EJERCICIO
Guayaquil. 13 may 99. El juicio al superintendente de Bancos
concluyó ayer en el Congreso, sin que se logren los votos para
su destitución, aunque se anunció un pedido de nulidad del
proceso por violaciones legales
La guerra del Cenepa en 1995; el fenómeno de El Niño en
1997-1998, que produjo la quiebra del sistema productivo del
país, especialmente de la Costa; la baja del precio del petróleo
en el mercado internacional; la crisis financiera internacional,
que cerró las líneas de crédito a la banca nacional; y la
inestabilidad cambiaria del dólar, entre otras, son las
principales y anteriores razones para que el sistema financiero
nacional enfrente una aguda crisis.
Esa fue la tesis central del superintendente de Bancos, Jorge
Egas Peña, quien ayer compareció al Congreso para desvirtuar, en
poco más de cuatro horas, las acusaciones formuladas en su contra
por el diputado Carlos Gonzáles (ID), a quien Egas acusó de
querer ganar a su costa protagonismo político e intentar evitar
las auditorías bancarias internacionales que enfrenta el sistema
nacional.
El Congreso inició este juicio político pasadas las 11h00, con
la presencia de la ministra Fiscal, Mariana Yépez de Velasco
quien, según dijo, acudía para hacer un seguimiento de la
interpelación y establecer si habría causales para la iniciación
de acciones legales; no obstante, solo estuvo en la sala de
sesiones una media hora.
Egas solicitó en la primera parte de su intervención que se lean
50 resoluciones de la Junta Bancaria, 17 de la Agencia de
Garantías de Depósitos y las 80 de auditorías bancarias, para
dejar establecido el trabajo que ha desarrollado desde que está
al frente de la Superintendencia.
BCE, culpable
A las razones de la crisis expuestas, Egas sumó también como
responsable al Banco Central del Ecuador, y fundamentó su
aseveración en 13 documentos entre informes de consultoras
internacionales, recortes de prensa, y un documento de la
Fundación Francisco de Orellana (FdeO), al que citó en repetidas
ocasiones, en donde se identifica como inicio de la crisis
financiera al año 1995 y se encuentra como responsable de esta
al Banco Central del Ecuador (BCE), autor según la FdeO, de las
erradas y erráticas políticas que ayudaron significativamente en
el deterioro de la situación financiera del país.
Recogiendo este criterio, Egas cuestionó las medidas
implementadas por el Instituto Emisor, en lo relacionado con el
control simultáneo del tipo de cambio y la inflación y señaló que
la falta de visión de sus políticas hizo confundir al BCE su
papel de tratar de defender la divisa ante la especulación
cambiaria, lo que provocó el debilitamiento de las entidades
financieras que no presentaban problemas de liquidez o
insolvencia, a diferencia de las que ya se encontraban bajo el
control de la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD).
El BCE con el propósito de evitar la especulación del dólar
realizó la inyección de liquidez en el mercado, lo que agudizó
aun más la crisis del sistema, sumadas a las altas tasas de
interés que significó dicha intervención del Instituto Emisor,
dijo, al tiempo de señalar que los errores se agravaron al
modificar el encaje bancario cuatro veces en los últimos cinco
meses, y subastar bonos para estabilizar al mercado y atender las
demandas de los agentes económicos.
Todas estas acciones-según Egas- contribuyeron a la contracción
monetaria que le restó liquidez a los bancos y a incrementar las
tasas de interés, cuyo único resultado fue empeorar la ola de
rumores bancarios que acabaron con determinadas instituciones
financieras.
En el tema de los créditos vinculados, señaló que la
Superintendencia de Bancos no cuenta con los instrumentos legales
para ejercer un control exhaustivo sobre el tema. La misma
legislación ecuatoriana impide que la autoridad de control actúe
para impedir la vigencia de los créditos vinculados, sostuvo.
Acusación: ataque al Progreso
Carlos González no escatimó artillería en su intervención: acusó
a Egas de haber cometido faltas, acciones y omisiones voluntarias
penadas por la ley; de peculado bancario, de delitos contra la
fe pública y la propiedad, de enriquecimiento ilícito, estafa,
asociación ilícita, y de testaferrismo.
Para respaldar su tesis, Gonzáles se refirió exclusivamente al
problema del Banco del Progreso y expuso pruebas documentales
que, en su opinión, acusan a Egas de haber violado la ley y ser
el causante del drama y la tragedia de millones de ecuatorianos.
En este sentido, Gonzáles condenó el crédito otorgado (237
millones de dólares) por el Banco Central hasta el equivalente
del 100% del patrimonio técnico del grupo financiero liderado por
el Banco del Progreso, entidad que estuvo en insolvencia desde
el 29 de diciembre de 1998, cuando giró un cheque contra el
Barkley Bank en Miami, por 8.071 dólares, a favor de Germánica
Franco, y que le fue devuelto por orden del girador.
Pero ese no fue el único, según Gonzáles: 1.261 cheques por 42
mil millones de sucres, fueron protestados y esto constituye un
delito tipificado en el Código Penal, agregó.
Gonzáles también expuso, uno por uno, los casos de estudiantes,
amas de casa, zapateros, choferes y otros ciudadanos, con nombres
y apellidos e incluso con fotografías de sus modestas viviendas
arrendadas, que habrían sido sujetos de créditos millonarios por
parte del Banco del Progreso. Y citó la existencia de 331
empresas fantasmas vinculadas con el Banco del Progreso, que
recibieron créditos por dos billones 900 mil millones de sucres.
Al cierre de esta edición, parecía claro que no se alcanzarían
los votos para lograr la censura de Egas, pues varios diputados
socialcristianos, roldosistas y gobiernistas se abstuvieron al
momento de votar, hecho que motivó el reclamo de la diputada
Cecilia Calderón (ID) quien anunció que pedirá la nulidad de la
votación porque se violaron disposiciones que obligan a votar a
favor o en contra y no por la abstención.
De feriados bancarios y de ministros
En relación con su responsabilidad en decretar el feriado
bancario, Egas leyó unas declaraciones de la ministra de
Finanzas, Ana Lucía Armijos, donde da cuenta de la reunión en que
éste se decidió, con participación del presidente Jamil Mahuad,
Jaime Durán y Alvaro Guerrero, por lo que aseguró, esa fue
decisión del Gobierno. Esas declaraciones me relevan de cualquier
otra afirmación, reiteró.
Afirmó también que González le entregó una carpeta donde me
recomendaba un pariente para que lo designe intendente de Bancos
en Cuenca.
Y reveló que el ministro de Gobierno, Vladimiro Alvarez Grau,
tuvo una reunión privada para tratar asuntos del Banco del
Pichincha con su gerente, Antonio Acosta, y el representante de
la Asociación de Bancos Privados, Carlos Larreátegui, hecho que
generó diversos comentarios entre los diputados, y el
cuestionamiento explícito de Marcelo Dotti (PSC) que se preguntó
qué hacía el premier de la República en reuniones de esta
naturaleza. (Texto tomado de El Expreso)
Guayaquil. 13 may 99. El juicio al superintendente de Bancos
concluyó ayer en el Congreso, sin que se logren los votos para
su destitución, aunque se anunció un pedido de nulidad del
proceso por violaciones legales
La guerra del Cenepa en 1995; el fenómeno de El Niño en
1997-1998, que produjo la quiebra del sistema productivo del
país, especialmente de la Costa; la baja del precio del petróleo
en el mercado internacional; la crisis financiera internacional,
que cerró las líneas de crédito a la banca nacional; y la
inestabilidad cambiaria del dólar, entre otras, son las
principales y anteriores razones para que el sistema financiero
nacional enfrente una aguda crisis.
Esa fue la tesis central del superintendente de Bancos, Jorge
Egas Peña, quien ayer compareció al Congreso para desvirtuar, en
poco más de cuatro horas, las acusaciones formuladas en su contra
por el diputado Carlos Gonzáles (ID), a quien Egas acusó de
querer ganar a su costa protagonismo político e intentar evitar
las auditorías bancarias internacionales que enfrenta el sistema
nacional.
El Congreso inició este juicio político pasadas las 11h00, con
la presencia de la ministra Fiscal, Mariana Yépez de Velasco
quien, según dijo, acudía para hacer un seguimiento de la
interpelación y establecer si habría causales para la iniciación
de acciones legales; no obstante, solo estuvo en la sala de
sesiones una media hora.
Egas solicitó en la primera parte de su intervención que se lean
50 resoluciones de la Junta Bancaria, 17 de la Agencia de
Garantías de Depósitos y las 80 de auditorías bancarias, para
dejar establecido el trabajo que ha desarrollado desde que está
al frente de la Superintendencia.
BCE, culpable
A las razones de la crisis expuestas, Egas sumó también como
responsable al Banco Central del Ecuador, y fundamentó su
aseveración en 13 documentos entre informes de consultoras
internacionales, recortes de prensa, y un documento de la
Fundación Francisco de Orellana (FdeO), al que citó en repetidas
ocasiones, en donde se identifica como inicio de la crisis
financiera al año 1995 y se encuentra como responsable de esta
al Banco Central del Ecuador (BCE), autor según la FdeO, de las
erradas y erráticas políticas que ayudaron significativamente en
el deterioro de la situación financiera del país.
Recogiendo este criterio, Egas cuestionó las medidas
implementadas por el Instituto Emisor, en lo relacionado con el
control simultáneo del tipo de cambio y la inflación y señaló que
la falta de visión de sus políticas hizo confundir al BCE su
papel de tratar de defender la divisa ante la especulación
cambiaria, lo que provocó el debilitamiento de las entidades
financieras que no presentaban problemas de liquidez o
insolvencia, a diferencia de las que ya se encontraban bajo el
control de la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD).
El BCE con el propósito de evitar la especulación del dólar
realizó la inyección de liquidez en el mercado, lo que agudizó
aun más la crisis del sistema, sumadas a las altas tasas de
interés que significó dicha intervención del Instituto Emisor,
dijo, al tiempo de señalar que los errores se agravaron al
modificar el encaje bancario cuatro veces en los últimos cinco
meses, y subastar bonos para estabilizar al mercado y atender las
demandas de los agentes económicos.
Todas estas acciones-según Egas- contribuyeron a la contracción
monetaria que le restó liquidez a los bancos y a incrementar las
tasas de interés, cuyo único resultado fue empeorar la ola de
rumores bancarios que acabaron con determinadas instituciones
financieras.
En el tema de los créditos vinculados, señaló que la
Superintendencia de Bancos no cuenta con los instrumentos legales
para ejercer un control exhaustivo sobre el tema. La misma
legislación ecuatoriana impide que la autoridad de control actúe
para impedir la vigencia de los créditos vinculados, sostuvo.
Acusación: ataque al Progreso
Carlos González no escatimó artillería en su intervención: acusó
a Egas de haber cometido faltas, acciones y omisiones voluntarias
penadas por la ley; de peculado bancario, de delitos contra la
fe pública y la propiedad, de enriquecimiento ilícito, estafa,
asociación ilícita, y de testaferrismo.
Para respaldar su tesis, Gonzáles se refirió exclusivamente al
problema del Banco del Progreso y expuso pruebas documentales
que, en su opinión, acusan a Egas de haber violado la ley y ser
el causante del drama y la tragedia de millones de ecuatorianos.
En este sentido, Gonzáles condenó el crédito otorgado (237
millones de dólares) por el Banco Central hasta el equivalente
del 100% del patrimonio técnico del grupo financiero liderado por
el Banco del Progreso, entidad que estuvo en insolvencia desde
el 29 de diciembre de 1998, cuando giró un cheque contra el
Barkley Bank en Miami, por 8.071 dólares, a favor de Germánica
Franco, y que le fue devuelto por orden del girador.
Pero ese no fue el único, según Gonzáles: 1.261 cheques por 42
mil millones de sucres, fueron protestados y esto constituye un
delito tipificado en el Código Penal, agregó.
Gonzáles también expuso, uno por uno, los casos de estudiantes,
amas de casa, zapateros, choferes y otros ciudadanos, con nombres
y apellidos e incluso con fotografías de sus modestas viviendas
arrendadas, que habrían sido sujetos de créditos millonarios por
parte del Banco del Progreso. Y citó la existencia de 331
empresas fantasmas vinculadas con el Banco del Progreso, que
recibieron créditos por dos billones 900 mil millones de sucres.
Al cierre de esta edición, parecía claro que no se alcanzarían
los votos para lograr la censura de Egas, pues varios diputados
socialcristianos, roldosistas y gobiernistas se abstuvieron al
momento de votar, hecho que motivó el reclamo de la diputada
Cecilia Calderón (ID) quien anunció que pedirá la nulidad de la
votación porque se violaron disposiciones que obligan a votar a
favor o en contra y no por la abstención.
De feriados bancarios y de ministros
En relación con su responsabilidad en decretar el feriado
bancario, Egas leyó unas declaraciones de la ministra de
Finanzas, Ana Lucía Armijos, donde da cuenta de la reunión en que
éste se decidió, con participación del presidente Jamil Mahuad,
Jaime Durán y Alvaro Guerrero, por lo que aseguró, esa fue
decisión del Gobierno. Esas declaraciones me relevan de cualquier
otra afirmación, reiteró.
Afirmó también que González le entregó una carpeta donde me
recomendaba un pariente para que lo designe intendente de Bancos
en Cuenca.
Y reveló que el ministro de Gobierno, Vladimiro Alvarez Grau,
tuvo una reunión privada para tratar asuntos del Banco del
Pichincha con su gerente, Antonio Acosta, y el representante de
la Asociación de Bancos Privados, Carlos Larreátegui, hecho que
generó diversos comentarios entre los diputados, y el
cuestionamiento explícito de Marcelo Dotti (PSC) que se preguntó
qué hacía el premier de la República en reuniones de esta
naturaleza. (Texto tomado de El Expreso)
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