CERCA DE 10 MIL predios cambian de dueño vía publicación de carteleras en las notarías y en la prensa.
Para tener tierras en Cuenca, basta pegar un cartel en las notarías.
EL JUZGADO Décimoquinto de lo Civil ha emitido alrededor de 10 mil certificaciones para inscribirlas.
En la planta baja de la Corte Superior de Justicia de Cuenca funciona la oficina del juez Décimoquinto de lo Civil Jesús Tenesaca.
Durante los últimos tres años, el juez Décimoquinto de lo Civil de Cuenca, Jesús Tenesaca, autorizó la inscripción, a nombre de personas particulares, de al menos 10 mil terrenos mostrencos, que por ley pertenecen al Estado.
El mecanismo es como sigue: una persona encuentra un predio abandonado y avisa a un notario su interés de realizar una escritura pública para apropiarse del mismo.
El notario, en concordancia con el artículo 709 del Código Civil, pega carteles afuera de su despacho durante 30 días.
En el aviso se indica que está por inscribirse una escritura de compraventa de un terreno, con especificaciones generales del sitio donde está ubicado.
Cuando termina ese plazo, el notario pide a un juzgado civil una certificación de que se han cumplido los pasos legales.
El juez otorga ese documento, el cual permite al Registrador de la Propiedad inscribir el terreno a nombre de la persona que presentó el pedido ante el notario.
Así de fácil. Cualquier ciudadano se puede hacer de una propiedad en Cuenca, de la mano del juez Tenesaca, quien siempre emite las certificaciones.
En Cuenca hay 12 jueces de lo Civil, 11 de ellos consideran que no es aplicable el artículo 709 del Código Civil porque podría ser utilizado por quienes aspiran a apropiarse de tierras cuyos dueños se hallan fuera del país. Azuay es una de las provincias con más alta emigración.
Por esa razón se han negado a emitir certificados que dan pie a las inscripciones de títulos de propiedad con el mecanismo de fijar carteles en las notarías.
Por esta forma de otorgar tierras se han presentado casos de bienes con varios propietarios, manifiesta Hugo Curay, asesor de la Registraduría de Cuenca. Actualmente hay varios juicios de nulidad interpuestos por los dueños originales.
En los miles de trámites que han llegado al Juzgado Décimoquinto hay una novedad: no pasaron por la sala de sorteos de la Corte. Esto, pese a que existe una resolución del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), de septiembre de 2004, que obliga a sortear todo tipo de demandas, solicitudes o reclamos que se dirigieren a los jueces.
El presidente de la Corte Superior de Cuenca, Juan González, no encuentra irregular el hecho de que todos estos trámites se efectuaran solo en el Juzgado Décimoquinto.
No creo que esto deba ir al sorteo porque no se trata de una medida cautelar ni de un juicio contencioso. Así, justifica que este tipo de trámites no hayan pasado por la sala de sorteos para ser repartidos entre los 12 juzgados. (MCV/AA)
Recuperar los predios demora varios años
EL DUEÑO ORIGINAL viajó a los eeuu. a su regreso el lote pertenecía a otro. una tercera reclama la propiedad.
Los perjudicados por la inscripción de escrituras a través de fijación de carteles en las notarías y, publicaciones de avisos por la prensa, demoran años en recuperar sus propiedades.
Aunque tienen la posibilidad de demandar la nulidad de los títulos inscritos en el Registro de la Propiedad, estos trámites no son ágiles.
Rosa Álvarez arrienda desde hace cuatro años la propiedad que originalmente era de Manuel Andrade, un emigrante que vive en los EEUU.
Al predio de Andrade un día le apareció un nuevo dueño. Un señor Maite, dice Rosa Álvarez. Pero a estos dos propietarios se les sumó una nueva dueña, Rosa Panamá. Tanto Maite como Panamá habrían adquirido el predio por el mecanismo de colocación de carteles que se realiza en el Juzgado Décimoquinto, señala Hugo Curay, asesor del Registro de la Propiedad.
El litigio empezó en 2000, todavía el primer dueño no ha logrado recuperar totalmente el terreno. Mientras esto se resuelve, Álvarez (inquilina desde hace cuatro años) instaló un quiosco para vender plátanos, alimentos y golosinas a quienes circulan por la vía que conduce a San Juan Loma, en Cuenca.
En el resto de la tierra siembra maíz. Las ganancias le permiten pagar los $60 de arriendo y mantener a sus tres hijos. En ese mismo sitio, al filo de la vía, levantó una pequeña vivienda de madera. (MCV)
Los lotes se consiguen con "contrato informal"
EL CÓDIGO CIVIL dice que las ventas no son legales mientras no se otorguen las escrituras públicas.
Va a inscribirse la escritura de compraventa de un cuerpo de terreno ubicado en el sector denominado San Vicente de Paúl de la parroquia Chiquintad de este cantón y comprendido dentro de los siguientes linderos: por la cabecera, carretera en 69 metros; por el pi, propiedad de Julio Vélez en 71 metros y por el otro costado, propiedad de Máximo Valverde en 13 metros, aclarando que el terreno es de forma triangular.
Así rezan los textos que sirven de antecedente para la inscripción de escrituras con el mecanismo de colocación de carteles y publicaciones por la prensa. Estos constan como documentos de respaldo de esas inscripciones, en el Registro de la Propiedad de Cuenca.
En el archivo de bienes de esa ciudad, que data de 1817, reposan miles de inscripciones de títulos con carteles cuyos trámites se realizaron ante el juez Jesús Tenesaca, durante los últimos tres años.
Según el Registro de la Propiedad, en la mayoría de escrituras que en los últimos tiempos se trató de inscribir con este mecanismo, los supuestos vendedores dicen haber adquirido el predio por contrato informal.
Esto se opone al art. 1740 del Código Civil que dice: Las ventas de bienes raíces no se consideran perfectas ante la Ley, mientras no se otorgue escritura pública. Es decir, un documento legal. (MCV)
"CARTEL" SIRVE PARA TENER LOTES
EN JIPIJAPA HUBO un caso de perjuicio al Municipio y sus autoridades enjuiciaron.
Aquí va facsímil de una muestra de los carteles con los que se notifica de la propiedad de los terrenos a nombre de personas particulares.
El vocal de la Comisión de Codificación del Congreso, Ítalo Ordóñez, denunció al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jaime Velasco, la forma poco común en que se otorgó la propiedad de miles de terrenos en Cuenca.
En la comunicación, enviada el pasado 5 de enero, Ordóñez hizo notar que la entrega de terrenos vía colocación de carteles, perjudica al Estado y al Municipio de esa ciudad.
Según las leyes de Desarrollo Agrario y de Tierras Baldías y Colonización, los predios ubicados en el sector rural y que no tienen un título de propiedad pertenecen al Estado.
Por tanto, la única forma legal para que una persona pueda obtener la propiedad de un terreno baldío en el sector rural es por adjudicación del Estado, a través del Instituto de Desarrollo Agrario (Inda).
A su vez, la ley orgánica de Régimen Municipal cataloga como bienes de dominio privado de los municipios los terrenos que no están destinados a la prestación directa de un servicio público.
Así, para conseguir un predio urbano mostrenco debe hacerse un trámite ante el Municipio correspondiente.
Nada de esto se habría cumplido en Cuenca, en miles de casos, durante los últimos años, según el asesor de la Registraduría, Hugo Curay.
El tema es tan conocido en la ciudad, que incluso se habla de la existencia de un cartel de Cuenca, para referirse a la forma fácil en que se puede adquirir un predio solamente con la colocación de carteles durante 30 días en las notarías y mediante avisos pagados en la prensa, cuyas dimensiones promedio son de nueve centímetros de ancho por 3,5 centímetros de largo.
Con esas razones, el denunciante Ítalo Ordóñez pidió a Velasco que, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), prohíba a los jueces de lo Civil emitir certificaciones para legalizar los bienes mostrencos a nombre de quienes así lo solicitan.
El vocal de la Comisión de Codificación dijo a BLANCO Y NEGRO que su carta no ha sido respondida por Velasco. El presidente de la CSJ tampoco conversó con la redactora de este suplemento, pues en su oficina dijeron que debía atender una agenda superapretada.
Aunque el mecanismo revelado en este reportaje prácticamente está institucionalizado en la capital azuaya, en Jipijapa (Manabí) se registró un caso similar de traspaso de propiedad a espaldas del dueño. Nada menos que el Municipio de ese cantón.
Las autoridades del cabildo interpusieron un juicio de nulidad en contra de los nuevos propietarios, de sus abogados y del notario que actuó con ellos.
El litigio duró tres años hasta que la primera Sala de lo Civil de la CSJ decidió devolver el predio al Municipio e impuso sanciones disciplinarias a los involucrados. (MCV/AA)
"Tramitaba 400 casos cada 60 días"
EL JUEZ JESÚS TENESACA niega haber cobrado $150 por cada solicitud que presentaban los interesados en obtener certificaciones para la inscripción.
El juez Décimoquinto de lo Civil de Cuenca, Jesús Tenesaca, señala que hasta finales de 2004 tramitaba entre 300 y 400 certificaciones cada 60 días.
Dice que lo hacía como un servicio a la comunidad, que reclamaba la propiedad de bienes que no tenían títulos.
El juez reconoce que las personas interesadas acudían a su despacho para solicitar las certificaciones, sin necesidad de pasar por la oficina de sorteos de la Corte.
Pero desde julio de 2005 la demanda de sus servicios para este tipo de trámites decayó, porque le llegó una resolución de la primera sala de la CSJ, que hablaba de la inaplicabilidad del artículo 709 del Código Civil, que facultaba el otorgamiento de predios mediante la publicación de carteleras.
Tenesaca dice que su actuación fue revisada por los delegados del Consejo Nacional de la Judicatura, quienes no hallaron irregularidades.
También niega las versiones de que cobraría $150 por cada trámite. Únicamente me he limitado a certificar las publicaciones dispuestas por los notarios, añade.
El juez confirma de casos donde aparecieron los antiguos propietarios. Hace dos años se conoció una demanda en la que se inscribió una escritura pública a base de carteles, que pertenecía a otra persona, indica.
Pero insiste en que su práctica fue legal. (MCV/AA)
Presidente de la Corte defiende a subalterno
JUAN GONZÁLEZ dice que perjudicados pueden quejarse durante los 30 días de vigencia de los avisos
El presidente de la Corte Superior de Cuenca, Juan González, defendió la actuación de Tenesaca.
González dice que en el tiempo de 30 días que permanecen colocadas las carteleras en las oficinas notariales, los presuntos perjudicados bien pueden interponer un recurso para evitar la adjudicación de los predios a otras personas.
El juez obraba bien al certificar esas carteleras porque la ley así lo facultaba y todavía lo faculta, asegura.
González no cree que de esta forma se hayan adjudicado 10 mil predios, como lo indican en el Registro de la Propiedad. El titular de la Corte dice que esa cifra es errada. (MCV/AA)
"Con los carteles se otorgaron cientos y cientos de terrenos"
EL JUEZ QUINTO de lo Civil dice que este es un mecanismo de excepción, cuando no hay una historia de la propiedad de un bien inmueble.
La transferencia del dominio de una propiedad mediante la colocación de carteles es un mecanismo de excepción. Así lo sostiene el juez Quinto de lo Civil de Cuenca, Felipe Serrano.
Pero en esa ciudad se habría utilizado un mecanismo excepcional para adjudicar nada menos que 10 mil bienes raíces.
Serrano es uno de los 11 jueces de lo civil que se negó a realizar este tipo de trámites, bajo la consideración de que el artículo 709 del Código Civil (se amparó el juez Décimoquinto)no era aplicable para otorgar la propiedad de la tierra.
Solo quien tiene el dominio real de una propiedad puede transferir ese derecho, quien no lo tiene no puede hacerlo, puntualiza el juez.
Explica que el traspaso de predios mediante la publicación de anuncios en esa ciudad presenta como antecedentes la existencia de supuestos contratos informales y no los títulos reales que conforman la historia de la propiedad de cada bien.
En consecuencia, la socorrida figura de contratos informales, que sirve como antecedente para legalizar los predios aparentemente abandonados, le restaría valor jurídico a este tipo de escrituras públicas.
Por eso, Serrano reafirma que el mecanismo únicamente sirve para inscribir predios realmente abandonados, que no tienen una historia de dominio, por ejemplo en caso de fincas que nunca antes fueron inscritas.
El juez Quinto de lo Civil confirma la existencia de cientos y cientos de casos en que los vendedores afirmaron ser dueños de las propiedades, pero nunca lo pudieron probar.
Es decir, hubo mucha gente que cobró por vender terrenos que no tenían dueño.
Pero en la realidad sí había propietarios: el Estado, el Municipio de Cuenca y miles de emigrantes que dejaron abandonadas sus tierras.
Al parecer el Estado (a través del INDA) y el Municipio no han reclamado por esta práctica. Sí lo han hecho varias personas que un buen día se enteraron que habían perdido la propiedad de sus bienes raíces gracias a un certificado judicial.
Al juzgado de Serrano han llegado varias demandas de nulidad, no recuerda cuántas, en las que ha debido emitir sentencias que deshicieron los trámites irregulares y restituyeron las propiedades a los dueños originales.
Por ejemplo, en diciembre de 2003, Ana María León logró recuperar una propiedad ubicada en la parroquia urbana San Sebastián. Sin que ella se diera cuenta, el terreno había sido vendido como si antes no le hubiera pertenecido. Un juez experto en emitir certificaciones lo había autorizado. (MCV/AA)
Juan González: "Falta de claridad en carteles no constituye irregularidad"
Para el presidente de la Corte Superior de Justicia de Cuenca, Juan González, la falta de claridad de los carteles colocados en las notarías notificando que se va a inscribir una escritura pública no constituye irregularidad.
Señala que "así no consten los linderos exactos la gente que se sienta perjudicada puede reclamar antes de que se inscriba el bien".
En el caso de los emigrantes, el presidente de la Corte de Cuenca dice que debieron dejar un mandatario, un procurador o una persona que le represente en estas eventualidades.
Concluye en que todos los documentos son públicos y están a disposición de todos. (MCV)
PUNTO DE VISTA
El "cartel" para las expropiaciones
Alguien dijo alguna vez que las leyes sirven para todo. Y eso lo han entedido muy bien algunos notarios y un juez de lo Civil de Cuenca, que parapetados en el artículo 709 del Código Civil han expropiado, tácitamente, unos 10 mil predios, muchos de personas que han emigrado del país en busca de mejores oportunidades.
Las razones que justifican esta "expropiación" son poco menos que rídiculas: una persona halla un predio supuestamente abandonado, va donde un notario y le dice que quiere hacer una escritura pública a su nombre del bien inmueble, y el notario, muy diligente, pone afuera de su oficina un cartelito anunciando que está por inscribirse una escritura de compraventa de un terreno.
Lo único que debe hacer la persona "que halló el predio" es esperar 30 días, para que el notario pida a un juez la certificación de que se han cumplido los pasos legales.
El juez, solo uno de los 12 que están en Cuenca, entrega la autorización para que el "que se halló el terreno" inscriba a su nombre el predio en la Registraduría de la Propiedad.
Eso llegó a ser una práctica tan común, que el juez Décimoquinto de lo Civil de Cuenca, Jesús Tenesaca, reconoció a BLANCO Y NEGRO, que llegó a tramitar hasta 400 certificaciones cada 60 días, a finales de 2004. Y ha dicho que lo hacía como un servicio a la comunidad. ¿A qué comunidad?
Lo que BLANCO Y NEGRO denuncia es en realidad una suerte de asalto con leyes en mano, en una ciudad donde el índice de emigración es muy alto.
Ellos dejan su país, sus tierras, para ir a buscar mejores oportunidades, y cuando regresan se encuentran con que sus terrenos ya no les pertenecen, porque "por despistados" no se les ocurrió regresar para ir de Notaría en Notaría verificando que algún cartel no anuncie que su propiedad ha sido hallada por algún suertudo.
Ya hay una denuncia en la Corte Suprema y su obligación moral es actuar. (JT)(Blanco y Negro)
Para tener tierras en Cuenca, basta pegar un cartel en las notarías.
EL JUZGADO Décimoquinto de lo Civil ha emitido alrededor de 10 mil certificaciones para inscribirlas.
En la planta baja de la Corte Superior de Justicia de Cuenca funciona la oficina del juez Décimoquinto de lo Civil Jesús Tenesaca.
Durante los últimos tres años, el juez Décimoquinto de lo Civil de Cuenca, Jesús Tenesaca, autorizó la inscripción, a nombre de personas particulares, de al menos 10 mil terrenos mostrencos, que por ley pertenecen al Estado.
El mecanismo es como sigue: una persona encuentra un predio abandonado y avisa a un notario su interés de realizar una escritura pública para apropiarse del mismo.
El notario, en concordancia con el artículo 709 del Código Civil, pega carteles afuera de su despacho durante 30 días.
En el aviso se indica que está por inscribirse una escritura de compraventa de un terreno, con especificaciones generales del sitio donde está ubicado.
Cuando termina ese plazo, el notario pide a un juzgado civil una certificación de que se han cumplido los pasos legales.
El juez otorga ese documento, el cual permite al Registrador de la Propiedad inscribir el terreno a nombre de la persona que presentó el pedido ante el notario.
Así de fácil. Cualquier ciudadano se puede hacer de una propiedad en Cuenca, de la mano del juez Tenesaca, quien siempre emite las certificaciones.
En Cuenca hay 12 jueces de lo Civil, 11 de ellos consideran que no es aplicable el artículo 709 del Código Civil porque podría ser utilizado por quienes aspiran a apropiarse de tierras cuyos dueños se hallan fuera del país. Azuay es una de las provincias con más alta emigración.
Por esa razón se han negado a emitir certificados que dan pie a las inscripciones de títulos de propiedad con el mecanismo de fijar carteles en las notarías.
Por esta forma de otorgar tierras se han presentado casos de bienes con varios propietarios, manifiesta Hugo Curay, asesor de la Registraduría de Cuenca. Actualmente hay varios juicios de nulidad interpuestos por los dueños originales.
En los miles de trámites que han llegado al Juzgado Décimoquinto hay una novedad: no pasaron por la sala de sorteos de la Corte. Esto, pese a que existe una resolución del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), de septiembre de 2004, que obliga a sortear todo tipo de demandas, solicitudes o reclamos que se dirigieren a los jueces.
El presidente de la Corte Superior de Cuenca, Juan González, no encuentra irregular el hecho de que todos estos trámites se efectuaran solo en el Juzgado Décimoquinto.
No creo que esto deba ir al sorteo porque no se trata de una medida cautelar ni de un juicio contencioso. Así, justifica que este tipo de trámites no hayan pasado por la sala de sorteos para ser repartidos entre los 12 juzgados. (MCV/AA)
Recuperar los predios demora varios años
EL DUEÑO ORIGINAL viajó a los eeuu. a su regreso el lote pertenecía a otro. una tercera reclama la propiedad.
Los perjudicados por la inscripción de escrituras a través de fijación de carteles en las notarías y, publicaciones de avisos por la prensa, demoran años en recuperar sus propiedades.
Aunque tienen la posibilidad de demandar la nulidad de los títulos inscritos en el Registro de la Propiedad, estos trámites no son ágiles.
Rosa Álvarez arrienda desde hace cuatro años la propiedad que originalmente era de Manuel Andrade, un emigrante que vive en los EEUU.
Al predio de Andrade un día le apareció un nuevo dueño. Un señor Maite, dice Rosa Álvarez. Pero a estos dos propietarios se les sumó una nueva dueña, Rosa Panamá. Tanto Maite como Panamá habrían adquirido el predio por el mecanismo de colocación de carteles que se realiza en el Juzgado Décimoquinto, señala Hugo Curay, asesor del Registro de la Propiedad.
El litigio empezó en 2000, todavía el primer dueño no ha logrado recuperar totalmente el terreno. Mientras esto se resuelve, Álvarez (inquilina desde hace cuatro años) instaló un quiosco para vender plátanos, alimentos y golosinas a quienes circulan por la vía que conduce a San Juan Loma, en Cuenca.
En el resto de la tierra siembra maíz. Las ganancias le permiten pagar los $60 de arriendo y mantener a sus tres hijos. En ese mismo sitio, al filo de la vía, levantó una pequeña vivienda de madera. (MCV)
Los lotes se consiguen con "contrato informal"
EL CÓDIGO CIVIL dice que las ventas no son legales mientras no se otorguen las escrituras públicas.
Va a inscribirse la escritura de compraventa de un cuerpo de terreno ubicado en el sector denominado San Vicente de Paúl de la parroquia Chiquintad de este cantón y comprendido dentro de los siguientes linderos: por la cabecera, carretera en 69 metros; por el pi, propiedad de Julio Vélez en 71 metros y por el otro costado, propiedad de Máximo Valverde en 13 metros, aclarando que el terreno es de forma triangular.
Así rezan los textos que sirven de antecedente para la inscripción de escrituras con el mecanismo de colocación de carteles y publicaciones por la prensa. Estos constan como documentos de respaldo de esas inscripciones, en el Registro de la Propiedad de Cuenca.
En el archivo de bienes de esa ciudad, que data de 1817, reposan miles de inscripciones de títulos con carteles cuyos trámites se realizaron ante el juez Jesús Tenesaca, durante los últimos tres años.
Según el Registro de la Propiedad, en la mayoría de escrituras que en los últimos tiempos se trató de inscribir con este mecanismo, los supuestos vendedores dicen haber adquirido el predio por contrato informal.
Esto se opone al art. 1740 del Código Civil que dice: Las ventas de bienes raíces no se consideran perfectas ante la Ley, mientras no se otorgue escritura pública. Es decir, un documento legal. (MCV)
"CARTEL" SIRVE PARA TENER LOTES
EN JIPIJAPA HUBO un caso de perjuicio al Municipio y sus autoridades enjuiciaron.
Aquí va facsímil de una muestra de los carteles con los que se notifica de la propiedad de los terrenos a nombre de personas particulares.
El vocal de la Comisión de Codificación del Congreso, Ítalo Ordóñez, denunció al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jaime Velasco, la forma poco común en que se otorgó la propiedad de miles de terrenos en Cuenca.
En la comunicación, enviada el pasado 5 de enero, Ordóñez hizo notar que la entrega de terrenos vía colocación de carteles, perjudica al Estado y al Municipio de esa ciudad.
Según las leyes de Desarrollo Agrario y de Tierras Baldías y Colonización, los predios ubicados en el sector rural y que no tienen un título de propiedad pertenecen al Estado.
Por tanto, la única forma legal para que una persona pueda obtener la propiedad de un terreno baldío en el sector rural es por adjudicación del Estado, a través del Instituto de Desarrollo Agrario (Inda).
A su vez, la ley orgánica de Régimen Municipal cataloga como bienes de dominio privado de los municipios los terrenos que no están destinados a la prestación directa de un servicio público.
Así, para conseguir un predio urbano mostrenco debe hacerse un trámite ante el Municipio correspondiente.
Nada de esto se habría cumplido en Cuenca, en miles de casos, durante los últimos años, según el asesor de la Registraduría, Hugo Curay.
El tema es tan conocido en la ciudad, que incluso se habla de la existencia de un cartel de Cuenca, para referirse a la forma fácil en que se puede adquirir un predio solamente con la colocación de carteles durante 30 días en las notarías y mediante avisos pagados en la prensa, cuyas dimensiones promedio son de nueve centímetros de ancho por 3,5 centímetros de largo.
Con esas razones, el denunciante Ítalo Ordóñez pidió a Velasco que, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), prohíba a los jueces de lo Civil emitir certificaciones para legalizar los bienes mostrencos a nombre de quienes así lo solicitan.
El vocal de la Comisión de Codificación dijo a BLANCO Y NEGRO que su carta no ha sido respondida por Velasco. El presidente de la CSJ tampoco conversó con la redactora de este suplemento, pues en su oficina dijeron que debía atender una agenda superapretada.
Aunque el mecanismo revelado en este reportaje prácticamente está institucionalizado en la capital azuaya, en Jipijapa (Manabí) se registró un caso similar de traspaso de propiedad a espaldas del dueño. Nada menos que el Municipio de ese cantón.
Las autoridades del cabildo interpusieron un juicio de nulidad en contra de los nuevos propietarios, de sus abogados y del notario que actuó con ellos.
El litigio duró tres años hasta que la primera Sala de lo Civil de la CSJ decidió devolver el predio al Municipio e impuso sanciones disciplinarias a los involucrados. (MCV/AA)
"Tramitaba 400 casos cada 60 días"
EL JUEZ JESÚS TENESACA niega haber cobrado $150 por cada solicitud que presentaban los interesados en obtener certificaciones para la inscripción.
El juez Décimoquinto de lo Civil de Cuenca, Jesús Tenesaca, señala que hasta finales de 2004 tramitaba entre 300 y 400 certificaciones cada 60 días.
Dice que lo hacía como un servicio a la comunidad, que reclamaba la propiedad de bienes que no tenían títulos.
El juez reconoce que las personas interesadas acudían a su despacho para solicitar las certificaciones, sin necesidad de pasar por la oficina de sorteos de la Corte.
Pero desde julio de 2005 la demanda de sus servicios para este tipo de trámites decayó, porque le llegó una resolución de la primera sala de la CSJ, que hablaba de la inaplicabilidad del artículo 709 del Código Civil, que facultaba el otorgamiento de predios mediante la publicación de carteleras.
Tenesaca dice que su actuación fue revisada por los delegados del Consejo Nacional de la Judicatura, quienes no hallaron irregularidades.
También niega las versiones de que cobraría $150 por cada trámite. Únicamente me he limitado a certificar las publicaciones dispuestas por los notarios, añade.
El juez confirma de casos donde aparecieron los antiguos propietarios. Hace dos años se conoció una demanda en la que se inscribió una escritura pública a base de carteles, que pertenecía a otra persona, indica.
Pero insiste en que su práctica fue legal. (MCV/AA)
Presidente de la Corte defiende a subalterno
JUAN GONZÁLEZ dice que perjudicados pueden quejarse durante los 30 días de vigencia de los avisos
El presidente de la Corte Superior de Cuenca, Juan González, defendió la actuación de Tenesaca.
González dice que en el tiempo de 30 días que permanecen colocadas las carteleras en las oficinas notariales, los presuntos perjudicados bien pueden interponer un recurso para evitar la adjudicación de los predios a otras personas.
El juez obraba bien al certificar esas carteleras porque la ley así lo facultaba y todavía lo faculta, asegura.
González no cree que de esta forma se hayan adjudicado 10 mil predios, como lo indican en el Registro de la Propiedad. El titular de la Corte dice que esa cifra es errada. (MCV/AA)
"Con los carteles se otorgaron cientos y cientos de terrenos"
EL JUEZ QUINTO de lo Civil dice que este es un mecanismo de excepción, cuando no hay una historia de la propiedad de un bien inmueble.
La transferencia del dominio de una propiedad mediante la colocación de carteles es un mecanismo de excepción. Así lo sostiene el juez Quinto de lo Civil de Cuenca, Felipe Serrano.
Pero en esa ciudad se habría utilizado un mecanismo excepcional para adjudicar nada menos que 10 mil bienes raíces.
Serrano es uno de los 11 jueces de lo civil que se negó a realizar este tipo de trámites, bajo la consideración de que el artículo 709 del Código Civil (se amparó el juez Décimoquinto)no era aplicable para otorgar la propiedad de la tierra.
Solo quien tiene el dominio real de una propiedad puede transferir ese derecho, quien no lo tiene no puede hacerlo, puntualiza el juez.
Explica que el traspaso de predios mediante la publicación de anuncios en esa ciudad presenta como antecedentes la existencia de supuestos contratos informales y no los títulos reales que conforman la historia de la propiedad de cada bien.
En consecuencia, la socorrida figura de contratos informales, que sirve como antecedente para legalizar los predios aparentemente abandonados, le restaría valor jurídico a este tipo de escrituras públicas.
Por eso, Serrano reafirma que el mecanismo únicamente sirve para inscribir predios realmente abandonados, que no tienen una historia de dominio, por ejemplo en caso de fincas que nunca antes fueron inscritas.
El juez Quinto de lo Civil confirma la existencia de cientos y cientos de casos en que los vendedores afirmaron ser dueños de las propiedades, pero nunca lo pudieron probar.
Es decir, hubo mucha gente que cobró por vender terrenos que no tenían dueño.
Pero en la realidad sí había propietarios: el Estado, el Municipio de Cuenca y miles de emigrantes que dejaron abandonadas sus tierras.
Al parecer el Estado (a través del INDA) y el Municipio no han reclamado por esta práctica. Sí lo han hecho varias personas que un buen día se enteraron que habían perdido la propiedad de sus bienes raíces gracias a un certificado judicial.
Al juzgado de Serrano han llegado varias demandas de nulidad, no recuerda cuántas, en las que ha debido emitir sentencias que deshicieron los trámites irregulares y restituyeron las propiedades a los dueños originales.
Por ejemplo, en diciembre de 2003, Ana María León logró recuperar una propiedad ubicada en la parroquia urbana San Sebastián. Sin que ella se diera cuenta, el terreno había sido vendido como si antes no le hubiera pertenecido. Un juez experto en emitir certificaciones lo había autorizado. (MCV/AA)
Juan González: "Falta de claridad en carteles no constituye irregularidad"
Para el presidente de la Corte Superior de Justicia de Cuenca, Juan González, la falta de claridad de los carteles colocados en las notarías notificando que se va a inscribir una escritura pública no constituye irregularidad.
Señala que "así no consten los linderos exactos la gente que se sienta perjudicada puede reclamar antes de que se inscriba el bien".
En el caso de los emigrantes, el presidente de la Corte de Cuenca dice que debieron dejar un mandatario, un procurador o una persona que le represente en estas eventualidades.
Concluye en que todos los documentos son públicos y están a disposición de todos. (MCV)
PUNTO DE VISTA
El "cartel" para las expropiaciones
Alguien dijo alguna vez que las leyes sirven para todo. Y eso lo han entedido muy bien algunos notarios y un juez de lo Civil de Cuenca, que parapetados en el artículo 709 del Código Civil han expropiado, tácitamente, unos 10 mil predios, muchos de personas que han emigrado del país en busca de mejores oportunidades.
Las razones que justifican esta "expropiación" son poco menos que rídiculas: una persona halla un predio supuestamente abandonado, va donde un notario y le dice que quiere hacer una escritura pública a su nombre del bien inmueble, y el notario, muy diligente, pone afuera de su oficina un cartelito anunciando que está por inscribirse una escritura de compraventa de un terreno.
Lo único que debe hacer la persona "que halló el predio" es esperar 30 días, para que el notario pida a un juez la certificación de que se han cumplido los pasos legales.
El juez, solo uno de los 12 que están en Cuenca, entrega la autorización para que el "que se halló el terreno" inscriba a su nombre el predio en la Registraduría de la Propiedad.
Eso llegó a ser una práctica tan común, que el juez Décimoquinto de lo Civil de Cuenca, Jesús Tenesaca, reconoció a BLANCO Y NEGRO, que llegó a tramitar hasta 400 certificaciones cada 60 días, a finales de 2004. Y ha dicho que lo hacía como un servicio a la comunidad. ¿A qué comunidad?
Lo que BLANCO Y NEGRO denuncia es en realidad una suerte de asalto con leyes en mano, en una ciudad donde el índice de emigración es muy alto.
Ellos dejan su país, sus tierras, para ir a buscar mejores oportunidades, y cuando regresan se encuentran con que sus terrenos ya no les pertenecen, porque "por despistados" no se les ocurrió regresar para ir de Notaría en Notaría verificando que algún cartel no anuncie que su propiedad ha sido hallada por algún suertudo.
Ya hay una denuncia en la Corte Suprema y su obligación moral es actuar. (JT)(Blanco y Negro)
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