Aunque los parientes no están designados en una misma institución, estos se entrecruzan en los diferentes organismos que tienen que ver con la telefonía nacional y configuran una red similar a la telefónica
Un círculo de parientes maneja las instituciones encargadas del control, regulación y operación del sector de las Telecomunicaciones. Los nombramientos configuran una cadena familiar, que empiezaen la Superintendencia, pasa por el Conatel y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y termina en Andinatel, entidades que están ligadas entre sí y se encargan de diseñar la política del área, otorgar concesiones de frecuencias y prestar el servicio telefónico.
El sector de las Telecomunicaciones está en el ojo de la tormenta. Primero fue el descubrimiento de un supuesto espionaje telefónico impulsado desde la Superintendencia, que desembocó en la salida del ex intendente Alberto Segovia y actuamente sale a la luz una red familiar que maneja todo el sistema.
El área está integrada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Suptel), que se encarga de la gestión, administración y control del espectro radioeléctrico, además norma, homologa, regula y supervisa las actividades y ejerce el control técnico a las empresas que explotan servicios de telecomunicaciones.
Le sigue el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que dicta las políticas de Estado para regular el sector; en tercer lugar está la Secretaría Nacional (SNT), que ejerce la representación operativa de la institución anterior.
Luego están Andinatel y Pacifictel, que son las empresas que otorgan servicios al consumidor.
De acuerdo con la Ley Especial del sector, se trata de instituciones autónomas, que no están sujetas a las Leyes de Contratación Pública, de Servicio Civil y Carrera Administrativa ni de Consultoría, pues para esos efectos se ciñen a reglamentos expedidos por la Presidencia de la República.
Así lo reinvidica el secretario nacional de Telecomunicaciones, Sandino Torres, al ser consultado por BLANCO Y NEGRO, sobre la designación de parientes en altos cargos de las distintas instituciones que tienen que ver con ese sector.
Por ejemplo, el superintendente, Iván Burbano Romero, es padre de Iván Burbano Riofrío, gerente de imagen corporativa de Andinatel, y de Alexandra Burbano Riofrío, que labora en la Dirección de Planificación de la SNT. Pese a la insistencia de este medio, el funcionario no dio su versión sobre el tema.
Este informe se relaciona con la figura de nepotismo, tipificada en el artículo 125 de la Constitución (aún no está regulada por el Código Penal), que prohíbe la designación de parientes de autoridades nominadoras en cargos públicos.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al nepotismo como "la desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las gracias y empleos públicos", es decir, que debería entendérselo como una prohibición de beneficiar a familiares con cualquier cargo del sector estatal.
En este caso no hay nombramientos directos en una misma institución, pero los parentescos se cruzan en las diferentes entidades del sector de Telecomunicaciones, lo cual podría configurar un conflicto de intereses entre los funcionarios que están para controlar y quienes deben ser controlados.
Fuentes consultadas señalaron que las instituciones deberían tener un mínimo grado de independencia, más aún en el presente caso, cuando deben ordenar la regularización total de las nuevas redes de telefonía móvil, para lo cual debería haber reglas de juego claras.
El conflicto de intereses está establecido en la Carta Política, cuyo artículo 123 señala: "No podrán ser funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses o representen a terceros que los tuvieren, en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas".
Funcionarios de menor rango de las instituciones indicadas defienden el derecho de las autoridades a rodearse de personas de su entera confianza y aseguran que los funcionarios designadados tienen la capacidad técnica, los títulos y la experiencia necesaria para ostentar esos cargos.
Pese a la categoría técnica, este informe determinó que el principal requisito para asumir estos cargos es el haber participado en el derrocamiento a Jamil Mahuad el 21 de enero de 2000 y trabajado en la campaña que llevó al poder a Lucio Gutiérrez.
Así lo reconoce Sandino Torres, el único directivo de las telefónicas que accedió a dar su versión. (AA-LB)
Funciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones
El superintendente es nombrado por el Congreso Nacional, para un período de cuatro años, de una terna enviada por el presidente de la República.
La Ley de Telecomunicaciones garantiza la autonomía del organismo, por lo que no está sujeto a las leyes de Contratación Pública, de Servicio Civil y Carrera Administrativa ni de Consultoría. El superintendente tiene las siguientes funciones:
a) La gestión, administración y control del espectro radioeléctrico;
b) Concede y autoriza el uso de frecuencias;
c) Autoriza la explotación de servicios y portadores de telecomunicaciones;
d) Normaliza, homologa, regula y supervisa actividades de telecomunicaciones
Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
El Conatel es el ente de administración y regulación de los servicios de telecomunicaciones.
Entre otras autoridades, está integrado por un representante del presidente de la República, quien lo preside.
Este organismo dicta las políticas relacionadas con las telecomunicaciones y aprueba el plan nacional de desarrollo del sector, asimismo, se encarga de establecer términos, condiciones y plazos para otorgar las concesiones y autorizaciones del uso de frecuencias.
Esta institución designa al secretario nacional de Telecomunicaciones.
También aprueba los presupuestos del indicado organismo y de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Andinatel S.A. y Pacifictel S.A. pertenecen al Fondo de Solidaridad
Andinatel y Pacifictel son empresas de servicios de telefonía: venden líneas, realizan traslados, facturan el consumo, realizan recaudaciones, reparan líneas telefónicas...
Ambas instituciones públicas tienen autonomía administrativa, económica y financiera.
Están facultadas para establecer, explotar, mantener y desarrollar los sistemas de los servicios de telecomunicaciones.
Estas compañías pertenecen al Fondo de Solidaridad; el artículo 249 de la Constitución señala que el Estado es responsable de proveer de servicios públicos, entre ellos, las telecomunicaciones, directamente o por delegación a empresas mixtas o privadas.
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones
El secretario nacional de Telecomunicaciones es nombrado por el presidente de la República.
Este organismo se encarga de ejecutar la política de telecomunicaciones en el país. Además, tiene que cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Conatel.
Entre otras funciones, ejerce la gestión y administración del espectro radioeléctrico, elabora el Plan de Desarrollo de Telecomunicaciones y el plan de frecuencias.
Todos sus planes y proyectos deben ser conocidos y aprobados por el Conatel.
También suscribe los contratos de concesión para la explotación de servicios autorizados por el Conatel, así como el uso del espectro radioeléctrico.
"Nepotismo evidente en sistema de telecomunicaciones"
BLANCO Y NEGRO intentó dialogar con los directivos de todas las instituciones, pero, solo atendió a los requerimientos el secretario de Telecomunicaciones.
La existencia de una red familiar que maneja el sistema de telecomunicaciones puso en alerta a ciertos sectores legislativos. Uno de ellos es el diputado "naranja" Carlos González, quien además sigue la pista al "pinchazo" telefónico descubierto dentro de la Superintendencia.
El legislador de la Izquierda Democrática (ID) asegura tener datos contundentes sobre el nombramiento de familiares en las instituciones de control, regulación y operación del área de las telecomunicaciones, que los hará públicos en rueda de prensa la próxima semana, de forma particular, de los parientes de los directivos de las instituciones del sistema, con lo que pretende empujar su propia denuncia.
Para González existe un abierto caso de nepotismo dentro del sistema, lo cual configura un evidente conflicto de intereses por cuanto las instituciones involucradas forman una cadena, en donde unas entidades controlan a otras.
"¿Cómo puede garantizarse que un padre pueda sancionar a un hijo en caso de presentarse alguna irregularidad?", se pregunta el legislador en alusión a los datos de la investigación.
"El nepotismo -dice- no solo es prohibido por la Constitución sino que es contrario a las buenas costumbres", por lo que exige que se tomen correctivos para evitar cualquier tipo de conflicto.
Por lo pronto, la Comisión de Defensa del Consumidor, que preside González, convocará al superintendente Iván Burbano para que explique este caso y el del "pinchazo" telefónico que fue denunciado en el programa La Televisión. El diputado insiste en que se inicien acciones legales contra el ex intendente Alberto Segovia, a quien se inculpa por dicho incidente.
Pero las presiones políticas contra Burbano no terminarán en su comparecencia, pues González advierte que decidió profundizar las investigaciones sobre el espionaje telefónico, como resultado de la última denuncia. (LB)
Merlo: "Hay un conflicto de carácter ético y moral"
El superintendente debe responder al Congreso Nacional
"Técnicamente no hay nepotismo en las instituciones telefónicas", manifiesta el ex contralor y ex ministro de Gobierno, Marcelo Merlo, al comentar las ramificaciones familiares existentes en esos organismos.
Esto sucede porque se trata de entidades independientes unas de otras, a pesar de que todas forman parte del sector de la telefonía, por lo que, a juicio de Merlo, en determinado momento podría haber un conflicto de intereses debido a que sus autoridades deben ejercer un control entre ellas.
El ex directivo de la máxima entidad de control señala que la figura de nepotismo es muy amplia y esto se halla prohibido por la Constitución, implica que una autoridad nominadora no puede designar a familiares en la institución pública donde ejerce un cargo.
Sin embargo nada le prohíbe influir para colocar parientes (consanguíneos y políticos) en otras entidades, lo que de todas maneras constituye un problema de carácter ético y moral.
Merlo anota que en varias ocasiones se ha intentado diseñar una Ley Antinepotismo, que penalice el tráfico de influencias para obtener cargos públicos, pero en el país no ha habido voluntad política para hacerlo.
En todo caso, puntualiza que de registrarse irregularidades, el superintendente está obligado a responder ante el Congreso Nacional, que debe ejercer el control político sobre el funcionario por haberlo designado de una terna enviada por el presidente de la República.
La Fiscalía también debe investigar. (AA)
"El nepotismo debe ser sancionado penalmente"
Proyecto de Ley duerme "el sueño de los justos" en el Congreso Nacional
Un proyecto de Ley Antinepotismo, que sanciona la designación de parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, en los cargos de gerentes, subgerentes, directores, ejecutivos, miembros de las instituciones autónomas y semiautónomas, en las empresas estatales, reposa en el Congreso desde el pasado 5 de febrero.
Fue presentado por el vicepresidente de la Legislatura, Ramiro Rivera, quien sustenta el proyecto en los principios del respeto y la ética, "ya que el nepotismo es una forma ilícita de enriquecer familias, de depositar el poder en manos de un grupo muy escogido, selecto, patrimonial, paternalista y fácilmente manejable", señala el diputado.
De acuerdo con el proyecto, el nepotismo debe ser sancionado penalmente, con prisión de seis meses a cinco años para el servidor público o las autoridades que expidieran los nombramientos y contratos.
El artículo 5 de la normativa propuesta señala: "Incurren en nepotismo los servidores públicos que otorguen concesiones o celebren cualquier clase de contratos, directamente o por interpuesta persona, con su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad".
Añade que también incurrirían en ese delito los funcionarios del sector estatal que otorguen concesiones o celebren cualquier clase de contratos, directamente o por intermedio de otra persona, con su cóyuge o parientes en los grados señalados anteriormente.
Las prohibiciones se extienden a la Corte Suprema de Justicia, Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), Congreso Nacional, Presidencia,Vicepresidencia de la República, Gobernaciones, entidades autónomas y semiautónomas.
El proyecto aún no ha sido tramitado en primer debate, pues los diputados salieron de vacaciones sin haberlo conocido oficialmente. (AA)
"Ley garantiza derecho al trabajo"
Un diálogo con Sandino Torres
¿Usted es esposo de la directora Administrativa de Andinatel, yerno del secretario de la Suptel y cuñado de Sandra Erazo, asistente del superintendente?
Mi esposa no trabaja, ella estudia y está con mis hijos. A la señora Gordón que usted menciona no la conozco. Además, las instituciones son autónomas: el Conatel, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y la Superintendencia tienen sus propias autoridades y su propio manejo administrativo.
¿Su esposa es hija de René Gordón, secretario general de la Superintendencia?
El general Gordón es padre de mi esposa, él es muy amigo del superintendente.
¿Y Sandra Erazo?
Es esposa de mi hermano. Ella trabajó durante 14 años en la Presidencia de la República. Iván Burbano la conoció y le pidió que lo acompañara.
¿Yolanda Martínez, directora de Gestión Internacional, es esposa de Richard Jaramillo (Andinatel)?
Sí.
¿Alexandra Burbano, de la Dirección de Planificación, es hija del superintendente Iván Burbano?
Sí.
¿Son personas calificadas para estos cargos?
Alexandra Burbano y Yolanda Martínez trabajaron muy duro en la campaña, por lo que se ganaron un espacio, ellas son profesionales y gozan de mi entera confianza. Además, sus nombramientos responden a mi potestad como autoridad nominadora.
¿Al estar todo el sector integrado por parientes, qué control puede haber?
Este es un organismo administrador, aquí la autoridad soy yo, quien emite cualquier criterio soy yo, no la directora de Gestión Internacional, quien únicamente se remite a los asuntos internacionales, entonces no existe riesgo de que vaya a haber eso.
Hay nepotismo indirecto.
No, porque según el reglamento antinepotismo en la Secretaría de Telecomunicaciones no pueden laborar quienes sean parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Aquí no hay un solo familiar de la autoridad nominadora.
Hay un cruce de parientes en las entidades.
Hay que entender que este es un organismo del cual responde el presidente de la República. El Congreso Nacional nombró al superintendente, esa es una entidad de control, esta es administrativa, nada tienen que ver. En ambas entidades hay autoridades nominadoras y ponemos a las personas más adecuadas.
Para usted no hay ningún problema.
No, porque la Constitución es muy clara. El artículo 35, referido al Trabajo, dice que este es un derecho y un deber social que gozará de la protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia. Con esto le digo que hasta la Constitución permite trabajar decentemente mientras usted no esté fuera de la Ley. (AA)
LA FICHA
Sandino Torres de 37 años, ingeniero comercial, capitán retirado, militante activo del partido Sociedad Patriótica (SP). En su calidad de miembro de la guardia presidencial partcipó el 21 de enero de 2000 en el derrocamiento al ex presidente Jamil Mahuad
PUNTO DE VISTA
Un peligroso enlace familiar
Debe tener razón el ingeniero y capitán retirado Sandino Torres cuando dice que la "Ley garantiza el derecho al trabajo". Así, en verdad, reza el artículo 35 de la Constitución. Pero el Ecuador es un país que se debate en una crisis terrible, sobre todo porque debido a la carencia de fuentes de empleo, cientos de miles de compatriotas han debido desraízarse, abandonar a su familia, sus costumbres y cultura para buscar un trabajo que les permita el sustento.
Por eso mismo, no se justifica que, a cuenta de que las Telecomunicaciones están regidas bajo la normativa de las entidades autónomas, la familia del 21 de enero de 2000 cope todas las instancias posibles, en especial donde hay que ejercer control, y se podrían dar conflictos de intereses.
Y es que las sociedades están normadas por las leyes y los reglamentos, pero también por la ética y las buenas costumbres. Y estas, aunque no consten en ningún texto, son las que mantienen el equilibrio y ponen las reglas de juegos en las comunidades.
El informe de BLANCO Y NEGRO saca a la luz un nuevo caso de acaparamiento de los cargos del Estado, por parte de quienes ganaron, de manera legítima, las últimas elecciones. Ganaron sí, pero el número y el enlace que se observa entre parientes y cercanos, en las diversas áreas de las Telecomunicaciones, dan cuenta de un apetito que no se compadece con el discurso de quienes prometieron hacer un Gobierno "diferente a los tradicionales", y escoger a los mejores ciudadanos. En Telecomunicaciones, hay un peligroso enlace familiar. (TFF)(BLANCO Y NEGRO)
Un círculo de parientes maneja las instituciones encargadas del control, regulación y operación del sector de las Telecomunicaciones. Los nombramientos configuran una cadena familiar, que empiezaen la Superintendencia, pasa por el Conatel y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y termina en Andinatel, entidades que están ligadas entre sí y se encargan de diseñar la política del área, otorgar concesiones de frecuencias y prestar el servicio telefónico.
El sector de las Telecomunicaciones está en el ojo de la tormenta. Primero fue el descubrimiento de un supuesto espionaje telefónico impulsado desde la Superintendencia, que desembocó en la salida del ex intendente Alberto Segovia y actuamente sale a la luz una red familiar que maneja todo el sistema.
El área está integrada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Suptel), que se encarga de la gestión, administración y control del espectro radioeléctrico, además norma, homologa, regula y supervisa las actividades y ejerce el control técnico a las empresas que explotan servicios de telecomunicaciones.
Le sigue el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que dicta las políticas de Estado para regular el sector; en tercer lugar está la Secretaría Nacional (SNT), que ejerce la representación operativa de la institución anterior.
Luego están Andinatel y Pacifictel, que son las empresas que otorgan servicios al consumidor.
De acuerdo con la Ley Especial del sector, se trata de instituciones autónomas, que no están sujetas a las Leyes de Contratación Pública, de Servicio Civil y Carrera Administrativa ni de Consultoría, pues para esos efectos se ciñen a reglamentos expedidos por la Presidencia de la República.
Así lo reinvidica el secretario nacional de Telecomunicaciones, Sandino Torres, al ser consultado por BLANCO Y NEGRO, sobre la designación de parientes en altos cargos de las distintas instituciones que tienen que ver con ese sector.
Por ejemplo, el superintendente, Iván Burbano Romero, es padre de Iván Burbano Riofrío, gerente de imagen corporativa de Andinatel, y de Alexandra Burbano Riofrío, que labora en la Dirección de Planificación de la SNT. Pese a la insistencia de este medio, el funcionario no dio su versión sobre el tema.
Este informe se relaciona con la figura de nepotismo, tipificada en el artículo 125 de la Constitución (aún no está regulada por el Código Penal), que prohíbe la designación de parientes de autoridades nominadoras en cargos públicos.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al nepotismo como "la desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las gracias y empleos públicos", es decir, que debería entendérselo como una prohibición de beneficiar a familiares con cualquier cargo del sector estatal.
En este caso no hay nombramientos directos en una misma institución, pero los parentescos se cruzan en las diferentes entidades del sector de Telecomunicaciones, lo cual podría configurar un conflicto de intereses entre los funcionarios que están para controlar y quienes deben ser controlados.
Fuentes consultadas señalaron que las instituciones deberían tener un mínimo grado de independencia, más aún en el presente caso, cuando deben ordenar la regularización total de las nuevas redes de telefonía móvil, para lo cual debería haber reglas de juego claras.
El conflicto de intereses está establecido en la Carta Política, cuyo artículo 123 señala: "No podrán ser funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses o representen a terceros que los tuvieren, en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas".
Funcionarios de menor rango de las instituciones indicadas defienden el derecho de las autoridades a rodearse de personas de su entera confianza y aseguran que los funcionarios designadados tienen la capacidad técnica, los títulos y la experiencia necesaria para ostentar esos cargos.
Pese a la categoría técnica, este informe determinó que el principal requisito para asumir estos cargos es el haber participado en el derrocamiento a Jamil Mahuad el 21 de enero de 2000 y trabajado en la campaña que llevó al poder a Lucio Gutiérrez.
Así lo reconoce Sandino Torres, el único directivo de las telefónicas que accedió a dar su versión. (AA-LB)
Funciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones
El superintendente es nombrado por el Congreso Nacional, para un período de cuatro años, de una terna enviada por el presidente de la República.
La Ley de Telecomunicaciones garantiza la autonomía del organismo, por lo que no está sujeto a las leyes de Contratación Pública, de Servicio Civil y Carrera Administrativa ni de Consultoría. El superintendente tiene las siguientes funciones:
a) La gestión, administración y control del espectro radioeléctrico;
b) Concede y autoriza el uso de frecuencias;
c) Autoriza la explotación de servicios y portadores de telecomunicaciones;
d) Normaliza, homologa, regula y supervisa actividades de telecomunicaciones
Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
El Conatel es el ente de administración y regulación de los servicios de telecomunicaciones.
Entre otras autoridades, está integrado por un representante del presidente de la República, quien lo preside.
Este organismo dicta las políticas relacionadas con las telecomunicaciones y aprueba el plan nacional de desarrollo del sector, asimismo, se encarga de establecer términos, condiciones y plazos para otorgar las concesiones y autorizaciones del uso de frecuencias.
Esta institución designa al secretario nacional de Telecomunicaciones.
También aprueba los presupuestos del indicado organismo y de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Andinatel S.A. y Pacifictel S.A. pertenecen al Fondo de Solidaridad
Andinatel y Pacifictel son empresas de servicios de telefonía: venden líneas, realizan traslados, facturan el consumo, realizan recaudaciones, reparan líneas telefónicas...
Ambas instituciones públicas tienen autonomía administrativa, económica y financiera.
Están facultadas para establecer, explotar, mantener y desarrollar los sistemas de los servicios de telecomunicaciones.
Estas compañías pertenecen al Fondo de Solidaridad; el artículo 249 de la Constitución señala que el Estado es responsable de proveer de servicios públicos, entre ellos, las telecomunicaciones, directamente o por delegación a empresas mixtas o privadas.
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones
El secretario nacional de Telecomunicaciones es nombrado por el presidente de la República.
Este organismo se encarga de ejecutar la política de telecomunicaciones en el país. Además, tiene que cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Conatel.
Entre otras funciones, ejerce la gestión y administración del espectro radioeléctrico, elabora el Plan de Desarrollo de Telecomunicaciones y el plan de frecuencias.
Todos sus planes y proyectos deben ser conocidos y aprobados por el Conatel.
También suscribe los contratos de concesión para la explotación de servicios autorizados por el Conatel, así como el uso del espectro radioeléctrico.
"Nepotismo evidente en sistema de telecomunicaciones"
BLANCO Y NEGRO intentó dialogar con los directivos de todas las instituciones, pero, solo atendió a los requerimientos el secretario de Telecomunicaciones.
La existencia de una red familiar que maneja el sistema de telecomunicaciones puso en alerta a ciertos sectores legislativos. Uno de ellos es el diputado "naranja" Carlos González, quien además sigue la pista al "pinchazo" telefónico descubierto dentro de la Superintendencia.
El legislador de la Izquierda Democrática (ID) asegura tener datos contundentes sobre el nombramiento de familiares en las instituciones de control, regulación y operación del área de las telecomunicaciones, que los hará públicos en rueda de prensa la próxima semana, de forma particular, de los parientes de los directivos de las instituciones del sistema, con lo que pretende empujar su propia denuncia.
Para González existe un abierto caso de nepotismo dentro del sistema, lo cual configura un evidente conflicto de intereses por cuanto las instituciones involucradas forman una cadena, en donde unas entidades controlan a otras.
"¿Cómo puede garantizarse que un padre pueda sancionar a un hijo en caso de presentarse alguna irregularidad?", se pregunta el legislador en alusión a los datos de la investigación.
"El nepotismo -dice- no solo es prohibido por la Constitución sino que es contrario a las buenas costumbres", por lo que exige que se tomen correctivos para evitar cualquier tipo de conflicto.
Por lo pronto, la Comisión de Defensa del Consumidor, que preside González, convocará al superintendente Iván Burbano para que explique este caso y el del "pinchazo" telefónico que fue denunciado en el programa La Televisión. El diputado insiste en que se inicien acciones legales contra el ex intendente Alberto Segovia, a quien se inculpa por dicho incidente.
Pero las presiones políticas contra Burbano no terminarán en su comparecencia, pues González advierte que decidió profundizar las investigaciones sobre el espionaje telefónico, como resultado de la última denuncia. (LB)
Merlo: "Hay un conflicto de carácter ético y moral"
El superintendente debe responder al Congreso Nacional
"Técnicamente no hay nepotismo en las instituciones telefónicas", manifiesta el ex contralor y ex ministro de Gobierno, Marcelo Merlo, al comentar las ramificaciones familiares existentes en esos organismos.
Esto sucede porque se trata de entidades independientes unas de otras, a pesar de que todas forman parte del sector de la telefonía, por lo que, a juicio de Merlo, en determinado momento podría haber un conflicto de intereses debido a que sus autoridades deben ejercer un control entre ellas.
El ex directivo de la máxima entidad de control señala que la figura de nepotismo es muy amplia y esto se halla prohibido por la Constitución, implica que una autoridad nominadora no puede designar a familiares en la institución pública donde ejerce un cargo.
Sin embargo nada le prohíbe influir para colocar parientes (consanguíneos y políticos) en otras entidades, lo que de todas maneras constituye un problema de carácter ético y moral.
Merlo anota que en varias ocasiones se ha intentado diseñar una Ley Antinepotismo, que penalice el tráfico de influencias para obtener cargos públicos, pero en el país no ha habido voluntad política para hacerlo.
En todo caso, puntualiza que de registrarse irregularidades, el superintendente está obligado a responder ante el Congreso Nacional, que debe ejercer el control político sobre el funcionario por haberlo designado de una terna enviada por el presidente de la República.
La Fiscalía también debe investigar. (AA)
"El nepotismo debe ser sancionado penalmente"
Proyecto de Ley duerme "el sueño de los justos" en el Congreso Nacional
Un proyecto de Ley Antinepotismo, que sanciona la designación de parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, en los cargos de gerentes, subgerentes, directores, ejecutivos, miembros de las instituciones autónomas y semiautónomas, en las empresas estatales, reposa en el Congreso desde el pasado 5 de febrero.
Fue presentado por el vicepresidente de la Legislatura, Ramiro Rivera, quien sustenta el proyecto en los principios del respeto y la ética, "ya que el nepotismo es una forma ilícita de enriquecer familias, de depositar el poder en manos de un grupo muy escogido, selecto, patrimonial, paternalista y fácilmente manejable", señala el diputado.
De acuerdo con el proyecto, el nepotismo debe ser sancionado penalmente, con prisión de seis meses a cinco años para el servidor público o las autoridades que expidieran los nombramientos y contratos.
El artículo 5 de la normativa propuesta señala: "Incurren en nepotismo los servidores públicos que otorguen concesiones o celebren cualquier clase de contratos, directamente o por interpuesta persona, con su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad".
Añade que también incurrirían en ese delito los funcionarios del sector estatal que otorguen concesiones o celebren cualquier clase de contratos, directamente o por intermedio de otra persona, con su cóyuge o parientes en los grados señalados anteriormente.
Las prohibiciones se extienden a la Corte Suprema de Justicia, Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), Congreso Nacional, Presidencia,Vicepresidencia de la República, Gobernaciones, entidades autónomas y semiautónomas.
El proyecto aún no ha sido tramitado en primer debate, pues los diputados salieron de vacaciones sin haberlo conocido oficialmente. (AA)
"Ley garantiza derecho al trabajo"
Un diálogo con Sandino Torres
¿Usted es esposo de la directora Administrativa de Andinatel, yerno del secretario de la Suptel y cuñado de Sandra Erazo, asistente del superintendente?
Mi esposa no trabaja, ella estudia y está con mis hijos. A la señora Gordón que usted menciona no la conozco. Además, las instituciones son autónomas: el Conatel, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y la Superintendencia tienen sus propias autoridades y su propio manejo administrativo.
¿Su esposa es hija de René Gordón, secretario general de la Superintendencia?
El general Gordón es padre de mi esposa, él es muy amigo del superintendente.
¿Y Sandra Erazo?
Es esposa de mi hermano. Ella trabajó durante 14 años en la Presidencia de la República. Iván Burbano la conoció y le pidió que lo acompañara.
¿Yolanda Martínez, directora de Gestión Internacional, es esposa de Richard Jaramillo (Andinatel)?
Sí.
¿Alexandra Burbano, de la Dirección de Planificación, es hija del superintendente Iván Burbano?
Sí.
¿Son personas calificadas para estos cargos?
Alexandra Burbano y Yolanda Martínez trabajaron muy duro en la campaña, por lo que se ganaron un espacio, ellas son profesionales y gozan de mi entera confianza. Además, sus nombramientos responden a mi potestad como autoridad nominadora.
¿Al estar todo el sector integrado por parientes, qué control puede haber?
Este es un organismo administrador, aquí la autoridad soy yo, quien emite cualquier criterio soy yo, no la directora de Gestión Internacional, quien únicamente se remite a los asuntos internacionales, entonces no existe riesgo de que vaya a haber eso.
Hay nepotismo indirecto.
No, porque según el reglamento antinepotismo en la Secretaría de Telecomunicaciones no pueden laborar quienes sean parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Aquí no hay un solo familiar de la autoridad nominadora.
Hay un cruce de parientes en las entidades.
Hay que entender que este es un organismo del cual responde el presidente de la República. El Congreso Nacional nombró al superintendente, esa es una entidad de control, esta es administrativa, nada tienen que ver. En ambas entidades hay autoridades nominadoras y ponemos a las personas más adecuadas.
Para usted no hay ningún problema.
No, porque la Constitución es muy clara. El artículo 35, referido al Trabajo, dice que este es un derecho y un deber social que gozará de la protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia. Con esto le digo que hasta la Constitución permite trabajar decentemente mientras usted no esté fuera de la Ley. (AA)
LA FICHA
Sandino Torres de 37 años, ingeniero comercial, capitán retirado, militante activo del partido Sociedad Patriótica (SP). En su calidad de miembro de la guardia presidencial partcipó el 21 de enero de 2000 en el derrocamiento al ex presidente Jamil Mahuad
PUNTO DE VISTA
Un peligroso enlace familiar
Debe tener razón el ingeniero y capitán retirado Sandino Torres cuando dice que la "Ley garantiza el derecho al trabajo". Así, en verdad, reza el artículo 35 de la Constitución. Pero el Ecuador es un país que se debate en una crisis terrible, sobre todo porque debido a la carencia de fuentes de empleo, cientos de miles de compatriotas han debido desraízarse, abandonar a su familia, sus costumbres y cultura para buscar un trabajo que les permita el sustento.
Por eso mismo, no se justifica que, a cuenta de que las Telecomunicaciones están regidas bajo la normativa de las entidades autónomas, la familia del 21 de enero de 2000 cope todas las instancias posibles, en especial donde hay que ejercer control, y se podrían dar conflictos de intereses.
Y es que las sociedades están normadas por las leyes y los reglamentos, pero también por la ética y las buenas costumbres. Y estas, aunque no consten en ningún texto, son las que mantienen el equilibrio y ponen las reglas de juegos en las comunidades.
El informe de BLANCO Y NEGRO saca a la luz un nuevo caso de acaparamiento de los cargos del Estado, por parte de quienes ganaron, de manera legítima, las últimas elecciones. Ganaron sí, pero el número y el enlace que se observa entre parientes y cercanos, en las diversas áreas de las Telecomunicaciones, dan cuenta de un apetito que no se compadece con el discurso de quienes prometieron hacer un Gobierno "diferente a los tradicionales", y escoger a los mejores ciudadanos. En Telecomunicaciones, hay un peligroso enlace familiar. (TFF)(BLANCO Y NEGRO)
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