El Gobierno de Ecuador presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sus argumentos sobre la presunta "ejecución extrajudicial" de Franklin Aisalla, uno de 26 fallecidos en el ataque militar colombiano a un campamento de las FARC instalado en territorio ecuatoriano el 1 de marzo de 2008.
Así lo informó hoy la Procuraduría General del Estado en un comunicado, en el que precisa que la presentación de los argumentos ante la CIDH se efectuará mañana en Washington, donde tiene su sede el organismo.
El procurador, Diego García, representará a un equipo de abogados que comparecerá a la audiencia pública de la CIDH, en la que reafirmará la postura de Quito de defender "el derecho a la vida de un ciudadano ecuatoriano".
El 1 de marzo de 2008, Colombia lanzó un bombardeo en la zona ecuatoriana de Angostura, en la selva Amazónica, donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habían instalado un campamento clandestino.
En esa operación, ejecutada sin aviso ni permiso de Ecuador, fallecieron unas 26 personas, entre ellas Aisalla; además del entonces "número dos" de las FARC, alias "Raúl Reyes", y cuatro universitarios mexicanos.
El ataque fue considerado por Quito como una violación a su soberanía territorial y rompió relaciones diplomáticas con Bogotá, aunque ambas partes, desde septiembre del año pasado, acometen un proceso de diálogo directo para intentar recomponer plenamente su lazo bilateral.
Ecuador presentó a la CIDH, en junio de 2009, una comunicación interestatal en contra del Estado colombiano, para "que se reconozca la violación de los Derechos humanos en la ejecución del ciudadano ecuatoriano Franklin Aisalla Molina, en Angostura", precisa el comunicado de la Procuraduría del Estado.
En la audiencia de mañana, donde se conocerán las posiciones de los dos Estados, se analizará "la admisibilidad" de la demanda ecuatoriana contra Colombia.
Según el texto de la Procuraduría, la petición ecuatoriana ante la CIDH "se fundamenta en el respeto al derecho a la vida que todo ser humano tiene, como un derecho fundamental que no admite restricciones, consagrado en todos los instrumentos internacionales de protección" como la Convención Americana de Derechos Humanos.
Al respecto, García indicó que en el proceso Ecuador busca "que se reconozca la violación a los derechos fundamentales de un ciudadano ecuatoriano".
"Para nuestro país, como debe ser para el resto de países de América y del mundo, es importante proteger el derecho a la vida, conforme lo garantiza el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumento internacional del que es signatario el Ecuador, como también lo es Colombia", agregó García.
"Ecuador considera que esta controversia debe ser manejada en términos jurídicos y no políticos y, por tanto, sometida a un procedimiento de derecho, de acuerdo a las convenciones internacionales", añadió el procurador ecuatoriano.
Agregó que Ecuador "ha dejando en claro que, si bien la petición tiene como antecedente los hechos ocurridos en el bombardeo e incursión de fuerzas colombianas en territorio ecuatoriano, no nos encontramos frente a un procedimiento en el que se pretendan juzgar esos hechos".
Para él, el actual proceso está estrictamente limitado "a la violación de los derechos humanos del ciudadano ecuatoriano, con absoluta independencia sobre los demás hechos o circunstancias del ataque de Angostura y sus actores, por no ser de competencia de la CIDH".
Además, Ecuador considera que "el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es la instancia legal apropiada para dar pleno tratamiento a este reclamo por violación de un derecho fundamental".
La demanda ecuatoriana procura "sentar un precedente para que no se vuelvan a repetir ejecuciones sumarias de ciudadanos de un Estado por parte de fuerzas armadas de otro Estado", precisa el comunicado. (EFE)
Así lo informó hoy la Procuraduría General del Estado en un comunicado, en el que precisa que la presentación de los argumentos ante la CIDH se efectuará mañana en Washington, donde tiene su sede el organismo.
El procurador, Diego García, representará a un equipo de abogados que comparecerá a la audiencia pública de la CIDH, en la que reafirmará la postura de Quito de defender "el derecho a la vida de un ciudadano ecuatoriano".
El 1 de marzo de 2008, Colombia lanzó un bombardeo en la zona ecuatoriana de Angostura, en la selva Amazónica, donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habían instalado un campamento clandestino.
En esa operación, ejecutada sin aviso ni permiso de Ecuador, fallecieron unas 26 personas, entre ellas Aisalla; además del entonces "número dos" de las FARC, alias "Raúl Reyes", y cuatro universitarios mexicanos.
El ataque fue considerado por Quito como una violación a su soberanía territorial y rompió relaciones diplomáticas con Bogotá, aunque ambas partes, desde septiembre del año pasado, acometen un proceso de diálogo directo para intentar recomponer plenamente su lazo bilateral.
Ecuador presentó a la CIDH, en junio de 2009, una comunicación interestatal en contra del Estado colombiano, para "que se reconozca la violación de los Derechos humanos en la ejecución del ciudadano ecuatoriano Franklin Aisalla Molina, en Angostura", precisa el comunicado de la Procuraduría del Estado.
En la audiencia de mañana, donde se conocerán las posiciones de los dos Estados, se analizará "la admisibilidad" de la demanda ecuatoriana contra Colombia.
Según el texto de la Procuraduría, la petición ecuatoriana ante la CIDH "se fundamenta en el respeto al derecho a la vida que todo ser humano tiene, como un derecho fundamental que no admite restricciones, consagrado en todos los instrumentos internacionales de protección" como la Convención Americana de Derechos Humanos.
Al respecto, García indicó que en el proceso Ecuador busca "que se reconozca la violación a los derechos fundamentales de un ciudadano ecuatoriano".
"Para nuestro país, como debe ser para el resto de países de América y del mundo, es importante proteger el derecho a la vida, conforme lo garantiza el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumento internacional del que es signatario el Ecuador, como también lo es Colombia", agregó García.
"Ecuador considera que esta controversia debe ser manejada en términos jurídicos y no políticos y, por tanto, sometida a un procedimiento de derecho, de acuerdo a las convenciones internacionales", añadió el procurador ecuatoriano.
Agregó que Ecuador "ha dejando en claro que, si bien la petición tiene como antecedente los hechos ocurridos en el bombardeo e incursión de fuerzas colombianas en territorio ecuatoriano, no nos encontramos frente a un procedimiento en el que se pretendan juzgar esos hechos".
Para él, el actual proceso está estrictamente limitado "a la violación de los derechos humanos del ciudadano ecuatoriano, con absoluta independencia sobre los demás hechos o circunstancias del ataque de Angostura y sus actores, por no ser de competencia de la CIDH".
Además, Ecuador considera que "el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es la instancia legal apropiada para dar pleno tratamiento a este reclamo por violación de un derecho fundamental".
La demanda ecuatoriana procura "sentar un precedente para que no se vuelvan a repetir ejecuciones sumarias de ciudadanos de un Estado por parte de fuerzas armadas de otro Estado", precisa el comunicado. (EFE)
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