Quito. 18 abr 2000. Los 205 soldados están sindicados por crimen.
La defensa dice que se violó el Código Penal Militar, según el
cual un juez inferior no puede citar al Consejo.
En una rueda de prensa, matizada por gritos de las esposas de los
militares involucrados en los sucesos del 21 de enero, Jacinto
Velázquez explicó ayer que el envío del juicio al Consejo de
Guerra no tiene respaldo legal.
Velázquez, quien defiende a 60 soldados -entre ellos a los
coroneles Fausto Cobo y Lucio Gutiérrez-, señaló que el juez
segundo de la Primera Zona Militar, Wilman Jaramillo, no estaba
capacitado jurídicamente para citar al Consejo de Guerra.
El pasado 11 de abril, Jaramillo señaló a través de providencia
(el documento se notificó al día siguiente) que el juicio a los
militares debe ser sancionado por el Consejo de Guerra, porque la
infracción que cometieron los sindicados está tipificada como
crimen.
Según Velázquez, el juez Jaramillo violó el artículo 145 del
Código Penal Militar. Esa norma dice que: "Por denuncia particular
y oficial o por órdenes de los jefes de las FF.AA., el Comandante
de Zona ordenará al Juez de instrucción procesal" que tramite el
juicio al Consejo de Guerra.
No obstante, los 12 abogados de los militares enjuiciados señalan
que en la providencia del 11 de abril el juez de instrucción,
Jaramillo, no especifica la petición del Comandante de la Primera
Zona Militar, para citar al Consejo de Guerra. "El Juez actuó de
forma ilegal, por cuenta propia", dice Velázquez.
Los abogados solicitaron que se revoque la providencia. El Juez
analiza ese documento. Por esa razón, hasta ayer el juicio aún no
fue despachado a ninguno de los cinco miembros del Consejo de
Guerra.
Un funcionario del Departamento Jurídico de las FF.AA. le dijo a
EL COMERCIO que las "infracciones contra la subordinación e
infracciones conexas" que cometieron los militares el 21 de enero
se consideran un crimen.
El artículo 5 del Código Penal Militar señala que en FF.AA.
existen dos tipos de infracciones: delito y crimen. Esta última
debe ser investigada por el Consejo de Guerra (que es un organismo
de primera instancia, la Corte Militar es su judicatura superior).
El Consejo, si concluye que hubo culpa, debe sancionar a los
sindicados con reclusión, que según las leyes militares es la
única pena que se estipula en un crimen. La reclusión se cumple en
una cárcel común, luego de otorgar la baja al militar encausado.
El delito, en cambio, es investigado por un Juez de Zona (por
ejemplo, el juez Jaramillo) y se pena con prisión. La condena en
este caso, según la ley de las FF.AA., se cumple en una
dependencia castrense.
El Consejo de Guerra está integrado desde el pasado enero. Lo
conforman cinco jueces: tres generales de armas (en las FF.AA. hay
hermetismo pero los apellidos de ellos son Jarrín, Torres y
Burbano) y dos oficiales de derecho (Jaramillo y Espinoza). Con
ellos trabaja el coronel Marco Granja, asesor auditor general de
guerra, quien recoge la información y lleva el cronograma de las
diligencias judiciales.
En la última providencia, el juez Jaramillo sindicó a 86 soldados
más. Ahora son 205 los uniformados encausados (17 de ellos están
en prisión).
A las 17:00 de ayer, el Comité Proamnistía, integrado por las
esposas de los militares, se reunió en la APDH para programar
actividades de protesta al Consejo de Guerra: caminatas,
entrevistas y elaboración de pancartas.
El juez Wilman Jaramillo podría ratificar o revocar su última
providencia. "Si dicta una providencia confirmando, lo
enjuiciaremos penalmente por prevaricato y apelaremos", dijo
Jacinto Velázquez.
El abogado además estima que el proceso debe unificarse con el
juicio que se investiga en la Corte Militar, donde el ex jefe del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Carlos Mendoza,
se encuentra sindicado sin prisión.
Velázquez señala que "el general Mendoza y los coroneles deberían
estar enjuiciados en un solo proceso. Lo ordena el artículo 12 del
Código Penal Militar, porque existen hechos conexos. Los sucesos
del Palacio Legislativo y los que se ejecutaron en el Comando
Conjunto para sacar a Mahuad son iguales, por tanto la Ley ordena
que exista un solo juicio".
El ex juez segundo de lo Penal de la Primera Zona, Gonzalo
Sangoquiza -quien de repente fue enviado a Loja-, luego de iniciar
el juicio a los coroneles se abstuvo de continuar con la causa
porque encontró indicios de participación en Mendoza. No obstante,
el ex presidente de la Corte Militar, Jorge Salgado -quien se
retiró por motivos de salud-, dividió el expediente de Mendoza y
el de los coroneles en dos documentos judiciales.
"No estamos rehuyendo el proceso, solo queremos que todo se lleve
dentro de la ley", señaló Velázquez. "Mis defendidos están con un
ánimo excelente. En buenas condiciones, no hay violación a los
derechos humanos, no están encerrados. El coronel Cobo se
encuentra en el cuartel Rumiñahui, al norte de Quito, y el coronel
Gutiérrez está en la Escuela de Inteligencia Militar, en
Conocoto".
La Confederación Unitaria del Seguro Campesino, mientras tanto, se
reunió ayer con el presidente Gustavo Noboa y los ministros de
Gobierno y Trabajo. Solicitó que se realice una consulta popular
para definir la libertad de los militares. El presidente encargado
de la Confederación, César Cabrera, y el vocero de la Coordinadora
de Movimientos Sociales (CMS), Napoleón Saltos, se reunieron
previamente para presentar el pedido. El Parlamento de los Pueblos
de Pichincha también apoya la idea. Los dirigentes planifican una
reunión con las FF.AA.
Mientras tanto, en el juicio que se sigue a los civiles que
participaron en los sucesos del viernes 21, ayer no declararon
Antonio Vargas (de la Conaie) y Paco Moncayo (ID). El abogado de
este último, Galo Chiriboga, señaló que el juicio iniciado es
ilegal, porque no fue autorizado por el Congreso.
PSC y DP en definición
La Comisión de lo Civil del Congreso se reúne a las 15:00 para
iniciar el estudio jurídico de la petición de amnistía del
Ejecutivo, para los participantes de la asonada de enero.
José Cordero (DP), titular de ese organismo, dijo que la solicitud
será analizada y se determinará si cumple o no con los
presupuestos señalados en la Constitución. José Alvear (PSC),
vicepresidente del organismo, en cambio, adelantó que él o los
informes para proceder al debate en el pleno quedará listo luego
de la cita, con el fin de que se produzca un pronunciamiento en el
menor tiempo posible.
Él considera que la amnistía es una buena alternativa para el
reencuentro nacional, siempre y cuando no se sacrifique los
principios institucionales que caracterizan a las Fuerzas Armadas.
Es decir, que no se puede dar amnistía a quienes irrespetaron la
Constitución y atentaron contra la superioridad militar. "Ellos
deben ser dados de baja, las faltas disciplinarias no pueden
quedar en el olvido". Para hoy también está previsto que los
bloques del PSC y la DP se reúnan para decidir su posición sobre
el tema, aunque varios diputados de esas bancadas han anticipado
que están en contra del pedido del presidente Noboa. Si mantienen
ese criterio no habrá los 82 votos que se requieren para que el
Congreso apruebe la amnistía. Por esto, el bloque de Pachakutik
solicitó ayer al Ejecutivo que en la consulta popular sobre el
cambio de modelo administrativo y político del Estado se incluya
una pregunta que permita conceder la amnistía a los militares y
civiles por los hechos del 21 de enero. (Texto tomado de El
Comercio)
La defensa dice que se violó el Código Penal Militar, según el
cual un juez inferior no puede citar al Consejo.
En una rueda de prensa, matizada por gritos de las esposas de los
militares involucrados en los sucesos del 21 de enero, Jacinto
Velázquez explicó ayer que el envío del juicio al Consejo de
Guerra no tiene respaldo legal.
Velázquez, quien defiende a 60 soldados -entre ellos a los
coroneles Fausto Cobo y Lucio Gutiérrez-, señaló que el juez
segundo de la Primera Zona Militar, Wilman Jaramillo, no estaba
capacitado jurídicamente para citar al Consejo de Guerra.
El pasado 11 de abril, Jaramillo señaló a través de providencia
(el documento se notificó al día siguiente) que el juicio a los
militares debe ser sancionado por el Consejo de Guerra, porque la
infracción que cometieron los sindicados está tipificada como
crimen.
Según Velázquez, el juez Jaramillo violó el artículo 145 del
Código Penal Militar. Esa norma dice que: "Por denuncia particular
y oficial o por órdenes de los jefes de las FF.AA., el Comandante
de Zona ordenará al Juez de instrucción procesal" que tramite el
juicio al Consejo de Guerra.
No obstante, los 12 abogados de los militares enjuiciados señalan
que en la providencia del 11 de abril el juez de instrucción,
Jaramillo, no especifica la petición del Comandante de la Primera
Zona Militar, para citar al Consejo de Guerra. "El Juez actuó de
forma ilegal, por cuenta propia", dice Velázquez.
Los abogados solicitaron que se revoque la providencia. El Juez
analiza ese documento. Por esa razón, hasta ayer el juicio aún no
fue despachado a ninguno de los cinco miembros del Consejo de
Guerra.
Un funcionario del Departamento Jurídico de las FF.AA. le dijo a
EL COMERCIO que las "infracciones contra la subordinación e
infracciones conexas" que cometieron los militares el 21 de enero
se consideran un crimen.
El artículo 5 del Código Penal Militar señala que en FF.AA.
existen dos tipos de infracciones: delito y crimen. Esta última
debe ser investigada por el Consejo de Guerra (que es un organismo
de primera instancia, la Corte Militar es su judicatura superior).
El Consejo, si concluye que hubo culpa, debe sancionar a los
sindicados con reclusión, que según las leyes militares es la
única pena que se estipula en un crimen. La reclusión se cumple en
una cárcel común, luego de otorgar la baja al militar encausado.
El delito, en cambio, es investigado por un Juez de Zona (por
ejemplo, el juez Jaramillo) y se pena con prisión. La condena en
este caso, según la ley de las FF.AA., se cumple en una
dependencia castrense.
El Consejo de Guerra está integrado desde el pasado enero. Lo
conforman cinco jueces: tres generales de armas (en las FF.AA. hay
hermetismo pero los apellidos de ellos son Jarrín, Torres y
Burbano) y dos oficiales de derecho (Jaramillo y Espinoza). Con
ellos trabaja el coronel Marco Granja, asesor auditor general de
guerra, quien recoge la información y lleva el cronograma de las
diligencias judiciales.
En la última providencia, el juez Jaramillo sindicó a 86 soldados
más. Ahora son 205 los uniformados encausados (17 de ellos están
en prisión).
A las 17:00 de ayer, el Comité Proamnistía, integrado por las
esposas de los militares, se reunió en la APDH para programar
actividades de protesta al Consejo de Guerra: caminatas,
entrevistas y elaboración de pancartas.
El juez Wilman Jaramillo podría ratificar o revocar su última
providencia. "Si dicta una providencia confirmando, lo
enjuiciaremos penalmente por prevaricato y apelaremos", dijo
Jacinto Velázquez.
El abogado además estima que el proceso debe unificarse con el
juicio que se investiga en la Corte Militar, donde el ex jefe del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Carlos Mendoza,
se encuentra sindicado sin prisión.
Velázquez señala que "el general Mendoza y los coroneles deberían
estar enjuiciados en un solo proceso. Lo ordena el artículo 12 del
Código Penal Militar, porque existen hechos conexos. Los sucesos
del Palacio Legislativo y los que se ejecutaron en el Comando
Conjunto para sacar a Mahuad son iguales, por tanto la Ley ordena
que exista un solo juicio".
El ex juez segundo de lo Penal de la Primera Zona, Gonzalo
Sangoquiza -quien de repente fue enviado a Loja-, luego de iniciar
el juicio a los coroneles se abstuvo de continuar con la causa
porque encontró indicios de participación en Mendoza. No obstante,
el ex presidente de la Corte Militar, Jorge Salgado -quien se
retiró por motivos de salud-, dividió el expediente de Mendoza y
el de los coroneles en dos documentos judiciales.
"No estamos rehuyendo el proceso, solo queremos que todo se lleve
dentro de la ley", señaló Velázquez. "Mis defendidos están con un
ánimo excelente. En buenas condiciones, no hay violación a los
derechos humanos, no están encerrados. El coronel Cobo se
encuentra en el cuartel Rumiñahui, al norte de Quito, y el coronel
Gutiérrez está en la Escuela de Inteligencia Militar, en
Conocoto".
La Confederación Unitaria del Seguro Campesino, mientras tanto, se
reunió ayer con el presidente Gustavo Noboa y los ministros de
Gobierno y Trabajo. Solicitó que se realice una consulta popular
para definir la libertad de los militares. El presidente encargado
de la Confederación, César Cabrera, y el vocero de la Coordinadora
de Movimientos Sociales (CMS), Napoleón Saltos, se reunieron
previamente para presentar el pedido. El Parlamento de los Pueblos
de Pichincha también apoya la idea. Los dirigentes planifican una
reunión con las FF.AA.
Mientras tanto, en el juicio que se sigue a los civiles que
participaron en los sucesos del viernes 21, ayer no declararon
Antonio Vargas (de la Conaie) y Paco Moncayo (ID). El abogado de
este último, Galo Chiriboga, señaló que el juicio iniciado es
ilegal, porque no fue autorizado por el Congreso.
PSC y DP en definición
La Comisión de lo Civil del Congreso se reúne a las 15:00 para
iniciar el estudio jurídico de la petición de amnistía del
Ejecutivo, para los participantes de la asonada de enero.
José Cordero (DP), titular de ese organismo, dijo que la solicitud
será analizada y se determinará si cumple o no con los
presupuestos señalados en la Constitución. José Alvear (PSC),
vicepresidente del organismo, en cambio, adelantó que él o los
informes para proceder al debate en el pleno quedará listo luego
de la cita, con el fin de que se produzca un pronunciamiento en el
menor tiempo posible.
Él considera que la amnistía es una buena alternativa para el
reencuentro nacional, siempre y cuando no se sacrifique los
principios institucionales que caracterizan a las Fuerzas Armadas.
Es decir, que no se puede dar amnistía a quienes irrespetaron la
Constitución y atentaron contra la superioridad militar. "Ellos
deben ser dados de baja, las faltas disciplinarias no pueden
quedar en el olvido". Para hoy también está previsto que los
bloques del PSC y la DP se reúnan para decidir su posición sobre
el tema, aunque varios diputados de esas bancadas han anticipado
que están en contra del pedido del presidente Noboa. Si mantienen
ese criterio no habrá los 82 votos que se requieren para que el
Congreso apruebe la amnistía. Por esto, el bloque de Pachakutik
solicitó ayer al Ejecutivo que en la consulta popular sobre el
cambio de modelo administrativo y político del Estado se incluya
una pregunta que permita conceder la amnistía a los militares y
civiles por los hechos del 21 de enero. (Texto tomado de El
Comercio)
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