La anunciada explotación de 1 billón de toneladas de cobre del proyecto Junín prende este conflicto
Un billón de toneladas de cobre de Junín divide a Íntag
Las historias de los enfrentamientos se cuentan por docenas, tras la concesión a la firma Ascendant Copper
La madrugada del pasado 2 de diciembre, un grupo de personas armadas con metralletas y bombas lacrimógenas ingresaron a la comunidad Chalguayaco Alto, en la zona de Íntag. Los lugareños respondieron y se produjo un enfrentamiento. El resultado fue un herido de bala, varios contusos y la captura de 57 rehenes por parte de los agredidos.
El conflicto se agravó en el transcurso de la semana y el jueves estuvo a punto de producirse una masacre cuando el alcalde de Cotacachi, Auki Tituaña, intentó ingresar a la zona con otras 400 personas que fueron recibidas a pedradas, por comuneros que apoyan la eventual explotación de grandes yacimientos de cobre existentes en ese sector de la provincia de Imbabura.
En los últimos dos años y medio los enfrentamientos se cuentan por docenas. Todo empezó cuando la compañía canadiense Ascendant Copper obtuvo la concesión de 9504 hectáreas mineras para explorar, explotar, beneficiar, fundir, refinar y comercializar todas las sustancias minerales que se hallaren en la zona.
Investigaciones geoquímicas efectuadas en las décadas de 1980 y 1990 estimaron que el tamaño del yacimiento es de cerca de 1 billón de toneladas, con un contenido mineral pronosticado de 19 billones de libras de cobre y 864 millones de libras de molibdeno. Esta información fue proporcionada por la empresa.
A finales de 2002, el Ministerio de Energía y Minas había conferido los títulos de concesión de estas áreas, denominadas Golden 1 y Golden 2, a Roque Bustamante Espinosa, quien las cedió a Ascendant Copper.
Actualmente, la compañía planea iniciar la fase de exploración. El plan general se denomina Proyecto Junín.
Según la minera, los terrenos están ubicados en las parroquias Peñaherrera y García Moreno, del cantón Cotacahi.
Una descripción de la zona, efectuada hace 10 años por la agencia Japan International Cooperation, indica que el proyecto involucra a cerca de 70 comunidades agrupadas en las parroquias Apuela, Cuellaje, García Moreno, Plaza Gutiérrez, Peñaherrera, Vacas Galindo (pertenecientes a Cotacahi), y Selva Alegre (Otavalo).
El estudio de impacto ambiental de la compañía señala que, en la zona directa e indirectamente relacionada con el Proyecto Junín, habitan 11 339 personas. En tanto, el estudio de la agencia japonesa habla de alrededor de 25 mil pobladores.
En la zona concesionada nacen los ríos Aguagrum y Chalguayacu. El primero fluye al río Íntag y el otro alimenta al Guayllabamba. También hay varios arroyos.
El suelo es fértil, por lo que la gente se dedica a la agricultura y en menor escala a la ganadería, de acuerdo a los testimonios recogidos por BLANCO Y NEGRO. En cambio, la compañía asegura que la principal actividad es la tala de árboles, por falta de fuentes de trabajo.
El Proyecto Junín colinda con la reserva ecológica Cotacahi-Cayapas (entre Esmeraldas e Imbabura). El Ministerio de Energía certificó que no intersecta con el sistema de áreas protegidas. (AA/SR)
"Los guardias son de Falericorp"
Hasta 2005, la compañía había invertido más de $500 mil en compras de terrenos a varios moradores de la zona y programaba invertir $1 millón más; para esa época, algunos predios habían sido recientemente adjudicados por el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (Inda) a los vendedores. Esta última información la difundió la oficina de Defensa y Conservación Ecológica de Íntag.
Ascendant Copper (AC) firmó un contrato de usufructo con la empresa Falericorp, para que esta compañía agrícola explote las tierras de la minera. El gerente de AC, Francisco Veintimilla, dijo que Falericorp ha contratado guardias privados para sus instalaciones y con ellos se han enfrentado los campesinos. (AA/SR)
En lo que va del año se han registrado al menos 15 enfrentamientos entre los sectores que respaldan a la empresa canadiense y las comunidades que se oponen a la exploración y explotación de los yacimientos, que comprenden 9 504 hectáreas mineras.
Cámara acusa a 20 "agitadores". 65 organizaciones piden que se suspenda la explotación minera
La Cámara de Minería atribuye la oposición a la actividad minera a una organización ecologista que se sustenta de fondos internacionales, los cuales usaría para manipular a los pobladores de la zona donde se desarrolla el Proyecto Junín.
Así lo manifestó a BLANCO Y NEGRO el vocero de ese organismo minero, César Espinosa, al reiterar que el país no puede comprometer su futuro por la protesta de 20 personas.
Según Espinosa, los recursos que recibiría esa entidad ecologista, cuyo nombre evitó mencionar, provienen de firmas transnacionales que controlan la minería a escala mundial, a las cuales no les interesa que haya más explotación para mantener altos los precios de los minerales.
Para confirmar la versión, nos pusimos en contacto con los opositores al proyecto y obtuvimos documentos en los que representantes de 65 organizaciones campesinas y ecologistas piden la salida de Ascendant Copper.
Una de ellas es el Comité Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), cuyo presidente, Manolo Morales, cuestiona al Estado por no haber definido reglas claras en materia de concesiones mineras.
Señala que en la fase de exploración el Estado recibe $1 anual por cada hectárea concesionada hasta llegar a $16 y que esta actividad no genera regalías al país, a diferencia del petróleo.
El subsecretario de Minas, Carlos Murriagui, lo confirmó al señalar que los concesionarios empiezan pagando $1 y llegan a pagar $16; anotó que no hay un porcentaje de participación para el Estado, según la actual Ley de Minería. Antes era del 3% sobre la producción bruta.
Así, una empresa minera (la Ley dice que el Estado emite un título único por 30 años para quien lo solicite) podría mantener la concesión durante todo ese tiempo, con pagar desde $1 a $16 anuales por hectárea, sin realizar ninguna actividad.
Al no existir regalías, el Estado solo recibe los pagos por impuesto a la renta, de acuerdo a la actividad realizada.
Con todo eso, Morales pregunta si el Estado ha valorado todos los costos ambientales y los de remediación que provocaría la actividad minera. (AA/SR)
"El proceso fue a espaldas de las comunidades"
Constitución dice que los pobladores de las zonas afectadas deben ser informados antes de la concesión
El vocero de la Cámara de Minería, César Espinosa, acusa al alcalde de Cotacachi, Auki Tituaña, de intentar controlar la zona donde está ubicado el Proyecto Junín para favorecer su gestión.
El alcalde señala que su oposición se debe a una violación flagrante al artículo 88 de la Constitución, que establece: Toda decisión estatal que pueda afectar al medioambiente deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual esta será debidamente informada. La ley garantizará su participación.
Tituaña dice que el Ministerio de Energía otorgó la concesión sin consultar con las autoridades y comunidades del cantón, pese a que la concesión está ubicada en la jurisdicción de Cotacachi.
Esto, a pesar de que en 2000 esa ciudad fue declarada cantón ecológico y la minería no es compatible con la conservación ni el desarrollo sostenido y sustentable, según Tituaña. (AA)
"Minería a cielo abierto es insostenible y degradante"
La cordillera de Toisán sería una de las reservas con mayor biodiversidad del mundo, según el Cedenma
La minería a cielo abierto es insostenible y totalmente degradante, manifiesta Rossana Manosalvas, de Ecociencia.
Indica que la explotación a cielo abierto implica levantar todo, sin ningún tipo de túneles, botando los desechos a los ríos cercanos, puesto que los yacimientos se encuentran generalmente en las pendientes. Como en la zona hay lluvias frecuentes, los desperdicios son arrastrados por riachuelos que generalmente desembocan en los grandes ríos que proveen del líquido vital a las comunidades.
Ella menciona estudios realizados por esa y otras organizaciones ambientalistas que señalan que las áreas boscosas de los declives occidentales de Junín y de toda la cuenca alta del río Íntag está localizada en la ceja de montaña que se conoce como la cordillera de Toisán.
La referida cordillera es una de las reservas minerales con mayor biodiversidad del mundo, afirma Manolo Morales, del Cedenma.
Los bosques de Íntag albergan una extraordinaria cantidad y diversidad de animales y plantas, y cumplen una función de protección de numerosas microcuencas que conforman la cuenca del Íntag, la cual se prolonga hasta la Costa.
Un estudio, efectuado en 1996 por la Japan International Corporation Agency, señaló que entre otros impactos habría que reubicar a 200 familias de la zona. (SR/AA)
"Oposición viene de un grupo de extranjeros que maneja discurso extremista y radical"
Representante de la empresa niega una posible contaminación y la desaparición del poblado de Junín; dice que hay una estrategia para desprestigiar a Ascendant Copper
Ascendant Copper proyecta invertir entre $1 000 y $1 400 millones en el Ecuador y crear cerca de 12 mil fuentes de trabajo, manifiesta su gerente, Francisco Veintimilla.
Indica que la compañía respeta la legislación ecuatoriana, por lo que desde su llegada se ha limitado a trabajar en el ámbito de las relaciones comunitarias para socializar los objetivos de la concesión.
Es así que aún no ha empezado la fase de exploración, asegura. Inicialmente, esta tomaría de cuatro a seis años y la explotación comenzaría cuatro años después de eso, agrega.
Para el funcionario, la oposición en la zona de Íntag es un problema antiguo. Indica que ya la afrontó un grupo belga de investigación que estuvo en la zona en la década de 1980. Varios años después, la compañía Bishimetal (parte de la transnacional japonesa Mitsubishi) tuvo que abandonar el país, por la oposición de los lugareños.
Con la llegada de Ascendant Copper, empezó a aplicarse la misma estrategia, afirma Veintimilla, quien atribuye su mentalización y diseño a un grupo de extranjeros de ideología extremista y radical.
Dice que ellos han elaborado un discurso retardatario, con una mezcla de verdades a medias, mentiras e inexactitudes. Hablan una cantidad de barbaridades sin sustento técnico como la segura desaparición del pueblo de Junín.
El gerente manifiesta que eso no ocurrirá porque las operaciones mineras se desarrollarán lejos de ese poblado.
También niega una eventual contaminación de las aguas con arsénico o cianuro, porque en la explotación del cobre no se utilizan esos químicos contaminantes.
Para Veintimilla, la oposición constituye una campaña extremista, como ocurría en la década de 1970. Dicen que la compañía extranjera es mala, que les va a robar y les va a engañar. Nada de eso es verdad, asegura.
El funcionario cree que el Estado no debe cerrar la exploración minera, pues el recurso petrolero se agotaría en 2020 y para esa época podría tener ingentes ingresos provenientes de la industria minera.
Añade que Ascendant Copper prevé pagar al Estado $307 millones solo por impuesto a la renta, además del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los derechos de concesión.
Calcula que, dependiendo del tiempo de explotación, los ingresos para el país serían entre $1 300 a $3 200 millones anuales, lo que, según sus cuentas, equivale al 4,5% y hasta el 8% del Producto Interno Bruto (PIB).
Finalmente, niega haber contratado paramilitares para combatir a los comuneros. Dice que son guardias de la empresa Falericorp. (SR/AA)
PUNTO DE VISTA
Hombre-naturaleza: buscar el equilibrio
El debate no es nuevo y los actores tampoco. El enfrentamiento entre las comunidades donde hay yacimientos mineros y los inversionistas es una constante en la historia del Ecuador y en la de muchas otras naciones, en especial de los países en vías de desarrollo.
La confrontación, sin embargo, en lugar de haber servido para que las autoridades, los inversionistas, los ecologistas y los pobladores hayan encontrado una fórmula o un punto intermedio de arreglo, ha llevado a que las posiciones se radicalicen y que todas salgan, de una u otra manera, perdiendo.
El informe de BLANCO Y NEGRO presenta la historia de una "billonaria mina" que podría dejar importantes recursos, vía impuestos al Estado, revertir ganancias a los inversionistas y hasta mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona minera.
Pero el tema no es tan amable como podría parecer.
De parte de las personas que viven en el área de incidencia del llamado Proyecto Junín los cuestionamientos están dados porque dicen que sus tierras serían afectadas por la contaminación, con lo que perderían su fuente de sustento.
Desde la minera canandiense Ascendant Copper, que invertiría, según sus directivos entre $1 000 millones hasta $1 400 millones y crearía 12 mil fuentes de empleo, las objeciones a su proyecto son producto de la mala influencia de "extremistas" así como de "extranjeros" que han dicho a los pobladores que su entorno va a ser afectado, perdiendo hasta las vertientes de agua.
¿Y el Estado, qué?
La ausencia de Estado, es decir, de autoridades con probada solvencia, que decidan por los ciudadanos y que adopten la mejor decisión para el país es lo único que ha salido a la luz en este caso minero.
Desde luego que el dilema no es fácil de resolver, pero para eso están allí: para hacer que se mantenga el equilibro entre el hombre y la naturaleza. (TFF)(Blanco y Negro)
Un billón de toneladas de cobre de Junín divide a Íntag
Las historias de los enfrentamientos se cuentan por docenas, tras la concesión a la firma Ascendant Copper
La madrugada del pasado 2 de diciembre, un grupo de personas armadas con metralletas y bombas lacrimógenas ingresaron a la comunidad Chalguayaco Alto, en la zona de Íntag. Los lugareños respondieron y se produjo un enfrentamiento. El resultado fue un herido de bala, varios contusos y la captura de 57 rehenes por parte de los agredidos.
El conflicto se agravó en el transcurso de la semana y el jueves estuvo a punto de producirse una masacre cuando el alcalde de Cotacachi, Auki Tituaña, intentó ingresar a la zona con otras 400 personas que fueron recibidas a pedradas, por comuneros que apoyan la eventual explotación de grandes yacimientos de cobre existentes en ese sector de la provincia de Imbabura.
En los últimos dos años y medio los enfrentamientos se cuentan por docenas. Todo empezó cuando la compañía canadiense Ascendant Copper obtuvo la concesión de 9504 hectáreas mineras para explorar, explotar, beneficiar, fundir, refinar y comercializar todas las sustancias minerales que se hallaren en la zona.
Investigaciones geoquímicas efectuadas en las décadas de 1980 y 1990 estimaron que el tamaño del yacimiento es de cerca de 1 billón de toneladas, con un contenido mineral pronosticado de 19 billones de libras de cobre y 864 millones de libras de molibdeno. Esta información fue proporcionada por la empresa.
A finales de 2002, el Ministerio de Energía y Minas había conferido los títulos de concesión de estas áreas, denominadas Golden 1 y Golden 2, a Roque Bustamante Espinosa, quien las cedió a Ascendant Copper.
Actualmente, la compañía planea iniciar la fase de exploración. El plan general se denomina Proyecto Junín.
Según la minera, los terrenos están ubicados en las parroquias Peñaherrera y García Moreno, del cantón Cotacahi.
Una descripción de la zona, efectuada hace 10 años por la agencia Japan International Cooperation, indica que el proyecto involucra a cerca de 70 comunidades agrupadas en las parroquias Apuela, Cuellaje, García Moreno, Plaza Gutiérrez, Peñaherrera, Vacas Galindo (pertenecientes a Cotacahi), y Selva Alegre (Otavalo).
El estudio de impacto ambiental de la compañía señala que, en la zona directa e indirectamente relacionada con el Proyecto Junín, habitan 11 339 personas. En tanto, el estudio de la agencia japonesa habla de alrededor de 25 mil pobladores.
En la zona concesionada nacen los ríos Aguagrum y Chalguayacu. El primero fluye al río Íntag y el otro alimenta al Guayllabamba. También hay varios arroyos.
El suelo es fértil, por lo que la gente se dedica a la agricultura y en menor escala a la ganadería, de acuerdo a los testimonios recogidos por BLANCO Y NEGRO. En cambio, la compañía asegura que la principal actividad es la tala de árboles, por falta de fuentes de trabajo.
El Proyecto Junín colinda con la reserva ecológica Cotacahi-Cayapas (entre Esmeraldas e Imbabura). El Ministerio de Energía certificó que no intersecta con el sistema de áreas protegidas. (AA/SR)
"Los guardias son de Falericorp"
Hasta 2005, la compañía había invertido más de $500 mil en compras de terrenos a varios moradores de la zona y programaba invertir $1 millón más; para esa época, algunos predios habían sido recientemente adjudicados por el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (Inda) a los vendedores. Esta última información la difundió la oficina de Defensa y Conservación Ecológica de Íntag.
Ascendant Copper (AC) firmó un contrato de usufructo con la empresa Falericorp, para que esta compañía agrícola explote las tierras de la minera. El gerente de AC, Francisco Veintimilla, dijo que Falericorp ha contratado guardias privados para sus instalaciones y con ellos se han enfrentado los campesinos. (AA/SR)
En lo que va del año se han registrado al menos 15 enfrentamientos entre los sectores que respaldan a la empresa canadiense y las comunidades que se oponen a la exploración y explotación de los yacimientos, que comprenden 9 504 hectáreas mineras.
Cámara acusa a 20 "agitadores". 65 organizaciones piden que se suspenda la explotación minera
La Cámara de Minería atribuye la oposición a la actividad minera a una organización ecologista que se sustenta de fondos internacionales, los cuales usaría para manipular a los pobladores de la zona donde se desarrolla el Proyecto Junín.
Así lo manifestó a BLANCO Y NEGRO el vocero de ese organismo minero, César Espinosa, al reiterar que el país no puede comprometer su futuro por la protesta de 20 personas.
Según Espinosa, los recursos que recibiría esa entidad ecologista, cuyo nombre evitó mencionar, provienen de firmas transnacionales que controlan la minería a escala mundial, a las cuales no les interesa que haya más explotación para mantener altos los precios de los minerales.
Para confirmar la versión, nos pusimos en contacto con los opositores al proyecto y obtuvimos documentos en los que representantes de 65 organizaciones campesinas y ecologistas piden la salida de Ascendant Copper.
Una de ellas es el Comité Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), cuyo presidente, Manolo Morales, cuestiona al Estado por no haber definido reglas claras en materia de concesiones mineras.
Señala que en la fase de exploración el Estado recibe $1 anual por cada hectárea concesionada hasta llegar a $16 y que esta actividad no genera regalías al país, a diferencia del petróleo.
El subsecretario de Minas, Carlos Murriagui, lo confirmó al señalar que los concesionarios empiezan pagando $1 y llegan a pagar $16; anotó que no hay un porcentaje de participación para el Estado, según la actual Ley de Minería. Antes era del 3% sobre la producción bruta.
Así, una empresa minera (la Ley dice que el Estado emite un título único por 30 años para quien lo solicite) podría mantener la concesión durante todo ese tiempo, con pagar desde $1 a $16 anuales por hectárea, sin realizar ninguna actividad.
Al no existir regalías, el Estado solo recibe los pagos por impuesto a la renta, de acuerdo a la actividad realizada.
Con todo eso, Morales pregunta si el Estado ha valorado todos los costos ambientales y los de remediación que provocaría la actividad minera. (AA/SR)
"El proceso fue a espaldas de las comunidades"
Constitución dice que los pobladores de las zonas afectadas deben ser informados antes de la concesión
El vocero de la Cámara de Minería, César Espinosa, acusa al alcalde de Cotacachi, Auki Tituaña, de intentar controlar la zona donde está ubicado el Proyecto Junín para favorecer su gestión.
El alcalde señala que su oposición se debe a una violación flagrante al artículo 88 de la Constitución, que establece: Toda decisión estatal que pueda afectar al medioambiente deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual esta será debidamente informada. La ley garantizará su participación.
Tituaña dice que el Ministerio de Energía otorgó la concesión sin consultar con las autoridades y comunidades del cantón, pese a que la concesión está ubicada en la jurisdicción de Cotacachi.
Esto, a pesar de que en 2000 esa ciudad fue declarada cantón ecológico y la minería no es compatible con la conservación ni el desarrollo sostenido y sustentable, según Tituaña. (AA)
"Minería a cielo abierto es insostenible y degradante"
La cordillera de Toisán sería una de las reservas con mayor biodiversidad del mundo, según el Cedenma
La minería a cielo abierto es insostenible y totalmente degradante, manifiesta Rossana Manosalvas, de Ecociencia.
Indica que la explotación a cielo abierto implica levantar todo, sin ningún tipo de túneles, botando los desechos a los ríos cercanos, puesto que los yacimientos se encuentran generalmente en las pendientes. Como en la zona hay lluvias frecuentes, los desperdicios son arrastrados por riachuelos que generalmente desembocan en los grandes ríos que proveen del líquido vital a las comunidades.
Ella menciona estudios realizados por esa y otras organizaciones ambientalistas que señalan que las áreas boscosas de los declives occidentales de Junín y de toda la cuenca alta del río Íntag está localizada en la ceja de montaña que se conoce como la cordillera de Toisán.
La referida cordillera es una de las reservas minerales con mayor biodiversidad del mundo, afirma Manolo Morales, del Cedenma.
Los bosques de Íntag albergan una extraordinaria cantidad y diversidad de animales y plantas, y cumplen una función de protección de numerosas microcuencas que conforman la cuenca del Íntag, la cual se prolonga hasta la Costa.
Un estudio, efectuado en 1996 por la Japan International Corporation Agency, señaló que entre otros impactos habría que reubicar a 200 familias de la zona. (SR/AA)
"Oposición viene de un grupo de extranjeros que maneja discurso extremista y radical"
Representante de la empresa niega una posible contaminación y la desaparición del poblado de Junín; dice que hay una estrategia para desprestigiar a Ascendant Copper
Ascendant Copper proyecta invertir entre $1 000 y $1 400 millones en el Ecuador y crear cerca de 12 mil fuentes de trabajo, manifiesta su gerente, Francisco Veintimilla.
Indica que la compañía respeta la legislación ecuatoriana, por lo que desde su llegada se ha limitado a trabajar en el ámbito de las relaciones comunitarias para socializar los objetivos de la concesión.
Es así que aún no ha empezado la fase de exploración, asegura. Inicialmente, esta tomaría de cuatro a seis años y la explotación comenzaría cuatro años después de eso, agrega.
Para el funcionario, la oposición en la zona de Íntag es un problema antiguo. Indica que ya la afrontó un grupo belga de investigación que estuvo en la zona en la década de 1980. Varios años después, la compañía Bishimetal (parte de la transnacional japonesa Mitsubishi) tuvo que abandonar el país, por la oposición de los lugareños.
Con la llegada de Ascendant Copper, empezó a aplicarse la misma estrategia, afirma Veintimilla, quien atribuye su mentalización y diseño a un grupo de extranjeros de ideología extremista y radical.
Dice que ellos han elaborado un discurso retardatario, con una mezcla de verdades a medias, mentiras e inexactitudes. Hablan una cantidad de barbaridades sin sustento técnico como la segura desaparición del pueblo de Junín.
El gerente manifiesta que eso no ocurrirá porque las operaciones mineras se desarrollarán lejos de ese poblado.
También niega una eventual contaminación de las aguas con arsénico o cianuro, porque en la explotación del cobre no se utilizan esos químicos contaminantes.
Para Veintimilla, la oposición constituye una campaña extremista, como ocurría en la década de 1970. Dicen que la compañía extranjera es mala, que les va a robar y les va a engañar. Nada de eso es verdad, asegura.
El funcionario cree que el Estado no debe cerrar la exploración minera, pues el recurso petrolero se agotaría en 2020 y para esa época podría tener ingentes ingresos provenientes de la industria minera.
Añade que Ascendant Copper prevé pagar al Estado $307 millones solo por impuesto a la renta, además del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los derechos de concesión.
Calcula que, dependiendo del tiempo de explotación, los ingresos para el país serían entre $1 300 a $3 200 millones anuales, lo que, según sus cuentas, equivale al 4,5% y hasta el 8% del Producto Interno Bruto (PIB).
Finalmente, niega haber contratado paramilitares para combatir a los comuneros. Dice que son guardias de la empresa Falericorp. (SR/AA)
PUNTO DE VISTA
Hombre-naturaleza: buscar el equilibrio
El debate no es nuevo y los actores tampoco. El enfrentamiento entre las comunidades donde hay yacimientos mineros y los inversionistas es una constante en la historia del Ecuador y en la de muchas otras naciones, en especial de los países en vías de desarrollo.
La confrontación, sin embargo, en lugar de haber servido para que las autoridades, los inversionistas, los ecologistas y los pobladores hayan encontrado una fórmula o un punto intermedio de arreglo, ha llevado a que las posiciones se radicalicen y que todas salgan, de una u otra manera, perdiendo.
El informe de BLANCO Y NEGRO presenta la historia de una "billonaria mina" que podría dejar importantes recursos, vía impuestos al Estado, revertir ganancias a los inversionistas y hasta mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona minera.
Pero el tema no es tan amable como podría parecer.
De parte de las personas que viven en el área de incidencia del llamado Proyecto Junín los cuestionamientos están dados porque dicen que sus tierras serían afectadas por la contaminación, con lo que perderían su fuente de sustento.
Desde la minera canandiense Ascendant Copper, que invertiría, según sus directivos entre $1 000 millones hasta $1 400 millones y crearía 12 mil fuentes de empleo, las objeciones a su proyecto son producto de la mala influencia de "extremistas" así como de "extranjeros" que han dicho a los pobladores que su entorno va a ser afectado, perdiendo hasta las vertientes de agua.
¿Y el Estado, qué?
La ausencia de Estado, es decir, de autoridades con probada solvencia, que decidan por los ciudadanos y que adopten la mejor decisión para el país es lo único que ha salido a la luz en este caso minero.
Desde luego que el dilema no es fácil de resolver, pero para eso están allí: para hacer que se mantenga el equilibro entre el hombre y la naturaleza. (TFF)(Blanco y Negro)
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