Guayaquil. 31 may 98. La presencia indígena durante las
reuniones de la Asamblea Nacional fue notoria en diversas
jornadas donde se trataron planteamientos inherentes a su
situación. Diferentes grupos étnicos del país aún insisten en
la tesis de la plurinacionalidad, planteamiento que en
definitiva no llegó a cristalizarse en reforma.
MONICA ALMEIDA
QUITO.- La nueva Constitución incorporará entre los deberes y
obligaciones de los ciudadanos tres principios básicos de los
pueblos indígenas: ``Ama Llulla, Ama Shua, Ama Quilla" (No
robar, no mentir y no ser ocioso). No es algo casual. Por
primera vez, los derechos de los pueblos indígenas
-autodefinidos como nacionalidades- son incorporados en un
texto constitucional.
Este hecho sin precedentes es calificado de ``avance
histórico" por unos, y de ``manipulación de intereses" por
otros.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(Conaie), constituida en 1986, defiende la primera tesis. Para
Nina Pacari, dirigente, este es el momento de considerar a los
indígenas como actores en el proceso de un desarrollo
autogestionario, ``sin plantear la caridad ni la mendicidad".
Carlos Viteri, quichua de la Amazonia y miembro de la
Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP), cree que
la implicación del paso es ``que se abren las puertas hacia la
convivencia" entre los grupos mestizos, indígenas y
afroecuatorianos y que ``el reconocimiento de la diversidad es
un aporte".
Y un primer paso, dice Viteri, sería realizar un censo para
saber su número exacto, ``pues las cifras oficiales manipulan
el porcentaje de población indígena al ubicarla entre el 10 y
el 45 por ciento, según la conveniencia".
La investigadora María Fernanda Espinosa, catedrática de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso),
enfatiza el hecho de que ``las reformas recogen la mayor parte
de las reivindicaciones de los pueblos indígenas".
Conceptos anclados
No obstante, el jurista Fabián Corral, decano de la Facultad
de Derecho de la Universidad San Francisco, interpreta las
reformas en otro sentido: al establecer ciertos principios
constitucionales, dice, ciertos conceptos se ``anclaron" en
una Constitución que no refleja el carácter cambiante de la
sociedad ni el rápido proceso de aculturación por el que
atraviesan los pueblos indígenas. Más aún, Corral teme que la
Carta Política no refleje la predominancia mestiza en una
sociedad tan compleja como la ecuatoriana, donde ``ni siquiera
el poncho es indígena, si no mestizo".
Corral cree que un gran debate nacional -que no solamente
involucre a los grupos indígenas- debe empezar antes de dar
forma a las diferentes leyes necesarias para que las reformas
aprobadas sean aplicadas.
Para Viteri, lo que sigue es ``un enorme desafío, pues deben
prepararse las condiciones para ejercer los derechos indígenas
y afroecuatorianos, y eso implica replantear las propias
estructuras". Es necesario, dice este dirigente, que los
indígenas pasen de la fase gremialista y organizacional a la
consolidación como pueblos.
Tanto él como Nina Pacari coinciden en que lo primero que se
requiere es evaluar los alcances reales de las reformas para
inmediatamente concentrarse en la elaboración, reforma o
replanteamiento de las leyes que normen los principios
constitucionales ya aprobados.
Un promedio de diez leyes
Nina Pacari cree que en promedio serán diez leyes, y que su
elaboración empezaría en agosto próximo. Se sabe que un equipo
de cerca de 15 personas se encargaría de este trabajo. Por lo
pronto, el asambleísta Julio César Trujillo, representante de
los movimientos sociales, confirmó ya su apoyo a este equipo
``en cuanto termine el trabajo en la Asamblea".
``La elaboración de las leyes debe ser muy cautelosa",
sentencia Corral. El jurista encuentra que al menos tres de
las reformas aprobadas pueden generar conflictos: aquella que
crea circunscripciones territoriales en las zonas con
predominancia indígena o afroecuatoriana, la que reconoce el
derecho de las comunidades a practicar el derecho
consuetudinario y la que obliga a que los indígenas sean
consultados antes de iniciar proyectos de exploración o
explotación de recursos naturales no renovables, es decir,
petrolíferos y mineros.
Pacari no encuentra conflicto, sino que ``quienes concentran
el poder no lo quieren ceder".
Explica que 48 de los 209 cantones existentes a nivel nacional
tienen poblaciones predominantemente indígenas, y que la
reforma implicaría que ``el país replantee su organización
territorial, pues la vigente data de 1864". De modo que a las
provincias, cantones y parroquias habría que armonizarlas con
la figura de las circunscripciones territoriales, cuyas
autoridades -según se desprende de la norma constitucional-
serían indígenas o afroecuatorianas, según el caso.
No en vano, Viteri y Pacari hablan de una suerte de
``autonomía" en estas circunscripciones.
¿Tiene razón acaso Fabián Corral cuando expresa su temor de
que esta autonomía lleve a la atomización del país? ``Las
circunscripciones territoriales se parecen demasiado a un
territorio, y el territorio es lo que define al Estado",
advierte Corral.
Temores de atomización
Viteri cree que el temor es infundado. ``No es una atomización
porque los pueblos indígenas nos concebimos dentro del país.
Participamos aunque en condiciones injustas en la economía
nacional". Y Pacari agrega que el de las circunscripciones
-así como las posibilidades de participar en la planificación
y en tener acceso a presupuestos del Estado- no son más que
posibilidades de buscar el desarrollo para los pueblos
indígenas.
Pero aclara que tras este discurso no está la visión de un
Estado paternalista, pues plantean un modelo de cogestión
Estado-pueblos indígenas. Recuerda que el 67% de la producción
de alimentos básicos está en manos de comunidades indígenas y
pequeños agricultores.
La aplicación del derecho consuetudinario (el de las
costumbres) es otro punto en debate.
Carlos Viteri y Nina Pacari coinciden en que la reforma es un
reconocimiento ``de que existe otra forma de justicia". Pacari
insiste en que la reforma constitucional permite
institucionalizar ``normas que se venían aplicando dentro de
la cotidianidad en la resolución de problemas de linderos, de
reconocimiento de hijos, de pensiones alimenticias". A manera
de anécdota, relata que en Chimborazo la población urbana
acudía a una organización indígena para resolver litigios de
herencias.
``Me parece importante que miremos con ojos distintos, no del
sensacionalismo ni de la espectacularidad, sino con otra
escala de valores", dice, en alusión a publicitados casos como
el linchamiento de las brujas de Calguazig, ``que no tienen
nada que ver con las normas de los pueblos indígenas, pero son
una reacción inmediata en la que no prima la razón".
Manzanas de discordia
Pero Fabián Corral cuestiona la existencia misma de un sistema
jurídico consuetudinario, al explicar que ``lo que existe son
prácticas aisladas y no una organización sistemática de
costumbres reiteradas".
El peligro, dice, es que ahora ``se inventen o se descubran
procedimientos ocultos durante 500 años".
``El derecho consuetudinario no ha tenido desarrollo en países
de tradición latina, donde la más importante fuente de derecho
es la Ley, no la costumbre", explica Corral al agregar que, en
cambio, las sociedades anglosajonas sí tienen como fuente
principal de derecho la costumbre y los precedentes. ``Es
curioso que algunas tendencias izquierdistas intenten tomar
una tradición sajona", explica Corral.
Para este jurista, la existencia de los tres principios
básicos de no robar, no mentir y no ser ocioso no implica la
presencia de un sistema consuetudinario. ``Estos son
principios éticos, no jurídicos, y la distinción la hacen
todos los tratadistas. Decir que las tres consignas son normas
jurídicas es como decir que los diez mandamientos son normas
jurídicas, cuando son principios de ética y moral".
Otra manzana de la discordia se refiere a la reforma
constitucional según la cual los pueblos indígenas deben ser
consultados antes de iniciar perforaciones, exploraciones o
labores de explotación de recursos naturales no renovables.
Viteri defiende que las comunidades indígenas vivieron en
armonía con el medio durante siglos, de modo que son las
llamadas a vigilar que la minería o la actividad petrolífera
no sigan causando deterioros ambientales. Pacari insiste en
que ``la actividad de explotación nunca consideró lo
ambiental, afectando a las poblaciones locales, sean indígenas
o no". Ella considera que deben realizarse inventarios de
biodiversidad antes de iniciar cualquier actividad.
En un foro realizado hace tres semanas en la Facultad de
Geología y Minas de la Universidad Central, tanto el
Subsecretario de Minas, Jorge Sevilla, como un directivo de la
Cámara de Minería, César Espinosa, y un miembro del Foro
Petrolero, René Bucaram, se lamentaron amargamente por esta
reforma. ``La inversión simplemente se irá hacia otros
lugares", coincidieron.
Insistencia indígena
Veintisiete de 44 asambleístas apoyaban la tesis de la
plurinacionalidad, pero la reforma no pasó, explica Nina
Pacari.
No obstante, tanto Pacari como Viteri creen que el objetivo a
largo plazo es llegar al reconocimiento del Estado como
plurinacional, de modo que anuncian un trabajo en esa
dirección.
Reformas Aprobadas
Se reconoce la existencia de los pueblos indígenas y negros,
que se autodefinen como nacionalidades indígenas y
afroecuatorianas.
Se reconocen las formas tradicionales de organización,
autoridad y ejercicio de esa autoridad.
Se reconoce el derecho consuetudinario para que los indígenas
resuelvan conflictos sociales con sus propias normas, sin
apartarse de la justicia ordinaria. Deben armonizarse.
Se reconoce la medicina indígena en la Constitución.
Se reconoce el sistema de educación intercultural bilingüe.
Se reconoce la propiedad intelectual comunitaria de los
conocimientos ancestrales.
Se reconoce el derecho y la conservación de sus tierras y a no
ser desplazados de ellas.
Se reconoce la legalidad y garantiza la posesión ancestral de
las tierras indígenas.
Se reconoce el derecho al uso, disfrute, administración y
conservación de recursos naturales renovables.
En el caso de los no renovables, el derecho a ser consultados
antes de explorar, explotar.
Además, deben ser beneficiados con estos proyectos. Y si hay
daño ambiental, deben ser indemnizados.
Se aprobaron las circunscripciones territoriales indígenas.
Se aprobó como sistema de economía adicional el trueque, que
podrá aplicarse en todo el territorio nacional.
¿Y los pueblos afroecuatorianos?
La Asamblea aprobó que ``el Estado reconoce y garantiza los
derechos de los pueblos negros en todo lo que sea aplicable".
Esto no fue bien visto del todo por los mismos líderes negros,
algunos de los cuales cuestionaron la legitimidad del único
asambleísta negro como representante de ese pueblo.
Oscar Chalá, antropólogo de la comunidad del Chota, cuestiona
que el asambleísta Víctor León representaba al PRE y no al
pueblo afroecuatoriano.
``Es trascendental lo que la Asamblea hizo respecto a los
pueblos indígenas, no obstante, a nosotros nos quedó un sabor
amargo cuando ya no hubo la voluntad de la Asamblea de tratar
los derechos del pueblo negro por separado, ante la petición
de un asambleísta negro".
``Vamos a tener que negociar, a concertar cuáles son los
derechos de los pueblos indígenas que serían aplicables para
los pueblos negros", dice Chalá.
``No queremos ser añadidura de nadie ni que la sociedad
ecuatoriana en su conjunto quiera mirarnos a través del espejo
organizativo del pueblo indígena".
Las propuestas de los pueblos afroecuatorianos, explica,
fueron trabajadas desde 1994. Uno de sus fundamentos es el
reconocimiento de comarcas, es decir, asentamientos
ancestrales de grupos afroecuatorianos. Su equivalente serían
las circunscripciones territoriales aprobadas.
Chalá reconoce que a los afroecuatorianos aún les falta una
visión de pueblo, y una de las consecuencias es que no se
pueda cuantificar su presencia a nivel nacional: mientras las
organizaciones estiman entre 800.000 y un millón de negros,
las cifras oficiales dan un número menor. (Texto tomado de El
Universo)
reuniones de la Asamblea Nacional fue notoria en diversas
jornadas donde se trataron planteamientos inherentes a su
situación. Diferentes grupos étnicos del país aún insisten en
la tesis de la plurinacionalidad, planteamiento que en
definitiva no llegó a cristalizarse en reforma.
MONICA ALMEIDA
QUITO.- La nueva Constitución incorporará entre los deberes y
obligaciones de los ciudadanos tres principios básicos de los
pueblos indígenas: ``Ama Llulla, Ama Shua, Ama Quilla" (No
robar, no mentir y no ser ocioso). No es algo casual. Por
primera vez, los derechos de los pueblos indígenas
-autodefinidos como nacionalidades- son incorporados en un
texto constitucional.
Este hecho sin precedentes es calificado de ``avance
histórico" por unos, y de ``manipulación de intereses" por
otros.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(Conaie), constituida en 1986, defiende la primera tesis. Para
Nina Pacari, dirigente, este es el momento de considerar a los
indígenas como actores en el proceso de un desarrollo
autogestionario, ``sin plantear la caridad ni la mendicidad".
Carlos Viteri, quichua de la Amazonia y miembro de la
Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP), cree que
la implicación del paso es ``que se abren las puertas hacia la
convivencia" entre los grupos mestizos, indígenas y
afroecuatorianos y que ``el reconocimiento de la diversidad es
un aporte".
Y un primer paso, dice Viteri, sería realizar un censo para
saber su número exacto, ``pues las cifras oficiales manipulan
el porcentaje de población indígena al ubicarla entre el 10 y
el 45 por ciento, según la conveniencia".
La investigadora María Fernanda Espinosa, catedrática de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso),
enfatiza el hecho de que ``las reformas recogen la mayor parte
de las reivindicaciones de los pueblos indígenas".
Conceptos anclados
No obstante, el jurista Fabián Corral, decano de la Facultad
de Derecho de la Universidad San Francisco, interpreta las
reformas en otro sentido: al establecer ciertos principios
constitucionales, dice, ciertos conceptos se ``anclaron" en
una Constitución que no refleja el carácter cambiante de la
sociedad ni el rápido proceso de aculturación por el que
atraviesan los pueblos indígenas. Más aún, Corral teme que la
Carta Política no refleje la predominancia mestiza en una
sociedad tan compleja como la ecuatoriana, donde ``ni siquiera
el poncho es indígena, si no mestizo".
Corral cree que un gran debate nacional -que no solamente
involucre a los grupos indígenas- debe empezar antes de dar
forma a las diferentes leyes necesarias para que las reformas
aprobadas sean aplicadas.
Para Viteri, lo que sigue es ``un enorme desafío, pues deben
prepararse las condiciones para ejercer los derechos indígenas
y afroecuatorianos, y eso implica replantear las propias
estructuras". Es necesario, dice este dirigente, que los
indígenas pasen de la fase gremialista y organizacional a la
consolidación como pueblos.
Tanto él como Nina Pacari coinciden en que lo primero que se
requiere es evaluar los alcances reales de las reformas para
inmediatamente concentrarse en la elaboración, reforma o
replanteamiento de las leyes que normen los principios
constitucionales ya aprobados.
Un promedio de diez leyes
Nina Pacari cree que en promedio serán diez leyes, y que su
elaboración empezaría en agosto próximo. Se sabe que un equipo
de cerca de 15 personas se encargaría de este trabajo. Por lo
pronto, el asambleísta Julio César Trujillo, representante de
los movimientos sociales, confirmó ya su apoyo a este equipo
``en cuanto termine el trabajo en la Asamblea".
``La elaboración de las leyes debe ser muy cautelosa",
sentencia Corral. El jurista encuentra que al menos tres de
las reformas aprobadas pueden generar conflictos: aquella que
crea circunscripciones territoriales en las zonas con
predominancia indígena o afroecuatoriana, la que reconoce el
derecho de las comunidades a practicar el derecho
consuetudinario y la que obliga a que los indígenas sean
consultados antes de iniciar proyectos de exploración o
explotación de recursos naturales no renovables, es decir,
petrolíferos y mineros.
Pacari no encuentra conflicto, sino que ``quienes concentran
el poder no lo quieren ceder".
Explica que 48 de los 209 cantones existentes a nivel nacional
tienen poblaciones predominantemente indígenas, y que la
reforma implicaría que ``el país replantee su organización
territorial, pues la vigente data de 1864". De modo que a las
provincias, cantones y parroquias habría que armonizarlas con
la figura de las circunscripciones territoriales, cuyas
autoridades -según se desprende de la norma constitucional-
serían indígenas o afroecuatorianas, según el caso.
No en vano, Viteri y Pacari hablan de una suerte de
``autonomía" en estas circunscripciones.
¿Tiene razón acaso Fabián Corral cuando expresa su temor de
que esta autonomía lleve a la atomización del país? ``Las
circunscripciones territoriales se parecen demasiado a un
territorio, y el territorio es lo que define al Estado",
advierte Corral.
Temores de atomización
Viteri cree que el temor es infundado. ``No es una atomización
porque los pueblos indígenas nos concebimos dentro del país.
Participamos aunque en condiciones injustas en la economía
nacional". Y Pacari agrega que el de las circunscripciones
-así como las posibilidades de participar en la planificación
y en tener acceso a presupuestos del Estado- no son más que
posibilidades de buscar el desarrollo para los pueblos
indígenas.
Pero aclara que tras este discurso no está la visión de un
Estado paternalista, pues plantean un modelo de cogestión
Estado-pueblos indígenas. Recuerda que el 67% de la producción
de alimentos básicos está en manos de comunidades indígenas y
pequeños agricultores.
La aplicación del derecho consuetudinario (el de las
costumbres) es otro punto en debate.
Carlos Viteri y Nina Pacari coinciden en que la reforma es un
reconocimiento ``de que existe otra forma de justicia". Pacari
insiste en que la reforma constitucional permite
institucionalizar ``normas que se venían aplicando dentro de
la cotidianidad en la resolución de problemas de linderos, de
reconocimiento de hijos, de pensiones alimenticias". A manera
de anécdota, relata que en Chimborazo la población urbana
acudía a una organización indígena para resolver litigios de
herencias.
``Me parece importante que miremos con ojos distintos, no del
sensacionalismo ni de la espectacularidad, sino con otra
escala de valores", dice, en alusión a publicitados casos como
el linchamiento de las brujas de Calguazig, ``que no tienen
nada que ver con las normas de los pueblos indígenas, pero son
una reacción inmediata en la que no prima la razón".
Manzanas de discordia
Pero Fabián Corral cuestiona la existencia misma de un sistema
jurídico consuetudinario, al explicar que ``lo que existe son
prácticas aisladas y no una organización sistemática de
costumbres reiteradas".
El peligro, dice, es que ahora ``se inventen o se descubran
procedimientos ocultos durante 500 años".
``El derecho consuetudinario no ha tenido desarrollo en países
de tradición latina, donde la más importante fuente de derecho
es la Ley, no la costumbre", explica Corral al agregar que, en
cambio, las sociedades anglosajonas sí tienen como fuente
principal de derecho la costumbre y los precedentes. ``Es
curioso que algunas tendencias izquierdistas intenten tomar
una tradición sajona", explica Corral.
Para este jurista, la existencia de los tres principios
básicos de no robar, no mentir y no ser ocioso no implica la
presencia de un sistema consuetudinario. ``Estos son
principios éticos, no jurídicos, y la distinción la hacen
todos los tratadistas. Decir que las tres consignas son normas
jurídicas es como decir que los diez mandamientos son normas
jurídicas, cuando son principios de ética y moral".
Otra manzana de la discordia se refiere a la reforma
constitucional según la cual los pueblos indígenas deben ser
consultados antes de iniciar perforaciones, exploraciones o
labores de explotación de recursos naturales no renovables.
Viteri defiende que las comunidades indígenas vivieron en
armonía con el medio durante siglos, de modo que son las
llamadas a vigilar que la minería o la actividad petrolífera
no sigan causando deterioros ambientales. Pacari insiste en
que ``la actividad de explotación nunca consideró lo
ambiental, afectando a las poblaciones locales, sean indígenas
o no". Ella considera que deben realizarse inventarios de
biodiversidad antes de iniciar cualquier actividad.
En un foro realizado hace tres semanas en la Facultad de
Geología y Minas de la Universidad Central, tanto el
Subsecretario de Minas, Jorge Sevilla, como un directivo de la
Cámara de Minería, César Espinosa, y un miembro del Foro
Petrolero, René Bucaram, se lamentaron amargamente por esta
reforma. ``La inversión simplemente se irá hacia otros
lugares", coincidieron.
Insistencia indígena
Veintisiete de 44 asambleístas apoyaban la tesis de la
plurinacionalidad, pero la reforma no pasó, explica Nina
Pacari.
No obstante, tanto Pacari como Viteri creen que el objetivo a
largo plazo es llegar al reconocimiento del Estado como
plurinacional, de modo que anuncian un trabajo en esa
dirección.
Reformas Aprobadas
Se reconoce la existencia de los pueblos indígenas y negros,
que se autodefinen como nacionalidades indígenas y
afroecuatorianas.
Se reconocen las formas tradicionales de organización,
autoridad y ejercicio de esa autoridad.
Se reconoce el derecho consuetudinario para que los indígenas
resuelvan conflictos sociales con sus propias normas, sin
apartarse de la justicia ordinaria. Deben armonizarse.
Se reconoce la medicina indígena en la Constitución.
Se reconoce el sistema de educación intercultural bilingüe.
Se reconoce la propiedad intelectual comunitaria de los
conocimientos ancestrales.
Se reconoce el derecho y la conservación de sus tierras y a no
ser desplazados de ellas.
Se reconoce la legalidad y garantiza la posesión ancestral de
las tierras indígenas.
Se reconoce el derecho al uso, disfrute, administración y
conservación de recursos naturales renovables.
En el caso de los no renovables, el derecho a ser consultados
antes de explorar, explotar.
Además, deben ser beneficiados con estos proyectos. Y si hay
daño ambiental, deben ser indemnizados.
Se aprobaron las circunscripciones territoriales indígenas.
Se aprobó como sistema de economía adicional el trueque, que
podrá aplicarse en todo el territorio nacional.
¿Y los pueblos afroecuatorianos?
La Asamblea aprobó que ``el Estado reconoce y garantiza los
derechos de los pueblos negros en todo lo que sea aplicable".
Esto no fue bien visto del todo por los mismos líderes negros,
algunos de los cuales cuestionaron la legitimidad del único
asambleísta negro como representante de ese pueblo.
Oscar Chalá, antropólogo de la comunidad del Chota, cuestiona
que el asambleísta Víctor León representaba al PRE y no al
pueblo afroecuatoriano.
``Es trascendental lo que la Asamblea hizo respecto a los
pueblos indígenas, no obstante, a nosotros nos quedó un sabor
amargo cuando ya no hubo la voluntad de la Asamblea de tratar
los derechos del pueblo negro por separado, ante la petición
de un asambleísta negro".
``Vamos a tener que negociar, a concertar cuáles son los
derechos de los pueblos indígenas que serían aplicables para
los pueblos negros", dice Chalá.
``No queremos ser añadidura de nadie ni que la sociedad
ecuatoriana en su conjunto quiera mirarnos a través del espejo
organizativo del pueblo indígena".
Las propuestas de los pueblos afroecuatorianos, explica,
fueron trabajadas desde 1994. Uno de sus fundamentos es el
reconocimiento de comarcas, es decir, asentamientos
ancestrales de grupos afroecuatorianos. Su equivalente serían
las circunscripciones territoriales aprobadas.
Chalá reconoce que a los afroecuatorianos aún les falta una
visión de pueblo, y una de las consecuencias es que no se
pueda cuantificar su presencia a nivel nacional: mientras las
organizaciones estiman entre 800.000 y un millón de negros,
las cifras oficiales dan un número menor. (Texto tomado de El
Universo)
Más en el