EL CIRCULO VICIOSO DEL SUBDESARROLLO, por Raúl Alfonsín (*)
Buenos Aires. 09. 08. 90. (Opinión) Todos los países aspiran a
proteger sus intereses en el marco de la ronda Uruguay,
considerada la mayor negociación de la historia económica
universal.
Pero las naciones del triángulo de la abundancia -Estados Unidos,
Comunidad Económica Europea, Japón- negocian por un poco más o
menos de prosperidad.
Para el Tercer Mundo, los resultados de la ronda pueden aliviar
situaciones gravísimas o empeorarlas hasta el punto de amenazar
la supervivencia de una parte considerable de la población del
planeta.
En el caso de América Latina, una región que tras largas y
dolorosas luchas, logró en los últimos años librarse de
dictaduras opresivas, está además en juego la estabilidad del
sistema democrático.
La ronda Uruguay está enmarcada en el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), comenzó hace más de tres
años y debe concluir antes del fin de 1990, cuando se sabrá en
qué medida habrá alcanzado su objetivo, la liberalización del
comercio mundial.
Pese a la importancia crucial que estas negociaciones tienen para
el Tercer Mundo, y al hecho de que los países del sur abarcan a
más de dos tercios de la población mundial, sus reclamos casi no
obtienen resonancia en la prensa internacional.
Uno de los efectos de este apagón informativo es que la opinión
pública de los países desarrollados desconoce las relaciones
causales entre, por ejemplo, la deuda externa de América Latina y
el proteccionismo, cuya eliminación es una de las metas
principales de la ronda.
Sin embargo, los pueblos de Estados Unidos y Europa saben hasta
qué punto la continuidad de sus sistemas democráticos se afianzó
a raíz del crecimiento económico y la prosperidad.
Inversamente, nosotros conocemos que la democracia tropieza con
enormes dificultades para sobrevivir en economías signadas por
las crisis, el subdesarrollo, el analfabetismo y la
marginación.
No es fácil preservar los valores democráticos cuando vastos
sectores no integran el mercado, cuando la ausencia de opciones
quita sentido a su libertad, cuando la ignorancia hace difícil
valorar el respeto al disenso.
Pocas veces en su historia nuestros países han enfrentado una
perspectiva económica tan sombría como en la actualidad. El
deterioro de los términos del intercambio y la discriminación en
el comercio exterior, así como la carga insoportable de una
extraordinaria deuda externa y el flujo negativo de capitales, se
combinan presionando sobre nuestras economías.
Constituye por ello una amarga paradoja que las democracias
avanzadas que nos alientan a consolidar nuestras instituciones
sean las mismas que nos castigan discriminándonos comercialmente,
haciendo bajar el precio de nuestras exportaciones al subsidiar
sus productos y exigiendo con dureza el pago de una deuda que nos
desangra.
La deuda se originó fundamentalmente en la segunda mitad de la
década de los años 70, cuando los países de América Latina
-gobernados en su mayoría por regímenes de facto-, procuraron
alcanzar ambiciosos objetivos de inversión y crecimiento y
aprovecharon un mercado financiero internacional con elevada
liquidez y ansioso por reciclarla luego del "shock" petrolero.
Políticas económicas laxas de los países deudores fueron
acompañadas por políticas crediticias laxas de la comunidad
financiera internacional, que prefería reciclar el exceso de
liquidez a producir ajustes en las economías de sus propios
países.
Lo paradójico es que ese acceso prácticamente ilimitado al
mercado financiero internacional se hizo bajo un contexto de
política económica que hoy en día esa misma comunidad financiera
rechazaría con el calificativo de irresponsable.
En la Argentina, por ejemplo, en el período 1977-81 la política
se basaba en el desaliento de las exportaciones a través del
retraso cambiario y en la expansión del gasto público que en esos
cuatro años aumentó en 11 puntos del Producto Bruto Interno
(PBI). En el mismo periodo, el déficit fiscal creció en 8,5 por
ciento del PBI y el saldo de cuenta corriente del balance de
pagos pasó de un superávit de 1.290 millones de dólares a un
déficit de 4.700 millones.
Los resultados de esta política fueron desastrosas: la deuda
adquirió niveles inimaginables, las importaciones suntuarias
aumentaron masivamente, la fuga de capitales alcanzó proporciones
desconocidas, el déficit acumulado en el balance de pagos en solo
dos años (1980-81) llegó a casi 10.000 millones de dólares y la
deuda externa aumentó en un 88 por ciento.
En suma, un mercado financiero internacional complaciente hizo
viables a políticas que hoy ese mismo mercado considera
inadmisibles.
Los países desarrollados aplicaron una protección excesiva desde
los años 50. Lo hacían en algunos sectores en los que no podían
competir por no tener ventajas comparativas, tales como la
agricultura y la industria textil.
Pero fue al principio de la década del setenta cuando esas
restricciones se intensificaron y se extendieron a otros
productos, en el marco de un receso económico originado en la
crisis del sistema monetario internacional, causado por la gran
emisión de dólares, la crisis del petróleo, la inflación
acompañada de recesión, los grandes desequilibrios comerciales,
el extraordinario crecimiento de los movimientos financieros
internacionales y el endeudamiento de los países en desarrollo
que dejan de ser buenos compradores.
Las restricciones continuaron en los años 80 pese a que a
mediados del decenio los países del norte superaron la
recesión.
La política de subsidios ha generado:
- Superproducción en materia de productos primarios y otros en
los que los países en desarrollo tienen ventajas comparativas.
- La consecuente baja de los precios de esos productos.- Una
competencia desleal
- Creación de desocupación y pobreza.
La política de la CEE, por ejemplo, ha causado la pérdida de
tradicionales mercados para la carne y los cereales de Argentina.
Los países de la CEE elevaron la producción de trigo de 44
millones en 1977 a 75 millones en 1985. Pasaron de participar en
20 por ciento del comercio agrícola mundial en 1967 al 35 por
ciento en 1985, fundamentalmente con los excedentes de productos
lácteos, azúcar, carnes y cereales volcados al mercado
mundial.
Una trama compleja y poco transparente de obstáculos
proteccionistas agrava la situación. No se trata de derechos de
importación, sino de la aplicación de disposiciones tarifarias
que no figuran en las reglas del (GATT). Se trata, por ejemplo,
de la fijación de cuotas de importación, condicionamientos
bilaterales, numerosas prácticas restrictivas, requerimientos por
compensación de derechos y distintos mecanismos de
represalia.
Como consecuencia de lo expuesto, el rápido repaso de algunos
datos básicos de las economías de la región, arroja una
radiografía de la crisis que tenemos que enfrentar:
1) El ingreso per cápita de América Latina en 1989 es similar al
de 12 años atrás (1977) y es inferior en 8 por ciento al de
1980.
2) La economía de la región exhibiría índices entre 30 y 40 por
ciento superiores a los actuales si hubiese mantenido las tasas
de crecimiento de los años sesenta y setenta.
3) El servicio anual de la deuda excede en 25.000 millones de
dólares el monto de lo que la región recibe en nuestros préstamos
cada año. Esta salida externa de recursos presenta 3 por ciento
del PBI y 20 por ciento de las exportaciones de América Latina.
4) La tasa de inflación de la región fue en 1989 cercana a 1.000
por ciento y multiplicado por diez a la de 1982. Brasil,
Argentina, Perú y Nicaragua, enfrentaron la hiperinflación.
5) La inversión total (pública y privada) en América Latina en el
período 1982-1989 fue del 16 por ciento del PBI, mientras que en
la década del setenta fue de 22 por ciento, es decir, casi 30 por
ciento inferior a lo largo de esos ocho años.
6) Entre 1982 y 1989 el volumen físico de las exportaciones de la
región aumentó en 57 por ciento, pero sus ingresos en dólares
solo en 24 por ciento debido al deterioro de los precios
internacionales. Lo dramático de este aumento en las
exportaciones es que se debió a una caída del salario real más
que aun aumento de la productividad.
7) A pesar del aumento de las exportaciones en dólares, la
posición relativa de América latina en el comercio internacional
se ha deteriorado. En 1960 la región representa el 7,7 por
ciento de las exportaciones mundiales, en 1980 el 5,5 por ciento
y en 1989 el 3,3 por ciento.
8) Una estimación de 1986 indica que en América latina alrededor
de 160 millones de personas (38 por ciento de la población de la
región) vivía por debajo de la línea de pobreza. En 1980 eran
130 millones de personas las que estaban por debajo de esa línea
y con la caída del PBI por habitante que se produjo en 1988 y
1989 la cantidad ha seguido en aumento.
9) El ingreso y la riqueza en América Latina tienen una
distribución más desigual que en otras regiones. En América
Latina la brecha entre sectores ricos y pobres es de 20 veces.
En Asia esa brecha es de 9 veces.
Se ha estimado que, suponiendo una tasa de crecimiento de 5 por
ciento anual, llevaría 30 años el aumento de los ingresos de la
población latinoamericana que está por debajo de la línea de
pobreza.
Por el contrario, la combinación de la carga de la deuda externa
con el proteccionismo, proyectan la profundización de la crisis
económica, el aumento de la pobreza crítica y el giro vertiginoso
de un círculo vicioso que debe ser roto en su origen.
Resulta por lo tanto imperioso que tanto los principios del libre
comercio como los ideales de la cooperación internacional sean
aplicados a la ronda Uruguay, de manera que se ponga fin a las
políticas proteccionistas que han hundido a América Latina en una
crisis económica sin precedentes y ponen en peligro al sistema
democrático.
(*) Raúl Alfonsín fue presidente de Argentina (1983-89) y es
presidente del Partido Unión Cívica Radical (UCR).
Buenos Aires. 09. 08. 90. (Opinión) Todos los países aspiran a
proteger sus intereses en el marco de la ronda Uruguay,
considerada la mayor negociación de la historia económica
universal.
Pero las naciones del triángulo de la abundancia -Estados Unidos,
Comunidad Económica Europea, Japón- negocian por un poco más o
menos de prosperidad.
Para el Tercer Mundo, los resultados de la ronda pueden aliviar
situaciones gravísimas o empeorarlas hasta el punto de amenazar
la supervivencia de una parte considerable de la población del
planeta.
En el caso de América Latina, una región que tras largas y
dolorosas luchas, logró en los últimos años librarse de
dictaduras opresivas, está además en juego la estabilidad del
sistema democrático.
La ronda Uruguay está enmarcada en el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), comenzó hace más de tres
años y debe concluir antes del fin de 1990, cuando se sabrá en
qué medida habrá alcanzado su objetivo, la liberalización del
comercio mundial.
Pese a la importancia crucial que estas negociaciones tienen para
el Tercer Mundo, y al hecho de que los países del sur abarcan a
más de dos tercios de la población mundial, sus reclamos casi no
obtienen resonancia en la prensa internacional.
Uno de los efectos de este apagón informativo es que la opinión
pública de los países desarrollados desconoce las relaciones
causales entre, por ejemplo, la deuda externa de América Latina y
el proteccionismo, cuya eliminación es una de las metas
principales de la ronda.
Sin embargo, los pueblos de Estados Unidos y Europa saben hasta
qué punto la continuidad de sus sistemas democráticos se afianzó
a raíz del crecimiento económico y la prosperidad.
Inversamente, nosotros conocemos que la democracia tropieza con
enormes dificultades para sobrevivir en economías signadas por
las crisis, el subdesarrollo, el analfabetismo y la
marginación.
No es fácil preservar los valores democráticos cuando vastos
sectores no integran el mercado, cuando la ausencia de opciones
quita sentido a su libertad, cuando la ignorancia hace difícil
valorar el respeto al disenso.
Pocas veces en su historia nuestros países han enfrentado una
perspectiva económica tan sombría como en la actualidad. El
deterioro de los términos del intercambio y la discriminación en
el comercio exterior, así como la carga insoportable de una
extraordinaria deuda externa y el flujo negativo de capitales, se
combinan presionando sobre nuestras economías.
Constituye por ello una amarga paradoja que las democracias
avanzadas que nos alientan a consolidar nuestras instituciones
sean las mismas que nos castigan discriminándonos comercialmente,
haciendo bajar el precio de nuestras exportaciones al subsidiar
sus productos y exigiendo con dureza el pago de una deuda que nos
desangra.
La deuda se originó fundamentalmente en la segunda mitad de la
década de los años 70, cuando los países de América Latina
-gobernados en su mayoría por regímenes de facto-, procuraron
alcanzar ambiciosos objetivos de inversión y crecimiento y
aprovecharon un mercado financiero internacional con elevada
liquidez y ansioso por reciclarla luego del "shock" petrolero.
Políticas económicas laxas de los países deudores fueron
acompañadas por políticas crediticias laxas de la comunidad
financiera internacional, que prefería reciclar el exceso de
liquidez a producir ajustes en las economías de sus propios
países.
Lo paradójico es que ese acceso prácticamente ilimitado al
mercado financiero internacional se hizo bajo un contexto de
política económica que hoy en día esa misma comunidad financiera
rechazaría con el calificativo de irresponsable.
En la Argentina, por ejemplo, en el período 1977-81 la política
se basaba en el desaliento de las exportaciones a través del
retraso cambiario y en la expansión del gasto público que en esos
cuatro años aumentó en 11 puntos del Producto Bruto Interno
(PBI). En el mismo periodo, el déficit fiscal creció en 8,5 por
ciento del PBI y el saldo de cuenta corriente del balance de
pagos pasó de un superávit de 1.290 millones de dólares a un
déficit de 4.700 millones.
Los resultados de esta política fueron desastrosas: la deuda
adquirió niveles inimaginables, las importaciones suntuarias
aumentaron masivamente, la fuga de capitales alcanzó proporciones
desconocidas, el déficit acumulado en el balance de pagos en solo
dos años (1980-81) llegó a casi 10.000 millones de dólares y la
deuda externa aumentó en un 88 por ciento.
En suma, un mercado financiero internacional complaciente hizo
viables a políticas que hoy ese mismo mercado considera
inadmisibles.
Los países desarrollados aplicaron una protección excesiva desde
los años 50. Lo hacían en algunos sectores en los que no podían
competir por no tener ventajas comparativas, tales como la
agricultura y la industria textil.
Pero fue al principio de la década del setenta cuando esas
restricciones se intensificaron y se extendieron a otros
productos, en el marco de un receso económico originado en la
crisis del sistema monetario internacional, causado por la gran
emisión de dólares, la crisis del petróleo, la inflación
acompañada de recesión, los grandes desequilibrios comerciales,
el extraordinario crecimiento de los movimientos financieros
internacionales y el endeudamiento de los países en desarrollo
que dejan de ser buenos compradores.
Las restricciones continuaron en los años 80 pese a que a
mediados del decenio los países del norte superaron la
recesión.
La política de subsidios ha generado:
- Superproducción en materia de productos primarios y otros en
los que los países en desarrollo tienen ventajas comparativas.
- La consecuente baja de los precios de esos productos.- Una
competencia desleal
- Creación de desocupación y pobreza.
La política de la CEE, por ejemplo, ha causado la pérdida de
tradicionales mercados para la carne y los cereales de Argentina.
Los países de la CEE elevaron la producción de trigo de 44
millones en 1977 a 75 millones en 1985. Pasaron de participar en
20 por ciento del comercio agrícola mundial en 1967 al 35 por
ciento en 1985, fundamentalmente con los excedentes de productos
lácteos, azúcar, carnes y cereales volcados al mercado
mundial.
Una trama compleja y poco transparente de obstáculos
proteccionistas agrava la situación. No se trata de derechos de
importación, sino de la aplicación de disposiciones tarifarias
que no figuran en las reglas del (GATT). Se trata, por ejemplo,
de la fijación de cuotas de importación, condicionamientos
bilaterales, numerosas prácticas restrictivas, requerimientos por
compensación de derechos y distintos mecanismos de
represalia.
Como consecuencia de lo expuesto, el rápido repaso de algunos
datos básicos de las economías de la región, arroja una
radiografía de la crisis que tenemos que enfrentar:
1) El ingreso per cápita de América Latina en 1989 es similar al
de 12 años atrás (1977) y es inferior en 8 por ciento al de
1980.
2) La economía de la región exhibiría índices entre 30 y 40 por
ciento superiores a los actuales si hubiese mantenido las tasas
de crecimiento de los años sesenta y setenta.
3) El servicio anual de la deuda excede en 25.000 millones de
dólares el monto de lo que la región recibe en nuestros préstamos
cada año. Esta salida externa de recursos presenta 3 por ciento
del PBI y 20 por ciento de las exportaciones de América Latina.
4) La tasa de inflación de la región fue en 1989 cercana a 1.000
por ciento y multiplicado por diez a la de 1982. Brasil,
Argentina, Perú y Nicaragua, enfrentaron la hiperinflación.
5) La inversión total (pública y privada) en América Latina en el
período 1982-1989 fue del 16 por ciento del PBI, mientras que en
la década del setenta fue de 22 por ciento, es decir, casi 30 por
ciento inferior a lo largo de esos ocho años.
6) Entre 1982 y 1989 el volumen físico de las exportaciones de la
región aumentó en 57 por ciento, pero sus ingresos en dólares
solo en 24 por ciento debido al deterioro de los precios
internacionales. Lo dramático de este aumento en las
exportaciones es que se debió a una caída del salario real más
que aun aumento de la productividad.
7) A pesar del aumento de las exportaciones en dólares, la
posición relativa de América latina en el comercio internacional
se ha deteriorado. En 1960 la región representa el 7,7 por
ciento de las exportaciones mundiales, en 1980 el 5,5 por ciento
y en 1989 el 3,3 por ciento.
8) Una estimación de 1986 indica que en América latina alrededor
de 160 millones de personas (38 por ciento de la población de la
región) vivía por debajo de la línea de pobreza. En 1980 eran
130 millones de personas las que estaban por debajo de esa línea
y con la caída del PBI por habitante que se produjo en 1988 y
1989 la cantidad ha seguido en aumento.
9) El ingreso y la riqueza en América Latina tienen una
distribución más desigual que en otras regiones. En América
Latina la brecha entre sectores ricos y pobres es de 20 veces.
En Asia esa brecha es de 9 veces.
Se ha estimado que, suponiendo una tasa de crecimiento de 5 por
ciento anual, llevaría 30 años el aumento de los ingresos de la
población latinoamericana que está por debajo de la línea de
pobreza.
Por el contrario, la combinación de la carga de la deuda externa
con el proteccionismo, proyectan la profundización de la crisis
económica, el aumento de la pobreza crítica y el giro vertiginoso
de un círculo vicioso que debe ser roto en su origen.
Resulta por lo tanto imperioso que tanto los principios del libre
comercio como los ideales de la cooperación internacional sean
aplicados a la ronda Uruguay, de manera que se ponga fin a las
políticas proteccionistas que han hundido a América Latina en una
crisis económica sin precedentes y ponen en peligro al sistema
democrático.
(*) Raúl Alfonsín fue presidente de Argentina (1983-89) y es
presidente del Partido Unión Cívica Radical (UCR).
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