazo requieren un incremento del 0,9 por ciento.
La reducción de los subsidios a la energía y el gas (1,5 por
ciento del PIB) serían suficientes para financiar mejorías a
mediano plazo. (Texto tomado de El Comercio)
aglutina a 1,9 millones personas. Los indicadores sociales de la
indigencia empeoraron durante el último año.
El nuevo modelo de dolarización es calificado como rígido e
inflexible. En teoría, cualquier ajuste que requiera la economía
tendrá repercusiones en la producción, el empleo y los salarios,
entre otros factores. De ahí la urgencia en aprobar una ley de
flexibilización laboral.
Pero esta serie de ajustes, ocasionados por factores externos o
internos, cogería desprotegidos a los más débiles. De ahí que
también se habla de crear mecanismo de ayuda a los sectores más
golpeados por el nuevo modelo, que serían los más pobres.
Ante esta probabilidad cierta, el semanario económico LÍDERES
presenta en su informe central un estudio confidencial del Banco
Mundial sobre la pobreza en el país (Ecuador: crisis, poverty and
social services, december 17, 1999).
Este documento le recuerda a la nación que sin políticas
sociales, el mercado no puede legitimarse ni perdurar en el
tiempo, especialmente hoy que el país entró en la era de la
dolarización.
Los indicadores lo dicen todo: 5,1 millones de personas son
pobres y 1,9 millones en la extrema pobreza. La tasa de desempleo
es mayor a la oficial y se ubicó en el 17 por ciento (ver
recuadro).
En las conclusiones del estudio se señala que la pobreza y la
desigualdad han aumentado desde 1995 y continúan empeorando. A
corto plazo, los pobres y los grupos vulnerables requieren
mejoras que protejan sus ingresos decrecientes. En el mediano
plazo los servicios básicos y de protección social necesitan ser
fortalecidos. Para que la desigualdad y la pobreza disminuyan,
la población pobre requiere una mejora significativa en el acceso
y en la calidad de los servicios básicos de salud y educación.
La educación en particular juega un papel crítico en la
determinación de los ingresos futuros de los niños y, por ende,
en ayudarlos a salir de la pobreza.
Sin embargo, el bajo acceso de los pobres a la educación
restringe a ésta como vehículo de movilidad social. Esta
situación, sin embargo, requiere de un gasto público adicional.
Ante esta situación, los riesgos y beneficios que el Gobierno
afronta en la toma de ciertas decisiones son tema de difícil
desarrollo político, según el BancoMundial.
La razón: las tasas bajas de impuestos y los subsidios son
políticamente populares y benefician a un gran número de
personas, aun cuando los subsidios sean regresivos. Por
definición, los gastos sociales focalizados benefician a pocas
personas, pero financiarlos afecta a un gran porcentaje de la
población.
Ahora, las consecuencias de no optar por alternativas resultan
obstructivas: incremento de la pobreza y la desigualdad,
formación de un capital humano no suficientemente preparado y
débil capacidad de responder a futuras crisis.
De ahí que es necesario un compromiso para mejorar la protección
social y tomar decisiones políticas que generen recursos.
Igualmente, se requieren de reformas administrativas y
financieras en el sector social, que traigan mayores
responsabilidades, rendición de cuentas y eficiencia.
A pesar de que el estudio de BM se centró en las opciones para
contrarrestar los efectos de la crisis, la opción para reducir
la pobreza será aquella que impulse medidas de recuperación
económica en el corto plazo. La reducción de la inflación y el
desempleo y el aumento en ingresos genera recursos para financiar
mejoras en los programas sociales.
La tasa de desempleo está en el 17 por ciento
Desigualdad y pobreza en el país * Ecuador posee uno de los
peores niveles de desigualdad y de ingresos en América Latina.
En 1998, 1,9 millones de personas estaban en situación de extrema
pobreza y 5,1 millones de personas eran pobres. Los efectos de
la pobreza son graves pues pueden ser permanentes. Los grupos más
vulnerables como las embarazadas, los ancianos y los niños
requieren programas especiales de atención.
Los efectos de la crisis * La tasa de desempleo está en 17 por
ciento y el PIB per cápita ha decrecido en más de 7 por ciento.
Los pobres extremos han visto empeorarse su alimentación y su
salud. El número de niños pobres entre 5 y 15 años que trabajan
aumentó de 8,3 a 9,7 por ciento en la primera mitad de 1999. Los
más afectados son quienes están cerca de la línea de pobreza. Es
clave la creación de una estrategia de protección social.
Las respuestas del Gobierno * El Gobierno ha hecho recortes en
el área social, atrasando el pago de salarios, lo cual ha
obstaculizado la entrega de servicios. Aunque le falta atención
en las áreas de salud y educación, tomó la acertada decisión de
eliminar subsidios e introducir el Bono Solidario.
El estado de los servicios sociales * Los pobres no tienen un
adecuado acceso a los servicios básicos: salud y educación. Por
ejemplo, el quintil más pobre de la población recibe solo el 7,
6 por ciento del gasto público en salud y el 4 por ciento del
gasto para educación. Las ineficiencias en el área son
consecuencia de la rigidez en las políticas laborales, las
complicadas escalas de sueldos y la centralización de la
administración pública.
Las opciones recomendadas * La estrategia para contrarrestar la
crisis debe tener tres componentes: protección de los servicios
básicos públicos focalizados, apoyo al ingreso y al consumo de
los grupos vulnerables y creación de nuevos programas. El Bono
Solidario debería ser mejorado y ampliado. Para hacerlo se podría
eliminar los subsidios al gas y a la electricidad.
Lo que cuesta una mejora * El costo adicional de adoptar medidas
de corto plazo implica un incremento del 0,3 por ciento del PIB.
Las de mediano plazo requieren un incremento del 0,9 por ciento.
La reducción de los subsidios a la energía y el gas (1,5 por
ciento del PIB) serían suficientes para financiar mejorías a
mediano plazo. (Texto tomado de El Comercio)
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