Quito. 9 ago 98. La credibilidad del Interinato bajó 36 puntos
en año y medio de gestión. Cuando llegó al poder Fabián
Alarcón contó con el 56% en este aspecto. En junio de este año
solo tenía 20 puntos a su favor.
Esta cifra, proporcionada por Cedatos, marca simbólicamente lo
que fue el recorrido del gobierno de Alarcón, que nació
auspiciosamente en medio de la euforia que significó la
movilización popular, que llevó a la destitución de Abdalá
Bucaram el 5 de febrero de 1997.
En ese recorrido cuatro hechos marcaron su punto más alto y
los declives más estrepitosos:
- la Consulta Popular del 25 de mayo de 1997 le convalidó su
designación como Presidente interino;
- la sindicación en el llamado caso Piponazgo en octubre de
ese mismo año lo ubicó como el primer mandatario en ejercicio
enjuiciado por la Corte Suprema;
- el ofrecimiento de restituir a los diputados nacionales
cesados por la Asamblea Nacional al oponerse a que esta
prorrogue sus funciones, lo que desenmascaró la forma de
negociación que mantuvo con el Congreso, cuyo presidente lo
amenazó con enjuiciarlo si publicaba en el Registro Oficial
las reformas de la Constituyente; y,
- el avance en las negociaciones de paz con el Perú.
A esto se suma que una encuesta de Cedatos grafica la
pendiente hacia abajo que recorrió Alarcón en cuanto a la
aceptación por parte de la ciudadanía: de 63 puntos a su favor
en febrero de 1997 cayó a 19 en junio de 1998.
Los argumentos de Alarcón
Alarcón ha explicado esta situación con tres argumentos de
carácter económico y político. El primero es que los partidos
políticos que lo apoyaron para su asunción lo dejaron
abandonado inmediatamente después de febrero de 1997 y que,
por el contrario, se dedicaron a la oposición con fines
electorales.
Los dos argumentos económicos son la caída de los precios del
petróleo y el desastre ocasionado por los efectos del fenómeno
de El Niño. Sin embargo, los analistas más críticos le
cuestionan su falta de liderazgo para hacer de esos dos
fenómenos el puente para la unidad nacional y la solidaridad.
Con todo, la coyuntura electoral que se avecinaba para los
comicios de la Asamblea y los generales de mayo del 98,
marcaron a todos los partidos políticos, incluido el de
gobierno, el FRA.
En la práctica tradicional no gana votos la organización que
se identifica con el régimen de turno y eso lo entendieron y
aplicaron los partidos. Ello, de alguna manera explica por qué
se bajaron de la camioneta casi todos los líderes y partidos
que llevaron a Carondelet a Fabián Alarcón.
Respaldo socialcristiano
Sin embargo, el Presidente interino contó con el respaldo del
Partido Social Cristiano (PSC) desde el Congreso donde su
titular, Heinz Moeller, amigo cercano de Alarcón, le respaldó
cuando se discutía la imposibilidad de convocar a una Asamblea
Constituyente, cuando se intentó por varias ocasiones
enjuiciar a los ministros de Estado y cuando los asambleístas
cesaron a los doce diputados nacionales.
Además, la palabra de apoyo de León Febres-Cordero, Alcalde de
Guayaquil y líder indiscutible del PSC, siempre pesó a favor
de Alarcón porque en los momentos críticos el primer
mandatario acudía al puerto y porque una de sus prioridades
fue no retrasarse en la entrega de recursos a la provincia de
Guayas y su capital.
Quienes nunca le dieron tregua a Alarcón fueron Osvaldo
Hurtado y Pachakutik. El primero desde febrero de 1997 se
opuso a la designación y pidió votar en su contra en la
Consulta Popular además de criticarlo agudamente cuando se le
enfrentó con la Asamblea. A tal punto llegó la confrontación
que Hurtado no se volvió a referir a Alarcón como Presidente
sino como "Director interino del Registro Oficial".
En tanto que Pachakutik, a través de sus diputados y los
movimientos sociales, no dejaron pista de corrupción o de
actos indebidos para atacarlo, buscar su enjuiciamiento y la
movilización popular.
Con todo y eso, Alarcón supo sortear los momentos más
difíciles con su capacidad negociadora, lo que popularmente se
conoce como su cinturita, que le ha llevado más de una a vez a
derogar medidas ya tomadas, retractarse de declaraciones de
sus funcionarios o sacrificar a sus inmediatos colaboradores.
Sin embargo, la mancha que pesa sobre el régimen es la
corrupción, "quizá no al mismo nivel que la de Bucaram", según
dijo el presidente de la Comisión Anticorrupción, Ramiro
Larrea, pero sí como una de las peores cosas que la población
registra en la encuesta de Cedatos.
Allí se menciona como el tercer factor negativo de su gobierno
después de la inestabilidad económica y la subida del precio
del gas.
Incluso, la confrontación con la Comisión Anticorrupción,
creada por Alarcón el 4 de marzo de 1997, puso en su punto más
alto el debate sobre la credibilidad de Alarcón cuando
cuestionó el trabajo de esa entidad en el momento en que
investigó las cuentas del Interinato.
El manejo del problema limítrofe fue uno de los puntos altos
de la gestión del presidente interino Fabián Alarcón. Aquí en
un encuentro con el mandatario peruano, Alberto Fujimori,
durante la Cumbre Andina realizada en Guayaquil.
El punto alto de la gestión
El Presidente Fabián Alarcón Rivera impulsó desde el primer
día de su gestión, la continuación de la política territorial
que se había iniciado en 1995, con la firma del Acuerdo de Paz
Itamaraty, con el Perú. Durante sus dieciocho meses de
gobierno le correspondió transitar por las etapas más
cruciales del proceso como fueron la firma del acuerdo de
Brasilia del 26 de noviembre de 1997 y del cronograma de enero
de 1998, así como la integración de las comisiones que este
último instrumento estructuró.
El período gubernamental termina con dificultades y una alta
tensión militar, consecuencia directa de las impugnaciones y
discrepancias que han motivado los injustos pareceres de los
grupos técnico-jurídicos.
Sin embargo, los últimos acontecimientos de la frontera y
cualquier hecho que pueda derivarse de los mismos, no deben
ser obstáculos para reconocer que el Presidente Alarcón
mantuvo una política territorial coherente y de apreciables
avances, en busca de un resultado que conduzca al acuerdo
final.
Varios elementos permitieron este logro. Entre ellos se
destacan la ratificación del canciller Ayala Lasso, la
coordinación que mantuvo entre el frente diplomático y el
militar, además de un efectivo sistema de comunicación con la
sociedad civil, que le permitió -sin violar la moratoria-,
mantener una secuencia de información, que ha permitido que el
proceso sea asimilado en su conjunto. Queda claro como
objetivo nacional después de este gobierno, que se pretende la
firma de un acuerdo justo con el Perú, garantizado en su
estabilidad y seguridad, por los países garantes.
Delegación y comisiones
Además del canciller, el Presidente Alarcón ratificó a los
miembros de la delegación nacional ecuatoriana nombrados el 13
de diciembre de 1996 y posteriormente, cumpliendo el
cronograma de Brasilia, designó el 2 de febrero de 1998 a los
miembros de las cuatros comisiones que debían negociar los
subtemas del acuerdo global. El trabajo de las comisiones ha
sido intenso y de mucha prolijidad y siempre han recibido la
confianza y el apoyo presidencial.
Acuerdo de Brasilia
Fue muy difícil para el gobierno de Fabián Alarcón, luego de
ácidas negociaciones, suscribir la Declaración de Brasilia el
26 de noviembre de 1997. Aunque expresamente no se lo ha
admitido, se aceptó que nuestro acceso al Amazonas quedaba
circunscrito a los términos del artículo VI del Protocolo de
Río de Janeiro. De esta manera quedó descartado el impasse
relacionado con la salida soberana.
Este capítulo, probablemente el más controversial de todo el
proceso, debe ser interpretado a la luz de los antecedentes
jurídicos vigentes. El Protocolo de Río de Janeiro, aceptado
por el Ecuador y cuya línea de frontera determina en la
actualidad la mayor parte de la frontera común, solo reconoce
un derecho de comercio y libre navegación. La pretensión
ecuatoriana en esta materia, expresada bajo el recurso de los
impasses subsistentes, careció de una fuerza paralela al texto
del Protocolo que la hubiera hecho viable en el marco de las
negociaciones.
Pareceres técnico-jurídicos
La tercera comisión creada por el Cronograma de enero de 1998
estableció dos grupos técnico-jurídicos para que emitan
pareceres sobre la fijación de la frontera en la zona no
delimitada. Expresamente -aunque ahora la cancillería peruana
reniegue del idioma español-, sus resultados no son
obligatorios y solo constituyen antecedentes para las
negociaciones entre las partes y para los garantes, cuando
estos deban superar los desacuerdos que subsistan. Los
resultados fueron negativos al Ecuador y muchas dudas
surgieron respecto a la transparencia con que actuaron sus
miembros.
Es necesario recordar dos de ellas. La primera se relaciona
con el hecho de que días antes de que sean conocidos
oficialmente, el diario limeño Expreso los publicó,
evidenciando una filtración y un extraño comportamiento de
quienes los emitieron. La otra, referente a su contenido, es
que los pareceres se identifican totalmente con la posición
peruana respecto a la línea a trazarse, que corresponde a la
ubicación de hecho que actualmente mantienen los dos países en
esta zona. Se desconoció, en consecuencia, toda la
argumentación geográfica y jurídica sustentada por el Ecuador
respecto al crucial tema del divortium aquarum entre el
Santiago y el Zamora. Sin embargo, más grave aún, esas
opiniones incurrieron en un caso de parcialización notoria al
aceptar la tesis peruana en la llamada oreja del Alto Cenepa,
concediendo una revancha moral donde existió una victoria
bélica.
Esta decisión, seguida de la interpretación peruana de que es
la última palabra, secundada en cierta forma por una fuerte
presión de los garantes en igual sentido, conforman el entorno
tenso de los últimos días del gobierno de Fabián Alarcón. De
haber existido algo de flexibilidad en la postura del Perú y
otra actitud de los garantes, Fabián Alarcón Rivera hubiera
podido suscribir en su gobierno el Acuerdo Final. (Texto
tomado de El Universo)
en año y medio de gestión. Cuando llegó al poder Fabián
Alarcón contó con el 56% en este aspecto. En junio de este año
solo tenía 20 puntos a su favor.
Esta cifra, proporcionada por Cedatos, marca simbólicamente lo
que fue el recorrido del gobierno de Alarcón, que nació
auspiciosamente en medio de la euforia que significó la
movilización popular, que llevó a la destitución de Abdalá
Bucaram el 5 de febrero de 1997.
En ese recorrido cuatro hechos marcaron su punto más alto y
los declives más estrepitosos:
- la Consulta Popular del 25 de mayo de 1997 le convalidó su
designación como Presidente interino;
- la sindicación en el llamado caso Piponazgo en octubre de
ese mismo año lo ubicó como el primer mandatario en ejercicio
enjuiciado por la Corte Suprema;
- el ofrecimiento de restituir a los diputados nacionales
cesados por la Asamblea Nacional al oponerse a que esta
prorrogue sus funciones, lo que desenmascaró la forma de
negociación que mantuvo con el Congreso, cuyo presidente lo
amenazó con enjuiciarlo si publicaba en el Registro Oficial
las reformas de la Constituyente; y,
- el avance en las negociaciones de paz con el Perú.
A esto se suma que una encuesta de Cedatos grafica la
pendiente hacia abajo que recorrió Alarcón en cuanto a la
aceptación por parte de la ciudadanía: de 63 puntos a su favor
en febrero de 1997 cayó a 19 en junio de 1998.
Los argumentos de Alarcón
Alarcón ha explicado esta situación con tres argumentos de
carácter económico y político. El primero es que los partidos
políticos que lo apoyaron para su asunción lo dejaron
abandonado inmediatamente después de febrero de 1997 y que,
por el contrario, se dedicaron a la oposición con fines
electorales.
Los dos argumentos económicos son la caída de los precios del
petróleo y el desastre ocasionado por los efectos del fenómeno
de El Niño. Sin embargo, los analistas más críticos le
cuestionan su falta de liderazgo para hacer de esos dos
fenómenos el puente para la unidad nacional y la solidaridad.
Con todo, la coyuntura electoral que se avecinaba para los
comicios de la Asamblea y los generales de mayo del 98,
marcaron a todos los partidos políticos, incluido el de
gobierno, el FRA.
En la práctica tradicional no gana votos la organización que
se identifica con el régimen de turno y eso lo entendieron y
aplicaron los partidos. Ello, de alguna manera explica por qué
se bajaron de la camioneta casi todos los líderes y partidos
que llevaron a Carondelet a Fabián Alarcón.
Respaldo socialcristiano
Sin embargo, el Presidente interino contó con el respaldo del
Partido Social Cristiano (PSC) desde el Congreso donde su
titular, Heinz Moeller, amigo cercano de Alarcón, le respaldó
cuando se discutía la imposibilidad de convocar a una Asamblea
Constituyente, cuando se intentó por varias ocasiones
enjuiciar a los ministros de Estado y cuando los asambleístas
cesaron a los doce diputados nacionales.
Además, la palabra de apoyo de León Febres-Cordero, Alcalde de
Guayaquil y líder indiscutible del PSC, siempre pesó a favor
de Alarcón porque en los momentos críticos el primer
mandatario acudía al puerto y porque una de sus prioridades
fue no retrasarse en la entrega de recursos a la provincia de
Guayas y su capital.
Quienes nunca le dieron tregua a Alarcón fueron Osvaldo
Hurtado y Pachakutik. El primero desde febrero de 1997 se
opuso a la designación y pidió votar en su contra en la
Consulta Popular además de criticarlo agudamente cuando se le
enfrentó con la Asamblea. A tal punto llegó la confrontación
que Hurtado no se volvió a referir a Alarcón como Presidente
sino como "Director interino del Registro Oficial".
En tanto que Pachakutik, a través de sus diputados y los
movimientos sociales, no dejaron pista de corrupción o de
actos indebidos para atacarlo, buscar su enjuiciamiento y la
movilización popular.
Con todo y eso, Alarcón supo sortear los momentos más
difíciles con su capacidad negociadora, lo que popularmente se
conoce como su cinturita, que le ha llevado más de una a vez a
derogar medidas ya tomadas, retractarse de declaraciones de
sus funcionarios o sacrificar a sus inmediatos colaboradores.
Sin embargo, la mancha que pesa sobre el régimen es la
corrupción, "quizá no al mismo nivel que la de Bucaram", según
dijo el presidente de la Comisión Anticorrupción, Ramiro
Larrea, pero sí como una de las peores cosas que la población
registra en la encuesta de Cedatos.
Allí se menciona como el tercer factor negativo de su gobierno
después de la inestabilidad económica y la subida del precio
del gas.
Incluso, la confrontación con la Comisión Anticorrupción,
creada por Alarcón el 4 de marzo de 1997, puso en su punto más
alto el debate sobre la credibilidad de Alarcón cuando
cuestionó el trabajo de esa entidad en el momento en que
investigó las cuentas del Interinato.
El manejo del problema limítrofe fue uno de los puntos altos
de la gestión del presidente interino Fabián Alarcón. Aquí en
un encuentro con el mandatario peruano, Alberto Fujimori,
durante la Cumbre Andina realizada en Guayaquil.
El punto alto de la gestión
El Presidente Fabián Alarcón Rivera impulsó desde el primer
día de su gestión, la continuación de la política territorial
que se había iniciado en 1995, con la firma del Acuerdo de Paz
Itamaraty, con el Perú. Durante sus dieciocho meses de
gobierno le correspondió transitar por las etapas más
cruciales del proceso como fueron la firma del acuerdo de
Brasilia del 26 de noviembre de 1997 y del cronograma de enero
de 1998, así como la integración de las comisiones que este
último instrumento estructuró.
El período gubernamental termina con dificultades y una alta
tensión militar, consecuencia directa de las impugnaciones y
discrepancias que han motivado los injustos pareceres de los
grupos técnico-jurídicos.
Sin embargo, los últimos acontecimientos de la frontera y
cualquier hecho que pueda derivarse de los mismos, no deben
ser obstáculos para reconocer que el Presidente Alarcón
mantuvo una política territorial coherente y de apreciables
avances, en busca de un resultado que conduzca al acuerdo
final.
Varios elementos permitieron este logro. Entre ellos se
destacan la ratificación del canciller Ayala Lasso, la
coordinación que mantuvo entre el frente diplomático y el
militar, además de un efectivo sistema de comunicación con la
sociedad civil, que le permitió -sin violar la moratoria-,
mantener una secuencia de información, que ha permitido que el
proceso sea asimilado en su conjunto. Queda claro como
objetivo nacional después de este gobierno, que se pretende la
firma de un acuerdo justo con el Perú, garantizado en su
estabilidad y seguridad, por los países garantes.
Delegación y comisiones
Además del canciller, el Presidente Alarcón ratificó a los
miembros de la delegación nacional ecuatoriana nombrados el 13
de diciembre de 1996 y posteriormente, cumpliendo el
cronograma de Brasilia, designó el 2 de febrero de 1998 a los
miembros de las cuatros comisiones que debían negociar los
subtemas del acuerdo global. El trabajo de las comisiones ha
sido intenso y de mucha prolijidad y siempre han recibido la
confianza y el apoyo presidencial.
Acuerdo de Brasilia
Fue muy difícil para el gobierno de Fabián Alarcón, luego de
ácidas negociaciones, suscribir la Declaración de Brasilia el
26 de noviembre de 1997. Aunque expresamente no se lo ha
admitido, se aceptó que nuestro acceso al Amazonas quedaba
circunscrito a los términos del artículo VI del Protocolo de
Río de Janeiro. De esta manera quedó descartado el impasse
relacionado con la salida soberana.
Este capítulo, probablemente el más controversial de todo el
proceso, debe ser interpretado a la luz de los antecedentes
jurídicos vigentes. El Protocolo de Río de Janeiro, aceptado
por el Ecuador y cuya línea de frontera determina en la
actualidad la mayor parte de la frontera común, solo reconoce
un derecho de comercio y libre navegación. La pretensión
ecuatoriana en esta materia, expresada bajo el recurso de los
impasses subsistentes, careció de una fuerza paralela al texto
del Protocolo que la hubiera hecho viable en el marco de las
negociaciones.
Pareceres técnico-jurídicos
La tercera comisión creada por el Cronograma de enero de 1998
estableció dos grupos técnico-jurídicos para que emitan
pareceres sobre la fijación de la frontera en la zona no
delimitada. Expresamente -aunque ahora la cancillería peruana
reniegue del idioma español-, sus resultados no son
obligatorios y solo constituyen antecedentes para las
negociaciones entre las partes y para los garantes, cuando
estos deban superar los desacuerdos que subsistan. Los
resultados fueron negativos al Ecuador y muchas dudas
surgieron respecto a la transparencia con que actuaron sus
miembros.
Es necesario recordar dos de ellas. La primera se relaciona
con el hecho de que días antes de que sean conocidos
oficialmente, el diario limeño Expreso los publicó,
evidenciando una filtración y un extraño comportamiento de
quienes los emitieron. La otra, referente a su contenido, es
que los pareceres se identifican totalmente con la posición
peruana respecto a la línea a trazarse, que corresponde a la
ubicación de hecho que actualmente mantienen los dos países en
esta zona. Se desconoció, en consecuencia, toda la
argumentación geográfica y jurídica sustentada por el Ecuador
respecto al crucial tema del divortium aquarum entre el
Santiago y el Zamora. Sin embargo, más grave aún, esas
opiniones incurrieron en un caso de parcialización notoria al
aceptar la tesis peruana en la llamada oreja del Alto Cenepa,
concediendo una revancha moral donde existió una victoria
bélica.
Esta decisión, seguida de la interpretación peruana de que es
la última palabra, secundada en cierta forma por una fuerte
presión de los garantes en igual sentido, conforman el entorno
tenso de los últimos días del gobierno de Fabián Alarcón. De
haber existido algo de flexibilidad en la postura del Perú y
otra actitud de los garantes, Fabián Alarcón Rivera hubiera
podido suscribir en su gobierno el Acuerdo Final. (Texto
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