Esmeraldas vive la resaca de violencia y temor de seis meses de una oleada de asesinatos: familiares de las víctimas que se atreven a presentar las denuncias; amenazados que sobrevivieron e intentan volver a la normalidad, y un pueblo que especula y pide explicaciones sobre los sucesos
Los seis meses de actividades criminales de un solo grupo violento habrían dejado un saldo de 10 muertos y una treintena de niños y adolescentes sin uno de sus padres y el principal sustento familiar. El hecho no es resultado de la acción de un grupo armado o de las mafias de la droga de Colombia, sino de una actividad cometida en la provincia de Esmeraldas desde enero a junio de 2004, atribuida al Grupo de Limpieza Antidelicuencial (GAL).
Los asesinatos reflejan las secuelas dejadas por esta incursión al elevar, en lo que va del año, los homicidios en esa provincia con respecto a 2003 en 60,42%. Una acción que para algunos actores locales es propia de una agrupación "cuasi paramilitar", frente las evidencias dejadas junto a las víctimas, como las proclamas a favor de la "limpieza".
El otro drama no es menor: el de las familias que han quedado mutiladas por la pérdida de la cabeza del hogar; el problema, en algunos casos, podría ser mayor por las amenazas contra la pareja, si las autoridades no logran desbaratar la presunta red de asesinos, deteniendo al cabecilla de la banda y a sus presuntos mentalizadores, aún prófugos.
Con la captura de 10 de los supuestos sicarios del GAL (seis de ellos colombianos), la situación de las familias de las víctimas apenas vuelve a la normalidad, pues se advierte la desmembración familiar y la separación de hermanos en varios casos. Uno de ellos es el de los cuatro hijos de Byron Rosero Ardila, de 25 años. El fue acribillado con 11 disparos ante la mirada impotente de los pescadores cuando rebolaba (comprar y revender pescado) en el puerto.
En la barriada, a Rosero se lo asocia con una de las pandillas que actuaba en las riberas. Su familia no niega esos antecedentes, aunque explica que el supuesto ex pandillero era una persona regenerada y que mantenía su hogar.
La situación de los menores se agravó porque su madre viajó a España en agosto pasado. Hoy, los niños se han disgregado entre familiares que viven en zonas pobres de Manta (su abuela) y en Babahoyo.
Milbia Ibarra, esposa de José Rengifo (45 años), vive otro drama. Tiene una deuda a un almacén y el sustento de cinco hijos y varios nietos. Y lo que es peor, el mantener viva "la amenaza" de uno de los armadores pesqueros al que acusó formalmente de la muerte de su esposo y al que la Policía califica de ser uno de los presuntos instigadores del GAL. Ese peso lo asume frontalmente la mujer al afirmar: "Solo se muere una vez".
La historia se repite en el hogar de Wilberto Angulo, cuya muerte se consideró "un error" de sus victimarios. Su esposa Rita y su padre Silvio han asumido no solo la acusación, sino las cuentas pendientes de los proveedores del local de video que levantó el difunto tras 14 años de trabajo y el cuidado de sus dos niñas pequeñas, que lloran la ausencia.
Familiares de otras víctimas prefieren guardar silencio por ahora. Pero advierten el vacío que ha quedado en sus hogares. Los vecinos y los propios afectados dan cuenta de que al menos otros 20 niños y jóvenes están en situación similar por culpa de la violencia. El miedo aumenta, pues ninguna autoridad, hasta la semana pasada, se acercaba a darles garantías.
Y lo que es más, ese drama, aunque se lo vive con más intensidad en los barrios reibereños del Esmeraldas, no es la única preocupación. Por las calles de esta zona y en el resto de la ciudad circulan comentarios sobre la presencia de otra agrupación delictiva denominada Los Patones, que supuestamente persiguen y hostigan a decenas de pescadores esmeraldeños. Esta versión todavía no es confirmada por las autoridades policiales.
La aprehensión, si bien fortaleció la euforia vivida en la gran marcha del 11 de junio, a favor de la paz y contra la violencia, organizada por el obispo Eugenio Arellano, no ha logrado desvanecer las incertidumbres de la comunidad, ante la no captura de los cabecillas del GAL y por la supuesta existencia del otro grupo violento, "enemigo".
Es más, en las calles se tejen toda clase de conjeturas sobre el origen de los acontecimientos sangrientos y otros considerados ajenos a la sociedad esmeraldeña. Por ejemplo, hay un auge de prestamistas callejeros que desde hace algún tiempo proliferan en la ciudad, y también el misterioso aparecimiento de paquetes de droga en Muisne, flotando en el mar, en la playa y en algunas viviendas.
Frente a eso, algunos pobladores de los llamados "barrios bajos", ribereños, y los pocos usuarios del puerto pesquero tienen su propia versión. En reserva, aseguran que esos fenómenos se originan en las disputas por controlar la actividad pesquera y los nichos para la venta de la droga, así como por la necesidad de ciertos grupos para afirmarse, generando miedo a través de la extorsión y la presión por el cobro de deudas de los prestamistas.
Oficiales de Policía señalan una conducta "gansteril" en los últimos hechos, impropia de las pandillas locales. Y el alcalde de la ciudad, Ernesto Estupiñán, está convencido de que estos sucesos son consecuencia del Plan Colombia, al asumir la provincia una inusitada inmigración, en la que se filtran delincuentes y violentos. Esto se agrava, sostiene él, por las condiciones de pobreza de la provincia y la falta de oportunidades de empleo, el mejor "caldo de cultivo" para esta violencia organizada, como la protagonizada por el GAL.
Y, al parecer, Esmeraldas reúne esas características. Uno de esos focos es la zona ribereña, en donde habitan alrededor de 20 mil familias en una cadena de barrios, muchos de los cuales ni siquiera son reconocidos por las autoridades municipales. Aunque la regeneración urbana ha cambiado la cara de muchos de ellos, hay zonas donde se sienten los estragos de la miseria: ser un depósito de las aguas servidas de las zonas alta e intermedia de la ciudad. (LB)
"Tan violento es talar el bosque como migrar y robar"
Los líderes locales piden al Gobierno crear fuentes empleo y trato justo
"Donde todos ponen el ojo, nadie pone la mano". Así, el obispo Eugenio Arellano deja constancia del rol de los jueces en estos momentos para juzgar los hechos violentos de los últimos meses. Y, con ello, sentar un precedente que evite que la violencia contamine a la provincia y al resto del país.
"La violencia como vía para resolver conflictos no forma parte de la cultura del esmeraldeño", sostiene. Eso se expresó en la marcha por la paz del 11 de junio pasado, en la que se repudió a toda forma de violencia. Y mostró que "los violentos y los falsos líderes no tienen espacio en la provincia".
Según el prelado, las autoridades y la población deben mantener esa causa. Pero los soluciones deben venir del Estado y el Gobierno con la generación de empleo, que es la "única vía efectiva para combatir la delincuencia y la violencia que produce la exclusión".
Arellano ubica una "violencia pasiva" en los años de abandono, pobreza y corrupción de las autoridades locales. "Hemos tenido que llegar a 2004 para tener un alcalde honrado", dice al referirse a Ernesto Estupiñán, cuya administración emprendió varias obras en los barrios más deprimidos.
Una de ellas es la regeneración de los "barrios bajos", tarea que se hizo con la mano de obra de los vecinos. Esta opción permitió que muchos pandilleros se regeneren y abran pequeños negocios, con apoyo de la Curia y su plan de tricicleros "Los hijos del Obispo".
El alcalde admite que todo eso no es suficiente para proteger a la población de la violencia, sobre todo si se mantiene una visión monopólica desde los centros de poder económico y político. Una visión, asegura, que se basa en explotar los recursos de la provincia sin retribuir, equitativamente, a ella esa riqueza. El puerto es un ejemplo: a pesar de sus bondades, ciertos intereses bloquean su desarrollo, asegura.
Por eso, como el obispo, el alcalde considera que tan violenta es la acción de tumbar un árbol en los bosques esmeraldeños, por parte de intereses madereros, como la generada en las calles por quienes dejaron el bosque por falta de apoyo y la explotación. Muchos de los habitantes ribereños provienen de áreas deforestadas.
"Un cambio implica el apoyo de varias instancias", agrega. Al menos en seguridad hay avances. En cuatro años la Policía implementó siete Puestos de Auxilio Imediato (PAI), algo que parecía imposible antes de 1999.
El general Enrique Amores, director nacional de la Policía Judicial y ex comandante en Esmeraldas, certifica que históricamente los niveles de violencia se limitaban a los actos delictivos de las pandillas. El robo de vehículos es inexistente, por ejemplo. (LB)
La piratería y el monoplio
Según Ovidio Quiñónez, presidente de la Unión Provincial de Cooperativas Pesqueras de Esmeraldas, en los 14 últimos años han muerto en manos de los piratas alrededor de 500 pescadores: 35,7 por año y 2,9 por mes. Además, alerta de que el sector "está a un paso del descalabro al habérselo vinculado con la banda de presuntos sicarios".
Pescadores de las riberas han dejado la pesca y esperan otras opciones de empleo, como la segunda etapa de regeneración urbana que es en otra área y cuya prioridad de trabajo es para otra gente.
Los pescadores se quejan de la merma de la actividad y de "la concentración del negocio en pocas manos". Richard Pareja dice que desde hace años que en la pesca no se recupera los $190 de la inversión base que colocan los dueños de las canoas ($160) y los $30 para operar por tres días.
Algunos esperan que baje la tensión para ir a "rebolar" en el puerto (comprar y revender pescado), pues han dejado de ir estos meses. Pareja espera la campaña electoral u "otra disputa por La Concordia", pues los políticos les pagan $5 ó $10 como fuerza de choque. (LB)
Pesquisa para capturar a la banda tomó medio año
Los barrios ribereños se colocaron barreras para evitar a los violentos
El operativo con personal de la Policía Judicial y el GOE termina con la captura de 10 integrantes de GAL. Inicialmente son detenidos nueve de los miembros, seis de ellos colombianos y dos menores de edad, en una incursión en El Timbre, en la vía a Quito. En una segunda incursión el líder de la banda Palacio Cortez ("El Topo") huye, pero su guardaespaldas Vicente Olmedo Rentería es herido.
Así describe el parte policial la operación matutina del 19 de junio de 2004. Posteriormente el herido muere. Tras las declaraciones, se logra determinar la presunta autoría intelecual de tres armadores pesqueros. Con esta desarticulación, al parecer, se espera poner fin a la violencia desatada desde el 16 de enero, cuando se encontró en el botadero de basura el cuerpo de Remberto Cuero Ureta, con 20 orificios de bala y una leyenda que decía: "Muerto por asesino y ladrón".
Casi en seguidilla son encontrados los cadáveres del colombiano Elías Montaño (19 de enero) y de Byron Rosero Ardila (21 de enero). Tras una pausa, Sandro Portocarrero es abaleado en El Relleno, Muisne (1º de febrero). El 22 cae un hombre, y a mes seguido una mujer. En abril ocurren cinco asesinatos, incluido el de Johny Palacios Cortez, supuesto hermano de "El Topo". El 5 de mayo es acribillado el colombiano José González Bone. Los informes policiales no recogen la muerte de Guilberto Castro Martí, el 6 de febrero pasado.
Según la Policía, hay patrones similares en los asesinatos. Diez y más disparos de arma de grueso calibre (45 mm), algunos con signos de tortura y, en varios casos, leyendas con menciones de venganza por piratería. Los informes policiales señalan que el grupo de colombianos estaba en Ecuador desde diciembre de 2003. A algunos se ubica incluso como residentes en Esmeraldas desde hace tres o cuatro años. Y que incluso había relevos.
La violencia con la que actuaba hizo que los vecinos de los "barrios bajos" se atrincheraran. Colocaron barreras en los accesos de la calle Malecón y el estuario, en este con montículos de tierra, que en un enfrentamiento evitaron que se disparara a ras de las casas.
Las pesquisas policiales para dar con la banda se facilitaron con contactos en Tumaco y los vínculos familiares de algunos de ellos. Miller Acosta, jefe de la PJ de Esmeraldas, aseguró que el movimiento de la banda y sus escondrijos se detectaron desde un primer momento. Pero solo se actuó hasta atraparlos juntos y con evidencias.
De los abatidos atribuidos a los supuestos sicarios, dos tienen antecedentes penales, por asalto y robo. La muerte del comerciante Wilberto Angulo Corozo, el 26 de abril, en una tienda de video, fue considerada un error. Su familia quiere "limpiar" su nombre al inmiscuirselo con la piratería. Igual es el caso del colombiano José Rengifo, dos veces víctima de los piratas. (LB)
¿Conductas "gansteriles"?
La denuncia de la supuesta aparición de otro grupo violento, contrario al GAL, lo vincula a aquel con la piratería; e indirectamente con el asesinato de Johny Palacios, presunto miembro del GAL, el 26 de abril, muerte que es atribuida en las riberas a una pandilla local "como un acto de legítima defensa".
La Policía mantiene cautela por la posibilidad de que se viva un tipo de disputa ajena al de las pandillas locales, cuya actividad (vender droga al "menudeo") ha decrecido con la implementación de la regeneración urbana y la presencia efectiva de la Policía.
El tono de las versiones del GAL también genera dudas. Al detenerlo, uno de sus miembros aseguró que Esmeraldas debía sentirse "agradecida". Esa vehemencia se mantuvo en las primeras horas de su cautiverio al admitirse que recibieron dinero por las matanzas (las pesquisas hablan de hasta $2 000 por cada víctima); para, con el pasar de los días, señalar que se trataba de vendetas personales contra los piratas. A juicio de los investigadores, con ello se intentaría romper la línea del sicariato: la conexión entre los asesinos y sus instigadores. (LB). (BLANCO Y NEGRO)
Los seis meses de actividades criminales de un solo grupo violento habrían dejado un saldo de 10 muertos y una treintena de niños y adolescentes sin uno de sus padres y el principal sustento familiar. El hecho no es resultado de la acción de un grupo armado o de las mafias de la droga de Colombia, sino de una actividad cometida en la provincia de Esmeraldas desde enero a junio de 2004, atribuida al Grupo de Limpieza Antidelicuencial (GAL).
Los asesinatos reflejan las secuelas dejadas por esta incursión al elevar, en lo que va del año, los homicidios en esa provincia con respecto a 2003 en 60,42%. Una acción que para algunos actores locales es propia de una agrupación "cuasi paramilitar", frente las evidencias dejadas junto a las víctimas, como las proclamas a favor de la "limpieza".
El otro drama no es menor: el de las familias que han quedado mutiladas por la pérdida de la cabeza del hogar; el problema, en algunos casos, podría ser mayor por las amenazas contra la pareja, si las autoridades no logran desbaratar la presunta red de asesinos, deteniendo al cabecilla de la banda y a sus presuntos mentalizadores, aún prófugos.
Con la captura de 10 de los supuestos sicarios del GAL (seis de ellos colombianos), la situación de las familias de las víctimas apenas vuelve a la normalidad, pues se advierte la desmembración familiar y la separación de hermanos en varios casos. Uno de ellos es el de los cuatro hijos de Byron Rosero Ardila, de 25 años. El fue acribillado con 11 disparos ante la mirada impotente de los pescadores cuando rebolaba (comprar y revender pescado) en el puerto.
En la barriada, a Rosero se lo asocia con una de las pandillas que actuaba en las riberas. Su familia no niega esos antecedentes, aunque explica que el supuesto ex pandillero era una persona regenerada y que mantenía su hogar.
La situación de los menores se agravó porque su madre viajó a España en agosto pasado. Hoy, los niños se han disgregado entre familiares que viven en zonas pobres de Manta (su abuela) y en Babahoyo.
Milbia Ibarra, esposa de José Rengifo (45 años), vive otro drama. Tiene una deuda a un almacén y el sustento de cinco hijos y varios nietos. Y lo que es peor, el mantener viva "la amenaza" de uno de los armadores pesqueros al que acusó formalmente de la muerte de su esposo y al que la Policía califica de ser uno de los presuntos instigadores del GAL. Ese peso lo asume frontalmente la mujer al afirmar: "Solo se muere una vez".
La historia se repite en el hogar de Wilberto Angulo, cuya muerte se consideró "un error" de sus victimarios. Su esposa Rita y su padre Silvio han asumido no solo la acusación, sino las cuentas pendientes de los proveedores del local de video que levantó el difunto tras 14 años de trabajo y el cuidado de sus dos niñas pequeñas, que lloran la ausencia.
Familiares de otras víctimas prefieren guardar silencio por ahora. Pero advierten el vacío que ha quedado en sus hogares. Los vecinos y los propios afectados dan cuenta de que al menos otros 20 niños y jóvenes están en situación similar por culpa de la violencia. El miedo aumenta, pues ninguna autoridad, hasta la semana pasada, se acercaba a darles garantías.
Y lo que es más, ese drama, aunque se lo vive con más intensidad en los barrios reibereños del Esmeraldas, no es la única preocupación. Por las calles de esta zona y en el resto de la ciudad circulan comentarios sobre la presencia de otra agrupación delictiva denominada Los Patones, que supuestamente persiguen y hostigan a decenas de pescadores esmeraldeños. Esta versión todavía no es confirmada por las autoridades policiales.
La aprehensión, si bien fortaleció la euforia vivida en la gran marcha del 11 de junio, a favor de la paz y contra la violencia, organizada por el obispo Eugenio Arellano, no ha logrado desvanecer las incertidumbres de la comunidad, ante la no captura de los cabecillas del GAL y por la supuesta existencia del otro grupo violento, "enemigo".
Es más, en las calles se tejen toda clase de conjeturas sobre el origen de los acontecimientos sangrientos y otros considerados ajenos a la sociedad esmeraldeña. Por ejemplo, hay un auge de prestamistas callejeros que desde hace algún tiempo proliferan en la ciudad, y también el misterioso aparecimiento de paquetes de droga en Muisne, flotando en el mar, en la playa y en algunas viviendas.
Frente a eso, algunos pobladores de los llamados "barrios bajos", ribereños, y los pocos usuarios del puerto pesquero tienen su propia versión. En reserva, aseguran que esos fenómenos se originan en las disputas por controlar la actividad pesquera y los nichos para la venta de la droga, así como por la necesidad de ciertos grupos para afirmarse, generando miedo a través de la extorsión y la presión por el cobro de deudas de los prestamistas.
Oficiales de Policía señalan una conducta "gansteril" en los últimos hechos, impropia de las pandillas locales. Y el alcalde de la ciudad, Ernesto Estupiñán, está convencido de que estos sucesos son consecuencia del Plan Colombia, al asumir la provincia una inusitada inmigración, en la que se filtran delincuentes y violentos. Esto se agrava, sostiene él, por las condiciones de pobreza de la provincia y la falta de oportunidades de empleo, el mejor "caldo de cultivo" para esta violencia organizada, como la protagonizada por el GAL.
Y, al parecer, Esmeraldas reúne esas características. Uno de esos focos es la zona ribereña, en donde habitan alrededor de 20 mil familias en una cadena de barrios, muchos de los cuales ni siquiera son reconocidos por las autoridades municipales. Aunque la regeneración urbana ha cambiado la cara de muchos de ellos, hay zonas donde se sienten los estragos de la miseria: ser un depósito de las aguas servidas de las zonas alta e intermedia de la ciudad. (LB)
"Tan violento es talar el bosque como migrar y robar"
Los líderes locales piden al Gobierno crear fuentes empleo y trato justo
"Donde todos ponen el ojo, nadie pone la mano". Así, el obispo Eugenio Arellano deja constancia del rol de los jueces en estos momentos para juzgar los hechos violentos de los últimos meses. Y, con ello, sentar un precedente que evite que la violencia contamine a la provincia y al resto del país.
"La violencia como vía para resolver conflictos no forma parte de la cultura del esmeraldeño", sostiene. Eso se expresó en la marcha por la paz del 11 de junio pasado, en la que se repudió a toda forma de violencia. Y mostró que "los violentos y los falsos líderes no tienen espacio en la provincia".
Según el prelado, las autoridades y la población deben mantener esa causa. Pero los soluciones deben venir del Estado y el Gobierno con la generación de empleo, que es la "única vía efectiva para combatir la delincuencia y la violencia que produce la exclusión".
Arellano ubica una "violencia pasiva" en los años de abandono, pobreza y corrupción de las autoridades locales. "Hemos tenido que llegar a 2004 para tener un alcalde honrado", dice al referirse a Ernesto Estupiñán, cuya administración emprendió varias obras en los barrios más deprimidos.
Una de ellas es la regeneración de los "barrios bajos", tarea que se hizo con la mano de obra de los vecinos. Esta opción permitió que muchos pandilleros se regeneren y abran pequeños negocios, con apoyo de la Curia y su plan de tricicleros "Los hijos del Obispo".
El alcalde admite que todo eso no es suficiente para proteger a la población de la violencia, sobre todo si se mantiene una visión monopólica desde los centros de poder económico y político. Una visión, asegura, que se basa en explotar los recursos de la provincia sin retribuir, equitativamente, a ella esa riqueza. El puerto es un ejemplo: a pesar de sus bondades, ciertos intereses bloquean su desarrollo, asegura.
Por eso, como el obispo, el alcalde considera que tan violenta es la acción de tumbar un árbol en los bosques esmeraldeños, por parte de intereses madereros, como la generada en las calles por quienes dejaron el bosque por falta de apoyo y la explotación. Muchos de los habitantes ribereños provienen de áreas deforestadas.
"Un cambio implica el apoyo de varias instancias", agrega. Al menos en seguridad hay avances. En cuatro años la Policía implementó siete Puestos de Auxilio Imediato (PAI), algo que parecía imposible antes de 1999.
El general Enrique Amores, director nacional de la Policía Judicial y ex comandante en Esmeraldas, certifica que históricamente los niveles de violencia se limitaban a los actos delictivos de las pandillas. El robo de vehículos es inexistente, por ejemplo. (LB)
La piratería y el monoplio
Según Ovidio Quiñónez, presidente de la Unión Provincial de Cooperativas Pesqueras de Esmeraldas, en los 14 últimos años han muerto en manos de los piratas alrededor de 500 pescadores: 35,7 por año y 2,9 por mes. Además, alerta de que el sector "está a un paso del descalabro al habérselo vinculado con la banda de presuntos sicarios".
Pescadores de las riberas han dejado la pesca y esperan otras opciones de empleo, como la segunda etapa de regeneración urbana que es en otra área y cuya prioridad de trabajo es para otra gente.
Los pescadores se quejan de la merma de la actividad y de "la concentración del negocio en pocas manos". Richard Pareja dice que desde hace años que en la pesca no se recupera los $190 de la inversión base que colocan los dueños de las canoas ($160) y los $30 para operar por tres días.
Algunos esperan que baje la tensión para ir a "rebolar" en el puerto (comprar y revender pescado), pues han dejado de ir estos meses. Pareja espera la campaña electoral u "otra disputa por La Concordia", pues los políticos les pagan $5 ó $10 como fuerza de choque. (LB)
Pesquisa para capturar a la banda tomó medio año
Los barrios ribereños se colocaron barreras para evitar a los violentos
El operativo con personal de la Policía Judicial y el GOE termina con la captura de 10 integrantes de GAL. Inicialmente son detenidos nueve de los miembros, seis de ellos colombianos y dos menores de edad, en una incursión en El Timbre, en la vía a Quito. En una segunda incursión el líder de la banda Palacio Cortez ("El Topo") huye, pero su guardaespaldas Vicente Olmedo Rentería es herido.
Así describe el parte policial la operación matutina del 19 de junio de 2004. Posteriormente el herido muere. Tras las declaraciones, se logra determinar la presunta autoría intelecual de tres armadores pesqueros. Con esta desarticulación, al parecer, se espera poner fin a la violencia desatada desde el 16 de enero, cuando se encontró en el botadero de basura el cuerpo de Remberto Cuero Ureta, con 20 orificios de bala y una leyenda que decía: "Muerto por asesino y ladrón".
Casi en seguidilla son encontrados los cadáveres del colombiano Elías Montaño (19 de enero) y de Byron Rosero Ardila (21 de enero). Tras una pausa, Sandro Portocarrero es abaleado en El Relleno, Muisne (1º de febrero). El 22 cae un hombre, y a mes seguido una mujer. En abril ocurren cinco asesinatos, incluido el de Johny Palacios Cortez, supuesto hermano de "El Topo". El 5 de mayo es acribillado el colombiano José González Bone. Los informes policiales no recogen la muerte de Guilberto Castro Martí, el 6 de febrero pasado.
Según la Policía, hay patrones similares en los asesinatos. Diez y más disparos de arma de grueso calibre (45 mm), algunos con signos de tortura y, en varios casos, leyendas con menciones de venganza por piratería. Los informes policiales señalan que el grupo de colombianos estaba en Ecuador desde diciembre de 2003. A algunos se ubica incluso como residentes en Esmeraldas desde hace tres o cuatro años. Y que incluso había relevos.
La violencia con la que actuaba hizo que los vecinos de los "barrios bajos" se atrincheraran. Colocaron barreras en los accesos de la calle Malecón y el estuario, en este con montículos de tierra, que en un enfrentamiento evitaron que se disparara a ras de las casas.
Las pesquisas policiales para dar con la banda se facilitaron con contactos en Tumaco y los vínculos familiares de algunos de ellos. Miller Acosta, jefe de la PJ de Esmeraldas, aseguró que el movimiento de la banda y sus escondrijos se detectaron desde un primer momento. Pero solo se actuó hasta atraparlos juntos y con evidencias.
De los abatidos atribuidos a los supuestos sicarios, dos tienen antecedentes penales, por asalto y robo. La muerte del comerciante Wilberto Angulo Corozo, el 26 de abril, en una tienda de video, fue considerada un error. Su familia quiere "limpiar" su nombre al inmiscuirselo con la piratería. Igual es el caso del colombiano José Rengifo, dos veces víctima de los piratas. (LB)
¿Conductas "gansteriles"?
La denuncia de la supuesta aparición de otro grupo violento, contrario al GAL, lo vincula a aquel con la piratería; e indirectamente con el asesinato de Johny Palacios, presunto miembro del GAL, el 26 de abril, muerte que es atribuida en las riberas a una pandilla local "como un acto de legítima defensa".
La Policía mantiene cautela por la posibilidad de que se viva un tipo de disputa ajena al de las pandillas locales, cuya actividad (vender droga al "menudeo") ha decrecido con la implementación de la regeneración urbana y la presencia efectiva de la Policía.
El tono de las versiones del GAL también genera dudas. Al detenerlo, uno de sus miembros aseguró que Esmeraldas debía sentirse "agradecida". Esa vehemencia se mantuvo en las primeras horas de su cautiverio al admitirse que recibieron dinero por las matanzas (las pesquisas hablan de hasta $2 000 por cada víctima); para, con el pasar de los días, señalar que se trataba de vendetas personales contra los piratas. A juicio de los investigadores, con ello se intentaría romper la línea del sicariato: la conexión entre los asesinos y sus instigadores. (LB). (BLANCO Y NEGRO)
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